PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - No se pudo solicitar legalización de activi

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO-Contra actos expedidos por Agencia Nacional de Minería que negaron solicitud de legalización minera ACTOS DEMANDADOS-En virtud de estos se rechazó propuesta a fin de legalizar actividad minera CORTE CONSTITUCIONAL-Declaró inexequibilidad de norma por no garantizarse procedimiento de consulta previa NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO-No se pudo solicitar legalización de actividad de minería porque solicitud se radicó extemporáneamente El Ministerio Público considera que así como no puede aplicarse el Decreto 933 de 2013 para resolver su situación, tampoco puede aplicarse la Ley 1382 de 2010, debido a que, por lo expuesto en precedencia, resulta inconstitucional aplicar esta norma a partir del 12 de mayo de 2013. Así, los demandantes están pidiendo la legalización de su actividad con base en una norma inexequible. Más aún, en el evento de que su caso se examinare a la luz del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, la consecuencia ineludible de su aplicación sería la negativa definitiva a la legalización de su actividad económica, porque, de conformidad con el inciso 1° de la norma, su solicitud fue radicada por fuera de término. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-No puede accederse a este dado que entidad demandada no hizo estudio basado en normatividad disponible ACTOS DEMANDADOS-Que fueron expedidos por Agencia Nacional de Minería deben ser declarados nulos parcialmente/CONGRESO DE LA REPÚBLICA-Sería viable que expidiera nueva ley que cumpla con parámetros requeridos

…Así, el Ministerio Público considera que en este caso en concreto se debe declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y, en su lugar, se debe ordenar a la ANM que estudie el asunto conforme a las normas que estén vigentes actualmente y que rijan el asunto, una vez determinada la inaplicabilidad del Decreto 933 de 2013, compilado en el capítulo IV del Decreto 1073 de 2015, y esclarecida la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 y normas reglamentarias. Lo anterior significa no cerrar la posibilidad que entre la ASOAREVOY y la ANM se pueda evaluar la viabilidad de acudir a otras vías legales para regularizar la actividad económica, de resultar procedente, o sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en el evento que el Congreso de la República expida una nueva ley que cumpla con los parámetros requeridos por la Corte Constitucional en la Sentencia C366 de 2011. Con base en todo lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado conceptúa que en el sentido de ACCEDER PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda. Lo anterior en atención a que se considera que las Resoluciones 002698 de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (57917) 11001-03-26-000-2016-00144-00 2015 y 000529 de 2016, expedidas por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, deben ser

declaradas nulas. Sin embargo, en cuanto al restablecimiento del derecho, se estima que no puede accederse a la legalización de la actividad minera de ASOAREVOY, sino que lo que procede es ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA realizar un nuevo estudio de la solicitud con la normatividad disponible…. Así, el Ministerio Público precisa que con lo anterior se propone una solución que no impide que entre la ASOAREVOY y la ANM se pueda evaluar la posibilidad de acudir otras vías legales para regularizar la actividad económica, de resultar procedente. También sin perjuicio de los trámites legales que se puedan realizar en el evento que el Congreso de la República expida una nueva ley que cumpla con los parámetros requeridos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-366 de 2011. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1)

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CONCEPTO No. 103 / 2019

Bogotá D.C., 18 de julio de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

MARIA ADRIANA MARÍN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-26-000-2016-00144-00 (57917)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ASOCIACIÓN DE ARENEROS Y VOLQUETEROS DE

YONDÓ - ASOAREVOY DEMANDADO: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM Sentido del concepto: Se conceptúa que se debe acceder parcialmente a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y, como restablecimiento, ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (ANM) que expida nuevos actos administrativos que respondan a nuevo estudio del asunto // Se configuró la nulidad de los actos administrativos demandados, mas no se probó que la explotación minera deba ser legalizada // Caso de demanda de nulidad contra actos administrativos que negaron solicitud de legalización de explotación minera de arenas, piedras y gravas en área ubicada en departamentos de Santander y Antioquia // Tema: Cargos por nulidad de actos administrativos sobre legalización de explotaciones mineras que fueron expedidos con fundamento en la Ley 1382 de 2010 y decretos reglamentarios, normatividad que fue declarada inconstitucional a través de Sentencia C-366 de 2011 de la Corte Constitucional.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público

y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1)

