PGN - NULIDAD - Por falta de competencia

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. José Leonidas Bustos Martínez Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Cesar Duarte Pacheco contra la sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta que lo condenó como responsable del delito de inasistencia alimentaria. Rad. nº 28.542 El Juzgado Cuarto Penal Municipal profirió el 22 de junio del 2006, sentencia condenatoria en contra del señor Cesar Alejandro Duarte Pacheco y le impuso la pena principal de dos años de prisión y multa de cinco días de salario mínimo legal, como autor del delito de inasistencia alimentaria. Lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal. Así mismo, le asignó la obligación de pagar los perjuicios materiales y morales ocasionados con el delito. Apelada la providencia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta decidió el 24 de agosto de 2007 confirmar la sentencia impugnada. El defensor del procesado interpuso recurso de casación discrecional contra la decisión de segunda instancia y lo sustentó con demanda que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las previsiones legales. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

HECHOS

1 Reseñados por el sentenciador de segundo grado de la siguiente forma: “DANYIRA YANET MALDONADO JAIMES, en su condición de madre de la

menor VIRYINNETHE ALEJANDRA DUARTE MALDONADO, interpuso la correspondiente querella contra CESAR ALEJANDRO DUARTE PACHECO, refiriendo que a pesar de estar separada, está casada con CESAR ALEJANDRO DUARTE PACHECO, con quien procreó a su hija, sustrayéndose su marido a su obligación legal de suministrarle los debidos alimentos, a su descendiente, razón que la llevó a instaurar la correspondiente denuncia penal”. ACTUACIÓN PROCESAL Mediante apoderado la señora Dayira Janeth Maldonado Jaimes instauró denuncia penal en contra del señor Cesar Duarte Pacheco por el delito de inasistencia alimentaria. Aportó como soporte de su denuncia copia autenticada de la partida de nacimiento de la menor Viryinnethe Alejandra; el documento aparece con sellos de autenticación, y la firma del Gobernador del Estado Táchira fue autenticada ante el Consulado General de Colombia en San Cristóbal, Venezuela. El 14 de diciembre de 1999 se ordenó la apertura de la instrucción y se citó a la partes para celebrar una audiencia de conciliación. Se expidieron las citaciones para la diligencia, la que se realizó el 19 de enero del 2000 con la presencia del denunciado y la señora Maldonado Jaimes. El 15 de marzo de 2000 fue escuchado en indagatoria el señor Cesar Alejandro Duarte Pacheco. La fiscalía resolvió la situación jurídica del indagado el 30 de mayo del 2000, profirió medida de aseguramiento de caución prendaria contra el señor Duarte y fijó como cuota alimentaria

provisional a favor de la menor la suma de doscientos mil pesos. Ante el recurso de reposición interpuesto tanto por el representante de la parte civil, como por la defensa del procesado, la fiscalía resolvió el 21 de 2 junio de 2000 aumentar la cuota alimentaria provisional en la suma de cuatrocientos mil pesos. Apelada la decisión, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta confirmó en todas sus partes la resolución. Mediante decisión de tutela proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta se revocó la cuota alimentaria fijada por los fiscales en el proceso penal. Completa la investigación se ordenó su cierre y la fiscalía calificó el sumario el 6 de diciembre del 2001, profirió resolución de acusación en contra del señor Duarte Pacheco por el delito de inasistencia alimentaria. Confirmada la resolución, luego de la apelación presentada por el procesado, el expediente fue remitido al Juzgado Cuarto Penal Municipal, quien avocó el conocimiento de las diligencias el 12 de junio del 2002. Durante la etapa del juicio el defensor del procesado allegó una serie de documentos con los que pretende demostrar la falsedad de los documentos allegados con la denuncia. Celebradas las audiencias preparatoria y pública, el Juzgado cuarto Penal Municipal de Cúcuta dictó sentencia condenatoria el 22 de junio del 2006, le impuso al señor Cesar Duarte Pacheco la pena principal de dos años de prisión y multa de cinco días de salario mínimo legal, como autor del delito de inasistencia alimentaria; lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de

