PGN - NULIDADES - Principios que gobiernan esta materia

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M.P.: Dr. Yesid Ramírez Bastídas

Bogotá D.C.

REF.: Concepto Demanda de Casación

(Rad. 16.609) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante Sentencia del 18 de mayo de 1999 confirmó la que profirió el 15 de diciembre de 1998 el Juzgado Sexto Penal del Circuito contra Albeiro Mateus Rodríguez por Homicidio imperfecto. El defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia y respecto de la demanda presentada, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal emite concepto.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

En las primeras horas de la madrugada del 16 de abril de 1997, agentes de la Policía Nacional hallaron en el perímetro urbano de esta ciudad a Oswaldo Gallo López, con múltiples heridas producidas por medio de arma corto punzante en el cuello y en la región máximo-facial, y de inmediato lo trasladaron al Hospital “El Tunal”, donde recibió tratamiento médico quirúrgico de urgencia (cervicotomía lateral izquierda) con el fin de suturarle una herida en la yugular. En dicho centro asistencial se recuperó de las lesiones y el 23 de abril de 1997, un día después de su salida, formuló denuncia penal y sindicó a Albeiro Mateus como autor del atentado contra su integridad física, en un lugar solitario ubicado entre el establecimiento hospitalario y el Parque Distrital

del mismo nombre.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª Nº 15-80 Piso 23 - PBX 3360011 / 3520066 - ext. 12307/14 www.procuraduria.gov.co - casacion4penal@procuraduria.gov.co Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro La Fiscalía con base en la denuncia y el concepto pericial sobre las heridas, dispuso el 29 de abril de 1997 el inicio de las indagaciones preliminares tendientes al esclarecimiento de los hechos y la plena identificación del sindicado. La ampliación de la declaración del ofendido y en general el resultado de las pesquisas determinaron en esta fase la citación del imputado a versión libre y espontánea, que no se cumplió. Pero una vez se estableció que se hallaba privado de la libertad a disposición de otra autoridad se declaró por medio de la Resolución del 1° de abril de 1998 la apertura formal de la investigación, a la cual se lo vinculó mediante indagatoria el 4 de mayo siguiente y en cuya diligencia manifestó que respondía al nombre de Albeiro Mateus Rodríguez. En su contra se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por la conducta punible de Homicidio en grado de tentativa, que confirmó el Fiscal de segunda instancia en virtud del recurso de apelación que interpuso el defensor en subsidio del medio de gravamen de reposición. Perfeccionada en lo posible la investigación, se la clausuró el 25 de junio de 1998 y sin la notificación personal de esta decisión al vocero de la sociedad, el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 21

de julio del mismo año, en disfavor del sindicado por el delito de Homicidio Tentado. Este pronunciamiento igualmente no se notificó personalmente al Ministerio Público y tampoco por anotación en estado, no obstante la Secretaría declaró que la ejecutoria formal del pliego de cargos se surtió entre el 24 y el 28 julio de la misma anualidad. El conocimiento de la fase del juicio correspondió al Juzgado Sexto Penal del Circuito que cumplió con el rito procesal del acto del juzgamiento y el 15 de diciembre de 1998 dictó sentencia condenatoria contra el acusado, en calidad de autor de la conducta punible imputada, por medio de la cual le impuso la pena principal de doce años y seis meses de prisión, la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez años, como también lo condenó a pagar a la víctima el equivalente en moneda nacional de 500 y 50 gramos oro, por los perjuicios morales y materiales, respectivamente, causados con la infracción penal. El defensor apeló del fallo de primer grado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, lo confirmó en su integridad mediante el suyo del 18 de mayo de 1999, contra el cual también la defensa interpuso el recurso extraordinario de casación, durante cuyo trámite, con ocasión del tránsito legislativo, el fallador 2 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro de primer grado redosificó las penas principal y accesorias, las que fijó en seis años y seis meses, y le concedió la libertad condicional al encontrar satisfechos

los requisitos objetivo y subjetivo de tal beneficio.