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siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda La ASOCIACIÓN DE ARENEROS Y VOLQUETEROS DE YONDÓ – (en adelante ASOAREVOY) presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (en adelante ANM), solicitando que se declare la nulidad de las Resoluciones 002698 de 2015 y 000529 de 2016. Como supuestos fácticos señalaron los siguientes: - Narran que la asociación ASOAREVOY radicó el 4 de abril de 2013 solicitud de legalización de minería tradicional N° OD4-08311, a través del señor JOSÉ ERASMO TABARES SUÁREZ. - Que, en respuesta, la entidad demandada expidió las Resoluciones 002698 de 2015 y 00529 de 2016. A través de estos actos administrativos, se negó la solicitud de legalización minera fundamentándose en el Decreto 933 de 2013 y el capítulo IV del Decreto 1073 de 2015. - Que la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-366/11, a través de la cual se

declaró la inconstitucionalidad diferida de la Ley 1382 de 2010, en el sentido que se estableció la inconstitucionalidad, pero se confirió un plazo de 2 años para que el Congreso expidiera nueva norma que cumpliera la función para la cual fue expedida la mencionada Ley 1382 de 2010. Por ello, la Ley 1382 de 2010 sólo tendría efectos hasta el 11 de mayo de 2013. - Que la inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010 afectó los decretos nacionales que lo reglamentaron, situación que cobija al Decreto 933 de 2013 y al capítulo IV del Decreto 1073 de 2015. - Que en el momento de pronunciarse sobre la solicitud de legalización de minería tradicional OD4-08311, la Agencia Nacional de Minería no podía pronunciarse como lo hizo, debido a la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto 933 de 2013 y del capítulo IV del Decreto 1073 de 2015. - Que, además, en el procedimiento realizado se vulneró el debido proceso constitucional (art. 29 C.N.), porque no se realizó las visitas técnicas establecidas en el los Decretos Reglamentarios 1970 de 2012 y 933 de 2013; y porque carece de motivación al no expresar las razones justificativas de la decisión de señalar que existió una superposición con varios territorios de reserva forestal, con un contrato de concesión (HHF-12541) y con otra solicitud de legalización (NGR09231). 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Como pretensiones los demandantes solicitaron que se declare la nulidad de la Resolución N° 002698 del 26 de octubre de 2015 y de la Resolución N° 000529 del 29 de enero de 2016, expedidas por la Agencia Nacional de Minería, y por medio de las cuales se negó la solicitud de formalización de minería tradicional OD4-08311. Como restablecimiento del derecho, solicitan que se proceda a la legalización de las explotaciones mineras que viene adelantando ASOAREVOY, en el área descrita en la solicitud de formalización de minería tradicional. Por último, los demandantes invocan como fundamentos de derecho los que se enuncian a continuación; Constitución Política, arts. 2, 29, 84, 93, 121, 150, 189 (numeral 11), 330 y 360. Ley 1437 de 2011, arts. 138, 229, 230, 231, 232 y 233. Código Civil, arts. 2531 a 2534. Ley 685 de 2001. Ley 1382 de 2010, art. 12. Decreto 933 de 2013. Decreto 1073 de 2015, capítulo IV. La Sentencia C-366 de 2011 de la Corte Constitucional y diversa jurisprudencia de la Corte Constitucional

