PGN - NULIDAD - Violación del derecho de defensa técnica y material

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dr. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN Ref. Casación interpuesta por el defensor de JHON FREDY GÓMEZ RUIZ, procesado por homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. Rdo. 28807.

Honorables Magistrados: Procede la Procuraduría a conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 13 de julio de 2007, mediante la cual el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi

(Antioquia), que condenó a Jhon Fredy Gómez Ruiz, Efraín de Jesús Gómez Ruiz y Ubeimar Alexander Hoyos Muñoz, a la pena principal de veintisiete (27) años de prisión al encontrarlos responsables como coautores del delito de homicidio agravado.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE El Tribunal los resume así: “… El Comandante de la estación de policía de Anorí, mediante oficio Nº 003 del 26 diciembre de 2001, informa a la Fiscalía Seccional Delegada ante este Circuito, de un homicidio ocurrido el 25 del mes y año citados, hechos que tuvieron ocurrencia en la vereda Madreseca del municipio referido, donde perdió la vida Argemiro Zapata Agudelo, y como presuntos responsables Fredy y Efraín Gómez Ruiz. En la diligencia de inspección al cadáver se relaciona como autor del homicidio, además de los anteriores, al señor Wilman Hoyos, de acuerdo con la

Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz información suministrada por la señora Mónica Farley Correa esposa de Zapata Agudelo…”.1 Mediante resolución del 26 de diciembre de 2001, el Fiscal 43 Seccional de Amalfi ordenó la investigación previa, disponiendo la práctica de algunas pruebas, entre ellas la declaración de la señora Mónica Farley Correa, cónyuge de Argemiro Zapata Agudelo, víctima del delito investigado. El 18 de febrero de 2002 la Fiscalía profirió resolución de apertura de instrucción, ordenando la vinculación mediante indagatoria de Jhon Fredy Gómez Ruiz, Efraín de Jesús Gómez Ruiz y Ubeimar Alexander Hoyos Muñoz, para lo cual libró las respectivas órdenes de captura. A través de resolución fechada el 28 de marzo de 2003 fueron declaradas personas ausentes, designándoles como defensora de oficio a la doctora Ana Cristina Idárraga Arango, quien tomó posesión del cargo el 4 de abril de 2003. El 26 de septiembre de 2003 la citada Fiscalía resolvió situación jurídica a los vinculados, imponiéndoles medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio agravado. Declarado el cierre de la investigación, el 28 de mayo de 2004 la fiscalía instructora calificó el mérito del sumario con resolución de acusación contra los procesados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal. La etapa del juicio fue adelantada en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi,

despacho que una vez adelantadas las correspondientes audiencias preparatoria y de juicio, el 30 de noviembre de 2004 dictó sentencia condenatoria de primera instancia, cuyo resultado principal se consignó inicialmente. Tal decisión fue confirmada integralmente por el Tribunal, al resolver el recurso interpuesto por el 1 Folio 191. 2 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz defensor de los procesados, mediante sentencia contra la cual se recurre ahora en casación.

2. LA DEMANDA 2.1 Primer Cargo Con fundamento en la causal tercera de casación (art. 207-3 C. de P. Penal), se acusa la sentencia impugnada de haber sido dictada en un proceso viciado de nulidad, por violación al debido proceso en la localización e información al procesado de la existencia de la investigación, y del derecho a la defensa individual y material del procesado Jhon Fredy Gómez Ruiz.

Señala que el 18 de febrero de 2002, la Fiscalía 43 Seccional de Amalfi abrió investigación contra Jhon Fredy Gómez Ruiz, y libró orden de captura en su contra para ser escuchado en indagatoria y adelantar la investigación por el delito de homicidio. Respecto de las diligencias adelantadas para localizar y capturar a los sindicados Efraín de Jesús Gómez Ruiz, Ubeimar Alexánder Hoyos Muños y Jhon Fredy Gómez Ruiz, se cuenta con lo siguiente: “Informes números FGN. DSCTI. GC. N° 216 OT. N° 471; FGN. DSCTI. GC. N°

