PGN - NULIDAD - Por falsa motivación de los actos demandados

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra actos que niegan solicitud de legalización de minería tradicional ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Fundamento legal FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Jurisprudencia del consejo de estado Al respecto el Consejo de Estado ha puntualizado varios supuesto para acreditar la falsa motivación “La falsa motivación de un acto administrativo es el vicio que afecta el elemento causal del acto, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo. Se genera cuando las razones expuestas por la Administración, para tomar la decisión, son contrarias a la realidad. Así, la jurisprudencia ha sostenido que la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública, ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas, iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión. (Subrayado y negrilla fuera de texto). PRUEBA-Principio de contradicción LEGALIZACION MINERA-Fundamento legal ACTIVIDAD MINERA-Se demostró que si hubo. FALSA MOTIVACION-Elementos según criterios jurisprudenciales Conforme con los criterios plasmados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que se configure la falsa motivación, básicamente deben aparecer los siguientes

elementos: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública, ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas, iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión. PRUEBAS-Fundamento legal/PRUEBAS-Contrastan con el certificado de registro minero otorgado/PRUEBAS-Las demandadas no controvirtieron ni objetaron las pruebas presentadas Estos documentos contrastan con el certificado de registro minero otorgado el 14 de abril de 2005, a la sociedad xxx, sobre parte del área que venían explotando los ahora Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero demandantes, según consta en las pruebas que se acaban de mencionar. Ahora, frente a las motivaciones de los actos demandados (Resolución 1092 y Resolución 562 ibídem) se observa claramente que tales actos se fundaron únicamente en las visitas técnicas, dejando de lado, el contrato de arriendo, el pago de regalías y la cancelación de la parafiscalidad, entre otras, según se acaba de indicar. Los ahora actores presentaron estas pruebas que en ningún momento han sido tachadas de falsas y la parte demandada, así como el vinculado SOCIEDAD XXX, tuvieron oportunidad de controvertir y guardaron silencio. También, si se mira el contenido de esa visita técnica, es claro que es insuficiente, pues se limitan a manifestar que sólo se aprecia actividad desde el año

2010 y 2011, sin hacer una debida y completa valoración probatoria con base en las pruebas anteriormente anotadas Las entidades ahora demandadas, no controvirtieron ni objetaron las pruebas adicionales que se presentaron al proceso de legalización y que originó la expedición de los actos ahora demandados. Pasaron por alto estas pruebas, como el contrato de arriendo de servidumbre para explotación de carbón del año 2002, en el área objeto de legalización suscrito entre los ahora actores y el titular del derecho de dominio del suelo, que tiene autenticación ante notario y la constancia suscrita por xxx, ingeniero de minas, quien da fe, de que ha trabajado con xxx, en la mina denominada xxx, con coordenadas GAUSS X=1°155.439 e Y=1’157.793, ubicada en la vereda XXX, municipio de Socatá, desempeñando sus labores como ingeniero asesor técnico para la explotación de carbón, durante el mes de junio de 1995 a febrero del 2004. NULIDAD-Por falsa motivación de los actos demandados/NULIDAD-Por omisión valorativa en la vía gubernativa Esta omisión valorativa en la vía gubernativa por parte de INGEOMINAS y la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, llevan a la conclusión de que los actos demandados están viciados de nulidad por falsa motivación, en la medida que, el informe técnico es insuficiente y no se valoraron la totalidad de pruebas presentadas con la solicitud de legalización de la actividad minera. También se demuestra, que los actores han realizado la actividad minera desde el año 1995, es decir, cumpliendo con ello, los postulados de la

Ley 1382 de 2010, que otorga como condición para la legalización de actividades mineras, acreditar que los trabajos mineros realizados por mineros tradicionales en áreas otorgadas en concesión, se han venido realizando en forma continua, desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, es decir, desde agosto de 2001 y desde mucho antes, pues la constancia del ingeniero de minas, xxx, indican que han realizado la actividad minera en el área desde el mes de febrero de 1995, es decir, 7 años antes de entrar en vigencia dicha ley. FALSA MOTIVACION-Se demostró la violación de las disposiciones citadas por el actor 2 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero CONCEPTO No. 139/ 2018 Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 110010326000201300018 00 (46.212)

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

ACTOR: Segundo Fideligno Abril Abril y otros.

DEMANDADO: Agencia Nacional de Minería. .

