PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto que reconoció y ordenó pagar sa

1 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que reconoció y ordenó pagar sanción por mora en pago de cesantías parciales o definitivas CESANTIAS-Sobre el auxilio de estas según regulación legal CESANTIAS DEFINITIVAS-En relación con su pago según regulación legal CESANTIAS-Para reconocerlas y pagarlas se tiene un plazo de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para expedir acto de reconocimiento CESANTÍAS-Regimen de liquidación y pago de estas a servidores públicos de nivel territorial que se encuentren bajo el sistema de retroactividad ENTIDADES TERRITORIALES-El ser sujetos de acuerdos de reestructuración es compatible con la Constitución Política según sentencia de la Corte Constitucional CESANTIAS-Los Acuerdos de Reestructuración no pueden cercenar derechos de trabajadores …. la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, tenía la obligación de consignar las cesantías dentro del término de ley, y al no realizarla oportunamente, se causó a favor de la funcionaria la indemnización por mora equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Ahora bien, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la sanción moratoria se efectúo dentro del marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, es importante señalar que el legislador estableció las siguientes etapas: i) fijación de los derechos de voto de los acreedores, de acuerdo con el monto establecido de sus créditos. ii) la negociación, cuyo objetivo es que esta finalice con un acuerdo de pagos dentro del término de cuatro meses. Al respecto se debe indicar que la señora….., hacia parte del proceso de

Reestructuración de Pasivos del Departamento del Valle del Cauca, en el cual participó a través de su apoderado, que acudió en representación de la demandante a la convocatoria de acreedores, tal como se desprende del recurso de alzada:……. ..…se debe señalar que los Acuerdos de Reestructuración no pueden cercenar los derechos de los trabajadores y estos acuerdos no pueden evadir el pago de las obligaciones, sino que pueden establecer rebajas, disminución de intereses, concesión de plazos o prórrogas, tal como sucedió en el Acuerdo suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca y los acreedores, al establecer que cuando la principal pretensión haya sido el pago de la sanción por mora en el cumplimiento del deber de consignación de las cesantías o el deber del pago total o parcial de las cesantías, sólo se pagaría el 70% del monto de la sanción, interpretación avalada por el Comité de Vigilancia, en el Acta No. 4 del 09 de diciembre de 2013. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Sobre su procedencia según jurisprudencia del Consejo de Estado

Demandante: Rosalba Arango Barona

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

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Concepto No. 240 Bogotá, D.C., 28 de octubre de 2019 Doctor Gabriel Valbuena Hernández Consejero Ponente Subsección “A” - Sección Segunda Consejo de Estado

Referencia: Expediente No. 76001-23-33-000-2016-00558-01

No. interno: 3678-2019

Demandante: Rosalba Arango Barona Demandado: Departamento del Valle del Cauca Medio de control: Nulidad y restablecimiento del Derecho Asunto: Apelación sentencia (Ley 1437 de 2011) Procede esta Agencia del Ministerio Público dentro de la oportunidad legal a rendir su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES El demandante a través de apoderado, solicitó la nulidad parcial de la Resolución N°0989 del 19 de febrero de 2015, mediante la cual la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca reconoció y ordenó pagar la sanción moratoria, por mora en el pago de las cesantías parciales y/o definitivas, reconocidas a través de la Resolución N° 3592 del 05 de diciembre de 2013.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se declare que la entidad demandada debe liquidar nuevamente la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta todos los factores salariales. Solicita además que se inaplique por inconstitucional el contenido del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en consideración a que se evade total o parcialmente la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, por cuanto, sólo se reconoce el 70% de la deuda a la demandante, solicita que se pague a favor de la accionante el 100% de la sanción moratoria, teniendo en cuenta que la demandante nunca fue citada dentro del proceso de reestructuración de pasivos

para la aprobación del Acuerdo, y no tuvo la oportunidad de manifestarse respecto del reconocimiento y liquidación de su sanción moratoria, así mismo, solicita que sobre el valor total adeudado se indexe dicha suma y se condene en costas y agencias en derecho al demandado.