217. N° 472 y FGN. DSCTI. GC. N° 218 OT. N° 473, fechados el 1° de abril de

2002 provenientes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, donde informan a la Fiscalía 43 Seccional de Amalfi sobre las diligencias adelantadas por ese organismo para localizar y capturar a los señores Efraín de Jesús Gómez Ruiz, Ubeimar Alexánder Hoyos Muñoz y Jhon Fredy Gómez Ruiz, indicando lo siguiente respecto de Jhon Fredy Gómez, pues los tres informes son fiel copia el uno del otro, cambiando solamente el nombre de cada uno de los procesados: ‘En aras de dar cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 473, emanada de la Coordinación del Grupo de Capturas del CTI, el día 15 de marzo de 2002, inicialmente procedo a solicitar toda la información en la Oficina de Sistemas del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. que le figure al solicitado, en la base de 3 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz datos de la Asociación Bancaria y de entidades financieras de Colombia CIFIN, Data Crédito, Superintendencia Nacional de Salud y Sisben.”. Esta consulta arroja resultados negativos, ya que el señor GOMEZ RUIZ, no posee información de cuentas corrientes, tarjetas de crédito, y cartera total, no registra información de telefonía celular ni otros sectores, no registra información de endeudamiento global, ni presenta ningún reporte en Data Crédito.” De igual manera se envió oficio a la Emisora VOZ DE AMALFI, para que “difundiera en ese medio radial (el nombre de) las personas que debían presentarse en la Fiscalía Seccional de Amalfi, para llevar a cabo diligencia de tipo

penal, citando a los señores Efraín de Jesús Gómez Ruiz, Ubeimar Alexánder Hoyos Muñoz y Jhon Fredy Gómez Ruiz.”2 Alega el actor que la Fiscalía 43 Seccional de Amalfi no fue diligente en adelantar las diligencias necesarias para localizar y capturar a Jhon Fredy Gómez Ruiz y demás procesados con el fin de enterarlos del delito que se les imputaba, y para que pudieran entregar su versión de los hechos y ejercer así su derecho de defensa, a pesar de que en el expediente obran constancias claras del sitio donde residían los hermanos Gómez Ruiz y Ubeimar Hoyos Muñoz, tales como el informe policivo fechado el 26 de diciembre de 2001 (un día después de los hechos), donde se dice que los sindicados son residentes de la vereda Madre Seca. Agrega que la Fiscalía citada remitió a la Estación de Policía de Anorí la Orden de Trabajo Previa N° RDA-1726, del 9 de enero de 2002, para que identifique plenamente a Efraín de Jesús Gómez Ruiz, Ubeimar Alexánder Hoyos Muñoz y Jhon Fredy Gómez Ruiz, residentes en Madre Seca, y en respuesta a esta solicitud la policía de Anorí, el 10 de enero de 2002, indica que los señores Fredy Gómez Ruiz y Wilmar Hoyos residen en la vereda Madre Seca de Anorí, lo que, considera el actor, hace suponer que al efectuar la plena identificación de los 2 Folio 225 4 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz

procesados tuvieron conocimiento de que efectivamente residían en la vereda Madre Seca de Anorí. Señala el recurrente que en la declaración rendida por la señora Mónica Farley Correa, ante la pregunta de quiénes dieron muerte a su esposo Argemiro Zapata Agudelo, respondió: “fueron tres FREDY GOMEZ RUIZ, EFRAIN GOMEZ RUIZ, que son hermanos y WILMAR HOYOS, todos viven en la vereda madreseca’. Más adelante dice ‘PREGUNTADO: Díganos bajo juramento los generales de ley de los señores FREDY, EFRAIN y WILMAR. RESPONDIO: los nombres son FREDY GOMEZ RUIZ, EFRAIN GOMEZ RUIZ son hermanos, hijos de William y Blanca, viven en la vereda Madreseca, trabajan en la minería, son mayores de edad… y de Wilmar Hoyos no se más datos, se que vive en la vereda Madreseca. (Negrillas fuera de texto).3 Agrega el casacionista que en las tarjetas de preparación alfabética de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las correspondientes a Efraín de Jesús Gómez Ruiz y Jhon Fredy Gómez Ruiz se consignó como dirección: “VEREDA BOLIVAR ANORI ANT., que colinda con la vereda Madreseca; igualmente en la correspondiente a UBEIMAR ALEXANDER HOYOS MUÑOZ, aparece como dirección: ‘VER. MADRESECA ANORI (ANT.).”4 Con base en lo anterior, el censor considera que tanto la Fiscalía instructora como los organismos del Estado a los que se les libró la orden de captura, no