3.- LA DEMANDA.

Los cargos con los que el censor aspira a derruir la doble presunción de acierto y legalidad que ampara la unidad jurídica integrada por los fallos de primer y segundo grado, pueden sintetizarse así: 3.1 Cargo Primero Según los propios términos del actor, “De manera principal y sin perjuicio de la facultad discrecional concedida a la Corte Suprema de Justicia en el artículo 228 del C. de P. P.…” invoca la causal tercera de casación porque considera que la sentencia se dictó en un proceso viciado de nulidad por violación del debido proceso y otras garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 1, 2, 7, 12, 20, 172, 188, 246, 247, 249, 251, 270, 324 inciso 1, 333, 362, 445 y 448 inciso 3 del C. de P.

P. (Decreto 2700 de 1991).

Asegura que el debido proceso se desconoció por inobservancia de las garantías de presunción de inocencia, respeto a los términos procesales, derecho de defensa, legalidad de la prueba y derecho de contradicción, y señala que si bien la violación de uno de estos principios conlleva la nulidad, vale la pena preguntarse si es justo ahora retrotraer la actuación cuando no ha mediado culpa del acusado sino la falta de actividad de los funcionarios judiciales, y si ‘reversar’ las cosas puede devenir en un mayor perjuicio para éste “…cuando existe una disposición que obliga a absolver todas las

dudas a favor del procesado y esta norma no se aplicó, siendo procedente hacerlo hora, desarrollando el numeral 1 del artículo 229 del C. de P. P.” Agrega que el Fiscal y el iudex a-quo desatendieron aquellos mandatos porque la actuación se redujo a las versiones “contradictorias” de denunciante y procesado, y que esas versiones tan distantes sobre los hechos no fueron confrontadas con otros elementos de prueba, cuando había material suficiente al cual acudir para ello “…si se hubiese actuado en forma acuciosa y sin dilación”. 3 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro Luego se dedica a cuestionar la credibilidad del denunciante, a poner de presente los aspectos en que difiere la versión de éste con la del acusado, y a formular una serie de interrogantes que le surgen del acervo probatorio, para hacer énfasis en que no hay fundamento para tildar de mentirosa la exculpación del procesado, por lo que en aplicación el principio de in dubio pro reo, en todos aquellos aspectos inciertos, la duda debió ser absuelta a favor del encausado como lo ordena la Constitución. En otro acápite, destaca que hubo manifiesto desconocimiento del debido proceso porque el Fiscal excedió el término de la indagación previa, pues a pesar de que existía un “sindicado identificado y ubicable”, la misma duró injustificadamente trece meses y “…no brilló por la actividad probatoria…”, irregularidad que según el actor contribuyó a menoscabar el derecho de defensa porque no sólo hizo “…perder las huellas visibles que la naturaleza del hecho hubieran podido dejar en el cuerpo mismo o la mano del

acusado, sino también porque ya no se tiene la misma firmeza en todas las circunstancias antes, durante y después de los hechos materia de juzgamiento.” Sostiene que también “…se violó el debido proceso y con él el derecho de defensa…” porque contraviniendo lo normado en el artículo 188 del Decreto 2700 de 1991 el vocero de la sociedad no fue notificado personalmente de la Resolución de Acusación, y destaca que si bien el procesado estuvo asistido por el defensor, no puede concebirse una decisión tomada a espaldas del Ministerio Público, máxime cuando ante la falta de impugnación de dicha determinación por la defensa “…debe pensarse que esa posibilidad pudo ser ejercida por la Procuradora Delegada, pero no se hizo, porque nunca conoció oportunamente la providencia.” Por último, destaca que hubo violación del debido proceso porque los reconocimientos medico legales, e incluso la historia clínica del denunciante, pruebas en las que se sustenta el fallo condenatorio, no fueron legal y regularmente incorporadas a la actuación, por cuanto se omitió someterlos al tramite previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700/91), “…y, si este derecho se sesgó, quiere decir que no hubo un desarrollo normal del precepto ni del principio de contradicción, pues aunque al dictamen no faltó el requisito de la publicidad y de hecho fue argumentado en pro y en contra de la acusación, al no haberse corrido traslado del mismo, las partes no pudieron pedir una necesaria aclaración de este.” 3.2 Segundo Cargo 4 Radicación Nº 16.609

