PGN - NULIDADES - Encuentra regulación particular y específica en el código de procedimien

Dependencia Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Radicación No. 028-110486/04 Disciplinados JOAQUIN PATARROYO VARÓN y BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO Entidad y cargo Director General y Subdirectora de Gestión Ambiental, CORMACARENA Quejoso Informe Funcionario Público Fecha de la queja 6 de julio de 2004 Fecha de los hechos Vigencias 2003 - 2004 Asunto Fallo de 1ª instancia y resuelve sobre nulidad Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2008 El Despacho, una vez cumplido el trámite procesal correspondiente, procede a proferir fallo de primera instancia en el proceso, previa evaluación de la solicitud de nulidad interpuesta por el apoderado de los disciplinados JOAQUIN PATARROYO VARÓN y BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO, quien pretende que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso desde el auto que corre traslado para presentar alegatos de conclusión y, en consecuencia, se le permita ejercer su derecho de controvertir o solicitar la complementación, aclaración o adición del dictamen pericial practicado dentro del proveído del fecha 10 de diciembre de 2007, por cuanto no se le habría dado traslado de dicho experticio en la oportunidad pertinente.

I. ANTECEDENTES.

a. Mediante oficio del 6 de julio de 2004 el Gerente Departamental del Meta de la Contraloría General de la República envió a la Procuraduría Regional del Meta copia de un informe realizado en desarrollo de la Auditoria Gubernamental con

enfoque Integral, practicado en la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena - CORMACARENA, en el que se relaciona el posible incumplimiento de deberes y obligaciones establecidas en la normatividad ambiental por parte de algunos directivos de dicho ente de control ambiental, ante la incontrolable quema de cascarilla de arroz a cielo abierto en el Departamento del Meta (fls.1 a 8 cdno.1). A la queja mencionada anteriormente, que origina el presente proceso, se sumó por conexidad, la interpuesta ante este ente de control por el señor GUSTAVO ARIAS PEÑA por falta de control efectivo y por la actitud negligente de la Corporación sobre la quema de cascarilla de arroz a cielo abierto en lotes circunvecinos o localizados en la ciudad de Villavicencio, lo cual se concreta en el hecho de haber otorgado permiso a ASOCASCARILLA para efectuar dicha actividad de manera controlada, lo cual en el sentir del quejoso contraviene abiertamente la Resolución 186 de 2003 de esa misma Corporación. b. En efecto, en la comunicación del ente de control fiscal que contiene la noticia disciplinaria objeto de calificación en este proceso, se establece: Posibles Normas Fecha o período de Posible irregularidad Infringidas ocurrencia - Resolución Del 26 de junio de “Presunto incumplimiento de los deberes y 186 del 15 de 2003 al 2 de julio de obligaciones establecidos en la normatividad septiembre de 2004. ambiental y en la Ley 734 de 2002 Arts. 22 y 23,

2003. por la creciente e incontrolable quema de cascarilla de arroz a cielo abierto en el - artículos 22 departamento del Meta, fenómeno que viene y 23 de la Ley 734 ocasionando irremediables daños al ambiente, de 2002. especialmente contra la población, sin que a la fecha se esté ejerciendo ninguna clase de - Ley 99 de control, pues aunque existe normatividad para 1993. prohibir la quema de cascarilla a cielo abierto, ésta jamás se ha aplicado y la situación continúa - Constitució igual.”. n Política.

En efecto, según el informe del ente de control fiscal “En su condición de ente de control ambiental, Cormacarena, investida de atribuciones especiales no ha intervenido en forma efectiva los quemaderos de cascarilla de arroz a cielo abierto.”.

3. Las diligencias fueron remitidas, por razones de competencia, por el Procurador Regional del Meta a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa mediante auto del 19 de julio de 2004 (fl.26 cdno.1).

4. Mediante auto del 22 de septiembre de 2004 el Despacho del Señor Procurador General de la Nación, de conformidad con el parágrafo del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, en armonía con el numeral 19 del mismo artículo, designó como “funcionario especial” para conocer de este proceso proveniente de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, al Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública (fls. 28 a 32 cdno.1), para lo cual se remitieron las diligencias para que este Despacho asumiera el conocimiento de las mismas.