cumplieron con su deber, pues se sabía del lugar de domicilio de los sindicados, y sin embargo, allí no llegaron las labores investigativas tendientes a su localización y captura. En relación con el oficio librado a la emisora La Voz de Amalfi para citar a los hermanos Efraín y Jhon Fredy Gómez Ruiz, y a Ubeimar Alexánder Hoyos Muñoz, este resulta ineficaz, pues la vereda Madreseca de Anorí, es bastante alejada de la cabecera municipal de Amalfi, y según la Inspectora Municipal de Policía y 3 Folio 227 4 Folio cit. 5 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz Tránsito de Anorí, en esa vereda no se escucha la Voz de Amalfi. Dice que dicha vereda está ubicada en lugar lejano tanto de Amalfi como de Anorí. Además, agrega, no existe constancia de que dicha emisora efectivamente haya difundido o publicado la citación ordenada por la Fiscalía. Los investigadores del CTI, dice el actor, no se desplazaron hasta la vereda Madre Seca, a pesar de que en las órdenes de captura se incluyó como lugar de residencia la vereda Madre Seca del municipio de Anorí. Desde Medellín esperaron que las entidades estatales a las que oficiaron les dieran respuesta, pero no se dirigieron al lugar donde se tenía conocimiento estaban los solicitados. Estima absurdo que se hubiera consultado en bases de datos de la Asociación Bancaria, de la CIFIN, DATACRÉDITO, superintendencia de salud y Sisben, y telefonía celular, como si se tratara de negociantes con cuentas bancarias, tarjetas

de crédito o préstamos, siendo apenas campesinos que ni siquiera conocían la ciudad de Medellín. Estima que las actividades desplegadas por el CTI se limitaron al mero formalismo de solicitar, mediante oficios, información a entidades que los procesados no sabían que existían y citarlos a través de una emisora que no se escucha en la vereda donde residían. Se hubiera podido intentar su localización a través de William de Jesús y Blanca, nombres suministrados por la esposa del occiso, los cuales también fueron colocados en las órdenes de captura. En el proceso declaró Rodrigo Alonso Castaño Grisales, dueño del negocio Mar y Sombra, donde ocurrieron los hechos, quien dijo ser primo segundo de Ubeimar Alexánder Hoyos Muñoz, persona que había podido ser citada a través de Mónica Farley Correa. Los procesados siempre han vivido en la vereda Madreseca. Señala el recurrente que por negligencia y desidia de la Fiscalía se adelantó la investigación de espaldas a los procesados, siendo condenados a veintisiete años de prisión, y si hubieran ejercido su derecho de defensa el resultado hubiera sido diferente, toda vez que la condena se sustenta tan solo en la declaración de la esposa del occiso, de quien dice el procesado no estaba en el lugar de los hechos, sin que se hubieran analizado otras circunstancias como que las heridas recibidas 6 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz por Argemiro Zapata no concuerdan con la narración que hace la deponente (folio 233). De igual modo, añade, se privó a Jhon Fredy Gómez Ruiz del derecho de hacer

uso de mecanismos o beneficios consagrados en el Código de Procedimiento Penal, como la confesión o la sentencia anticipada, consagrando esta última una rebaja de una tercera parte de la pena. Sostiene que los procesados nunca se escondieron, ni se ocultaron, ya que desde el 25 de diciembre de 2001 continuaron viviendo normalmente en la vereda Madreseca de Anorí, como lo declararon el 17 de abril de 2002 Jorge Alcides Muñoz Gallego y Blanca Rut Hernández, entre otros, ante la Inspección Municipal de Policía de Anorí. Relatan que tales personas se dedican a trabajar por jornal en la vereda y allí se mantenían, sin que nunca se hubieran hecho presente miembros de los organismos del Estado para localizarlos directamente a través de sus padres o familiares. El señor Jhon Fredy Gómez Ruiz no supo de la investigación y juicio seguido en su contra, siendo capturado a las 15:25 horas del 1º de julio de 2007, al ingresar a un establecimiento público ubicado en el parque principal de Anorí, a media cuadra de la Estación de Policía. Considera que nadie que sepa que obra en su contra una orden de captura porque ha sido condenado a veintisiete años de prisión se va a exponer de esa manera. Con base en lo anterior, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y declarar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del 28 de marzo de 2003, inclusive, mediante la cual se declaró personas ausentes a los procesados. Y en virtud de ello, se ordene la libertad provisional de Jhon Fredy Gómez Ruiz, por