Sentido del concepto: solicitud para que se concedan las pretensiones al actor declarando la nulidad de la Resolución SCT No 1092 del 19 de mayo de 2011, expedida por INGEOMINAS, por medio de la cual rechazó la solicitud de

legalización No LCP - 14081X, así como también, la nulidad de la Resolución No 562 del 22 de agosto de 2012, expedida por la Agencia Nacional de Minería/ sentencia recurrida/ Se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados / Los actos administrativos demandados se expidieron incurriendo en la causal de falsa motivación y por tal motivo, no se encuentran ajustados a derecho y conforme las normas aplicables para la época de los hechos / El actor demostró realización de actividades mineras en el área otorgada en concesión, aún antes de su inscripción en el registro minero. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. Los señores SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A, presentó demanda contra la AGENCIA NACIONAL DE 3 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero MINERÍA, para que se declare la nulidad Las resoluciones No SCT 1092 del 19 de mayo de 2011 expedida por INGEOMINAS y la resolución No 562 del 22 de agosto de 2012,

expedida por la Agencia Nacional de Minería que vino a negar la solicitud de legalización de minería tradicional No LCP – 14081X presentada por el actor y rechazada con base en un concepto técnico, el cual decía que en el área solicitada sólo se demostró actividad minera por los años 2010 y 2011, motivo por el cual se consideró que no se cumplía con el literal b) del artículo 5° del decreto 2715 de 2010 Como consecuencia de lo anterior, se declare el reconocimiento de la calidad de mineros tradicionales a los señores SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, BLANCA YOLANDA VEGA DE ABRIL y ARMANDO YESID ABRIL VEGA y la legalización de las actividades mineras solicitadas con la placa LCP – 14081X, en los términos señalados en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y los artículos 1° y 2° del Decreto Reglamentario 2715 de 2010. 1.2. Hechos.

Primero: Se está frente a un proceso de única instancia ante el Consejo de Estado, cuyo objeto es la nulidad y el restablecimiento del derecho, de las resoluciones No SCT 1092 del 19 de mayo de 2011 expedida por INGEOMINAS y la resolución No 562 del 22 de agosto de 2012, expedida por la Agencia Nacional de Minería que vino a negar la solicitud de legalización de minería tradicional No LCP – 14081X presentada por el actor y rechazada con base en un concepto técnico, el cual decía que en el área solicitada sólo se demostró actividad minera por los años 2010 y 2011, motivo por el cual se consideró que no se cumplía con el literal b) del artículo 5° del decreto 2715 de 2010

Segundo: El 29 de septiembre de 2005, el señor VICTOR TORRES, titular del contrato de concesión No DGN – 101, para la explotación de carbón, interpuso amparo administrativo en contra del actor. Esta solicitud fue resuelta por la Alcaldía de Socatá, el 9 de agosto de 2006, otorgando el amparo administrativo y ordenando el cierre y decomiso de las labores mineras.

Tercero.- El 6 de agosto de 2006, el Alcalde de Socatá resolvió amparar el contrato de concesión No DGN – 101, ordenando suspender los trabajos mineros del actor, y el desalojo del lugar de explotación, la inmediata suspensión de los trabajos y obras mineras que estén dentro de los linderos del contrato y comisiona al inspector de policía para la práctica de suspensión de actividades. Cuarto.- El 6 de diciembre de 2006, el alcalde de Socatá, declaró terminado el proceso de amparo administrativo y ordenó su archivo, sin que haya constancia de haberse cumplido la suspensión de actividades mineras por parte del actor. Quinta.- En septiembre del año 2009, la apoderada del titular del contrato de concesión (Víctor Torres) solicitó al Alcalde de Socatá, verificación de la suspensión definitiva de los 4 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero trabajos mineros del señor SEGUNDO ABRIL ABRIL (actor), motivo por el cual, el 7 de septiembre de ese año, el Alcalde ordena visita solicitada, la cual se llevó a cabo el 14 de