Mateus Rodríguez Albeiro “En subsidio del anterior cargo…”, el recurrente invoca también la causal tercera de casación y solicita la nulidad del proceso con fundamento en los mismos supuestos expuestos en el anterior, a los cuales expresamente se remite, y pide invalidar la actuación desde el auto que decretó las pruebas en el juicio, con el fin de reorientar desde allí el trámite y rodear al procesado de las garantías mínimas vulneradas por los funcionarios, aún cuando ello entrañe un alargamiento mayor en perjuicio del acusado, a lo cual dice allanarse, porque es preferible una justicia lenta siempre que sea justa. 3.3 Tercer Cargo “En subsidio de los anteriores…”, alega “violación indirecta de una norma de derecho sustancial por error de derecho (…) pues es claro, y así se puede ver en la parte final del cargo primero, que hay un desconocimiento flagrante en cuanto a la legalidad de una prueba aportada al proceso, a la cual se da tanto valor, que sin duda es la principal herramienta empleada en la sentencia para condenar...” Reitera que los reconocimientos medico legales no fueron incorporados al proceso en forma legal, regular y oportuna, razón por la que deben tenerse como inexistentes o nulos, ya que los sujetos procesales no pudieron ejercer el derecho de contradicción, habida cuenta que respecto de esos elementos de persuasión, e incluso de la historia clínica, no se cumplió el trámite ordenado en el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal. Precisa que la ausencia de legalidad de los aludidos medios de convicción conduce a desestimar todo su valor, y sin ellos la prueba sobre la materialidad

del hecho desaparece, queda sin sustento la sentencia condenatoria, y debe absolverse al procesado. 3.4 Cuarto Cargo “En subsidio del cargo tercero…” alega la violación indirecta de una norma de derecho sustancial por error de hecho ya que según quedó expuesto “…en el cargo primero las deficiencias probatorias dan lugar a irregularidades en el juicio de valor que se hace en las sentencias de primera y segunda instancia…” lo cual obligó a los funcionarios a dar un valor que no tienen las poquísimas pruebas aportadas, a suponer la existencia de otras, y a desconocer otro tanto, lo que condujo a dejar de aplicar normas de derecho sustancial con lesión de los derechos de defensa, de contradicción y presunción de inocencia consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, y en los artículos 2, 247, 251, 362 y 445 del Decreto 2700 de 1991, razón por la que solicita casar el fallo impugnado y absolver al acusado. 5 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro Asegura que los falladores incurrieron en un doble error “…cuando, de una parte se desecho por completo la versión del acusado, tildándola de mentirosa y contrario sensu, dándole pleno valor a las afirmaciones del denunciante, pese al poco mérito que, para la defensa, ellas ofrecen, y, cuando pretendieron subsanar las notables deficiencias probatorias con ‘indicios’ inexistentes o nunca probados.”. Sostiene que “…la ley sustancial obliga a creer siempre en el procesado y a absolver todas las dudas a favor suyo…”, le resulta incomprensible que en

