PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Sanción disciplinaria de suspensión e inhab

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad para el ejercicio de destinos oficiales JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-Requisitos de la demanda/JUEZ DE CONOCIMIENTO-No tuvo en cuenta aspectos procesales/AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA-Al no notificarse se genera una invalidez procesal La parte actora cumplió a cabalidad, con su demanda y con su adicción, sin que en esas dos (2) oportunidades procesales se advirtiera De conformidad con lo establecido por el artículo 137 del C. C. A., se disponía que el contenido de la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa debería contener, entre otros requisitos, la designación de las partes y de sus representantes; lo que se pide o demanda; los hechos u omisiones fundantes de la acción –en este caso la contenciosa subjetiva -; y, el sustento jurídico de la violación y la explicación del concepto de su transgresión, cuando se demande la invalidez de un acto administrativo. En tanto, por el artículo 138 ibídem, la individualización del acto censurado debía ser precisa y la condena tenía que ser enunciada de manera clara y separadamente, aspectos procesales que la parte actora cumplió debidamente, a cabalidad, con su demanda y con su adicción, sin que en esas dos (2) oportunidades procesales se advirtiera por el juez de conocimiento quien solamente trabó la litis en referencia con la autoridad disciplinaria que expidió los actos atacados. Se colige de todo lo anterior, que estando capacitado el municipio de Tuluá para

comparecer al proceso (Arts. 149 C. C. A., modificado art. 49 de la Ley 446 de 1998 y 151, modificado art. 30 Decreto 2304 de 1989) y al no notificársele el auto admisorio de la demanda y el de la adición, como lo preveían armónicamente los artículos 150, 207 y 208 del derogado Código Contencioso Administrativo, se genera la invalidez procesal, desde el primer auto admisorio de la demanda –el del 2 de diciembre de 2013, fl. 333 -, de que trataba el numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según la cual: “Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda,..., o su corrección o adición”. NULIDAD PROCESAL-Sea declarada y se ordene rehacer debidamente su diligenciamiento Conforme a lo razonado en precedencia, la Procuraduría Tercera Delegada ante el CE solicita, comedidamente, de la sala de conocimiento, se DECLARE LA NULIDAD PROCESAL y se ordene rehacer debidamente el diligenciamiento. 2 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 424 – 2016 15 – XI – 2016

SIAF: 2016 - 411443

S e ñ o r e s

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERO CONDUCTOR: VERGARA QUINTERO

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. N°. 110010325000201300800 00 ( )

R. I: No. 1623/13

ACTORA : ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO

C. C. 29.770.645 Roldanillo

DEMANDADA : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL ÚNICA INSTANCIA Tema : Sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad para el ejercicio destinos oficiales por tres (3) meses. Subtema: Indebido proceso por inexistencia acervo probatorio.

I. INTRODUCCIÓN En la oportunidad legal a que se refería el inciso 5° del artículo 212 del otrora Código Contencioso Administrativo1, esta Agencia del Ministerio Público conceptúa, en los siguientes términos, dentro del referido plenario que conoce en única instancia la indicada Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado (CE), por ser, el acto censurado, expedido por autoridad nacional y versar sobre retiro temporal del servicio oficial de la perjudicada actora ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO; competencia deducida de vieja doctrina vertida por el órgano judicial de cierre contencioso administrativo.

1 “Modificado. Decreto 2304 de 1989, art, 51. Modificado. Ley 1395 de 2010, art. 67. Apelación de las sentencias…Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará correr traslado a las partes, por el término común de diez (10) días, para alegar de conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado al expediente al Ministerio Público por diez (10) días, para que emita su concepto…”. “Ley 1437 de 2012. Art. 309. Derogaciones.- Deróganse a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este Código, en especial, el Decreto 01 de 1984,…”. 3 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

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II. ANTECEDENTES 2. 1. Petición anulatoria La señora ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 29. 770. 645 expedida en el municipio de Roldanillo

