PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Revocatoria de ascenso en el escalafón doce

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Revocatoria de ascenso en el escalafón docente de la administración sin consentimiento Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 0855-2019 Gladys Fonnegra Hernández vs. Departamento de SantanderSecretaría de Educación.

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 001-2022

Bogotá D.C., 12 de enero de 2022 Honorables Magistrados

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A

Consejero Ponente: Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas Ciudad RADICADO 68001-23-33-000-2015-00872-01 (0855-2019)

DEMANDANTE Gladys Fonnegra Hernández DEMANDADO Departamento de SantanderSecretaría de Educación ACCIÓN O MEDIO DE Nulidad y Restablecimiento del Derecho CONTROL CONTROVERSIA Revocatoria de ascenso en el escalafón docente En la condición de Ministerio Público en el trámite de la referencia, y estando en la oportunidad procesal1, procede esta Procuraduría Delegada a rendir concepto2 en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1.1. Pretensiones. La señora Gladys Fonnegra Hernández, a través de

apoderado especial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo Santander, en 1 Conforme al artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, y el auto de fecha 4 de noviembre de 2021, notificado en estado del 19 del mismo mes y año 2 De conformidad con el ordinal 7º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 23, 28 y 30 del Decreto Ley 262 de 2000 y los artículos 300 y 303 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde al Ministerio Público intervenir como sujeto procesal especial en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando sea necesario en defensa de los intereses generales, del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 0855-2019 Gladys Fonnegra Hernández vs. Departamento de SantanderSecretaría de Educación.

Página: 3 contra del Departamento de SantanderSecretaría de Educación, mediante el cual, en síntesis solicitó: -Que se declare la nulidad de la Resolución No. 020287 del 10 de noviembre de 2014, por medio de la cual se revocó la Resolución No.

000073 de 2013. -Como consecuencia de lo anterior, se mantengan vigentes las Resoluciones revocadas mediante el acto demandado que afectan el escalafón de la demandante. -Que se ordene a la parte demandada a reintegrar a título de indemnización los dineros que corresponden a las diferencias en el escalafón docente que ha venido descontando del salario mensual. -Se de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA. 1.2. Sustento fáctico. La parte actora relacionó como hechos relevantes, los siguientes: -Mediante Resolución No. 020287 del 10 de noviembre de 2014, la Secretaría de Educación Departamental de Santander resolvió revocar de manera oficiosa la Resolución No. 000073 de 2013, por la cual se reconoció un ascenso en el escalafón docente a la demandante, aduciendo que la documentación aportada por la maestra carecía de validez legal por presunta falsedad. -La decisión de revocar los actos administrativos demandados se tomó sin haber llamado a la accionante para ejercer su derecho de contradicción sobre las conclusiones a las que llegó el empleador. 1.3 Normas violadas y concepto de violación. Señaló la accionante que con la expedición del acto demandado se violó la Constitución Política en su preámbulo, y artículos 1°, 2°, 25, 54 y 209, así como el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011. Indicó que la administración departamental al expedir el acto administrativo desconoció los principios básicos sobre los que se funda el estado social y

democrático de derecho y, en ese marco, la función pública, así como las normas mencionadas, por lo cual se desatendió los presupuestos legales y jurisprudenciales que han establecido que cuando se trate de revocar actos administrativos que han generado derechos subjetivos, debe oírse al eventual afectado. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 0855-2019 Gladys Fonnegra Hernández vs. Departamento de SantanderSecretaría de Educación.

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2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Departamento de Santander no contestó la demanda.