y del Consejo de Estado. 1.2. Contestación de la demanda La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM expuso como argumentos de defensa, lo siguientes: En primer lugar, el Ministerio Público destaca que considera que al momento de ser expedidos los actos administrativos demandados, el Decreto 933 de 2013 se encontraba vigente, ya que ésta norma tuvo efectos hasta el 20 de abril de 2016, fecha en la que fue suspendida por el Consejo de Estado dentro del proceso radicado 11001-03-26-000-2014-00156-00. Así, señala que no es cierto que los actos demandados se expidieron con una normatividad que no era aplicable al momento de ser expedidos. En segundo lugar señala que no es cierto que los actos administrativos demandados carecen de motivación, teniendo en cuenta que se invocaron dos normas que aún tenían efectos al momento de proferir los actos (Decreto 933 de 2013 y Decreto 1073 de 2015), además de que se explicó que la solicitud de legalización se rechazó principalmente porque el Pin de radicación se hizo a nombre de una persona diferente del que figura como interesado en la solicitud N° OD4-08311. Además, se explicó que la solicitud era improcedente porque las actividades mineras se encontraban por fuera del área susceptible de formalizar. Igualmente, se citan los estudios técnicos tenidos en cuenta para afirmar las superposiciones que originaron la decisión de restringir el área de formalización solicitada. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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En tercer lugar, enfatiza reiteradamente que la presentación de la solicitud de formalización de la actividad minera supone nada más una mera expectativa de consolidación de una situación jurídica, y no un derecho adquirido que, en su sentir, es lo que pretende la parte demandante. Así, la sola radicación de la solicitud no le supone la adquisición del derecho a que se estudie con base en la Ley 1382 de 2010, y no con las normas posteriores, como fueron el Decreto 933 de 2013 y el Decreto 1073 de 2015; ni mucho menos el derecho a que se le conceda la legalización pedida. También señala “… no debe perderse de vista que la parte demandante no aporta si quiera prueba sumaria que sustente los presuntos perjuicios ocasionados por parte de la Autoridad Minera con la expedición de las Resoluciones de rechazo.” Por último interpuso una sola excepción, la que denominó “LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZÓ LA SOLICITUD DE

LEGALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL N° OD4-08311”.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

De acuerdo con el trámite surtido y conforme los elementos de diferencia entre las partes, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del

patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que los problemas jurídicos a abordar, para efectos de presentar concepto, se pueden formular de la siguiente manera: 2.1.1. ¿Las Resoluciones 002698 de 2015 y 000529 de 2016, expedidas por la ANM se encuentran viciadas de nulidad, al haber sido expedidas con base en unas normas afectadas por la inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010, y al carecer de motivación? 2.1.2. En caso de que se considere que los actos administrativos están viciados de nulidad ¿se encuentran acreditados los requisitos para acceder al restablecimiento del derecho pedido, en el sentido de declarar la legalización de la explotación minera solicitada por ASOAREVOY, de arenas, piedras y gravas en extensa área ubicada en departamentos de Santander y Antioquia? 2.2. Análisis fáctico y probatorio. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1)

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En el expediente existe abundante material probatorio, el cual correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez revisado éste material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas

relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 2.2.1. Certificado de existencia y representación de la ASOCIACIÓN DE ARENEROS Y VOLQUETEROS DE YONDÓ, expedido el 13 de septiembre de 2016, por la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Documento obrante a folios 44 a 46 del expediente. Este documento se refiere a la legitimación en la causa por activa de la parte demandante. 2.2.2. Resolución N° 002698 del 26 de octubre de 2015, expedida por la Agencia Nacional de Minería. Documento obrante a folios 23 a 26 del expediente. Este documento constituye uno de los actos administrativos demandados, a través del cual se rechazó y archivó la solicitud de formalización de minería tradicional OD4-08311 de la ASOAREVOY. 2.2.3. Resolución N° 000529 del 29 de enero de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Minería. Documento obrante a folios 27 a 38 del expediente. Este documento constituye uno de los actos administrativos demandados, que confirmó el acto administrativo anteriormente citado. 2.2.4. Constancia de ejecutoria de la Resolución N° 000529 de 2016, expedida el 27 de mayo de 2016 por el Grupo de Información y Atención al Minero de la ANM. Documento obrante a folio 54 del expediente. En este documento se aprecia la notificación de la resolución mencionada el día 11 de mayo de 2016. 2.2.5. Documento denominado “Evaluación técnica de solicitudes mineras – solicitud de formalización de minería tradicional”, del 28 de julio de 2015, suscrito