5. Indagación Preliminar Con fundamento en la información señalada, este Despacho ordenó iniciar Indagación Preliminar mediante auto del 27 de abril de 2005,con el propósito de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ésta era constitutiva de falta disciplinaria e identificar al presunto o presuntos infractores, para lo cual ordenó la práctica de varías pruebas (fls.49 a 52 cdno.1).

6. Investigación Disciplinaria Los documentos aportados y demás pruebas recaudadas en la indagación preliminar permitieron determinar que mediante auto del 22 de agosto de 2005 el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública ordenara la apertura de Investigación Disciplinaria en contra de JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ y JOAQUIN HERNAN PATARROYO VARÓN, en su calidad de Directores Generales de CORMACARENA y contra BELTSY GIOVANA BARRERA MURILLO, en su calidad de Subdirectora de Gestión y Control Ambiental, por la posible comisión de conductas disciplinables relacionadas con el problema ambiental que se ha generado en el Departamento con ocasión de las quemas a cielo abierto de cascarilla de arroz, por la falta de control que en general existe sobre dicha actividad y por haber expresamente permitido la realización de dicha actividad a través de la Resolución No.26-04-739 del 17 de diciembre de 2004, expedida por el Director General de la Corporación, mediante la cual se autoriza a la Empresa Asociativa de Trabajo para el Procesamiento de Cascarilla “ASOCASCARILLA E.A.T.” a realizar dicha actividad, lo cual, según las voces del quejoso, está en abierta contradicción con lo dispuesto por

la misma Corporación en la Resolución 186 del 15 de septiembre de 2003 (fls.258 a 265 cdno.1). En efecto, según el material probatorio recaudado en la indagación preliminar y en la etapa de investigación disciplinaria, se hallaron elementos suficientes para dictar auto de pliego de cargos contra JOAQUÍN HERNÁN PATARROYO y BELTSY GIOVANNA BARRERA, por cuanto se pudo establecer que los disciplinados pudieron contravenir normas de carácter legal al haber permitido la quema de cascarilla de arroz a cielo abierto en la Finca Macondo, ubicada en la zona rural del Municipio de Villavicencio, pretermitiendo en los conceptos que determinaron la autorización las condiciones técnicas para ello, reversando decisiones anteriores que prohibían dicha práctica, permitiendo el deterioro del medio ambiente, aumentando el riesgo para la salud humana en la zona, con lo cual se evidenciaría el incumplimiento de los deberes funcionales de los disciplinados de control ambiental, que como autoridad en la materia le corresponde a Cormacarena, y desconociendo con ello políticas medioambientales adoptadas anteriormente por esa misma autoridad en el marco de la ley 99 de 1993.

7. Pruebas en la investigación Disciplinaria Tanto durante la indagación preliminar como en la etapa de investigación disciplinaria se recaudó importante material probatorio que fue valorado en su momento para dictar la correspondiente providencia que contiene el pliego de cargos y que debe otorgársele el correspondiente valor durante el juzgamiento.

En efecto, las piezas probatorias recogidas durante esta etapa fueron las siguientes:  Resolución 186 de 2003 (fl.9-12 cdn. 1).

 Versión libre de JOAQUÍN HERNÁN PATARROYO (fl. 88-93 cdn. 1)  Versión libre de JOSE LUIS MANUEL RAMIREZ (flo.. 95-98 cdn. 1)  Documento “Situación de la cascarilla de arroz del Departamento del Meta” de CORMACARENA (fl. 111-121 cdn. 1)  “Nota Interna” de CORMACARENA del 31 de agosto de 2004 para BELTSY GIOVANNA BARRERA del Secretario General de CORMACARENA relativa a una consulta sobre la propuesta de autorizar la quema controlada a cielo abierto de cascarilla de arroz por parte de ASOCASCARILLA E.A.T. (fl. 122 cdn. 1)  Acta de reunión CORMACARENA-ASOCASCARILLA del 30 de septiembre de 2004 (fl. 126cdn. 1)  Concepto 5.04.854 del 21 de octubre de 2004 suscrito por el Ingeniero contratista de CORMACARENA, JULIO CESAR RUBIO VANEGAS, con el VoBo de BELTSY GIOVANNA BARRERA. (fl. 127-130, cdn. 1)  Concepto 5.04.919 del 5 de noviembre de 2004 suscrito por el Ingeniero contratista de CORMACARENA, JULIO CESAR RUBIO VANEGAS, con el VoBo de BELTSY GIOVANNA BARRERA. (fl. 132-134, cdn. 1).  Términos de referencia del Plan de Manejo Ambiental para la quema controlada de cascarilla de arroz Cielo Abierto del 10 de noviembre de 2004 ,