la pena principal. Así mismo, le impuso la obligación de pagar los perjuicios materiales y morales ocasionados con el delito. La sentencia fue apelada por el defensor del procesado y el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito, quien resolvió el 24 de agosto del 2007, confirmar la providencia recurrida. 3 Contra esta decisión se interpuso recurso de casación discrecional. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Primer cargo: Solicita la declaración de nulidad del proceso por falta de competencia de los señores jueces penales municipales de Cúcuta, por adelantar un proceso por una conducta punible que se ejecutó en el exterior. Invoca la causal tercera de casación. Se aplicó indebidamente el principio de extraterritorialidad de la ley penal colombiana, a unos hechos que ocurrieron supuestamente en la ciudad venezolana de San Cristóbal, de manera que se siguió irregularmente un proceso en la ciudad de Cúcuta, con el desconocimiento de las formalidades legales establecidas por el Código de Procedimiento Penal para la investigación y el juzgamiento de hechos ocurridos en el exterior. No se tuvieron en cuenta las exigencias legales para que se adquiera competencia y el juzgado penal municipal conociera de una supuesta inasistencia alimentaria de una menor que reside en San Cristóbal, Venezuela, que no fue reconocida por su padre, y quien fue identificada con un documento civil de nacimiento falso. Observa el libelista un total desconocimiento del contenido del artículo 16 del Código Penal, pues esta norma se refiere a personas que comentan delitos

en el exterior, y establece unos requisitos especiales; en el presente caso se tiene una menor de edad, supuesta hija del señor Cesar Alejandro Duarte, y a él se le imputa la consumación del delito de inasistencia alimentaria, pero no puede considerarse aplicable en esta caso el principio de extraterritorialidad de la ley por carecer de los presupuestos del artículo, tales como la petición del Procurador General de la Nación, o una querella de parte legalmente entablada. En el proceso no se probó la legitimidad del nacimiento de la menor, pues se allegó un documento falso, además, se 4 pretermitió el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil sobre la manera de allegarse documentos expedidos en el extranjero. Indica el libelista que la trascendencia de la nulidad propuesta consiste en la iniciación de un proceso penal sin que la fiscalía, o los jueces de la república hubiesen adquirido la competencia, en razón a que la querella no fue legalmente presentada. Solicita a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia impugnada y declarar la nulidad de la actuación. Considera como normas violadas los artículos, 6º, 9º, 16 del Código de Procedimiento Penal, 16 del Código Penal.

Segundo cargo: Primer cargo subsidiario. Nulidad de la actuación procesal por falta de notificación al señor Cesar Duarte Pacheco sobre el inicio de la investigación en su contra.

Invoca la causal tercera de casación, señalada en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal. En este evento se inició investigación penal contra el señor Duarte por la

Fiscalía Local de Cúcuta, a sabiendas de que el procesado residía en Pamplona y no se observa comunicación alguna sobre la iniciación de la investigación, para que pudiera ejercer su derecho de defensa material. Cita normas constitucionales y de tratados internacionales que se refieren al tema del derecho a la defensa, así como sentencias de la Corte Constitucional. 5 Dice que la Fiscalía no hizo esfuerzo alguno para enterar al imputado sobre la apertura de la investigación, lo que significa que el escrito de querella no pudo ser controvertido por el señor Duarte. La trascendencia de este error radica en que se vulneró el derecho al debido proceso y se impidió el acceso efectivo a la administración de justicia del querellado, pues no se permitió que se controvirtieran los documentos falsos aportados. Solicita que se declare la nulidad de la actuación desde la resolución que decretó la apertura de la investigación y todo lo que de ella dependa, para que se subsane la falta de notificación oportuna al procesado. Considera violados los artículos: 6º y 9º del Código de Procedimiento Penal.

Tercer cargo: Segundo cargo subsidiario. Invoca la causal primera de casación, violación de la ley sustancial por error de derecho, por falso juicio de legalidad respecto de la apreciación de la prueba documental, esto es, la partida de nacimiento de la menor Viryiniethe Alejandra Duarte Maldonado.

Indica el libelista que a través de las transcripciones de las actas de inspección judicial y la prueba pericial realizada por funcionarios venezolanos se logró demostrar que la partida de nacimiento había sido falsificada. Es así

que con una documentación falsa se profirió un fallo condenatorio, lo que constituye un error de derecho por otorgársele al medio probatorio legalidad. La certeza para condenar, como lo exige la ley, no se obtiene mediante pruebas ilegalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso, estas pruebas deben ser excluidas. 6 La trascendencia del error judicial denunciado es que se llega a la sentencia condenatoria con base en una prueba ilegal, con un medio probatorio que es falso. Señala como normas violadas los artículos: 6º, 9º, 232, 13, 238 del Código de Procedimiento Penal. Solicita a la Corte Suprema de Justicia que case la sentencia impugnada y se profiera sentencia de sustitución en la que se absuelva al señor Duarte.