(Valle), a través de apoderado judicial especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (arts. 85 C. C. A. y 15 D. L. 2304 de 1989)2,

demandó, desde el día 4 de agosto de 2004 (fl. 64) del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la siguiente declaración de invalidez del: “…Fallo de Segunda Instancia fechado del día Marzo 17 de 2004 y notificado el día 01 de Abril de 2004 expedida por la Procuraduría General de la Nación –Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa -, mediante la cual confirma el fallo de Primera Instancia de Diciembre 09 de 2003, por medio de la cual la Procuraduría Judicial 18 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, resolvió sancionar discip0linaraiamente con suspensión del Cargo por el término de noventa (90) días, sin derecho a remuneración a la señora ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO, con Cédula de Ciudadanía No. 29.770.645 expedida en Roldanillo (V) en su condición de Rectora del Instituto Industrial “Carlos Sarmiento Lora” de Tuluá –Valle del Cauca – Expediente No. 074-2286”. 2. 2. Restauración A título de restablecimiento del derecho deprecó la parte actora, del municipio de Tuluá, el pago, en el término de ley “de todos los sueldos, primas, bonificaciones y demás adehalas de la asignación básica correspondientes al cargo que venía ocupando, junto con los incrementos legales, desde cuando se produjo la sanción hasta cuando efectivamente se reintegro (sic) a su empleo”; lo anterior, sin solución de continuidad. 2. 3. Normativa violada y razón de la transgresión 2 Normatividad adjetiva a tener en cuenta por la data de presentación de la demanda, que a vista

del folio 64, del cuaderno 1, lo fue el remoto día 4 de agosto de 2004; lo anterior acorde con lo preceptuado por el artículo 308 del Copaca en su inciso 3°. 4 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

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La preceptiva jurídica que la interviniente activa planteó como infringida se contrajo a los artículos 29 de la Carta Política (“Debido proceso, legalidad, favorabilidad, derecho de defensa y presunción de inocencia”), y, 5° de la Ley 200 de 1995 (“Debido proceso”) por: (i) anular, en dos (2) ocasiones (enero 29 y 8 de noviembre de 2001) “los testimonios que por escrito son recaudados por la Comisión de Supervisores de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca”, y, más sin embargo, sin causar ejecutoria la invalidez, proferir el 13 de noviembre auto de apertura de investigación disciplinaria No. 1492 en el que, de todas maneras, relaciona las pruebas testimoniales; (ii) por sustentar las imputaciones una y cuarta del pliego de cargos del 10 de febrero de 2003 con inexistente prueba documental; (iii) por

revivir, a través del acusatorio del 17 de julio de 2003 esas particulares imputaciones pese a haber anulado, por intermedio del proveído del 14 de julio de 2003 y sin éste causar firmeza, el pliego del 10 de febrero; (iv) por ambigüedad del pliego al no señalársele las normas sustantivas funcionales y prohibitivas que la encartada-actora debía acatar, amén de mencionarle la inaplicable Ley 734 de 2002; (v) por recaudar la probanza testimonial sin su concurso; (vi) por deficiencia en el análisis probatorio; (vii) por falta de correspondencia en el número de cuadernos y la foliatura imprimida al proceso disciplinario; (viii) por no aplicar el postulado del in dubio pro operario u homine, ligado al hecho de la inexistencia de conductas constitutivas de falta disciplinaria; y, (ix) por errónea tipicidad de la falta al encuadrarla como periódica, siendo instantánea “a efectos de determinar los términos de ley”. 2. 4. Relación fáctica La accionante, ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO, en su condición laboral administrativa de Rectora del Instituto Industrial –ITI - “Carlos Sarmiento Lora” del ente territorial Tuluá, Valle del Cauca, -año 1998 –, permitió, por el sistema de aportes voluntarios de $35.000.oo, que se hicieran cobros académicos diferentes a los contemplados por las Resoluciones Departamentales Nos. 0097 de 17 de marzo y 236 de 17 de julio, ambas de 1998; así mismo,

permitió la venta de cartillas preparatorias para los exámenes de admisión (año 1999) y la de zapatos y uniformes en las instalaciones del colegio contraviniendo la Resolución No. 17546 de 1989 (Junta Ministerial 04 de 5 de febrero de 5 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

R. I: No. 1623 / 13. SIAF: 2016 - 411443 1996); de otra parte, asignó por encima del límite legal (Decreto 1170 de 1992, art. 89 -14 de agosto -) horas extras a docentes; y, desconoció, para los efectos de ley, las Comisiones de Evaluación y Promoción, con cuyas conductas incurrió en falta disciplinaria grave cometida a título de dolo (fls. 47 a 61).