suscrito por BELTSY GIOVANNA BARRERA. (fl. 137-139, cdn. 1)  “CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN MAS LIMPIA CON EL SUBSECTOR DE MANEJO DE LA CASCARILLA DE ARROZ CORMACARENA” (fl. 140-158, cdn. 1).  Concepto 5.04.1041 del 3 de diciembre de 2004 suscrito por el Ingeniero contratista de CORMACARENA, JULIO CESAR RUBIO VANEGAS, con el VoBo de BELTSY GIOVANNA BARRERA. (fl. 182-183, cdn. 1).  Resolución 2.6.04-739 del 17 de diciembre de 2004 de CORMACARENA. (fl. 185-187, cdn. 1) por medio de a cual se autorizó la quema temporalde cascarilla de arroz en la Finca Macondo. .  Concepto 5.04.1210 del 29 de diciembre de 2004 suscrito por el Ingeniero contratista de CORMACARENA ,JULIO CESAR RUBIO VANEGAS, con el VoBo de BELTSY GIOVANNA BARRERA. (fl. 188-193, cdn. 1).  Informe de procedimientos de control y vigilancia del 28 de enero de 2005, suscrito por Yesid Enrique Buelva, con el Vo.Bo de BELTSY GIOVANNA BARRERA. (fl. 197, cdn. 1).  Concepto 5.05.0109 del 2 de febrero de 2005 suscrito por el Ingeniero

contratista JULIO CESAR RUBIO VANEGAS y HECTOR JAIRO USME

ROJAS, con el VoBo de BELTSY GIOVANNA BARRERA. (fl. 199-205, cdn. 1).  Documento “Contaminación por quema masiva de cascarilla de arroz Veredas Juan Bosco y Caños Negros”, suscrito por varias personas entre ellos Ernesto Peña, Catherine Ruiz, etc. (fl. 207-208, cdn. 1).  Resolución 2.6.05-165 del 21 de febrero de 2005 por medio de la cual se declara la terminación unilateral del convenio de concertación para la producción mas limpia con el sector de manejo de cascarilla de arroz, suscrito entre CORMACARENA, Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Villavicencio y ASOCASCARILLA. (fl. 209-218, cdn. 1).  Resolución 2.6.05-221 del 3 de marzo de 2005 por medio de la cual se abre investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan cargos, se corre traslado de los conceptos técnicos números 5.04.1210 del 29 de diciembre de 2004 y 5.05.0109 del 2 de febrero de 2005 y se imponen unas medidas preventivas a ASOCASCARILLA. (fl. 224-229, cdn. 1).  Respuesta a derecho de petición por parte de la Directora de Desarrollo Sectorial y Sostenible del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. ( fl. 295 cdn 1).  Informe de “Resultados Obtenidos”, suscrito por JOAQUÍN HERNÁN PATARROYO el 19 de mayo de 2005. (fl. 112-121 cdn 2)

 Concepto del Departamento Administrativo de PlaneaciónDirección Técnica de Desarrollo Urbano del 16 de septiembre de 2005 sobre usos del suelo rural del predio Macondo.  Informe del Secretario del Medio Ambiente de la Alcaldía de Villavicencio sobre los efectos contra la salud de la quema de cascarilla de arroz, del 21 de septiembre de 2005 (fl.30 cdn 2)  Informe del Secretario Local de Salud de la Alcaldía de Villavicencio sobre efectos contra la salud de la quema de cascarilla de arroz, del 21 de septiembre de 2005 (fl.31 cdn 2)  Versión libre de Beltsy Giovanna Barrera Murillo (fl. 32-35 cdn. 2)  Acta de visita especial a CORMACARENA, del 5 de octubre de 2005. (fl. 3637 cdn. 2)  Sentencia del 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Administrativo del Meta de Acción Popular (fl. 61-65 cdn. 2)  Convenio Marco-Interadministrativo entre la Policía Nacional y CORMACARENA. (fl. 66-70)  Plan de Manejo Ambiental de “Lote Comunitario” presentado por ASOCASCARILLA E.A.T. (fl-189-241 cdn. 2).  Concepto del Ingeniero de la UMATA, Ingeniero Fredy Omar Camargo Morales de la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio del 14 de octubre de 2005. (fl.246-252 cdn. 3)  Acta de visita practicada a las instalaciones de la Policía Nacional del Meta,

del 19 de octubre de 2005.(fl.253-255 cdn. 3)