3. PRIMERA INSTANCIA 3.1. Audiencia Inicial. Se llevó a cabo el 10 de octubre de 2018, en cuyo desarrollo se saneó el proceso, se decretaron pruebas, se fijó el litigio, se corrió traslado para alegar y finalmente se decidió en el desarrollo de la misma audiencia declarar la nulidad de la Resolución No. 020287 de 2014, proferida por la Secretaría de Educación Departamental de Santander, condenando a la demandada a pagar a favor de la demandante las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir en virtud de la revocatoria contenida en el acto que se declaró nulo, de manera indexada y realizar los pagos y descuentos correspondientes al sistema de seguridad

social. Señaló la Sala que en el presente caso no se logró demostrar por la parte demandante que el acto acusado se hubiera basado en supuestos de hecho contrarios a la realidad, pese a que es a ella a la que le corresponde la carga de la prueba. En lo referente a la revocación oficiosa de actos de carácter particular y concreto, expuso el Tribunal que tratándose de la revocatoria como instrumento de la administración, se tiene por principio una limitante que evita que la administración pueda sustituir irregularmente a la jurisdicción contencioso administrativa en el juzgamiento o control a la legalidad de las decisiones administrativas, y en ese entendido los actos que se originen por medios ilegales o fraudulentos, ya no se puede revocar de acuerdo con lo previsto en la Ley 1437 de 2011, sino que se debe ejercer el medio de control respectivo y esperar el pronunciamiento del juez, de donde, la autoridad administrativa que expidió el acto no tiene competencia para revocarlo directamente. Por lo tanto, concluyó la Sala que ante la no veracidad encontrada por la autoridad respecto del acta de grado No. 085-38 que fue presentada por la educadora como soporte para su ascenso al grado 12 en el escalafón docente, lo que hace entender que este documento es un medio ilegal o fraudulento, el deber ser como autoridad administrativa, consistía en demandar ante la jurisdicción contenciosa la Resolución No. 0073 de 2013, solicitando la suspensión provisional como medida cautelar, puesto que no Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036

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Página: 5 existe norma jurídica que la habilite para revocarla de oficio careciendo así de competencia para la revocatoria directa.

Manifestó que al tratarse del pago de prestaciones periódicas, la Resolución No. 073 de 2013 podía demandarse en cualquier tiempo.

4. RECURSO DE APELACIÓN La apoderada de la parte demandada presentó recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia y se deje sin efectos la condena impuesta a la entidad.

Como sustento, reiteró las argumentaciones presentadas en los alegatos de conclusión, consistentes en la no apreciación probatoria de la ausencia de buena fe de la demandante, exceso ritual manifiesto que conlleva a la legalización de un acto ilegal desplegado por un servidor público y la no aplicabilidad del principio de armonización concreta ante la colisión de derechos primando el interés general sobre el particular

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO Se estima que, en sede de segunda instancia, atendiendo las razones del recurso de apelación, los problemas jurídicos se contraen a determinar (i) si la Resolución 020287 del 10 de noviembre de 2014 se ajusta o no a la

legalidad, atendiendo la ausencia de buena fe de la demandante al tramitar su solicitud de ascenso en el escalafón docente, que fuera concedido con la Resolución 000073 del 04 de enero de 2013, revocada con la referida Resolución 020287 de 2014; (ii) si la aplicación de la exigencia prevista en el artículo 97 del CPACA, relativa a la imposibilidad de revocar la Resolución 000073 del 04 de enero de 2013, sin el consentimiento de la docente demandante, implica un exceso ritual manifiesto que conlleva a la legalización del acto de reconocimiento del derecho; y (iii) si en virtud del principio de la prevalencia del interés general, de que trata el artículo 1º constitucional, es dable sostener la legalidad de la Resolución 020287 del 10 de noviembre de 2014. Según lo anterior, procede confirmar o revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 0855-2019 Gladys Fonnegra Hernández vs. Departamento de SantanderSecretaría de Educación.

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6. TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO Para el Ministerio Público, no hay mérito para revocar la decisión de primera instancia, puesto que la administración, si bien agotó un procedimiento

administrativo para validar la legalidad del acta de grado de la docente, al final del cual pudo constatar las irregularidades motivadas en la Resolución 020287 del 10 de noviembre de 2014, y la eventual ausencia de buena fe, en aplicación del artículo 97 del CPACA no podía revocar la Resolución 000073 del 04 de enero de 2013 sin el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho reconocido, de modo que, en caso de negarse tal consentimiento, debía acudir a la jurisdicción contencioso administrativa por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad), para controvertir la legalidad del acto, solicitando la medida cautelar de suspensión provisional, sin que ello configure un exceso ritual manifiesto. De consiguiente, el interés general, la moralidad administrativa y el trámite incidental de liquidación de la condena no priman en este caso, dado el actuar de la administración en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de legalidad de las actuaciones administrativas.