Cuarto Cargo: Tercer cargo subsidiario. Plantea la nulidad de la actuación procesal por atipicidad del comportamiento, pues no se fijó la cuota alimentaria que debía sufragar el procesado y que constituye la infracción penal.

Indica el censor que para que exista la exigibilidad de una obligación civil, ha de existir una causa o motivo determinado, en este caso hay una presunta inasistencia alimentaria y debe aparecer la demostración de una suma específica que debía sufragarse como alimentos. En el presente caso la madre de la menor acudió a la fiscalía para solicitar el cumplimiento de esa obligación civil y la fiscal fijó la cuota alimentaria en la suma de doscientos mil pesos, y luego fue aumentada dicha cuota. Agrega, que mediante tutela el Tribunal Superior de Cúcuta revocó la cuota

alimentaria impuesta por no ser competencia de la fiscalía fijar cuotas alimentarias, sino de los jueces de familia, por lo tanto, no se tiene precisada ninguna cuota alimentaria que deba sufragar el señor Duarte. Considera que la conducta del procesado no es típica pues nunca se señaló por la autoridad judicial pertinente la suma o cuota alimentaria supuestamente debida. 7 La trascendencia del error es que se impuso una pena privativa de la libertad sin la ocurrencia de la conducta descrita en el tipo penal, sin la demostración de la tipicidad del comportamiento. Considera violados los artículos: 6, 16, 1, 306 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 10 del Código Penal. Solicita a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia y declarar la nulidad de la actuación desde el inicio de la etapa del juicio para que se allegue a la actuación la cuota alimentaria o el monto total de lo adeudado por el señor Duarte.

Quinto cargo: Cuarto cargo subsidiario. Solicita el libelista la declaración de nulidad de la actuación procesal, desde el acto de notificación de la sentencia de primera instancia, por no haberse cumplido la ley procesal respecto de la notificación al sentenciado, pues se afectó su derecho de defensa.

Denuncia que no se cumplió con la exigencia procesal para intentar dar a conocer al principal sujeto procesal la sentencia de condena, conociéndose su ubicación, además, no se dejó correr el lapso de ley para que se produjera la etapa de notificaciones respecto de él. Con tal actuación se vulneró su derecho a la impugnación, su derecho

material de defensa, que es diferente al ejercido por los abogados. No se vislumbra el cumplimiento de la notificación personal en la sentencia de primera instancia, por lo que procede la nulidad de la actuación desde este acto de notificación para que se reponga la actuación y se garantice el derecho de defensa. 8 La lectura del expediente entrega la prueba de su afirmación, en la primera instancia no se dejaron correr los términos de ejecutoria, ni se comunica al procesado, lo mismo ocurre en la segunda instancia. La trascendencia del error se evidencia en la vulneración del derecho a la defensa del procesado, pues es él como afectado quien puede recurrir una sentencia condenatoria. Cita como normas violadas los artículos: 176 del Código de Procedimiento Penal, 6º, 8, 13, 16 de la misma obra y 31 de la Constitución Política. Solicita a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia, declarar la nulidad de la actuación desde el acto de notificación de la sentencia de primera instancia para que se notifique de manera eficaz al procesado sobre el contenido de la providencia.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACIÓN PENAL Primer cargo: Predica el libelista la falta de competencia de las autoridades judiciales de Cúcuta para adelantar el proceso penal por inasistencia alimentaria. No obstante, en el caso que se somete a consideración de la Corte Suprema de Justicia se observa, que la iniciación del proceso penal cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en las normas procesales.

Así, a través de un apoderado, la madre de la menor presentó la querella

requerida y aportó la documentación que consideró necesaria para demostrar los hechos denunciados, la que fue autenticada ante el Consulado General de Colombia en San Cristóbal, Venezuela, para cumplir con lo señalado en el artículo 16 numeral 4º del Código Penal, que a la letra dice: “Art. 16. Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará: 9 (…)

4. Al nacional que fuera de los casos previstos en los numerales anteriores, se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado en el exterior.