el evento examinado, además de la pobre actividad probatoria, “…sin soporte legal ni fáctico…” se otorgue “…pleno valor a la versión contraria…”, y formula toda clase de interrogantes con el ánimo de demostrar lo infundado de dar crédito al relato del denunciante y no al de su prohijado. De otra parte puntualiza que hacer aparecer de los dictámenes del Instituto de Medicina Legal una tentativa de homicidio, cuando a estos les faltó claridad y nunca fueron controvertidos por todos lo sujetos procesales, no es más que una distorsión de esos medios de prueba, máxime cuando en el último se asegura que la letalidad de las heridas era simplemente potencial, luego las lesiones nunca fueron graves ni peligrosas, y que por eso el denunciante arribó al centro asistencial dos horas después del suceso. 3.5 Quinto Cargo “En subsidio del anterior cargo…” con apoyo en la causal primera de casación denuncia la violación directa de una norma de derecho sustancial por falta de aplicación, y asegura que pretende “…poner en evidencia que el sindicado si actuó en legítima defensa…” y que al desconocer tal circunstancia en la sentencia se vulneró el artículo 29 de la Constitución Nacional, el artículo 29, numeral 5, de la Ley 100 de 1980, y los artículos 2, 20, 247, 251, 333, 362 y 445 del Decreto 2700 de 1991, por falta de aplicación. Precisa que sobre la responsabilidad del procesado militan dos versiones contradictorias, y por la falta de actividad instructiva que condujo a la nula verificación de las citas que hicieron las partes, en virtud de la aplicación del

artículo 445 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, todas las dudas debían resolverse a su favor y dar credibilidad a lo argüido por éste, pero no se hizo así, sino que se invirtió la carga de la prueba para concluir que mentía y dar pleno valor a la versión del denunciante. 6 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro Sostiene que debió darse crédito al acusado en el sentido de que obró en legitima defensa para repeler el ataque de que fue objeto por el denunciante y que no tenía intención de hacerle daño, más no simplemente desestimar su dicho por no existir prueba de tal agresión, pues con ello se trasladó a éste la carga del Estado, el cual como no probó lo contrario debía aceptar que la noche de marras el procesado llegó al barrio donde habita y fue interceptado por el denunciante pese a que rehusó su compañía, y que posteriormente éste aprovechó su estado de beodez e intentó atracarlo y riñeron con los resultados conocidos. 3.6 Sexto Cargo “Finalmente, en subsidio del anterior cargo…”, al amparo de la causal primera, alega violación directa de una norma de derecho sustancial por indebida aplicación; pretende “… probar que el sindicado si actuó desprovisto de la intención de ‘matar’, ya que en la sentencia se da por sentado todo lo contrario, desde luego sin fundamento, argumentando únicamente la prueba de medicina legal allegada al proceso, que como se dijo no es clara y genera muchos vacíos.” Cita como preceptos vulnerados, por falta de aplicación, el artículo 29 de la

Constitución, los artículos 22 y 323 de la Ley 100 de 1980, 2, 20, 247, 251, 333, 362 y 445 del Decreto 2700 de 1991, y reitera que como la prueba se reduce a dos versiones contradictorias, por la falta de actividad instructiva, y la nula verificación de las citas de las partes, según mandato Constitucional debió aplicarse a favor del acusado el principio de in dubio pro reo, en lugar de invertir la carga de la prueba. Igual que en la anterior censura sostiene que como el Estado no probó que el acusado mentía, debía aceptar que actuó sin intención de causar daño, e insiste en que el resultado del reconocimiento médico a pesar de ser deficiente y poco claro, advierte sobre la simple potencialidad de las lesiones, y pese a que el perito solicitó esclarecer el cuestionario que se le pidió responder, el instructor y el juez de primera instancia no atendieron tal petición, careciendo por tanto el expediente de pruebas que permitan desestimar las afirmaciones del enjuiciado, argumento con base en el cual solicita casar la sentencia impugnada y proferir fallo por el punible de lesiones personales.