8. Pliego de cargos.

Mediante providencia del 28 de junio de 2007, luego de un amplio recuento de los hechos y de las pruebas, se dictó auto de cargos contra los disciplinados JOAQUÍN HERNÁN PATARROYO y BELTSY GIOVANNA BARRERA por cuanto en la etapa de Investigación disciplinaria se encontró que los mismos, con sus actuaciones, pudieron contrariar normas legales en el caso del primero, al haber autorizado la quema de cascarilla de arroz en la Finca Macondo por el sistema de “quema a cielo abierto” y por haber emitido su visto bueno a los conceptos preparados por contratistas de la entidad, bajo su cargo, que sirvieron de fundamento técnico para la expedición de dicha autorización, sin haber verificado o sin haber establecido las condiciones técnicas para realizar dicha actividad en el caso de la disciplinada mencionada en segundo lugar. En efecto en los cargos para uno y otro disciplinados se prevé: a. Joaquín Hernán Patarroyo. (i) La determinación de la conducta: En cuanto a la conducta, cuya tacha se pretende en el proceso se estableció lo siguiente: “1. JOAQUIN HERNÁN PATARROYO VARÓN, identificado con C.C. No.79.383.556 de Bogotá, en su condición de Director General de CORMACARENA para la época de los hechos, nombrado mediante Acuerdo 017 de 2003, por el período institucional comprendido entre el 1º de enero de 2004 al 30 de diciembre de 2006.

DETERMINACION DE LA CONDUCTA

Otorgar temporalmente en su condición de Director General de CORMACARENA, mediante Resolución No.26.04.739 del 17 de diciembre de 2004, permiso a la Empresa Asociativa de Trabajo para el Procesamiento de Cascarilla “ASOCASCARILLA E.A.T.” para la quema de cascarilla de arroz a cielo abierto, a llevarse a cabo en la Finca Macondo, en contradicción con las políticas ambientales señaladas por la Ley 99 de 1993 y por la misma Corporación en la Resolución 186 del 15 de septiembre de 2003, con lo cual incumplió su deber legal que le asiste, al no velar por la conservación de un ambiente sano en pro de la comunidad, y si dando el aval para que las emisiones que produce la cascarilla de arroz al ser quemada interfiriera en el bienestar y la salud de las personas y por ende en el medio ambiental por la contaminación del aire con las sustancias que son vertidas al aire, en contra de la Constitución y la Ley. (subraya fuera del texto original) Lo anterior por cuanto su actuación va en contra de los intereses de la comunidad en general, toda vez que permitió una actividad que estaba prohibida en todo el país por la legislación ambiental, y precisamente se soportó en unos Conceptos Técnicos emitidos por la misma entidad, que carecían de una base científica, sin que haya establecido previamente a su autorización sistemas de vigilancia y monitoreo para medir los efectos de la contaminación que se estaba generando por esta actividad, puesto que si nos remitimos a los fundamentos de la Ley 99 de 1993, en cuanto política ambiental, siempre van encaminados a preservar el derecho que tienen los seres humanos a una vida