A la demanda se acompañó el poder judicial especial (fl. 1), la Resolución de la Rectoría del ITI “Carlos Sarmiento Lora” del 30 de junio de 1998 “Por la cual se modifica la Resolución 043, se definen y reglamentan los costos educativos para el año lectivo 19991999” (sic) (fls. 2 a 4); la documental pública –del ITI y de la Gobernación del Vallerelacionada con el tópico de las cuotas voluntarias (fls. 5 a 8); igualmente, la documental referida a las horas extras (fls. 9-10); el Oficio No. 015 del 3 de

marzo de 2003 de la Procuraduría 18 Judicial II informándole a la implicadaaccionante la inexistencia de piezas documentales (fls. 11-12); de páginas 13 a 20 documentación pública inconducente al asunto disciplinario censurado; fallo correccional disciplinario de primera instancia del 9 de diciembre de 2003 (fls. 21 a 37), y, el acto administrativo atacado, contenido en la Resolución No. 013 del 17 de 2004 de la Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa (fls. 38 a 46). Por libelo del 20 de enero de 2014 se adicionó el petitum integrando como acto acusado la decisión disciplinaria de primera instancia, pero manteniendo la misma argumentación de ataque, así como el responsable de la reparación al ente territorial Tuluá (fls. 400 a 409). Alegó de conclusión, el 27 de octubre de 2016, iterando la prosperidad de sus súplicas (fls. 483 a 485)3. 3 NOTA: Se tiene en cuenta este escrito de cierre en consideración a que el presente proceso judicial soportó este farragoso periplo: 1. Se declaró, por acto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 2 de noviembre de 2004 la caducidad de la acción (fls. 65-66). 2. Se revocó por decisión del 8 de setiembre de 2005 de la Sección 2ª, Subsección “A” (fls. 107-112). 3. El demandatorio se admitió el 28 de febrero de 2006 (fls. 118-119). 4. El proveído del 31 de julio de

2006 del juez ponente dispuso la remisión del proceso por ante el Juez Administrativo del Circuito de Buga – R – (fl. 129), siendo avocado el conocimiento por acto del 22 de agosto (fl. 119). 5. El 6 de marzo de 2008 se abre el proceso a pruebas, ante la falta de contestación de la demanda por parte del municipio de Tuluá, pues a la PGN no se le notificó el admisorio (respaldo del fl. 134 y fl. 135). 6. Por auto del 27 de noviembre de 2008 del Juzgado Administrativo de Buga se deniega la nulidad procesal invocada por la PGN, al no serle notificado el admisorio de libelo, y por el del 2 de febrero de 2009 se concede la alzada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, despacho que la declara por auto del 19 de junio de 2009 (fls. 152 y 160 a 164). 7. De folios 169 a 211 el prototípico 6 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

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III. CONTESTACIÓN La Procuraduría General de la Nación (PGN, en adelante) concurrió al proceso, se opuso a las pretensiones y en guarda de la legalidad de los actos acusados,