4.- CONCEPTO

7 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro La casación, como se sabe, es un mecanismo extraordinario de impugnación, cuya finalidad es someter las sentencias de segundo grado a la ley de la que el juzgador caprichosamente se aleja; el sujeto procesal que recurre a tal herramienta nomofiláctica se halla obligado a llevar a cabo un juicio

eminentemente técnico y jurídico del fallo censurado a través de una ponderación ecuánime y seria del conjunto de deducciones lógico jurídicas y probatorias que sirven de sustento a la decisión atacada, en procura de acreditar la configuración de yerros protuberantes, manifiestos y graves, que incidan de manera trascendente en el fallo, pues sólo así le es posible quebrar la doble presunción de acierto y legalidad que ampara a los fallos judiciales. Tras una lectura detenida de los cargos expuestos en la demanda, es evidente que el recurrente no lleva a cabo ejercicio técnico de enjuiciamiento alguno, debido al desconocimiento garrafal, craso, de elementales exigencias técnicas que gobiernan este recurso rogado, en razón de lo cual ha de advertirse desde ahora que las diversas censuras están condenadas al fracaso, como quiera que en ellas se desatienden los principios de debida técnica, autonomía de los cargos y causales, trascendencia, no contradicción y proposición jurídica completa, entre otros. En efecto, la tendencia a la flexibilización del rigorismo excesivo del recurso extraordinario de casación, en aras de eliminar obstáculos al derecho a la tutela judicial efectiva, no llega al extremo de convertir la demanda en un escrito de libre formulación, cual alegato de instancia, ya que ésta debe contener, como mínimo, la indicación clara y precisa de los fundamentos del cargo, según lo establecía el artículo 225 de la legislación derogada y ahora el 212 numeral 3° de la nueva codificación procesal penal, de tal suerte que en cada reparo a la

presunción de acierto y legalidad del fallo, se exige una argumentación metódica, concreta y exacta, lógica y coherente, que trascienda en una reflexión organizada conforme al principio de autosuficiencia Cargos Primero y Segundo La causal tercera de casación no escapa a ese obligado respeto de la técnica, decantada tras largos años por la jurisprudencia en acatamiento a la normatividad legal, no obstante que respecto de ella se admite cierta libertad en su proposición y desarrollo, a condición de obedecer irrestrictamente los principios que gobiernan la materia de las nulidades, como son los de taxatividad, prioridad, convalidación, trascendencia y residualidad. De ahí que, con sujeción a las normas que gobiernan la proposición de nulidades el sujeto procesal que plantee un vicio de tal naturaleza debe determinar de manera clara y precisa la causal en que se subsume la 8 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro circunstancia fáctica que alega, y como en esta materia —la de las nulidades— rige el principio de taxatividad, que implica la obligación de aducir únicamente a las previstas en la ley, la solicitud debe ir relacionada con uno de los motivos contempladas en el artículo 306 de la Ley 600/00 (Art. 304 Decreto 2700/91). En el evento examinado los dos primeros reproches formulados al amparo de la causal tercera de casación comparten no sólo la misma fundamentación, desarrollo y base fáctica, como expresamente lo advierte el actor, sino también una ambigua argumentación que impide determinar la específica causal de

nulidad en la que se enmarcarían las presuntas irregularidades alegadas, habida cuenta que simultáneamente afirma la vulneración del debido proceso y el derecho de defensa, con clara e inequívoca alusión a los motivos de nulidad previstos en los numerales 2° y 3° de los cánones citados últimamente, cuando de antaño se sabe que, sin desconocer los eventos en que las dos garantías pueden verse lesionadas con ocasión de un mismo acto, atendiendo a que son de contenido esencialmente diferente, es deber de quien alega su transgresión hacer los planteamientos en forma separada e indicar con claridad y precisión cuándo se afecta el debido proceso y cuándo el derecho de defensa. Además el censor tampoco es coherente en la determinación de los vicios que se acomodan a los aludidos motivos de nulidad, y mucho menos en el señalamiento del estadio procesal desde el que debería rehacerse la actuación con miras a su saneamiento. Es fácil advertir que el argumento principal de la fundamentación común a ambos cargos gira en relación con el aparente desconocimiento de la garantía de in dubio pro reo, pero simultáneamente se destacan también como yerros procesales: la omisión del traslado previsto en el artículo 270 del Decreto 2700/91 respecto de las pericias médico legales practicadas a la víctima, la extralimitación del término de indagación previa, la falta de notificación personal al Ministerio Público de la Resolución de Acusación, y el abandono del principio de investigación integral. Cuando se proponen varias irregularidades con potencialidad de producir la