Si se trata de pena inferior, no se procederá sino por querella de parte o petición del Procurador General de la Nación.” Y, que en este caso se inició el proceso con la presentación de la querella exigida, fue un tema muchas veces debatido a lo largo de la investigación y todos los funcionarios fueron coincidentes al estimar cumplido el requisito. En primer lugar, al momento de resolverse la situación jurídica del implicado el defensor presentó recurso de apelación, el cual fue decidido por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta el 6 de octubre del 2000. Uno de los temas objeto de debate fue precisamente el de la competencia de los funcionarios judiciales de Colombia, en razón a la ilegalidad de los documentos que soportaron la querella. La fiscalía se pronunció sobre cada uno de estos aspectos para considerar que no se vulneraron garantías fundamentales del implicado, por cuanto se cumplen los requisitos para aplicar la norma de la extraterritorialidad de la ley

penal; igualmente, que los documentos son válidos como prueba sumaria demostrativa del vínculo consanguíneo existente. En segundo lugar, se allegó al expediente la sentencia que resuelve una acción de tutela instaurada por el defensor del procesado y que, entre otras cosas manifiesta: “Debe decirse por el Tribunal que el delito de inasistencia alimentaria, es de competencia de los jueces penales municipales, por exigirse querella de parte, y en el presente caso la persona denunciada tiene su residencia en el 10 Municipio de Villa del Rosario, según la querella a través de abogado y de ahí que pueda conocer la investigación la Fiscalía Local de Cúcuta, por tener la Fiscalía General de la Nación competencia en todo el país, sólo que el juzgamiento lo hará el juez competente. En cuanto al presupuesto de procedibilidad se cumple en el presente caso pues se está actuando mediante querella de parte que es la madre de la menor a través de apoderado y el trámite que se le viene dando a la querella cumple con lo mandado en la norma procesal penal,…” Luego el defensor presentó solicitud de nulidad de la actuación procesal por los mismos hechos, negada en primera y segunda instancia. Y, en la etapa del juicio reiteró su solicitud. A pesar de que se observa con claridad que se cumplió con el requisito, es conveniente hacer referencia a una decisión de la Corte Constitucional, citada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, que señala: “La comisión de un hecho punible que tenga como víctima a un menor, no puede ser un asunto que sólo concierna a la familia y que la ley pueda

permitir no traspase el umbral de lo puramente privado, incluso hasta consagrar su virtual impunidad. La sociedad y el Estado deben acudir sin tardanza y con vigor a ofrecer su defensa al agraviado. Establecer, en estos casos, la querella es impedir que la sociedad y el Estado puedan cumplir con su obligación constitucional, irrevocable e incondicional, de defender al niño…” (Sent. C-459, oct. 12795. M.P. Eduardo CIFUENTES MUÑOZ)., adicionándose como “NOTA: Con base en las anteriores consideraciones la Corte Constitucional resolvió declarar EXCEQUIBLE el artículo 33 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 21 de la Ley 81/93. Siempre que se entienda que los delitos que allí se enuncian y que se cometan contra menores, no quedan sujetos, como condición de procesabilidad, al a formulación de la respectiva querella”. 11 Como se dijo, el punto fue objeto de debate ampliamente, y el casacionista no entregó argumentos adicionales que permitan concluir que se incurrió en una irregularidad de tal entidad que genere la declaratoria de nulidad de la actuación procesal. Tenían, entonces, plena competencia los funcionarios judiciales de Cúcuta para adelantar el proceso penal por inasistencia alimentaria, en contra del señor César Duarte Pacheco. La falta de demostración del cargo hace que no prospere.

Segundo cargo: Primer cargo subsidiario. En esta oportunidad el libelista solicita la declaratoria de nulidad de la actuación procesal ante la ausencia de notificación al procesado, sobre la iniciación de la investigación en su contra.

La simple revisión del expediente permite desvirtuar la temeraria acusación del censor, pues es evidente que una vez abierta la instrucción se cita al procesado para celebrar audiencia de conciliación y se logra su asistencia, lo que demuestra que fue localizado en debida forma y avisado de la iniciación del proceso. En efecto, a folio 15 del C. 1 original, aparece la resolución de apertura de instrucción proferida el 14 de diciembre de 1999, en ella se ordenó citar a la partes para celebrar diligencia de conciliación, inmediatamente se hallan los telegramas enviados a las partes y, a folio18 del C. 1, se encuentra el acta de la audiencia de conciliación adelantada el 19 de enero del 2000. A ella concurrió el señor César Duarte Pacheco y fue informado de la iniciación del proceso de inasistencia alimentaria en su contra; ante el fracaso de la diligencia se ordena continuar el trámite de la investigación y se fija el 1º de febrero como fecha para recibir la indagatoria, a la cual debe 12 asistir el procesado acompañado de apoderado, hay constancia de la notificación en la diligencia. En la indagatoria se le pusieron de presente los documentos aportados por la querellante y en ella tuvo oportunidad de pronunciarse sobre su contenido, así como sobre lo afirmado por la madre de la menor. No observa la Delegada que se halla vulnerado el derecho a la defensa del implicado pues siempre conoció de los documentos y se defendió de lo que ellos informaban. Además, considera que no es necesario exponer ningún argumento adicional ante la falta de razón el casacionista. El cargo no esta llamado a prosperar.