septiembre/09 y como resultado de ello, se ordenó el sellamiento de la bocamina del señor Abril Abril. Sexta.- En vista de lo anterior, el señor Abril Abril, el 16 de septiembre solicitó al alcalde de Socatá autorización para el mantenimiento de los socavones de carbón, la cual fue concedida el 28 de septiembre. Séptima.- el 21 de diciembre de 2009, la apoderada de Víctor Torres solicita al alcalde de Socatá, que se proceda a dar cumplimiento a las medidas sancionatorias derivadas del amparo administrativo. Octava.- El 9 de febrero de 2010, entra en vigencia la ley 1382 de 2010, que modificó la ley 685 de 2001, denominado código de minas. La mencionada ley 1382, en su artículo 12 sobre la legalización, prescribe lo siguiente: “LEGALIZACION. Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2) afios contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina 0 minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001. Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el grupo 0 asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión, se procederá a

verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente presentada, una vez caducado el contrato. En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad Minera mediara entre las partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción de Contratos de Asociación y Operación debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional previstos en el artículo 221 del presente Código, entre otros, que permitan la explotación por parte de los grupos 0 asociaciones. Para llegar las partes a estos acuerdos tendrán un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la solicitud del minero tradicional. Si el área no se hallare libre por la existencia de una propuesta de contrato de concesión y se presentará una solicitud de legalización en los términos de este artículo, se continuara el trámite de la propuesta, y en caso de llegar a ser contrato de concesión, la Autoridad Minera procederá de acuerdo a 10 señalado en el inciso tercero del presente artículo. Si la solicitud de propuesta de contrato de concesión se rechaza, se tendrá como primera opción para continuar el trámite, la solicitud de legalización. PARAGRAFO10. En todo caso, la autoridad minera contara hasta con un (1) año para realizar la visita de viabilizacion, después de presentada la solicitud de legalización, para resolver el respectivo tramite; y contara hasta con dos (2) meses, a partir del recibo de los PTO y PMA por parte del interesado, para resolver de fondo la solicitud de legalización, Hasta tanto la Autoridad Minera no resuelva las solicitudes de legalización en virtud de este

artículo no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas 5 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones pen ales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código. En los casos de legalización planteados en el presente artículo, los tramites de evaluación, visita de viabilizacion y adjudicación de la concesión, se efectuaran de manera gratuita por parte de la Autoridad Minera, quien destinara los recursos necesarios para la realización de estos. Sin embargo los estudios (PTO y PMA) requeridos para la ejecución de la concesión estarán a cargo de los solicitantes. PARAGRAFO20. Se considerara legal el barequeo consistente en extracción de materiales de arrastre, siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una extracción que no supere un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de rivera de 200 metros de largo.” Novena.- El 15 de febrero de 2010, el alcalde de Socatá revoca la autorización de mantenimiento de los socavones de la mina otorgada al señor Abril Abril y el 15 de marzo de 2010, ordenó visita de verificación y ordena la suspensión de la mina de carbón del señor Abril Abril. Décima.- El actor solicitó el 25 de marzo de 2010, en virtud de la expedición de la ley 1382 del mismo año, el reconocimiento ante INGEOMINAS de la calidad de mineros tradicionales, con el fin de obtener una concesión minera a través de la solicitud de legalización de las explotaciones de carbón ubicadas en los municipios de Socha y

Socatá (Boyacá), a la cual se le asignó la placa No LCP – 14081X. Esta solicitud fue objeto de requerimiento por parte del INGEOMINAS, mediante auto del 16 de septiembre de 2010, para que aportara la documentación solicitada en el decreto 2715 de 2010. En razón de lo anterior, el actor anexó los siguientes documentos: Plano a escala 1:5000 ; plano de avance de explotaciones firmado por un ingeniero de minas, donde se demuestra la antigüedad de labores en dicha área; contratos de servidumbre minera celebrados con los propietarios de los predios donde está ubicada la mina el Cerrejón, donde uno de ellos, demuestra que desde el año 1989 se ingresó al área y desde entonces se están realizando actividades mineras y el pago de regalías del tercer trimestre de 2010. UNDECIMA.- El 17 de junio de 2010, atendiendo solicitud en tal sentido, el INGEOMINAS expidió certificación con destino al alcalde de Socatá, donde se indica que el actor tramita la solicitud de legalización con la placa LCP - 14081X, aclarándose en la misma certificación, que no habrá lugar a proceder con relación al actor, decomiso y suspensión de la actividad de explotación por parte de los alcaldes ni podrá ser objeto de acciones penales relacionadas con la explotación ilegal de minerales, salvo en lo relacionado con temas ambientales. DUODÉCIMA.- El 12 de octubre de 2010, se allega al expediente que contiene la solicitud de legalización los siguientes documentos: Reporte fotográfico con 40 fotos que