por ingenieros de minas de la Agencia Nacional de Minería. Documento obrante a folios 126 a 129 del expediente. Este documento constituye una de las pruebas aportadas por la parte demandada, quien lo aduce como uno elementos de juicio tenidos en cuenta para expedir los actos administrativos demandados. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (57917) 11001-03-26-000-2016-00144-00 2.2.6. Copia en medio magnético de los antecedentes administrativos de las Resoluciones 002698 de 2015 y 000529 de 2016, expedidas por la ANM, que constan de 227 páginas. CD obrante a folio 184 del expediente. Como ya se señala, este documento proporciona la documentación relacionada con el procedimiento administrativo llevado a cabo para expedir las Resoluciones 002698 de 2015 y 000529 de 2016, por parte de la ANM. 2.3. Análisis jurídico. En el presente caso, la ASOAREVOY considera que las Resoluciones 002698 de 2015 y 000529 de 2016 expedidas por la ANM son nulas, por motivarse en la aplicación de disposiciones inconstitucionales por consecuencia de la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, correspondientes al Decreto 933 de 2013,

compilado en el capítulo IV del Decreto 1073 de 2015; y también considera que los actos son nulos por ausencia de motivación. Por su parte, la ANM estima que la aplicación del Decreto 933 de 2013, compilado en el capítulo IV del Decreto 1073 de 2015, no resulta irregular, en el sentido que dicha normatividad fue expedida por el gobierno para evitar un vacío normativo que se generaría por la inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010; y considerando que, en su sentir, el Decreto 933 de 2013 se encontraba vigente al momento de ser ejecutoriados los actos administrativos demandados, porque sólo dejó de tener efectos jurídicos a partir del 20 de abril de 2016, fecha en que se suspendieron los efectos de dicha norma por el Consejo de Estado, en el proceso radicado 11001-03-26-000-2014-00156-00. Por lo tanto, es de vital importancia para la resolución de la controversia, esclarecer si la aplicabilidad del Decreto 933 de 2013, compilado en el capítulo IV del Decreto 1073 de 2015, al proferir los actos administrativos demandados, se encontraba atada a los efectos jurídicos que tuvo la Ley 1382 de 2010, mientras la norma estuvo vigente. 2.3.1. Análisis de la aplicabilidad del Decreto 933 de 2013 El día 9 de febrero de 2010, el Congreso de la República expidió la Ley 1382 de 2010, “[p]or la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”. Con la modificación del Código de Minas, el Congreso pretendía:

“…la corrección de las estipulaciones normativas previstas en dicho Código que no se habían mostrado eficaces para el manejo eficiente de los recursos mineros; (ii) la modificación de la institucionalidad que ejerza el control de la 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (57917) 11001-03-26-000-2016-00144-00 actividad minera, a partir de la emulación de otros proyectos análogos calificados por el Gobierno como exitosos, como sucede con la Agencia Nacional de Hidrocarburos; (iii) la introducción de modificaciones al contrato de concesión minera, las cuales faciliten el ingreso de inversión extranjera en ese reglón de la economía; y (iv) la instauración de procedimientos que permitan una actividad minera segura, eficiente y que incorpore criterios de desarrollo sostenible y crecimiento económico…”1 Sin embargo, dicha norma fue demandada por inconstitucionalidad, petición que fue resuelta a través de la Sentencia C-366 de 2011, declarando la inexequibilidad diferida del cuerpo entero de la Ley 1382 de 2011, con base en que el Congreso debió agotar el mecanismo de consulta previa a las comunidades étnicas para expedir la norma, y no lo hizo. Al respecto, en la sentencia referida se señalaron