saludable, y como se dijo anteriormente el Director al expedir la Resolución No.26-04-739 del 2004, dio el aval para que se realizara dicha actividad prohibida por la Ley, precisamente por las consabidas implicaciones que esto trae tanto al medio ambiente como a la salud humana, como se señaló ampliamente en la parte considerativa de este auto.” (ii) Las normas vulneradas. Las normas supuestamente infringidas por el disciplinado con la conducta cuya responsabilidad se le pretende endilgar en el pliego de cargos, de acuerdo con lo estipulado por el operador disciplinario en dicha providencia, son de manera general aquellas que se refieren a la vulneración de deberes propios de los funcionarios públicos al permitir el deterioro del ambiente y manejo de los recursos naturales, contenidas en los artículos 6, 79, 80 y 209 de la Constitución Política y de manera particular y específica en materia medioambiental, los numerales 6 y 11 del artículo 1º, los artículos 23, 31 numerales 2, 8, 9, 10, 12, 17, artículo 56 y 57 de la Ley 99 de 1993, artículos 7 y 8 del Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), artículo 73 del Decreto 948 de 1995 (“Por medio del cual se reglamenta la protección y control de calidad del aire y las emisiones atmosféricas) y el artículo 1º de la Resolución 186 de 2003 de Cormacarena. De acuerdo con la providencia que contiene el pliego de cargos, la inobservancia de los preceptos normativos mencionados constituye falta disciplinaria

según lo establecido por el artículo 23 del CDU. (iii) Calificación de la falta y forma de culpabilidad. En su oportunidad esta Delegada consideró que la conducta del disciplinado constituía “falta gravísima” y que la misma fue cometida a título de “culpa gravísima”, en los siguientes términos: “La conducta señalada al investigado, de conformidad con la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos, reviste el carácter de FALTA GRAVISIMA , por haber realizado objetivamente una descripción típica en la Ley contenida en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734, sancionable a titulo de CULPA GRAVISIMA , por la desatención elemental de dar aplicación a las normas que rigen en materia ambiental, al emitir un acto administrativo, desconociendo la normatividad que regla ésta actividad, pues la quema de la cascarilla de arroz a cielo abierto estaba cobijada por la prohibición y no era parte de la excepción, máxime que autorizo la quema de cascarilla valiéndose de un contrato en el que le fijo una serie de compromisos a los cascarilleros para realizar la actividad, los que obviamente no fueron cumplidos, pues una vez autorizados para continuar con su actividad ilegal sin que previamente llenaran los requisitos, pues mucho menos lo iban a hacer después de ya haber obtenido el permiso avalado por la autoridad ambiental, quien debía tener el cuidado necesario para aplicar las normas tal como se lo impone la Constitución y la Ley, actuación que trajo consecuencias funestas para la salud humana, y el medio ambiente, como así lo informa la misma comunidad afectada a la Secretaría del Medio Ambiente.” (subraya fuera del texto original)

b. Beltsy Giovanna Barrera. (i) La determinación de la conducta: La tacha en el pliego de cargos versó sobre el siguiente hecho o conducta respecto de la disciplinada: “2. BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO, identificada con C.C. 52.009.035 de Bogotá, en su calidad de Subdirectora de Gestión y Control Ambiental, cargo que ocupa desde el 28 de julio de 2003.

DETERMINACION DE LA CONDUCTA

Dar el visto bueno a los conceptos técnicos No.5.04-748 del 23 de septiembre de 2004(fls.74 a 75), No.5.04.834 del 21 de octubre de 2004, el No.5.04.919 de noviembre 5 de 2004 y el No.5.04.1088 del 3 de diciembre de 2004 (fls. 78 a 81 y 126 a 127 cdno.2), emitidos por el ingeniero contratista sin precisar si se cumplían o no los parámetros técnicos específicos que exigía la Corporación como la ubicación de la Finca, la vulnerabilidad del área afectada, qué volúmenes de producción les permitían, el tipo y volumen de las materias primas producidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente a la actividad como tal, el tipo y peligrosidad de los residuos generados, etc. de manera que le permitieran a Cormacarena evaluar las acciones de los cascarilleros en forma eficiente como autoridad ambiental, evitando daños en el medio ambiente y en la salud humana, como de hecho se presentó por no cumplir con ninguno de los compromisos que adquirieron los