cuanto el proceso regresaría a la etapa sumarial, y lleva más de 180 días privado de su libertad. 2.2 Segundo Cargo Se acusa la sentencia impugnada de haber sido dictada en un proceso viciado de nulidad por violación del derecho de defensa técnica del señor Jhon Fredy Gómez Ruiz (artículo 306 C. de P. Penal). 7 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz Señala el censor que el 28 de marzo de 2003 se declaró persona ausente a Jhon Fredy Gómez Ruiz y demás procesados, designándoles la Fiscalía como defensora de oficio a la doctora Ana Cristina Idárraga Arango, nombramiento que considera simbólico para cumplir con el requisito legal y avalar la investigación realizada, y poder continuar con el trámite legal, pues para esa fecha ya se había perfeccionado el recaudo probatorio. Alega el recurrente que la doctora Idárraga Arango no cumplió con la defensa técnica que le fuera encomendada, pues se limitó a recibir las notificaciones que por comisión se le enviaban de Amalfi a Medellín, “sin tomarse el trabajo si quiera de revisar, vigilar y controlar el curso de la investigación, actividad propia de su cargo, pues como ella misma lo dice en el escrito remitido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, donde renuncia al cargo, no viaja al municipio de Amalfi desde hace más de un año contado a partir del 5 de octubre de 2004, o sea que no iba a Amalfi desde más allá del mes de septiembre de 2003, quedando en evidencia que una debida defensa técnica no se puede llevar a control remoto

desde la ciudad de Medellín, y mucho menos cuando se trata de la imputación de un delito tan grave como lo es el homicidio agravado.”5 Señala el casacionista que, una vez aceptada la renuncia de la doctora Idárraga Arango, se nombró como nuevo defensor de oficio al doctor Guillermo Posada Cadavid, quien tomó el proceso para la celebración de la audiencia pública, y al iniciar la misma dejó constancia que era “sumamente difícil asumir una verdadera defensa técnica en las circunstancias que recibí la defensa de los aquí vinculados, toda vez que esta es la primera y prácticamente la única intervención que voy a tener para asumir esta defensa”. 6 El actor considera que de esa manera el defensor planteó la falta de defensa técnica de los procesados durante la investigación y juicio, sin embargo, la actuación del nuevo defensor tampoco fue la mejor, añade, de acuerdo con lo consignado por el Tribunal Superior al consignar en sus consideraciones, donde advierte un manifiesto desacierto del apelante de 5 Folio 239 6 Folio 243. 8 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz cara a la motivación del fallo revisado, con lo cual concluye el libelista que la falta de defensa técnica se mantuvo en la audiencia pública y en la apelación del fallo de primer grado. En un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se establecen tres elementos esenciales para que se configure la violación al derecho de defensa técnica, y el censor los considera estructurados en el presente caso, así: 1. Las deficiencias presentadas en la defensa oficiosa no son atribuibles al procesado, quien ni

siquiera estaba presente y no tuvo conocimiento de la investigación y juicio adelantados en su contra. 2. La absoluta inactividad de la defensora no responde a una estrategia defensiva. 3. La falta de defensa técnica tuvo un efecto definitivo contra los procesados, pues Jhon Fredy Gómez Ruiz está privado de su libertad soportando una condena de veintisiete años de prisión, cuando de acuerdo a como sucedieron los hechos fue el ahora occiso quien inició la agresión contra los procesados, lesionándolos con una navaja, configurándose una legítima defensa por parte de Jhon Fredy Gómez Ruiz. El censor analiza a continuación lo que considera contradicciones en que incurre la esposa del occiso, de quien dice al parecer no estaba en el lugar de los hechos. Con base en lo anterior, el actor solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y declarar la nulidad de lo actuado desde la resolución del 28 de marzo de 2003, inclusive, mediante la cual se declaró personas ausentes a los procesados. En virtud de ello, y como el proceso quedaría en la etapa sumarial, solicita también que se ordene la libertad provisional del procesado Jhon Fredy Gómez Ruiz, por cuanto lleva más de ciento ochenta días privado de su libertad, conforme lo dispuesto en el artículo 365, numeral 4º del C. de P. Penal.