muestran el transformador y casino, montaje tolva y malacate, equipos de control de 6 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero gases y se muestra el manejo ambiental que se le da a la industria minera para la explotación de carbón y se allegan los formularios de declaración y pago de regalías del 2 y 3 trimestre de 2010, en cumplimiento del artículo 23 del decreto 2715 de 2010. DECIMA TERCERA.- El 3 de marzo de 2011, el titular del título de concesión No DGN101 (Víctor Torres) presenta por segunda ocasión solicitud de amparo administrativo teniendo en cuenta las labores de explotación adelantadas por el actor. DECIMA CUARTA.- El actor presenta queja ante INGEOMINAS por el cierre de la “Mina el Cerrejón”, el 17 de marzo de 2011, llevado a cabo por la alcaldía de Socatá, el cual fue solicitado en su momento por el titular del contrato de concesión No DGN – 101. DECIMA QUINTA.- El 29 de marzo de 2011, INGEOMINAS reporta la captura del área objeto de solicitud de legalización y el 31 de marzo del mismo año, el ingeniero de minas del grupo de legalización, hace el respectivo estudio de la documentación que prueba la existencia mínima de la explotación y concluye que no cumple técnicamente con lo señalado en la ley 1382 de 2010 y su decreto reglamentario 2715 de 2010. DECIMA SEXTA.- El 19 de mayo de 2011, INGEOMINAS mediante resolución No SCT 1092, resuelve rechazar la solicitud de legalización No LCP – 14081X presentada por

SEGUNDO ABRIL ABRIL y otros, para la explotación de la mina de carbón denominada El Cerrejón, ubicada en la vereda Coscativa de los municipios de Socha y Socatá (Boyacá). DECIMA SEPTIMA.- El 29 de julio de 2011, INGEOMINAS expidió la resolución GTRN – 214, ordenando; PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO ADMINISTRATIVO presentado por los titulares del contrato de concesión No DGN – 101. SEGUNDO: Ordenar oficiar al Alcalde de Socatá, para que proceda al desalojo, la inmediata suspensión de los trabajos de los señores SEGUNDO ABRIL ABRIL y otros, de las obras mineras de estos, al decomiso de todos los elementos instalados para la explotación y la entrega de los minerales a los querellantes, faculta al alcalde para que imponga caución y se ordena traslado a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL SOCHA, a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, para los fines pertinentes. DECIMA OCTAVA.- La Agencia Nacional de Minería mediante Resolución No 562, el 22 de agosto de 2012, resuelve confirmar la Resolución No 1092 antes mencionada. DECIMA NOVENA.- El 24 de agosto de 2011, el grupo de legalización minera expide concepto técnico, donde se demostró actividad minera sólo por los años 2010 y 2011. El 17 de abril de 2012, el mismo grupo de legalización minera da alcance al anterior 7 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero concepto y agrega que lo solicitado no cumple técnicamente con lo establecido en el

literal b) del artículo 5° del decreto 2715 de 2010 y por lo tanto, no es procedente continuar con el trámite. VIGESIMA.- La alcaldía de Socatá elaboró 4 visitas de verificación, cierre, decomiso de la mina “El Cerrejón”, por los días 15 de junio de 2010; 20 y 27 de octubre de 2010 y el 1° de marzo de 2011. 1.3CUANTÍA Al momento de presentar la demanda no se invoca cuantía. 1.4 - CADUCIDAD En el caso concreto, la demanda se presentó el 4 de febrero de 2013 y los actos administrativos demandados (resolución SCT No 1976 del 1° de agosto de 2011 y 562 del 22 de agosto de 2012, quedaron en firme el 11 de octubre de 2012, lo que indica que se presentó dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164, literal d, de la ley 1437 de 2011. 1.5 – AUDIENCIA INCIAL Para efectos de la audiencia inicial, se tienen las siguientes pruebas:  La solicitud de amparo presentado por Víctor Torres, titular del contrato DGN – 101 y la solicitud de legalización presentada al INGEOMINAS. Igualmente presentó las resoluciones 214 de 2011 y 359 del 14 de diciembre del mismo año objeto de demanda.  Solicitó a la Agencia Nacional de Minería copia del proceso de legalización LCP14081K y las resoluciones objeto de demanda. 1.6 - MEDIDAS CAUTELARES El actor solicitó decretar como medida cautelar la suspensión provisional de la Resolución