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3 1.1 HECHOS La parte demandante relacionó como hechos, los siguientes: El 15 de enero de 2014, la señora Rosalba Arango Barona, en su calidad de funcionario público vinculada a la Secretaria de Educación, a través de oficio radicado bajo el N°777587, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales y/o definitivas. Mediante Resolución N° 0989 del 19 de febrero de 2015, el Departamento del Valle del Cauca, reconoce y ordena el pago de la Sanción Moratoria por vía administrativa, acto administrativo que fue notificado al apoderado el día 23 de febrero de 2015, quien renunció a los términos de ejecutoria, quedando agotada la vía gubernativa. Se llevó a cabo conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, sin que se llegara a un acuerdo conciliatorio. I.2. CONCEPTO DE VIOLACIÓN El apoderado de la demandante, citó como normas infringidas los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 25, 53 y 209 de la Constitución Política; el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 244 de

1995 y la Ley 1071 de 2006. Argumentó el apoderado, que el Departamento del Valle del Cauca, desconoce la Ley 1071 de 2006, al no liquidar de manera correcta la sanción moratoria, pues solo se tuvo en cuenta el salario básico, sin tener en cuenta los demás factores que lo constituyen. Señala que el desconocimiento parcial de los derechos laborales por parte del Departamento del Valle del Cauca, con ocasión al pago del 70% del valor de la sanción moratoria, viola la Constitución, indica que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han determinado que en este tipo de situaciones se debe decretar la inaplicabilidad del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en consideración, a que la entidad territorial a pesar de haber realizado el llamado a sus acreedores, nunca lo realizo de manera individual respecto de la deuda por concepto de sanción moratoria. Argumenta el apoderado, que en lo demás se debe dar cumplimiento al Acuerdo, dado que a pesar de haberse estipulado el reconocimiento y pago de las sanciones debidamente indexadas, el Departamento del Valle del Cauca, hizo caso omiso y reconoció la sanción sin haberla indexado, en los términos del parágrafo de la cláusula quince del Acuerdo firmado el 17 de mayo de 2012. 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad accionada, solicita negar cada una de las pretensiones de la demanda, argumentando que si bien le asiste un derecho a la accionante de la consignación y pago oportuno de las cesantías, considera que este tema debe ser analizado a la luz del marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, suscrito por el

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4 Departamento del Valle y sus acreedores. En cuanto al pago de la sanción moratoria, señala, que el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, establece en el parágrafo de la cláusula 15, lo siguiente: “…Cuando la principal pretensión haya sido el pago de una sanción por mora, en cumplimiento del deber de consignación de las cesantías (artículo 99 de la Ley 50 de 1990) o el deber del pago total o parcial de las cesantías (Ley 244 de 1995, modificado por la Ley 1071 de 2006), solo se pagara el 70% del monto de la sanción así reconocida, suma que para su pago sólo será indexada hasta el 15 de mayo de 2012, fecha de iniciación de la promoción del acuerdo. Lo anterior sin perjuicio del reconocimiento y pago de intereses a las cesantías correspondiente al fallo judicial, evento en el cual sólo se pagará el 70% de las sumas así reconocidas…” Así mismo indica que el Decreto Departamental 06731 del 15 de julio de 20142, en el artículo 3°, estableció: “…2.1.9 ACTIVIDAD. Cuantificar la sanción moratoria general por el no pago oportuno de las cesantías del personal administrativo del régimen retroactivo de la SED Valle en el marco de lo establecido en el (sic) Ley 1071 de 2006 y establecer los mecanismos para el reconocimiento y pago de la misma, teniendo en cuenta lo señalado en el Art. 15 del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos...”

Señala que si el caso bajo estudio, se encontrara por fuera del marco normativo del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, se debe tener en cuenta la tesis institucional del grupo de defensa de la entidad, en la que se sostiene, que no ha existido la mala fe en la demora del pago, habida consideración, que la Gobernación del Valle se encontraba enfrentando una reestructuración financiera y de pasivos, y a la fecha en que se realizó la reclamación se atendía la falta de liquidez por la multiplicidad de obligaciones financieras y medidas cautelares, así mismo indica, que no es posible alegar que el departamento del Valle del Cauca actúo de mala fe, más aún cuando la entidad, realizó el reconocimiento y pago de la cesantía y de la sanción moratoria. Considera que la imposición de la sanción moratoria “…debe estar condicionada al examen o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del patrono: apreciación que sólo puede ser valorada por la autoridad judicial correspondiente. En consecuencia esta no puede imponerse de manera automática, es decir, directa o mecánica, sin que medie una providencia judicial que condene en este caso, a la Administración Departamental en cuanto a la liquidación y pago de la misma….”, así mismo dice, que la sanción moratoria no se impone por el sólo hecho de que el empleador no hubiera cumplido con la obligación de consignar oportunamente el auxilio de cesantías, pues se debe demostrar que el empleador actúo de mala fe, tal como lo señala la jurisprudencia nacional. 1 Se cita en el cuerpo de la contestación de la demanda, folio 46

2 “…Por medio de la cual se reformula y se extiende el plan de desempeño adoptado en el Sector Educación por el Departamento del Valle del Cauca , en cumplimiento de lo ordenado por la resolución N°1973 del 10 de junio de 2014 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Educación nacional y Crédito Público...”