Tercer cargo: Segundo cargo subsidiario. El punto central de discusión planteado por el censor es que se le dio valor probatorio a un documento que resultó falsificado, pues aparece adulterado el nombre de la menor en el registro de nacimiento aportado.

Las sentencias de instancia le otorgaron credibilidad a la prueba documental y consideraron que demostraba la relación de paternidad entre el acusado y la menor a cuyo favor se reclaman los alimentos. Esto señaló el juez de primera instancia: “En el presente caso tenemos que el conflicto radica en la autenticidad del registro civil de nacimiento de la menor, pues la defensa insiste en que es falso, para lo cual allega una serie de pruebas practicadas en Venezuela (…) Tenemos que la falsedad del documento se da de diversas maneras una de ellas es por alteración de documento existente que sería donde se podría adecuar el presente caso. En esta modalidad si preexiste un documento con contenido original intocado o genuino. La acción mutadora consiste en transformar, alterar o cambiar su contenido por otro. 13 (…) Finalmente, el cambio como forma de alterar consiste en suprimir partes del documento y reemplazarlas por otra. Esta última forma es la que al parecer se presenta en este caso pues la partida de nacimiento Nº 360 existe y esta registrada ante el Registro Civil del Municipio de San Cristóbal del estado Táchira, signado el Acta Nº 360, de fecha 26 de junio de 1986. Que la misma presenta enmendadura en el nombre de la menor, lo lógico es que ese mismo documento presente enmendaduras en lo que respecta a los nombres y documentos de identidad de los padres, lo cual no sucede en la mencionada partida.

Lo que lleva a concluir al Despacho que se presento un error al escribir el nombre de la menor el cual es un poco complicado, lo que origino que se borrara para hacer la corrección del nombre, sin que el funcionario que extendió el documento dejara la constancia en el mismo. Pero por esto no se puede considerar falso. Porque las enmendaduras que haga el funcionario que expide un documento para corregir un error involuntario, no constituye delito de falsedad, aunque el procedimiento peca por incorrecto. En este caso no hay falsedad, pues faltan requisitos esenciales: intención maliciosa de adulterar la verdad y potencialidad de causar daño.” Por su parte, el Juez Segundo Penal del Circuito al desatar la apelación manifestó: “Sobre el particular, encuentra esta Juzgadora las fotografías tomadas al registro en referencia (fs 541-542), donde se puede observar a simple vista, aún siendo legos en la materia como lo es la suscrita Juez, en primer lugar, que en verdad fue enmendado el nombre de VIRYINNETHE ALEJANDRA, pudiéndose igualmente apreciar que el nombre de la misma fue escrito por el mismo amanuence (sic) conclusión a la que se llega al resaltar a simple vista la identidad de las grafías y en segundo término, que es esta la única 14 enmendadura que afecta el documento, en el cual se consigna igualmente el nombre de sus padres con el número de sus respectivos documentos de identidad, el nombre y la identidad de los testigos que avalaron el acto de presentación de la pequeña, su lugar de nacimiento y demás datos de Ley. Considera la suscrita Juez al respecto que si se tratara de una falsedad

integral del documento, es obvio que se utilizara uno allí impreso, en el cual, como es apenas natural, no aparecería sin ninguna enmendadura el nombre real del padre de la recién nacida, su documento de identidad y su lugar de residencia, de donde se sigue que es bien probable, tal como lo dijo la señora Juez de instancia, que se trate simplemente de un error en la escritura del nombre.” Bien, al formular el cargo el libelista confunde los conceptos de prueba ilícita, y trae a colación el contenido del artículo 29 de la Constitución, con el de prueba practicada sin los requerimientos legales, la que daría lugar a que se presentara un error de derecho por falso juicio de legalidad, por lo que resulta necesario diferenciarlos. La situación planteada en el caso sometido a estudio no encaja dentro de la definición que la Corte Suprema de Justicia ha hecho, en su jurisprudencia, sobre la prueba ilícita. Cómo debe entenderse la prueba ilícita?, lo señala la Corte en sentencia del 2 de marzo del 2005, radicado 18.103: “Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad intima; y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida”. Y, para que sea considerada un error de derecho por falso juicio de legalidad, debe ajustarse a las reglas técnicas fijadas por la Sala de