No STC 562 del 22 de agosto de 2012, alegando que fue expedida dentro de un proceso de carácter transitorio para mineros sin título que venían explotando la mina de propiedad estatal, antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, cumpliendo para ello, lo consagrado en el artículo 12 de la ley 1382 de 2010 y su decreto reglamentario 2715 de 2010. 8 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero El Consejo de Estado, mediante auto del 17 de noviembre de 2015, dispuso rechazar tal medida, ya que no es posible determinar si se le violó el debido proceso al actor, lo cual sólo será posible establecerlo, al momento de dictar sentencia. Adicionalmente, con relación a las normas señaladas como vulneradas, no se observa una violación. Adicionalmente señaló, que el actor no cumplió con los requerimientos técnicos para que le autorizaran la legalización de la explotación minera. 1.7 - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (ANM) Por intermedio de apoderado judicial, la Agencia Nacional de Minería, presentó contestación a la demanda oponiéndose a cada una de las pretensiones y planteó su defensa expresando que las resoluciones objeto de demanda, no son objeto de causal alguna que genere su nulidad y su motivación se encuentra por mandatos de orden legal y constitucional. Que el amparo administrativo minero puede solicitarse a opción del beneficiario del respectivo título, ante el Alcalde municipal competente, en aquellos eventos en que dentro del área, se den actos de ocupación, perturbación o despojo por parte de terceros ajenos al título minero, señalados en el artículo 308 del código de minas y la solicitud objeto de

estudio, no estaba prescrita en los plazos consagrados en el artículo 316 de la ley 685 de 2001. Con relación a la solicitud de legalización de la mina El Cerrejón, solicitada por el actor, esta solicitud no excluye la aplicación del amparo administrativo minero. Indicó que el trámite al amparo administrativo solicitado por el titular del contrato de explotación No DGN – 101, se sujetó a las normas vigentes para la época, teniendo presente que los querellados no presentaron título minero vigente e inscrito, como único documento oponible a la diligencia de amparo administrativo plasmada en el artículo 309 del código de minas. Señaló que el hecho de conceder el amparo administrativo a favor de quien tiene el título minero para invocarlo y se ordene la suspensión de actividades mineras al solicitante de legalización minera tradicional, no interfirió el procedimiento contemplado en la ley 1382 de 2010 y su decreto reglamentario 27.154 de 2010, la cual era la legislación vigente para la época de los hechos, ni influyó en la viabilidad o no de la solicitud temporal. El trámite de amparo administrativo debe cumplirse sin excepción, lo cual no impide que la autoridad minera siga adelantando el trámite de las solicitudes de legalización de 9 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero minería tradicional, dado que a las mismas se les debe agotar el debido proceso, pese a que la autoridad administrativa haya ordenado conceder el amparo. 1.7.1. - EXCEPCIONES PREVIAS: No propuso ni tampoco de mérito. 1.7.2. - PRUEBAS

No solicitó prueba alguna. 1.8 - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (MINMINAS) Al contestar la demanda, propuso las siguientes excepciones: 1.8.1. - EXCEPCIONES PREVIAS: 1.8.2. - Falta de legitimación en la causa por pasiva: El Ministerio de Minas no fue la entidad estatal que expidió los actos administrativos demandados, las cuales fueron expedidas por INGEOMINAS y la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, entidades diferentes al Ministerio, en cuanto a su naturaleza jurídica, autonomía y funciones. 1.8.2. - EXCEPCIONES DE MERITO 1.8.2.1. - Improcedencia del cargo de nulidad: La demanda no tiene suficiente argumento que fundamenten la posible legalidad de los actos, en especial, las normas infringidas y la posible falsa motivación. 1.8.2.2. - Indebida adecuación de pretensiones: Señaló que la pretensión se funda en el reconocimiento de la calidad de mineros tradicionales, postulado que ya estaba en cabeza del actor antes de las resoluciones demandas y que al momento de expedirse los actos demandados le fueron vulnerados sus derechos. Siendo así, la pretensión no buscaba el restablecimiento de un derecho, sino, la legalización de su actividad y el otorgamiento del título minero respectivo. 1.8.2.3. - Imposibilidad de aplicación del trámite de legalización de minería tradicional (Ley 1382/10) 10 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero Considera que el restablecimiento del derecho se ha debido enfocar en reabrir el