nulidad, es sabido que quien las alega está en la obligación de presentarlas con sujeción al principio de prioridad, esto es, empezar por la que implica mayor radio invalidatorio y así sucesivamente, y señalar respecto de cada una el estadio procesal desde el cual resulta forzoso rehacer la actuación, aspectos que no sólo inobservó el demandante, sino que sin reparo ni rubor alguno, con la más absoluta carencia de razón lógica, el casacionista en el Primer Cargo reclama a la Corte la nulidad de la actuación desde la sentencia de segunda instancia con el fin de que los señalados dislates sean remediados con la emisión de un fallo de sustitución en el que se absuelva al procesado en 9 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro aplicación del principio de in dubio pro reo, evidenciando la propuesta un grosero desconocimiento de la naturaleza de esta garantía, así como la de los demás vicios alegados. En efecto, en primer lugar dígase que de existir una violación de la garantía fundamental de in dubio pro reo, su enmienda resulta ajena a través de la causal tercera de casación, pues la desatención de tal principio constituiría un vicio in iudicando, más no in procedendo, y por lo mismo tal clase de desaciertos únicamente son susceptibles de alegar y demostrar con sujeción a los lineamientos técnicos de la causal primera de casación, bien por la vía directa, ya por la indirecta, y de ahí la incongruencia de la petición de nulidad formulada en el Primer Cargo con base en un presunto desconocimiento del

anunciado principio, como absurda también es la pretensión de que las otras irregularidades destacadas se corrijan o subsanen igualmente dictando fallo absolutorio en aplicación del favor rei, dado que esos otros aspectos alegados por el censor, por su naturaleza, aparejarían consecuencias diversas a la reclamada. En cuanto a la ausencia del traslado de los reconocimientos médico legales efectuados al denunciante, tal irregularidad no tiene la capacidad de desquiciar el trámite cumplido hasta ahora, porque un yerro como ese está vinculado a transgresiones al debido proceso probatorio, y aún cuando éste es emanación del debido proceso general, el dislate no se comunica a la garantía macro, razón por la que tampoco el vicio tendría la eficacia para desencadenar la nulidad del proceso desde el auto que decretó las pruebas en el juicio, como lo pide el actor en el Cargo Segundo. Además, el escenario para alegar un dislate como el que es objeto de análisis, es la causal primera de casación, cuerpo segundo, por errores de derecho, y así efectivamente lo alegó con posterioridad el censor en el Cargo Tercero, razón por la que en su momento se ahondará en las razones que igualmente obligan a la desestimación de esa censura, como desde ahora puede advertirse. Los restantes aspectos tampoco constituyen fundamento valido para enervar la actuación como lo plantea el libelista en el Segundo Cargo, pues respecto de la dilación o desbordamiento del plazo para adelantar la investigación previa, de una parte, la alegación de tal evento es inadecuada frente a la solicitud de nulidad a partir del juicio, y de otra, si bien es verdad que el derecho a un

debido proceso "sin dilaciones injustificadas" ostenta rango constitucional por virtud de lo normado en el artículo 29 de la Constitución Política, igualmente es cierto que las consecuencias de la tardanza o dilación de los términos procesales se encuentran generalmente reguladas en el ordenamiento y ligadas, por ejemplo, a la libertad del procesado, la prescripción 10 Radicación Nº 16.609 Mateus Rodríguez Albeiro de la acción, a una eventual sanción al funcionario por la demora, etc., sin que se sigan otras consecuencias, como la invalidez de la actuación. En el asunto analizado, el demandante suma a la nuda y objetiva extralimitación del término para adelantar la investigación previa una deficiente o poca actividad probatoria por parte del instructor, y de la conjunción de esos dos aspectos concluye una lesión al derecho de defensa porque eso habría causado que se perdieran las huellas visibles en el cuerpo del acusado de la naturaleza del hecho, argumento que además de ser antitécnico por enlazar dos vicios diferentes con consecuencias diversas, es falso, pues la revisión del expediente permite constar que en la investigación previa si hubo actividad probatoria y, fundamentalmente, que para garantizar la señalada garantía el instructor ordenó la vinculación mediante versión libre del entonces imputado y para tal efecto lo citó a la dirección aportada por el denunciante, la misma en la que el acusado dijo residir cuando finalmente se le pudo escuchar en indagatoria, de donde se desprende que la extralimitación de la etapa de investigación previa no tuvo como finalidad recaudar pruebas a espaldas del encausado, sino todo lo contrario, procurar brindarle la oportunidad de