7. RAZONES EN QUE SE APOYA LA TESIS EXPUESTA 7.1. Marco normativo de la revocatoria directa de los actos administrativos particulares. La revocatoria directa es una de las formas de extinción del acto administrativo, en mérito de la cual la propia administración pública puede retornar sobre sus pasos para, bajo ciertos contornos legales, eliminar del mundo jurídico sus propios actos.

El Consejo de Estado, en la sentencia del 30 de septiembre de 20213, se refirió así a dicha figura: La revocatoria de los actos administrativos ha sido considerada como una forma para que la administración pueda conseguir su desaparición o extinción de la vida

jurídica, de modo que se convierte en un ejercicio de autocontrol de sus propias decisiones.4 Esta figura puede ser utilizada por el sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior. También puede ser usada como medida unilateral de la administración para dejar sin efecto decisiones que adopte. En este último evento, se convierte en «un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado 76001-23-33-000-2014-01153-01(2000-19) 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de febrero de 2009.radicado 13001-23-31-000-2008-00586-01 (AC), consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 0855-2019 Gladys Fonnegra Hernández vs. Departamento de SantanderSecretaría de Educación.

Página: 7 la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos».5

En cuanto se refiere a la revocatoria directa de los actos de contenido

particular y concreto, el artículo 97 del CPACA, vigente en la época en que se produjo el acto demandado, señala: ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. (Subrayado fuera del texto original). Es decir, las autoridades administrativas pueden reconocer derechos, imponer obligaciones o crear situaciones jurídicas, así como hacerlas efectivas o materializarlas, todo lo cual en desarrollo de la autotutela administrativa; empero, si la administración considera que el acto administrativo de contenido particular y concreto debe ser revocado conforme a alguna causa legal, debe contar previamente con el consentimiento expreso y escrito del titular del respectivo derecho, y, si el administrado no emite tal consentimiento, el único camino que tiene la administración es recurrir a la jurisdicción para controvertir la legalidad de su

propio acto, con la posibilidad de pedir la suspensión provisional de sus efectos, hasta que la controversia se desate de fondo. El Consejo de Estado, en sentencia del 3 de septiembre de 20206, precisó: Con esta claridad sobre el tema, debe resaltarse que el mentado precepto nomoárquico de la autotutela administrativa, visto desde su arista declarativa, también hace referencia a la facultad de las entidades como la demandada, para 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2011, radicado 2006-00225-00, consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Radicado: 17001-23-33-000-2017-00100-02 (4103-2018) y 17001-23-33-000-2017-00100-01 (32512017).

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Página: 8 reconocer sus errores y de esta forma modificarlos a fin de evitar la configuración de una situación ilegal, arbitraria, contraria a derecho o simplemente que no corresponda a la realidad material del asunto objeto de decisión.

Esto se verifica en casos como la resolución de los recursos en vía administrativa (antes vía gubernativa), cuando se accede a las peticiones de los administrados con base en un nuevo estudio fáctico y jurídico de lo decretado previamente que es objeto de impugnación, o bien ante la existencia de figuras como la revocatoria directa y las correcciones formales antedichas. Los dos mecanismos en comento claramente implican que las autoridades pueden (e incluso deben), sin que medie un fallo judicial que así lo ordene, enmendar y adecuar de manera autónoma, todas sus decisiones tanto en el trámite de una actuación como en el acto definitivo que la finalice, ello cuando se advierta que con aquellas manifestaciones se afecta la base estructural de la función administrativa que es el principio de legalidad, el debido proceso y la garantía del equilibrio entre los intereses particulares y generales con sujeción a la normativa aplicable a cada caso. En decisión del 2 de julio de 20217, la Sección Primera del Consejo de Estado, razonó así: Respecto de la vulneración del trámite previsto en el artículo 97 del CPACA8, al que alude el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es pertinente aclarar que de conformidad con lo previsto en el artículo 93 ibidem, la figura jurídica de la revocatoria directa de los actos administrativos faculta a las mismas autoridades que los hayan expedido o su superior inmediato, de oficio o solicitud de parte, para dejar sin efectos una decisión que: i) se opone a la Constitución Política o a la ley; ii) no está conforme con el interés público o