expuso, frente a la primigenia demanda, como cuestión previa, que con base en vieja jurisprudencia del CE4 retomada el 11 de diciembre de 2012 dentro del fallo IJ 20050001200, con ponencia del Dr. ARENAS M, que el proceso judicial de las decisiones administrativas disciplinarias, adoptadas éstas por funcionario competente –el titular de la acción disciplinaria - en ejercicio de atribuciones constitucionales y legales y al interior de un trámite previamente establecido, que constituye un verdadero procedimiento con reglas propias, no puede convertirse en un debate de tercera instancia en el que de nuevo se sopesen las probanzas, salvo que la resolución administrativa acusada se torne en grosera y aberrante para el debido proceso del implicado actor5, y, como órgano de control disciplinario contesta la demanda el día 13 de noviembre de 2009. 8. El decreto probatorio del 11 de marzo de 2010 obra a folios 220-221. 9. La alegación de cierre de la activa corrió el 13 de julio de 2011 (fls. 230 a 243), en tanto que la pasiva PGN, de la misma data, es visible a folios 259 a 271. 10. Por sentencia del 7 de mayo de 2012 se declara la ineptitud sustantiva de la demanda al no integrarse el acto complejo con la decisión disciplinaria de primera instancia (fls. 279 a 285). 11. La alzada se presentó el 6 de junio de 2012 (fls. 292 a 297) y se concedió, por ante el

Tribunal Administrativo del Valle, el 29 de junio de 2012 (fl. 304), despacho que el 11 de enero de 2012 declara la invalidez y le ordena al juzgado bugueño la remisión al CE (fls. 312 a 325). 13. Por acto del 2 de diciembre de 2013 se admite la demanda pero sólo en respecto a la Procuraduría General de la Nación como demandada (fls. 333-334). 4 Sentencia del 8 de agosto de 1996, C. P. DÍAZ B. 5 Al respecto consignó la PGN: “...Con fundamento en ello se dijo en dicha providencia que, “Sin perder su naturaleza disciplinaria, en cuanto dicho procedimiento es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puede decirse que este procedimiento tiene una especie de “juez natural”, esto es, “aquél a quien la Constitución y la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto, está consagrado en el artículo 29 de la Constitución, denominado en la ley disciplinaria como “titular de la acción disciplinaria”. Con base en ese postulado, es decir, que por las ritualidades que son propias del proceso disciplinario y que está en cabeza de una autoridad que se ha catalogado constitucionalmente como “juez natural”, fue que dicha sentencia pasó a analizar la relación entre el proceso disciplinario y el procedimiento contencioso administrativo, esto es, las cargas argumentativas del demandante en el enjuiciamiento contencioso administrativo y el papel del juez frente al proceso, afirmando, en lo pertinente que: “El juez de la legalidad del acto, debe verificar si la interpretación jurídica efectuada por el titular de la acción disciplinaria se enmarcó dentro de los parámetros

hermenéuticos, o si excedió los límites de la actividad disciplinaria. No se trata de que el control de legalidad de este acto administrativo de naturaleza especial sea un control restringido, pero siendo el procedimiento disciplinario un verdadero procedimiento, con etapas, partes, formulación de cargos, descargos, etapa probatoria, fallo, etc., el control judicial de ese acto definitivo no puede constituir una instancia más dentro de la actuación”. Y más adelante dijo: “(...) la Sala reitera que “El proceso de control jurisdiccional de los actos que imponen sanciones disciplinarias, no es una tercera instancia en la que se pueda abrir nuevamente el debate probatorio para suplir las deficiencias del proceso disciplinario...No puede tildarse de ilegal una decisión que se adopta con base en las pruebas que obran en un proceso disciplinario, donde el inculpado interviene y ejerce en su favor los medios de defensa que el ordenamiento jurídico le permite...”. En ese orden concluyó que la interpretación y aplicación de la ley dentro de un proceso disciplinario es un ejercicio de la autonomía funcionalmente conferida al servidor que tiene el poder disciplinario, por lo que, a voces de la citada sentencia, “ (...) cuando éste adopta las decisiones interpretando y aplicando la ley, siguiendo su propio criterio, y con fundamento en los elementos de juicio aportados al proceso, el control 7 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