las siguientes razones: “37. En suma, la Corte concluye que la Ley 1382/10 contiene diversas e importantes reformas a distintos aspectos del Código de Minas, que modifican o adicionan reglas legales que son aplicables respecto del aprovechamiento minero en los territorios indígenas y afrodescendientes. Estas disposiciones, por ende, afectan directamente a las comunidades étnicas, puesto que (i) como se indicó, son aplicables a la actividad minera en sus territorios ancestrales, de forma articulada con las condiciones y límites que el mismo Código de Minas prevé para la actividad minera en los territorios ancestrales; y (ii) existe un consenso, tanto en la jurisprudencia constitucional como en el derecho internacional de los derechos humanos, respecto de la estrecha relación entre la salvaguarda de la identidad diferenciada de las comunidades étnicas y su participación en el diseño y ejecución de medidas legislativas y administrativas relacionadas con la explotación de los recursos naturales en sus territorios, entre ellos los mineros. Esto debido a la especial significación que para dicha identidad tiene el vínculo entre la comunidad y la tierra en que se asiente, que se extiende a los recursos naturales en ella contenidos. Por lo tanto, la Ley 1382/10 debió ser objeto de procedimiento de consulta previa de medidas legislativas, con sujeción a los requisitos y condiciones jurídicas y materiales descritas en este fallo. (…)

39. En ese orden de ideas, la Corte advierte que concurren en el presente proceso de inconstitucionalidad suficientes elementos de juicio para concluir 1 Corte Constitucional, Sentencia C-366 de 2011, salvamento parcial de voto del Magistrado Luis Ernesto

Vargas Silva. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (57917) 11001-03-26-000-2016-00144-00 que el procedimiento de consulta previa no fue llevado a cabo respecto de la Ley 1382/10”. Ahora bien, la inexequibilidad de la norma fue diferida en el sentido que sólo cobraría efectos luego de 2 años, razón por la cual la Ley 1382 de 2010 produjo efectos jurídicos hasta el día 11 de mayo de 20132. Por su parte, en el artículo 12 de la mencionada Ley 1382 de 2010, se estableció un procedimiento de legalización de minería para beneficiar a las personas, grupos y asociaciones de minería tradicional que explotaren minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Para reglamentar el referido procedimiento, el 28 de julio de 2010 el Gobierno Nacional expidió el Decreto N° 2715 de 2010, “[p]or el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 2010”, fundamentándose en las facultades “… conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y los artículos 6, 10, 12 Y30 de la Ley 1382 de 2010” (Resalta la Delegada). En el capítulo II del Decreto 2715 de 2010 se regulaba todo lo concerniente a la

legalización de la minería tradicional a la que aludía el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010. Dicho capítulo fue modificado por el Decreto N° 1970 de 2012, “por el cual se modifica el Capítulo II del Decreto número 2715 de 2010”, norma en que se consagró una regulación exhaustiva del procedimiento de legalización al que aludía el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010. Como puede advertirse, existe una intrínseca relación entre las facultades que confirió la Ley 1382 de 2010 y el Decreto 1970 de 2012, expedido por el Gobierno. Luego, ante la inminencia de la finalización del término para producir efectos jurídicos de la Ley 1382 de 2010, dos días antes que esto ocurriera, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933 del 9 de mayo de 2013, motivando que su expedición obedecía a las siguientes razones: “… ante la declaratoria de inexequibilidad diferida de la Ley 1382 de 2010, lo cual ocurrirá el próximo 12 de mayo del año en curso, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-366 del 11 de mayo de 2011, se hace necesario establecer los mecanismos para seguir evaluando, realizando las visitas de viabilidad, la consecuente aprobación del Programa de Trabajos y Obras y el Plan de Manejo Ambiental y la procedencia de otorgar los contratos de concesión minera, a este grupo de mineros que conforme a la Ley 1382 de 2010 presentaron en el término señalado por la norma, la solicitud de formalización respectiva…” 2 Auto del 15 de marzo de 2018, proferido dentro del proceso de la referencia.