3. EL CONCEPTO

3.1 Primer Cargo 9 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz En criterio de esta Procuraduría Delegada le asiste razón al libelista al acusar la sentencia impugnada de haber sido dictada en un proceso viciado de nulidad, por

violación del debido proceso del señor Jhon Fredy Gómez Ruiz, a quien no se le informó oportunamente de la existencia de una investigación penal en su contra, lo cual generó también la violación de su derecho de defensa material. El artículo 29 de la Constitución Política, así como la Convención Americana sobre derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” (Ley 16 de 1972 artículo 8.2, literales d) y e)), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968, artículo 14.3), imponen al Estado la obligación de garantizarle al imputado o procesado el derecho de defensa. De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno, siendo considerados parte de la legislación interna en virtud del denominado “Bloque de Constitucionalidad”. Reiterativa ha sido la Corte al señalar que el derecho de defensa debe ser garantizado a lo largo de todo el proceso, de manera tal que el sindicado o imputado pueda ejercerlo directamente (defensa material) y a través de un defensor profesional (defensa técnica), mediante la presentación de pruebas y la contradicción de las que se alleguen en su contra, y en general, a través del ejercicio de todos los actos previstos en el estatuto adjetivo para su defensa. Presupuesto esencial para el pleno ejercicio del derecho de defensa lo constituye la comparencia del sindicado o procesado, pues obviamente primero debe enterarse de la existencia de las diligencias en su contra para luego conocer los cargos que se le imputan y las pruebas que los acreditan. Por ello, al aparato estatal encargado de administrar justicia le corresponde desplegar toda la

actividad con miras a lograr dicho propósito, haciendo uso de la información que obre en el proceso que permita dar con el paradero del procesado. 10 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz En el evento en que sea procedente se ordenará su citación para que rinda indagatoria, o de lo contrario, se dispondrá la orden de captura para procurar por la vía coercitiva su presencia en la pesquisa y así en injurada, de manera directa rinda las explicaciones que estime pertinentes para justificar su conducta o acreditar su ajenidad con los hechos motivo de investigación.7 Si se han realizado los esfuerzos necesarios y no se logra la comparencia voluntaria o forzada del sindicado, la ley establece su vinculación a través de la declaración de persona ausente, situación en la que una persona ajena asume la defensa de sus intereses procesales. En el caso que nos ocupa, es claro que la Fiscalía instructora no realizó esfuerzo investigativo con miras a lograr la comparencia al proceso del señor Jhon Fredy Gómez Ruiz, pues a pesar de que obraban suficientes elementos de juicio que indicaban que residía, al igual que los otros sindicados, en la vereda Madreseca del municipio de Anorí (Antioquia), nada se hizo por los organismos de seguridad del Estado encargados de localizarlos y capturarlos, por trasladarse a ese lugar y darle cumplimiento a la orden de captura emitida por la Fiscalía. En efecto, las diligencias enseñan que mediante informe Nº 218 del 1º de abril de 2002, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la