cascarilleros. (subraya fuera del texto original) La falta de análisis preciso y no ponderado de sus conceptos, permitió a los cascarilleros continuar ejerciendo una actividad prohibida por las normas ambientales y sin embargo usted dio la viabilidad para que en la Finca Macondo se realizaran las quemas sin ningún control, con lo cual se perjudicó la comunidad que se asentaba en los alrededores del predio, como así lo denuncian ante las autoridades ambientales, dado los efectos que estaba produciendo la emisión de humo permanentemente al ser quemada la cascarilla a cielo abierto, lo que ocasionó efectos nocivos en la salud de sus pobladores, como así lo informó la comunidad en memorial presentado en la Secretaria del Medio Ambiente.” (ii) Las normas vulneradas. Las normas supuestamente infringidas por la disciplinada con la conducta, cuya responsabilidad se le pretende endilgar en el pliego de cargos, de acuerdo con lo estipulado por el operador disciplinario en dicha providencia, son de manera general aquellas que se refieren a la vulneración de deberes propios de los funcionarios públicos al permitir el deterioro del ambiente y manejo de los recursos naturales, contenidas en los artículos 6, 79, 80 y 209 de la Constitución Política; y de manera particular y específica en materia medioambiental, los numerales 6 y 11 del artículo 1º, artículo 56 y 57 de la Ley 99 de 1993, artículos 1 y 28 del Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). De acuerdo con la providencia que contiene el pliego de cargos, la inobservancia de los

preceptos normativos mencionados constituye falta disciplinaria según lo establecido por el artículo 23 del CDU. (iii) Calificación de la falta y forma de culpabilidad. En la providencia que contiene el pliego de cargos esta Delegada consideró que la conducta desplegada por la disciplinada constituía “falta gravísima” y fue cometida a título de “culpa gravísima” en los siguientes términos: “La conducta señalada a la ingeniera Beltsy Giovana Barrera Murillo en su calidad de Subdirectora de Gestión y Control Ambiental, de conformidad con la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos, reviste el carácter de FALTA GRAVISIMA , pues presuntamente incurrió en la falta disciplinaria contenida en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734, porque con su actuar negligente al dar el visto bueno a los conceptos expedidos por la Subdirección a su cargo, sin ningún tipo de especificación técnica aplicada al caso que se iba a aprobar, permitió que se adelantaran nuevamente acciones tendientes a continuar con una actividad ilegal prohibida por la normatividad ambiental como era la quema de la cascarilla de arroz a cielo abierto, con las consabidas implicaciones que ésta producía en la salud humana, al medio ambiente y a los recursos naturales en general. La imputación subjetiva se hace a título de CULPA GRAVISIMA, por manifiesta violación de las normas relacionadas con el medio ambiente, al no tener el cuidado necesario de analizar previamente cada uno de los requisitos que la Corporación había establecido, como instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la realización de actividades que no afecten el medio ambiente natural, y cerciorarse de que se cumplieran

previamente para luego si dar la viabilidad técnica en los conceptos expedidos que dieron como resultado el que los cascarilleros continuaran desarrollando una actividad que era abiertamente ilegal por la contaminante que generaba y que iba en perjuicio de la comunidad y del medio ambiente, y por ende en contra del derecho que tienen las personas de disfrutar de un medio ambiente sano, como lo señala la Constitución.” (subraya fuera del texto original)

9. Memorial de descargos.

En sendos escritos del 28 de agosto de 2007 (fls.289-313 y 375-397 cdno. 3) el apoderado de los disciplinados en el proceso presentó los argumentos mediante los cuales controvierte los cargos formulados contra sus defendidos por el operador disciplinario en providencia del 28 de junio de 2007. a. Joaquín Hernán Patarroyo (i) Sobre la determinación de la conducta endilgada en el auto que contiene el pliego de cargos del 28 de junio de 2007 contra el señor JOAQUÍN HERNÁN PATARROYO, en su condición de Director General de Cormacarena, por “otorgar temporalmente” permiso de quema de cascarilla de arroz por el sistema de cielo abierto en la Finca Macondo, ubicada en la zona rural del municipio de Villavicencio, con lo cual se pudo haber infringido políticas de protección ambiental contenidas en la Ley 99 de 1993 y la Resolución 186 de 2003 de esa misma Corporación, expresa que carece de fundamento por la siguiente razón:  En primer lugar, asesorar a las entidades territoriales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones, licencias ambientales, establecer límites de

emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias que puedan afectar el medio ambiente, es el ejercicio legítimo de las funciones legales otorgadas a la Corporación. Sin embargo, expresa que el permiso temporal y transitorio adoptado en comento no implica la expedición de licencia ambiental alguna y que con ésta se buscaba lograr el desmonte de los numerosos quemaderos que afectaban grandes sectores de la comunidad y funcionaban de manera irregular y sin control alguno.  Manifiesta también que la resolución 186 de 2003 que establecía la prohibición general de realizar la quema de cascarilla de arroz a cielo abierto en el Departamento del Meta no logró disminuir el problema en la región, dada la amplitud y proliferación del mismo, lo cual sumado a las condiciones ambientales generadas por éste y a las condiciones sociales imperantes, permitieron expedir el acto administrativo que contenía la autorización temporal, con lo cual se buscaba que una actividad que se realizaba en múltiples sitios, de manera descontrolada, se realizara en uno sólo con control, previa aprobación de un Plan de Manejo Ambiental del operador del quemadero que garantizara su operación en mejores condiciones ambientales.  Otra razón para adoptar la autorización temporal de quema de cascarilla de arroz a cielo abierto que comprueba, en el sentir del defensor, la buena fe del disciplinado, es la existencia de un concepto del Secretario General de la Corporación sobre la viabilidad de dicha autorización, en el cual se establece que dicha actividad se puede realizar en áreas rurales en forma controlada por la autoridad ambiental, previo permiso de emisiones atmosféricas, según el Decreto

948 de 1995. En el concepto del Secretario General, que sirvió como uno de los fundamentos para suscribir la resolución de autorización temporal de quema de cascarilla de arroz a cielo abierto, se establece que en el artículo 30 del Decreto 948 de 1995 se exceptúan de la prohibición de quemas a cielo abierto, aquellas realizadas en áreas rurales que se hagan de forma controlada en actividades agrícolas, el descapote de actividades mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos, para lo cual deberá contarse con las técnicas, equipos y personal para su control. Así, el apoderado de la defensa expresa que en el proceso se demuestra, con certificación de FEDEARROZ, que la cascarilla de arroz se considera como residuo de cosecha, lo cual enmarcaría la actividad de quema dentro de las actividades cobijadas por la excepción.  Expresa el apoderado de los disciplinados que otro fundamento de la autorización fue el informe de gestión sobre el manejo de cascarilla de arroz en el Departamento del Meta para el año 2004 en el cual se evidencia, por un lado, la inefectividad de la Resolución 186 de 2003 para solucionar el problema de los residuos de cascarilla de arroz y la quema de este material y, por otra parte, la enorme magnitud del problema en el departamento que es el segundo en producción de arroz en el país, que en el año 2003 produjo 140.202 y en el 2004 produjo 176.072 toneladas de cascarilla de arroz, de la cual el 70% se quemaba en lotes sin control y de manera indiscriminada a cielo abierto en quemaderos informales, para

ser luego comercializada principalmente a los cultivos de flores ubicados en la sabana de Bogotá, lo que ocupaba a una gran cantidad de familias, cuyo sustento obtenían de dicha actividad.  A este respecto anota finalmente el abogado de los disciplinados que con la resolución 2-6-04-739 de 2004, mediante la cual se otorga el permiso temporal de quema, que ésta se originó en la búsqueda de una solución integral al incontenible problema, que abarcara tanto los aspectos social como el ambiental, que no había sido eficientemente controlado con la Resolución 186 de 2003 que buscaba únicamente el control ambiental, desconociendo otra arista fundamental del problema como es el social. (ii) En cuanto al segundo y tercer argumentos de los cargos sobre el incumplimiento del deber legal de no velar por un ambiente sano y de ir en contra de los intereses generales, el apoderado de los disciplinados describe varias actividades desarrolladas por CORMACARENA con el propósito de preservar el ambiente en la región, para lo cual impuso controles a ASOCASCARILLA, entidad autorizada para realizar la quema a cielo abierto de cascarilla de arroz y realizó una serie de actuaciones tales como elaboración de propuestas, emisión de conceptos técnicos, realización de visitas, verificación del cumplimiento de requisitos, reuniones con varios sectores relacionados con el problema de quema de cascarilla de arroz y emisión de resoluciones como la número 2605-165 del 21 de febrero de 2005 que contempla la terminación unilateral del convenio de concertación para la producción mas limpia en el sector de manejo de cascarilla de arroz suscrito entre dicha

Corporación, la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio y Asocascarilla, debido al incumplimiento por pa