social o atenten contra éste; o iii) causa un agravio injustificado a una persona. En ese sentido, la revocatoria directa de los actos administrativos por las causales previstas en el artículo 93 del CPACA, permite excluir del ordenamiento un acto administrativo bajo los supuestos indicados, previo consentimiento expreso y escrito del titular del derecho reconocido en esa 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado 11001-0324-000-2020-00060-00 8 El citado artículo establece: “[…] Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa […]”. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público

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Página: 9 decisión, y con plena garantía de los derechos de audiencia y defensa en los términos del artículo 97 ibídem.

7.2. Caso Concreto. Resaltó el a quo que en el expediente administrativo se encuentra el acta individual de grado No. 085-038 en la que se lee lo siguiente: En Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de Agosto de 2007, se reunieron en Ceremonia Solemne los dignatarios de la Universidad del Atlántico, para realizar la graduación colectiva por medio de la cual se otorgó de acuerdo a la Ley y a los Estatutos de la Universidad de LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS NATURALES a GLADYS FONNEGRA HERNÁNDEZ… quien aprobó todas las asignaturas del Plan de Estudios del Programa correspondiente y además cumplió con los requisitos de grado. Se le otorgó el juramento de rigor y se le hizo entrega del diploma que en nombre del Ministerio de Educación de la República de Colombia y por intermedio de la universidad del Atlántico le confiere el título de LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS NATURALES que aparece registrado en el libro 005-A de la Secretaría General de la Universidad bajo el No. 2753 del folio 16 de fecha 20-08-2007 según las disposiciones vigentes. Además, indicó que se encuentra el Oficio Rad. 20130183263 del 22-102013, según el cual el Coordinador Grupo Escalafón Docente del Departamento de Santander solicita a la Rectora de la Universidad del Atlántico que confirme algunas actas de grado, enunciando, entre ellas la de la demandante. Manifestó también que el acta del 19-08-2014 no se encuentra ni en el expediente judicial ni en el administrativo, pero en virtud de la presunción de legalidad que ampara al acto demandado, la Sala asume que si existe, y que su contenido es el que informa la Resolución 020287/2014 aquí demandada. Pues bien, la Sala advirtió que el Departamento de Santander no comprendió el alcance del artículo 97.3 del CPACA en cuanto el deber de demandar ante la jurisdicción contenciosa la Resolución No. 073 de 2013, pues, para la procedencia de la revocatoria directa es indispensable que la administración determine cuál es la causal de aquellas contenidas en el artículo 93 ejusdem que la habilita para modificar una situación jurídica consolidada por esta misma, y que en el evento de tratarse de un acto de contenido particular, solicite puntualmente la aprobación del involucrado en la decisión para cambiarla, esto es, que aquel autorice expresamente y por escrito a la entidad, a fin de que modifique el derecho o la obligación que le había sido determinada, esto por mandato inexpugnable del artículo 97 ibídem y su parágrafo, con observancia inherente del debido proceso y las garantías de defensa y contradicción. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público

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Lo anterior se traduce en que el fin pretendido por el Departamento de SantanderSecretaría de Educación con la expedición del acto demandado era revocar un derecho, lo cual en principio habría sido adecuado en la medida en que se hubiese ajustado dicha actuación a los efectos y fines de la aludida herramienta de autotutela, que tiene límites como efectivamente lo era el requisito previo de la solicitud de autorización a la libelista para modificar su situación, tal como lo ha venido sosteniendo el Consejo de Estado9, así: En el caso de la revocación directa de actos de contenido particular y concreto, el respeto del derecho al debido proceso supone (i) que se adelante un procedimiento administrativo en el que se les otorgue a los interesados la oportunidad de intervenir y de solicitar pruebas; y (ii) la obtención del consentimiento escrito y expreso del respectivo titular del derecho o de la situación jurídica que emana de tales actos. En tales condiciones es plausible concluir que, en la medida en que los actos administrativos impliquen la creación, modificación o el reconocimiento de derechos de naturaleza individual y determinada, la administración pública debe sujetarse a la manifestación de voluntad que ha plasmado en ellos, a no ser que de manera inequívoca el administrado a cuyo favor ha operado tal reconocimiento autorice la pérdida de vigencia del acto administrativo, previo agotamiento de un procedimiento administrativo. En caso contrario, el Estado deberá cuestionar