Nación, con sede en Medellín, comunica a la Fiscalía 43 Seccional de Amalfi (Antioquia) las diligencias realizadas por ese organismo para localizar y capturar a Jhon Fredy Gómez Ruiz, para lo cual dice el informe que se consultó la información que le figura al solicitado en la base de datos de la Asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia CIFIN, Datacrédito, Superintendencia Nacional de Salud y Sisben, con resultados negativos. 7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de febrero de 2003. M. P. Dr. Carlos Gálvez Argote. 11 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz Al respecto se debe señalar que el resultado negativo de tal consulta es apenas obvio, ya que el señor Gómez Ruiz es una persona del campo, dedicada a las labores del agro, que no posee cuentas bancarias, y que para el año 2002 no tenía teléfono celular, ni registraba ningún tipo de información sobre endeudamiento global, ni estaba afiliado al Sisben. La citada Fiscalía envió oficio a la emisora radial “La Voz de Amalfi”, en el que solicita difundir la citación de la Fiscalía a los hermanos Efraín de Jesús y Jhon Fredy Gómez Ruiz, y a Ubeimar Alexander Hoyos Muñoz para que comparecieran ante ese despacho con el fin de llevar a cabo diligencia de tipo penal8. Sin embargo, al expediente no se allegó nota de contestación de la emisora radial en la que certificara el cumplimiento efectivo de la referida solicitud, y además, tampoco se demostró que a la vereda Madreseca, donde residían los procesados,

llegaran las ondas emitidas por la citada estación radial. Ahora bien, en el proceso obran múltiples referencias acerca del lugar donde residían los procesados, como se pasa a reseñar: Mediante oficio 003 ESANO-DEANT, del 26 de diciembre de 2001, suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Anorí, dirigido a la Fiscalía Seccional de Amalfi se informa acerca del homicidio de Argemiro Zapata Agudelo, ocurrido hacia las 2 de la mañana del 25 de diciembre, señalando como sindicados del crimen a Fredy Gómez Ruiz, Efraín Gómez Ruiz y Wilmar Hoyos residentes en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, esto es, la vereda Madreseca de Anorí.9 En desarrollo de la investigación previa ordenada por el Fiscal 43 Seccional de Amalfi, el 9 de enero de 2002 el citado despacho emitió la Orden de Trabajo Previa RDA-1726 dirigida al Comandante de la Estación de Policía de Anorí para que adelantara las diligencias necesarias para lograr la plena identificación de los hermanos Fredy y Efraín Gómez Ruiz, y de Wilmar Hoyos, “residentes en la 8 Folio 78. 9 Folio 1. 12 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz vereda Madreseca, sin más datos, presuntos responsables de la muerte del señor Argemiro Zapata Agudelo, hechos ocurridos en la vereda Madreseca, jurisdicción de ese municipio…”.10 Como lo señalara el casacionista, en la declaración de la señora Mónica Farley Correa, esposa de Argemiro Zapata Agudelo, afirmó que los sujetos que le

causaron la muerte a éste “fueron tres FREDY GOMEZ RUIZ, EFRAIN GOMEZ RUIZ, que son hermanos, y WILMAR HOYOS, todos viven en la vereda Madreseca”; más adelante, al referirse a los hermanos Gómez Ruiz, señala que son hijos de William y Blanca, y repite que viven en la vereda Madreseca, trabajan en la minería, son mayores de edad… y de Wilmar Hoyos también afirma que vive en la vereda Madreseca.11 De otra parte, obran testimonios como el de Blanca Ruth Hernández Guerra, quien afirma que conoce a los procesados, inclusive es prima segunda de Ubeimar Hoyos Muñoz, y ellos “se mantienen por ahí jornaleando… todos tres se mantienen trabajando en esas veredas, en La Moreno, Tenche, a Madreseca van solamente de paso”12. Por su parte, Jorge Alcides Muñoz Gallego afirmó que “todos tres viven en la vereda Madreseca, trabajan por ahí de jornaleros.”13 Lo anterior revela la manera absurda en que tanto la fiscalía instructora, como los organismos del Estado a los que se libró la orden de captura, orientaron su labor investigativa, pues es de apenas sentido común que si los hechos ocurrieron en la vereda Madreseca de Anorí, y desde el comienzo de la investigación se afirmó que los presuntos autores del crimen residían allí, y así se consignó en las órdenes de captura, ese era el primer lugar hacia donde debieron dirigirse las autoridades con el fin de localizarlos y capturarlos, donde seguramente habrían 10 Folio 5. 11 Folio 16. 12 Folio 64.