R. I: No. 1623 / 13. SIAF: 2016 - 411443 asunto sustancial reseñó el ente de control disciplinario que: (i) El proceso adelantado a la docente GÓMEZ QUINTERO se basó en prueba documental dejada a salvo de las nulidades decretadas por el Procurador Regional del Valle y por la Procuradora Judicial 18 ante la investigación adelantada por la Comisión de la Junta de Escalafón, razón para desmentir, igualmente, la acusación relacionada con la inexistencia de indagación preliminar, pues si la prueba documental concedía indicios de conducta reprochable y del presunto autor, era innecesaria esa etapa previa. (ii) Que la decisión de archivo de la Contraloría Departamental, al parecer sobre la misma temática, en nada afecta la instrucción autónoma disciplinaria, motivo para desechar que el auto de cargos estaba viciado por doble juzgamiento. (iii) Que la prescripción de la acción disciplinaria, teniendo en cuenta la clase de comportamientos – continuados o de ejecución instantánea -, se ha de contar desde la expedición del acto principal y no desde la total culminación del procedimiento administrativo en el que sea necesario agotar toda la especial vía gubernativa disciplinaria, y,

(IV) Que al cobijo de los principios de taxatividad, trascendencia, de instrumentalidad de las formas, de naturaleza residual, de protección y de convalidación “tenemos que el hecho de que exista una irregularidad, por sí mismo no puede implicar la nulidad del proceso, por cuanto se cumplió con la finalidad del mismo y dentro de las oportunidades que se le confirieron a favor del demandante, nunca se expresó

inconformidad respecto a la que ahora alude y si así fuera, tampoco se demostró el perjuicio de tal situación en materia tal que mal podría afirmarse en forma extemporánea ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Los anteriores enunciados se traducen, en otras palabras, en la afirmación de que no cualquier irregularidad en el trámite del proceso disciplinario, en sí misma considerada, da lugar a la declaratoria de nulidad. Para que ello ocurra, debe tratarse de una irregularidad que realmente trascienda o afecte ostensiblemente los derechos y garantías de los sujetos procesales o en el socavamiento de la estructura del proceso, situación que no se dio dentro del proceso que nos ocupa, si se de legalidad del acto no autoriza, per se, la imposición de un criterio de interpretación y valoración diferente; ello sólo es posible en los casos en los que la decisión desborde los límites que impone la Constitución y la ley”. (Negritas y subrayas del original). 8 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

R. I: No. 1623 / 13. SIAF: 2016 - 411443 examina igualmente la contundencia de las pruebas que obran dentro de la actuación disciplinaria en contra de la ahora accionante...”. (fls. 418 a 438).

Por acto del 20 de noviembre de 2014 se admitió la adición - corrección del

libelo demandatorio “formulado por la señora Ana Francy Gómez Quintero, contra la Nación-Procuraduría General de la Nación”, y, bajo ese entendimiento por su numeral 1., expresa y llanamente se ordenó: “Notifíquese personalmente este proveído al Procurador General de la Nación o a quien haga sus veces, haciéndole entrega de la copia de la demanda, su adición y corrección y sus anexos” (fl. 440). Con similares argumentos a los expuestos a tiempo de contestar la primigenia demanda, la PGN respondió la corregida, como se aprecia en las páginas 446 a 450. En el mismo sentido material alegó de conclusión (fls. 474 a 482), en tanto que la demandante, en lo suyo, registró escrito de cierre visible en la foliatura 483485.

IV. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. 1. Exposición genérica En criterio de esta Agencia Fiscal, las pretensiones declarativas de invalidez y la consecuencial reivindicatoria de pago de los haberes y adehalas salariales y prestacionales que corrieron por el lapso de la suspensión en el ejercicio docente como Rectora del ITI “Carlos Sarmiento Lora”, de Tuluá –Valle del Cauca -, e incoadas por la Dra. ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO, en contra de la PGN y el Municipio de Tuluá, no pueden ser decididas en su materialidad por la presencia, insalvable, de la nulidad procesal a que se refiere el artículo 140-8 del Código de Procedimiento Civil6, y, por las

siguientes razones. 6 Norma aplicable por la remisión que al efecto hace el artículo 267 del otrora C. C.A, conforme al cual: “Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción contenciosa administrativa”. 9 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

R. I: No. 1623 / 13. SIAF: 2016 - 411443 4. 2. Análisis En relación con las personas de derecho público que la demandante Sra.