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5 Aunado a lo anterior, el apoderado de la Gobernación del Valle del Cauca, señala que la Secretaria de Educación, no puede de oficio reconocer y pagar la sanción moratoria, sin que medie una providencia judicial que así lo ordene. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, innominada y como solicitud especial señala la necesidad de vincular al Ministerio de Educación. 1.4. FALLO DE INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sentencia del 15 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda, al considerar, que la obligación de la señora Rosalba Arango Barona, hace parte del proceso de Reestructuración de Pasivos del Departamento del Valle del Cauca, y por lo tanto, no hay lugar a su inaplicación, para tal efecto, consideró: “… i) El ente territorial había suscrito con sus acreedores desde el 17 de mayo de 2013 el Acuerdo, el cual, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 550/99, es de obligatorio cumplimiento tanto para el Departamento como para todos los acreedores internos y

externos, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del mismo, o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él. ii) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 550/99, para convocar a los acreedores a determinar sus obligaciones, no es requisito hacerlo de manera particular y personal como lo pretende el demandante, dado que la norma establece que tanto la promoción del Acuerdo como la convocatoria a la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto se da a conocer por medio de aviso en un diario de amplia circulación en el domicilio del empresario y en los de las circulares que éste posea, publicado con una antelación de no menos de cinco (5) días comunes respecto a la fecha de la reunión… A su vez la entidad demandada le brindó las garantías a la demandante señaladas en la Ley 550 de 1999 para la inclusión de dicha acreencia, sin que la misma se hiciera presente en esa oportunidad,…, el acto acusado Resolución 989 de 2015 le fue notificado personalmente al apoderado de la parte actora…, quien renunció a los términos de la ejecutoria, y no presentó recursos…, por lo que no resulta de recibo que en sede judicial esgrima que no se le dio la oportunidad de aceptar o rechazar el 70% de la sanción moratoria y su liquidación, cuando en sede administrativa guardó silencio. iii) Si bien en las clausulas 15 y 18 del Acuerdo no había sido incluida la sanción moratoria reconocida por vía administrativa, sino solo las de procesos ordinarios y ejecutivos, dicha interpretación fue avalada en Acta No. 4 del 9 de

diciembre de 2013 por el órgano competente…, esto es, por el Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, donde se encuentran representados los acreedores con derecho de voz y voto. iv) La sanción moratoria reconocida por la administración en virtud del Acuerdo de Reestructuración podía estar sujeta a rebajas o disminuciones, como aconteció en este caso, en donde el valor reconocido se vio menguado en un 30% para cancelarse el 70% de la sanción liquidada. v) Tampoco resultaría procedente la reliquidación de la sanción moratoria reconocida en la Resolución 0989 de 2015,… teniendo en cuenta todos los factores salariales y la indexación, dado que, a la par con lo ya expuesto, para liquidarla sólo se debe tener en cuenta el salario devengado al momento en que surgió la mora y sin lugar a indexación, toda vez que dicho ajuste es incompatible con su reconocimiento porque conllevaría la aplicación de una doble penalidad de carácter económico, con la cual además ya se cubre la actualización monetaria…”. Así mismo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, condenó en costas a la parte demandante y fijó agencias en derecho, la suma equivalente al 3% de las

Demandante: Rosalba Arango Barona

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IUS E-2019-605745 6 pretensiones negadas. 1.5. RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de la demandante apeló la decisión de primera instancia, al considerar que la demanda que presentó estaba encaminada a que se inaplicara

por inconstitucional el contenido del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. El citado Acuerdo sirvió de fundamento para la expedición de la Resolución N°989 del 19 de febrero de 2015, mediante la cual se reconoce y ordena el pago de la sanción moratoria, dentro del marco de la Ley 550 de 1999, razón por la cual solicitó la nulidad parcial del acto administrativo, con el fin de que se reconociera el 100% de la sanción moratoria, y no el 70% como fue reconocida en la citada Resolución N°989 de 2015, además argumenta, que solicitó que se liquidara con todos los factores salariales que constituyen salario, y se condenara al pago de dichos valores debidamente indexados, conforme lo ordena el precitado Acuerdo.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA El problema jurídico en el presente asunto se contrae en determinar: i) ¿La Gobernación del Valle del Cauca, se encuentra obligada al pago del 100% de la sanción moratoria, por la consignación extemporánea de las cesantías, dentro del marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos previsto en la Ley 550 de 1999?. ii) ¿la Gobernación del Valle del Cauca, debe liquidar nuevamente la sanción moratoria teniendo en cuenta todos los factores salariales?