procedimiento de legalización minera plasmado en la ley 1382 de 2010, lo cual no se cumplió y aun así, está situación tampoco es posible, pues esta disposición se declaró inexequible mediante fallo C – 366 del 11 de mayo de 2011, con efectos a partir del 12 de Mayo de 2013. En vista de esta inexequibilidad, se expidió el decreto 933 de 2013, dada la necesidad de crear un mecanismo de legalización, para aquellos mineros que acreditaron requisitos en vigencia de dicha disposición. Sin embargo, este decreto también fue objeto de demanda ante el Contencioso, y el Consejo de Estado mediante auto del 20 de abril de 2016 y del 26 de julio del mismo año, se ordenó la suspensión del mismo. Siendo así, a la fecha, no existe norma jurídica que legitime cualquier legalización de ese tipo. 1.9. - FIJACIÓN DEL LITIGIO 1.9.1. Audiencia En la audiencia del pasado 30 de mayo, se fijó el litigio para establecer si los demandantes explotaban la mina con anterioridad al 14 de abril de 2005, fecha en la cual se otorgó la concesión DGN – 101 en favor de la sociedad A&T COL LTDA, para efectos de determinar si se deben anular las resoluciones SCT 1092 del 19 de mayo de 2011 y 562 del 22 de agosto del 2012 que negaron la legalización minera No LCP 14081X presentada por los actores. En desarrollo de la audiencia, se solicitaron las siguientes pruebas: Actor: Los antecedentes del proceso de legalización LCP 14081X y de las resoluciones SCT 1092 del 19 de mayo de 2011 y 562 del 22 de agosto del 2012 que negaron la

legalización minera No LCP 14081X presentada por los actores. Esta prueba fue negada y a cambio, se le dio valor probatorio a los documentos allegados por la Agencia Nacional de Minería, que contienen los antecedentes y actos administrativos pedidos por el actor. Se solicitó y se ofició a la Alcaldía de Socatá, copia del amparo administrativo No 05 – 002 otorgado al titular del contrato DGN – 101 y para que emita constancia sobre la existencia de otros procesos de amparo administrativos adelantados en años anteriores en contra de las labores de minería desarrolladas por el actor. La audiencia de suspendió, y se fijó nueva fecha para el 5 de septiembre de los corrientes. La audiencia se reanudó en la fecha fijada, y durante el desarrollo de la misma, el despacho procedió a incorporar al proceso el expediente No 11 Exp No (46.212) 11001032600020130001800 Jaime Castro Borrero 1575766000222120100041, remitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha (Boyacá); el expediente de amparo administrativo 05 – 002 otorgado al titular del contrato DGN 101, remitido por el Inspector Municipal de Policía de Socatá (Boyacá) y los antecedentes de los actos administrativos demandados, allegados por la Agencia Nacional de Minería el 13 de junio de 2017 en cumplimiento de la orden impartida en ese sentido el 1° de junio de ese mismo año y, en consecuencia, según los previsto por el artículo 181 del CPACA, se dio traslado de estos a la parte demandante, a la Agencia Nacional de Minería, a Mineralex ltda en reorganización y al Ministerio Público.

De este traslado, sólo se pronunció la abogada del actor, quien mediante escrito presentado el 2 de agosto de 2018, indició lo siguiente:  En relación con el expediente que contiene la solicitud de legalización No LCP – 14081X, señaló que allí figuran elementos de juicio que demuestran la realización de actividades mineras, aún antes del otorgamiento del contrato de concesión DGN – 101. También se podrá observar, la omisión por parte de la autoridad minera para la mediación entre concesionario y los solicitantes de la legalización; también podrá observarse que no se realizó la visita de viabilización, ni tampoco se estableció si los solicitantes tenían la primera opción para continuar el trámite consagrado en el inciso 3° del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010.  En lo que respecta al expediente No 05 – 002, proveniente de la Alcaldía de Socotá, se evidenció la vulneración del parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 1382 ibídem, frente al cierre, decomiso e investigación penal en contra del ahora actor.  Sobre la 2010 - 0041, que condena a los demandantes como exploradores ilícitos, y como consecuencia de ello, el concesionario inicia un incidente de reparación integral, buscando un pago por los perjuicios causados por la extracción del carbón y daños ambiental