ANA FRANCY GÓMEZ QUINTERO citó como sus pasivas contrapartes lo fueron, en su orden, la Procuraduría General de la Nación, como hacedora de los actos censurados –nulidad o invalidez -, y el ente territorial de Tuluá, como responsable de la reparación salarial prestacional causado con la expedición de aquél –restablecimiento del derecho -, como se ha dejado planteado en el examen efectuado en el precedente acápite “II. ANTECEDENTES. 2. 1. Petición anulatoria

2. 2. Restauración”, y en la parte final del pie de página No. 3.

Así las cosas, fue querer de la rogada justicia de la educadora que estos dos (2) entes oficiales respondieran particularmente por sus sendas actuaciones,

mas el trámite imprimido a este farragoso proceso nunca se detuvo en detallar la peculiaridad de que se citara al municipio como responsable de la reparación económica y, por ello, no se le notificó ninguna actuación procesal violándose, de esta manera, el su derecho fundamental de la defensa a que se refiere el canon 29 del Estatuto Superior, toda vez que, en los términos del artículo 144 del Decreto 1 de 1984, modificado por el artículo 46 de la Ley 446 de 1998, no tuvo la oportunidad de contestar la demanda. De conformidad con lo establecido por el artículo 137 del C. C. A., se disponía que el contenido de la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa debería contener, entre otros requisitos, la designación de las partes y de sus representantes; lo que se pide o demanda; los hechos u omisiones fundantes de la acción –en este caso la contenciosa subjetiva -; y, el sustento jurídico de la violación y la explicación del concepto de su transgresión, cuando se demande la invalidez de un acto administrativo. En tanto, por el artículo 138 ibídem, la individualización del acto censurado debía ser precisa y la condena tenía que ser enunciada de manera clara y separadamente, aspectos procesales que la parte actora cumplió debidamente, a cabalidad, con su demanda y con su adición, sin que en esas 10 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación

Exp. No. 110010325000201300800 00

R. I: No. 1623 / 13. SIAF: 2016 - 411443 dos (2) oportunidades procesales se advirtiera por el juez de conocimiento quien solamente trabó la litis en referencia con la autoridad disciplinaria que expidió los actos atacados.

Se colige de todo lo anterior, que estando capacitado el municipio de Tuluá para comparecer al proceso (Arts. 149 C. C. A., modificado art. 49 de la Ley 446 de 1998 y 151, modificado art. 30 Decreto 2304 de 1989)7 y al no notificársele el auto admisorio de la demanda y el de la adición, como lo preveían armónicamente los artículos 150, 207 y 208 del derogado Código Contencioso Administrativo8, se genera la invalidez procesal, desde el primer auto admisorio de la demanda –el del 2 de diciembre de 2013, fl. 333 -, de que trataba el numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según la cual: “Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda,..., o su corrección o adición”. CONCEPTO Conforme a lo razonado en precedencia, la Procuraduría Tercera Delegada ante el CE solicita, comedidamente, de la sala de conocimiento, se DECLARE LA NULIDAD PROCESAL y se ordene rehacer debidamente el diligenciamiento. De los señores consejeros, cordialmente, 7 “Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan

funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contenciosos administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados...”. “Comparecencia de las entidades públicas en los procesos contenciosos administrativos. Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandas o terceros...”. 8 “Notificación del auto admisorio de la demanda. Modificado art. 29, Decreto 2304 de 1989, modificado art. 23 Ley 446 de 1998. Cuando en un proceso ante cualquier jurisdicción intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones...”. “Auto admisorio de la demanda. Modificado art. 46 Decreto 2304 de 1989. Recibida la demanda y efectuado el reparto, si aquélla reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además disponer lo siguiente: 1°) Que se notifique al representante legal de la entidad demandada o a su delegado , conforme a lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo...” “Aclaración o corrección de la demanda. Modificado art. 47 Decreto 2304 de 1989. Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez...”. t 11 Procuraduría 3a Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 424 de 2016 -15 de diciembreContencioso subjetivo de Ana Francy Gómez Quintero Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201300800 00

R. I: No. 1623 / 13. SIAF: 2016 - 411443

CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado

CGS / MDC