Para resolver el problema jurídico, considera esta Delegada que es necesario analizar las normas que enmarcan las cesantías, la sanción moratoria y la norma que establece lo relativo a la reestructuración de pasivos de los entes territoriales, así:  De las cesantías

El artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sobre el auxilio de cesantía, señaló: “1.- El 31 de diciembre de cada año se hará liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2.- El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3.- El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. 4.- Si al término de la relación laboral existen saldos de cesantías a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

Demandante: Rosalba Arango Barona

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IUS E-2019-605745 7 5.- Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto…” La Ley 344 de 19963 dispuso en su artículo 13 que a partir de la publicación de dicha norma (31 de diciembre de 1996), todas las personas que se vinculen a los

órganos y entidades del Estado, cualquiera que sea su nivel, tendrían el régimen de liquidación anual de las cesantías, con corte a 31 de diciembre de cada año. El Decreto 1582 de 1998, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y 5° de la Ley 432 de 1998, dispuso en sus artículos 1º y 2º, lo siguiente: “…Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. Artículo 2º.- Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996…” En relación con el pago de las cesantías definitivas, los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 244 de 19954, señalan: “Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por

parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar. Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. 3 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones 4 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones

Demandante: Rosalba Arango Barona

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IUS E-2019-605745 8 “Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá

repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste. Artículo 3.- Los Organismos de Control del Estado garantizarán que los funcionarios encargados del pago de las prestaciones sociales de los servidores públicos, cumplan con los términos señalados en la presente Ley. Igualmente vigilarán que las cesantías sean canceladas en estricto orden como se hayan radicado las solicitudes, so pena de incurrir los funcionarios en falta gravísima sancionable con destitución. Parágrafo transitorio. Establéese el término de un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, para que las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, se pongan al día en el pago de las cesantías definitivas atrasadas, sin que durante este término se les aplique la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2 de esta Ley.” La Ley 1071 de 20065 reguló el pago de las cesantías definitivas y parciales a los servidores públicos, estableciendo sanciones y fijando los términos para su cancelación, así: “…Artículo 2. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. (…)

“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo”. “Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o 5 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación

Demandante: Rosalba Arango Barona

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IUS E-2019-605745 9 parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de

los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este…” De acuerdo con lo anterior, el empleador o quien tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, tiene un plazo de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento, mientras que la entidad pagadora dispone de 45 días para cancelar la prestación social. Ahora bien, en Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-20186, el Consejo de Estado, indicó: SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas: i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez

se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley7 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria. iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto…” 6 Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 7 Artículo 69 CPACA.

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10 De suerte que tanto en las cesantías parciales como en las definitivas, cuando se produce la mora en su reconocimiento y pago, el interesado está facultado para reclamar la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de mora.  Del salario que se debe tener en cuenta En cuanto al salario que ha de tenerse en cuenta para el reconocimiento de la

sanción, el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación CE-SUJ2No.004 del 25 de agosto de 20168, precisó: “…como quiera que hay eventos en que la mora se extiende por más de un año y se produce por periodos sucesivos, es imperioso hacer una excepción a la regla planteada, no sin antes advertir que en el evento en que el empleador se retrase en la consignación de diferentes periodos de cesantías anualizadas, en forma sucesiva e incluso concurrente, no corre en forma independiente un día de salario por cada día de mora por cada uno de los periodos de cesantías debidos, sino que en el supuesto en que se produzca tal acumulación de periodos anuales de cesantías debidas, corre una única sanción que va desde el primer día de mora que se causó respecto del primer periodo, hasta aquél en que se produzca el pago de la prestación, o el retiro del servicio, atendiendo los parámetros dados en los acápites previos. El aspecto relativo a la no concurrencia de sanciones ya ha sido planteado reiteradamente en la Sala, así: “Finalmente, la Sala debe precisar que dicha sanción no se debe aplicar separadamente respecto de cada una de las anualidades atrasadas, pues la norma no prevé que, en casos de mora por varios periodos, dicha sanción se genere separadamente para cada anualidad, pues reconocerlo en esos términos daría lugar a que se pagara no solo un día, sino dos, tres, cuatro o más días de salario por cada día de mora, de acuerdo a la cantidad de años que se adeuden; de modo que se entiende que la misma debe correr en forma unificada desde el

momento mismo en que se causa la primera mora, hasta cuando se haga efectivo el pago, independientemente de que durante ese lapso de incumplimiento de la obligación en cabeza de la administración, se constituya el derecho a nuevos pagos por periodos siguientes de tal prestación.”[29] (Se resalta). En las anteriores condiciones, cuando se produzca mora en la consignación de anualidades sucesivas de cesantías, ante la imposibilidad de aplicarse una mora individual para cada una de ellas, surge la necesidad de hacer precisión en el salario que se ha de tener en cuenta a partir de que concurran dos años en mora. Como se precisó anteriormente, el salario para liquidar la indemnización moratoria será el que devengue el em