15 Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre las modalidades del error de derecho: “1. De tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que los errores de derecho en la apreciación de la prueba pueden ocurrir por dos vías distintas: falso juicio de legalidad y falso juicio de convicción. El juicio de legalidad se relaciona con el proceso de formación de la prueba, con las normas que regulan la manera legítima de producir e incorporar la prueba al proceso, con el principio de legalidad en materia probatoria y la observancia de los presupuestos y las formalidades exigidas para cada medio. El error por falso juicio de legalidad “gira alrededor de la validez jurídica de la prueba, o lo que es igual, de su existencia jurídica (concepto que no debe ser equiparado con el de existencia material), y suele manifestarse de dos maneras: a) cuando el juzgador, al apreciar una determinada prueba, le otorga validez jurídica porque considera que cumple las exigencias formales de producción, sin llenarlas (aspecto positivo); y b) cuando se la niega, porque considera que no las reúne, cumpliéndolas (aspecto negativo)” (Sentencia del 27 de febrero de 2001, radicación 15.042. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll). Para la postulación de este tipo de error no es suficiente indicar el precepto procesal omitido y que establece la ritualidad indispensable para el decreto, práctica, aducción o formación de la prueba, sino que de ahí se debe trascender hasta conectar aquella falencia, de causa a efecto, o de medio a

fin, con la vulneración de una norma de contenido sustancial, en atención a que el debido proceso que estatuye el artículo 29 de la Constitución Política, tiene como finalidad garantizar los derechos materiales de las personas, y porque, en armonía con la Carta, es la violación de la ley sustancial la que constituye causal de casación”. Sentencia del 8 de julio del 2004, radicado 15.372. 16 Con estas exigencias no cumplió el censor, quien se limita a afirmar que por haberse valorado el registro de nacimiento de la menor se incurrió en un error de derecho por falso juicio de legalidad. Sin embargo, en gracia de discusión y aún aceptando que se hubiesen vulnerado las normas procesales sobre la valoración del medio probatorio, es claro que las providencias de instancias no sustentaron la responsabilidad del señor Duarte Pacheco en la sola presentación del registro de nacimiento de la menor, el análisis cobijó otro tipo de situaciones, declaraciones y pruebas que respaldaban las pretensiones de la querellante. Pero sobre este aspecto nos pronunciaremos más adelante. Para atender las manifestaciones del libelista debe señalarse que es cierto que en este caso existe pronunciamiento de las autoridades venezolanas que certifican la falsedad del documento, se dice que aparecen algunas alteraciones en el nombre de la menor, de manera tal que podría concluirse válidamente que no podían los funcionarios judiciales otorgar valor probatorio al registro de nacimiento de la niña, esto es, debieron excluirla del material de prueba sobre el cual se elaboró el juicio de responsabilidad en contra del señor Duarte Pacheco. No obstante, en las providencias se encuentran los argumentos utilizados por

los sentenciadores para haber otorgado validez al documento y apreciarlo como medio de prueba y resultan ajustados a la realidad procesal, ha de resaltarse cómo la alteración es sólo sobre el nombre de la menor, no sobre los datos de los padres, o los documentos de identificación, lo que se puede concluir es que se cambió el nombre de la menor, pero no sus apellidos ni la individualización de sus padres, ni la fecha de nacimiento, etc., por lo tanto, la prueba era válida y no se incurrió en error alguno. Ahora bien, lo cierto del caso es que los funcionarios judiciales no sustentaron la responsabilidad del señor Duarte en el delito que se investiga únicamente en el contenido de este documento. Obsérvese que tanto en la 17 indagatoria del procesado como en las declaraciones recibidas a la madre de la menor resulta claro, que el señor Duarte contrajo matrimonio con la señora Danyira Jannett Maldonado y no aparece constancia de que se hallan divorciado, por lo menos para la época de la concepción de la niña. Este hecho es resaltado por los jueces, así como la circunstancia de que el procesado en su primera intervención no hizo manifestación sobre la inexistencia del víncu