controvertir la imputación, siendo éste quien abandonó su derecho a defenderse en ese estadio pre-procesal. Tampoco constituye vicio trascendente, en este caso, la omisión de notificación personal del pliego de cargos al representante del Ministerio Público, porque en atención al principio de convalidación que orienta las nulidades y teniendo en cuenta que el directamente interesado en proponer la nulidad por ese aspecto guardó silencio, pese a que actuó en la fase subsiguiente, fuerza concluir que con tal conducta tácitamente convalidó el acto irregular de notificación de la resolución acusatoria. Pero además, no obstante la objetiva constatación del hecho vicioso, hay que decir que el aquí recurrente carece de interés real en perseguir la nulidad por la referida omisión, ya que como él mismo lo reconoce, el defensor de aquel entonces y el procesado fueron notificados personalmente del pliego de cargos, y ninguno hizo uso de los medios de impugnación a su alcance, de donde se concluye igualmente que el debido proceso y el derecho de defensa inherente a esos dos sujetos procesales no sufrió mengua por la anomalía en cuestión, sin que sea valida la justificación esgrimida por el actor para fundar su interés, al alegar que como el defensor y el enjuiciado no apelaron de la acusación, esa posibilidad pudo ser ejercida por el Ministerio Público, ya que ello no pasa de ser una simple e incierta especulación inútil para respaldar, aún en las instancias ordinarias, una pretensión de nulidad. 11 Radicación Nº 16.609

Mateus Rodríguez Albeiro Finalmente, el principio de investigación integral puede sufrir menoscabo, entre otros eventos, cuando la actividad probatoria de los funcionarios (fiscal o juez) no se orienta a implantar en el proceso la verdad real de lo acontecido, sino a averiguar aspectos desfavorables al procesado o a otro de los sujetos procesales, vulnerando así la imparcialidad que debe presidir toda actuación judicial, y quebrando, por ende, la garantía del debido proceso. Sin embargo, cuando los funcionarios hacen esfuerzos racionales acordes con la evidencia procesal y el apoyo logístico del que disponen en pro del establecimiento de la verdad, y adelantan las pesquisas y diligencias necesarias para practicar las pruebas que broten de manera evidente de la actuación o las sugeridas por quien se ha sometido al ejercicio de la acción penal, y ello no resulta posible por circunstancias atribuibles a factores externos a su voluntad, como en el caso de afirmaciones inciertas no susceptibles de verificación, o la mención de testigos a quienes no se puede individualizar, o cuyo paradero se desconoce, no resulta sostenible la vulneración de la garantía en comento. En el presente evento, las afirmaciones del procesado carecen justamente de la posibilidad de ser verificadas por lo impreciso de las mismas, en particular, en los aspectos que el demandante resalta; amén que el relato del acusado, en lo fundamental, concuerda con el del denunciante respecto del preciso momento de ocurrir el hecho, sólo que aquel lo vierte al proceso con matices que aluden una presunta legitima defensa por agresión injusta del denunciante, situación de la que no existe testigo distinto al mismo enjuiciado (y

eventualmente el aquí ofendido), aspecto de cara al cual es insostenible el desconocimiento del principio de investigación integral, ya que ese supuesto fáctico introducido en la indagatoria del sentenciado sólo es susceptible de verificar