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1)

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A pesar de que el Gobierno Nacional invocó como normas que le facultan para regular la materia “…el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y los artículos 1°, 2°, parágrafo del artículo 3°; 31, 68, 255, 256, 257 y 258 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas, y el artículo 107 de la Ley 1450 de 2011…”, lo cierto es que el Decreto 933 de 2013 lo que hizo fue regular la legalización de minerías tradicionales, como lo venía haciendo a través de los Decretos 1970 de 2012 y 2715 de 2010, que precisamente tenían como finalidad regular el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma inexequible. Así, el Decreto 933 de 2013, irregularmente pasó a perpetuar la Ley 1382 de 2010 a través de una norma infralegal, atribuyéndose el Gobierno Nacional competencias que son propias del Congreso de la República. En efecto, en este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado: “Así mismo, como lo ha señalado esta Corporación, ‘dada la reserva de ley a la que el artículo 360 constitucional somete la regulación de las condiciones

para la explotación de los recursos naturales no renovables, resulta manifiestamente violatorio del orden superior que a través del reglamento se establezcan las causales de rechazo de las solicitudes orientadas a la concesión de la explotación minera’3. También lo ha reiterado en decisiones según las cuales no es admisible que a través del reglamento se impongan requisitos que modifican las exigencias dispuestas por la ley para la aceptación y el rechazo de las propuestas de concesión minera, porque ello excede la potestad reglamentaria y viola el orden constitucional, razón por la cual se han suspendido provisionalmente varias disposiciones expedidas con el propósito de establecer causales de rechazo de las solicitudes y propuestas en materia minera4”5. Además, no debe olvidarse los fundamentos de la Sentencia C-366 de 2011, ya que la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 se basó en la ausencia de consulta previa para regular materias que afectan los territorios de las comunidades étnicas. Así, una norma como el Decreto 933 de 2013, lo que hace es perpetuar el vicio del que adolecía la Ley 1382 de 2010, situación que de conformidad con lo estipulado por la Corte Constitucional, resulta contrario a la Carta Política. 3 [Referencia hace parte de la cita] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 22 de agosto de 2016, exp. 11001-03-26-000-2015-00104-00 (54645), M.P.

Stella Conto Díaz del Castillo”. 4 [Referencia hace parte de la cita] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de febrero de 2014, exp. 11001-03-26-000-2013-00091-00 (47693), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Subsección B, auto del 16 de junio de 2015, exp. 110010326000201300089 00 (47688), M.P. Danilo Rojas Betancourth”. 5 Auto del 15 de marzo de 2018, proferido dentro del proceso de la referencia. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE (rev.1)

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (57917) 11001-03-26-000-2016-00144-00

Por lo tanto, la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 significa que el Gobierno Nacional no podía continuar regulando la materia de la legalización de la minería tradicional, hasta tanto el Congreso de la República expidiera una nueva ley que atendiera lo establecido en la Sentencia C-366 de 2010, y a través de la cual el legislativo le atribuyera al Gobierno Nacional competencias para regular la legalización de la minería tradicional. En consonancia con lo anterior, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente: “3. La Ley 1382 de 2010 modificó el Código de Minas y estableció los

aspectos esenciales del procedimiento de legalización de minas de propiedad estatal de aquellos explotadores, grupos y asociaciones de minería tradicional que no cuentan con título minero (art 12). El Gobierno Nacional la reglamentó en el Decreto 1970 de 2012. La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, al estimar que en su trámite no se garantizó el procedimiento de consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes. La decisión de inexequibilidad fue diferida por dos años, en los cuales debería tramitarse nuevamente una ley, con el agotamiento de la consulta previa. Como se superó el plazo previsto por la Corte para el trámite de la nueva ley, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933 de 2013, en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 11 del artículo 189. La lectura del Decreto 933 de 2013 muestra que, por una parte, como indicó el auto suplicado, reprodujo casi íntegramente el texto Decreto 1970 de 2012 que reglamentó el procedimiento de legalización del artículo 12 de la Ley 1382 de 2000 y, por otra, que la norma fue expedida para permitir la aplicación de ese procedimiento a las solicitudes presentadas hasta ese momento y cuyo trámite no había concluido. En efecto, en el segundo considerando se dejó consignado que, “ante la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010” y el vencimiento del tiempo en que fue diferida esa decisión, resultaba necesario establecer los mecanismos para “seguir evaluando, realizando las visitas de viabilidad, la

consecuente aprobación del Programa de Trabajos y Obras y el Plan de Manejo Ambiental y la procedencia d