su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control. (subrayado fuera del texto original). Sobre la exigencia de obtener un consentimiento expreso del administrado afectado en orden de revocar un acto de la propia entidad pública, se precisa que el legislador previó dicha condición con el ánimo de garantizar y propender por garantías constitucionales fundamentales como la buena fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica, las cuales se predican de forma ambivalente tanto del actuar de las autoridades como del que le corresponde a los particulares, ello en atención a que se busca que el Estado someta, respete y adecúe su dinámica a la legalidad de sus propias decisiones, para que en tal sentido las personas puedan confiar en esa conducta diligente, tener certeza sobre sus derechos y obligaciones, y de esta manera deban responder en consecuencia con esa misma actitud a través del cumplimiento de sus deberes frente a las instituciones. Lo antedicho fue precisado por esta Subsección cuando en providencia adiada el 3 de octubre de 2019 se indicó: Se ha dicho por parte de la jurisprudencia que la administración, debe someter sus actuaciones a procesos reglados y respetar sus propios actos, ello como garantía del debido proceso de los ciudadanos y como límite en el ejercicio del poder público. Por tanto, la regla general es que no puede revocar los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica particular a su 9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. Radicado: 18001-23-31-000-2013-00006-01(2179-18).

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Página: 11 arbitrio, debiendo velar por la protección del principio de la buena fe y de la seguridad jurídica, lo que logra, con la solicitud y obtención de la autorización del particular para revocar el acto administrativo que lo afecta.. (Subrayado intencional).

En ese sentido, el hecho de omitir el requisito de la solicitud de autorización particular para revocar una situación creada en un caso como el sub iudice, conlleva a que en efecto el acto que se revoque adolezca de nulidad por desconocimiento de las normas en que debía fundarse y por violación del debido proceso administrativo, pues se transgreden principios como la buena fe y la seguridad jurídica que constituyen parte esencial del principio de legalidad que debe revestir las actuaciones de los entes estatales; además, debe tenerse en cuenta que para que proceda la devolución de dinero implica un restablecimiento del derecho o un retorno a las condiciones previas a la vigencia del acto a revocar, de manera que la administración tampoco tendría dicha facultad al ser ésta una potestad inherente a la competencia del juez administrativo cuando la manifestación de la entidad es puesta en su conocimiento por medio del respectivo medio

de control. En el caso concreto, no está en debate si la administración solicitó o no la autorización a la titular del derecho para la revocatoria del acto administrativo que había dispuesto su ascenso en el escalafón docente, pues, es claro que no agotó dicho condicionamiento, y que, a pesar de ello, procedió a revocar directamente la Resolución 000073 de 2013, todo lo cual, para el Ministerio Público, lamentablemente conllevó un desconocimiento flagrante del ordenamiento jurídico que no se puede soslayar ni siquiera por la ausencia de buena fe de la demandante en el trámite o solicitud de ascenso, ni por vía del principio de la prevalencia del interés general, dado que, en todo caso, nada legitima el actual irregular de la administración.

III. CONCEPTO En atención a las consideraciones expresadas, la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, solicita respetuosamente al H. Consejo de Estado, CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2018, proferida por el

Tribunal Administrativo de Santander. De los H. Consejeros de Estado, con respeto, Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 001-2022 Ministerio Público Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 0855-2019

Gladys Fonnegra Hernández vs. Departamento de SantanderSecretaría de Educación.

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CARLOS HUMBERTO GARCIA PARRADO

Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado

CHGARCIA/MFJF

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