13 Folio 66. 13 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz podido hacerlo, ya que no se fueron del lugar, sino que se mantuvieron laborando en la misma vereda y en las vecinas, como lo afirmaron los referidos testigos. Tenían que haberse agotado todas las pesquisas indispensables para hallarlos y capturarlos, lo cual habría permitido, por lo menos, que procesalmente se les tuviera por enterados de la investigación que cursaba en su contra. No obstante, las actividades desplegadas por los miembros del CTI de la ciudad de Medellín se limitaron a la rutinaria consulta de las bases de datos, útil sin lugar a dudas en la mayoría de los casos, pero no para el presente, pues Jhon Fredy Gómez Ruiz y los demás procesados, eran campesinos que no tenían bienes a su nombre, ni desempeñaban actividades comerciales de ninguna especie, ni habían contraído obligaciones crediticias que los hicieran figurar en los registros consultados formalmente por los funcionarios del CTI. Además, en el evento en que en que hubieran desarrollado alguna actividad que los hubiera incluido en alguno de los registros consultados, muy seguramente habría aparecido como lugar de residencia la vereda Madreseca de Anorí, pues ese es el lugar donde vivían. La valoración racional de todos los elementos probatorios señalados y de las circunstancias que rodearon tanto el delito como su investigación y juicio, no arroja ninguna justificación para que la Fiscalía no hubiera insistido ante el CTI o el DAS para que se hubiera intentado la captura de los procesados en el lugar donde residían. La negligencia del despacho instructor llevó a que se adelantara la

investigación sin dársele la oportunidad real a los procesados de conocer la existencia de la misma, pues su actividad se redujo al cumplimiento de meros formalismos, ajenos a las particularidades que caracterizan la elemental y sencilla vida de los procesados. Para esta Procuraduría Delegada, y como lo señalado la Corte en casos similares14, lo anterior pone de manifiesto que los funcionarios judiciales omitieron 14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal sentencia del 27 de octubre de 2004. M. P. Dra. Marina Pulido de Barón. Rdo. 21896. 14 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz las gestiones pertinentes en orden a enterar y hacer comparecer al procesado, con lo cual se vulneró gravemente el debido proceso, con efecto directo en el derecho de defensa de Jhon Fredy Gómez Ruiz y demás procesados, pues sin conocer la existencia del proceso penal terminaron condenados a veintisiete años de prisión como coautores del delito de homicidio agravado. Al no habérseles dado aviso, no tuvieron la posibilidad de concurrir al proceso y ejercer directamente su defensa material frente a tan grave imputación delictual. 3.2 Segundo Cargo De igual forma, también le asiste razón al libelista cuando alega la violación al derecho de defensa del procesado por inactividad absoluta de quienes fueron encargados de su representación cuando se encontraba ausente, especialmente por parte de la abogada Ana Cristina Idárraga Arango, quien a raíz de la declaratoria de ausencia de Jhon Fredy Gómez Ruiz fue designada como su

defensora de oficio, y su actividad se limitó a notificarse de las providencias que por comisión le enviaban de Amalfi a Medellín. Revisada la actuación se observa que, efectivamente, mediante resolución del 28 de marzo de 2003 de la Fiscalía 43 Seccional de Amalfi (Antioquia), declaró personas ausentes a los procesados Jhon Fredy Gómez Ruiz, Efraín de Jesús Gómez Ruiz y Ubeimar Alexander Hoyos Muñoz, sindicados de ser coautores del delito de homicidio, designándoles defensora de oficio a la doctora Idárraga Arango, quien tomó posesión como tal el 4 de abril de 2003.15 A continuación no se observa intervención distinta de la defensora de notificarse de la resolución de situación jurídica, del cierre de instrucción, de la resolución de acusación, del auto mediante el cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi avocó el conocimiento y corrió el traslado previsto en el artículo 400 del C. de P. Penal, de los que fijaron las fechas para las audiencias preparatoria y de juzgamiento. Todas 15 Folio 76. 15 Casación Nº 28807 Jhon Fredy Gómez Ruiz esas notificaciones fueron realizadas mediante exhortos y despachos comisorios a la ciudad de Medellín, donde tiene su domicilio la doctora Idárraga Arango. El Juzgado de conocimiento fijó para las diez de la mañana del 6 de octubre de 2004 la celebración de la audiencia pública, y la defensora de oficio presentó renuncia a su cargo el día anterior, consignando en el correspondiente escrito que

por razones de orden público y por los costos q