PGN - NULIDADES - Solicitudes deben tramitarse vía recurso de reposición o apelación

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad FALLO SANCIONATORIO-Responsabilidad de servidor público NULIDADES-Solicitudes deben tramitarse vía recurso de reposición o apelación Sea lo primero precisar en relación con las nulidades propuestas por el apoderado del subintendente y de uno de los agentes, que éstas deben ser tramitadas como parte integral del recurso y no en forma aislada como equivocadamente se pretende, solicitando se de la oportunidad de interponer el recurso de que trata el artículo 111 del CDU, pues ello implicaría un desorden procesal que de manera alguna se deriva de la normatividad disciplinaria que regula el trámite de las nulidades.

En ese orden de ideas, la decisión que se adopte respecto de las nulidades solicitadas por el apoderado de los disciplinados xxxxxxx, hacen parte integral de la resolución del recurso y, por ende, contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa. TORTURA-Instrumentos internacionales que la consagran Precisemos que la conducta de tortura, como definición, la encontramos especialmente consagrada en dos instrumentos internacionales, como lo son, por un lado, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, entrada en vigor para Colombia el 8 de enero de 1988 en virtud de la Ley 70 de 1986 y, por el otro, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 9 de diciembre de 1985, entrada en

vigor para Colombia el 19 de febrero de 1999, en virtud de la Ley 409 de 1997. Podemos concluir que la tortura es un acto deliberado que ofende en lo más profundo la dignidad humana de quien padece la pena o sufrimiento, físico o mental, bajo el entendido que su autonomía personal se ve doblegada, por quien desplegando tratos crueles, inhumanos y degradantes, focaliza su objetivo en causar en su víctima angustia, dolor, pena o aflicción, situación que se resumiría en la acción de atormentar, so pretexto de cualquier finalidad. Valga agregar que dichas convenciones internacionales, además de definir la conducta de tortura, imponen a los Estados Partes, la obligación de tomar las medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su propia jurisdicción. Existen otros instrumentos internacionales que igualmente hacen parte del bloque de constitucionalidad y que como tal, obligan a su estricto cumplimiento, en los cuales se prohíbe la realización de la conducta de tortura. Así tenemos el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 7) adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor para Colombia el 23 de marzo de 1976 en virtud de la Ley 74 de 1968 y la Convención americana sobre derechos humanos (art. 5.2) suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978 en virtud de la Ley 16 de 1975. ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional

Recordemos igualmente que la garantía de la función pública se fundamenta en la salvaguarda, por parte del sujeto disciplinable, de los principios que la gobiernan, a los cuales se suscribe el cumplimiento de sus deberes y demás exigencias constitucionales y legales. Radicación n.° 161 – 4929 Por lo tanto el quebrantamiento sustancial de esos deberes que se originan del ejercicio de la función pública, sin justificación alguna, sea por acción o por omisión, comporta el ilícito disciplinario Por lo tanto el quebrantamiento sustancial de esos deberes que se originan del ejercicio de la función pública, sin justificación alguna, sea por acción o por omisión, comporta el ilícito disciplinario, tal y como sucede en el presente caso, pues uno de los agentes, dada su relación especial de sujeción con el Estado, en contravía de la prohibición de ejecutar actos atentatorios contra la integridad y autonomía personal de los quejosos, en contravía de su obligación de dar estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que prohíben este tipo de conductas; en contravía de su deber funcional de protección de los derechos y libertades que le asisten en este caso a las personas privadas de la libertad, en contravía en general de los fines esenciales del Estado, incurrió en la conducta irregular imputada, lo cual le acarrea una consecuencia jurídica negativa, que no es otra que la sanción de tipo disciplinario que debe ser impuesta por la autoridad competente, para el efecto, la Procuraduría General de la Nación. CULPABILIDAD-A título de dolo

No se requiere mayor análisis para señalar, que conforme a las consideraciones realizadas a lo largo de la providencia, la conducta desplegada por el disciplinado, no admite una modalidad de culpabilidad distinta a la del dolo, pues de manera consciente, libre y voluntaria dirigió su comportamiento perverso, en contravía de los mandatos legales y constitucionales, a sabiendas no solo que ello era ilícito, sino que también le acarrearía las respectivas consecuencias jurídicas, tanto de tipo penal como disciplinario y, a pesar de ello, no le importó. Por lo tanto, lo que se debe demostrar en punto de la responsabilidad de estos disciplinados, es que hayan tenido conocimiento de los hechos en el momento en que éstos se ejecutaban y que estando en la posibilidad de impedirlos, hubiesen optado por adoptar una conducta pasiva y permisiva. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Destitución e inhabilidad Acorde con lo expuesto por el a-quo respecto de los criterios que tuvo en cuenta para graduar la sanción, la Sala Disciplinaria confirmará la impuesta, esto es, destitución e inhabilidad general por el término de veinte (20) años. 2 Radicación n.° 161 – 4929

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio del dos mil once (2011). Aprobada en Acta de Sala n.° 29

Radicación No: 161 - 4929 (D-2008-653-85688)

Disciplinados: Subintendente Ferney Suárez Tovar, Agentes

Alveiro Toro Hernández y Everth Prada Dussan

Cargo: Miembros de la Policía Nacional

Quejoso: Germán Guzmán Santander y Robinson Cuesta Marín Fecha queja: 10 de febrero de 2004

Fecha hechos: 9 de febrero de 2004

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS En virtud de los recursos de apelación interpuestos y sustentados en legal forma por los apoderados de los disciplinados, subintendente de la Policía Nacional FERNEY SUÁREZ TOVÁR y agentes EVERTH PRADA DUSSAN y ALVEIRO TORO HERNÁNDEZ, revisa la Sala Disciplinaria la decisión del 30 de julio de 2010, mediante la cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos los sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de veinte (20) años, al haberlos hallados responsables de los cargos formulados.

I. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante queja instaurada ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional del Departamento de Policía Quindio, los señores GERMÁN GUZMAN SANTANDER y ROBINSON CUESTA MARIN, personas detenidas y trasladadas al CAI Santander de la ciudad de Armenia, denuncian haber sido objeto de malos tratos, vejámenes y agresiones sexuales en dicho sitio, en hechos ocurridos el 9 de febrero de 2004 y relatados de la siguiente manera: GERMÁN GUZMÁN SANTANDER: […] El agente contra quien instauro la queja recibió ayer a las 2:00 de la tarde, y al momento de sacarnos para el baño me golpeó dándome un puño en el pecho y con el

bolillo me dio en la rodilla derecha CONSTANCIA DEL DESPACHO se deja constancia que al efectuársele una revisión minuciona (sic) al quejoso este presenta pequeñas laseraciones (sic) en la rodilla izquierd, (sic) a la altura del muslo y hematomas en la espalda. CONTINUA y cuando me dirigía a la celda donde estaba me dijo esper (sic) papito que usted no va para allá y me llevó a otra celda que es la celda del medio y a como entre (sic) hay (sic) mismo le dijo a los detenidos que estaban allí que le hicieran “El Carma” y ahí fue donde comenzó que me cogieron a patadas y golpes y me pusieron (sic) “a que se lo mamara y me refregaron el miembro en el recto, sin que hubiera 3 Radicación n.° 161 – 4929 penetración”, después volvieron y me pegaron los detenidos, mientras esto sucedía yo daba voces de Auxilio y el Agente estaba pegado a la reja observando, me siguieron golpeando durante toda la tarde y ya como entre las ocho y las nueve cuando me golpearon mas fuerte volví a pedir auxilio y se acercaron otros Agentes y me sacaron, mientras todo esto pasaba trajeron otro muchacho y yo escuchaba que él se quejaba porque al parecer le estaban haciendo lo mismo que a mi y oía que le decían “Este si tiene estilo para chupar cabesa (sic)” yo solo escuché los golpes asi como las voces de auxilio que pedía pero el Agente también estuvo ahí cuando le sucedió esto a la otra persona, yo no vi porque me encontraba casi desmayado por los golpes y me tenían

cogido por todos los lados del pelo, de las orejas, también cuando me estaban pegando el Agente decía que eso está bien así, que eso estaba bueno […] (fol. 69 cuad. Original 1).

ROBINSON CUESTA MARÍN: […] Yo llegué ayer a eso de las cinco de la tarde aqui a las instalaciones del CAI Santander traído de Salento entonces me entraron al patio me requisaron, me hicieron dejar la ropa y me entraron en pantaloneta un policía me preguntó que porque (sic) estaba ahí le dije que no sabía me dijo que yo tenía cara de mentiroso también me dijo Marica (sic) usted me cae mal lo voy a meter a la celda cinco y me metio (sic) a la celda cinco luego de estar dentro de la celda me empezaron a golpearme los otros presos diciendo que yo era un mentiroso que había hecho lo que tenía que porque había entrado en esas condiciones que si era que me había dejado robar de la guardia, que igual allá o afuera me robaban luego siguieron golpeándome y el Policía dijo a los que estaban con migo (sic) en la celda al de verde osea (sic) a mi que tengo pantaloneta verde, también lo quiero ver, en ese momento no sabía para que era luego cuando empezaron la función con el compañero comprendí para que era esa función era que el Policía puso a otro de los detenidos que estaban con migo (sic) de que se lo mamara a los otros y en ese momento otro lo amenazaba que sino (sic) lo mataba, luego cuando ese terminaba, el Policía manifestaba y señalaba a otro de los precos (sic) para que el

compañero se lo mamara a este hasta que se desarrollaba y seguía otro luego me pusieron a mi a que el otro detenido me lo mamara a mi mientras los otros presos me golpeaban, después de eso seguí la función mía e igual me tocó mamárselo a varios durante todo esto el Policía estuvo viendo por la reja y dirigiendo eso diciendo hagale (sic) mas duro y luego él se retira, ahí es cuando empiezan a golpearnos el otro detenido pide que lo cambien de celda igual yo dije lo mismo pero no me dejaron salir y durante toda la noche me golpearon yo no pedí auxilio en la noche a los Policías que estaban de servicio porque los otros presos me tenían amenazado y me tenían al rincon (sic) hasta esta mañana que me sacaron, quiero aclarar que los presos me refregaron el miembro de ellos en el recto pero no me penetraron […] (fol. 70 cuad. Original 1). Ambos quejosos coinciden en su relato que el agente al que se refieren en su queja es de apellido TORO. Mediante auto del 10 de febrero de 2004, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Quindio ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de “Personal en Averiguación”, habiéndose vinculado a la misma mediante autos del 20 de febrero de 2004, los policiales SI. JOSE DISMAR HUERTAS MORA,

SI. FERNEY SUÁREZ TOVAR, SC. PABLO JULIO MACÍAS AFRICANO, AG.

ALBEIRO TORO HERNÁNDEZ, AG. EVERT PRADA DUSSAN y PT. ALEJANDRO

TREJOS VELEZ (folios 66, 114 a 120 Cuad. Original 1, 53 a 60 anexo 1). 4 Radicación n.° 161 – 4929 El 1° de junio de 2004, la Oficina de Control Disciplinario Interno ordenó la terminación de procedimiento disciplinario a favor del SC. PABLO JULIO MACÍAS AFRICANO y dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los demás policiales antes mencionados y en desarrollo de dicha fase procesal, conforme a lo dispuesto por el Despacho de la Viceprocuraduría General de la Nación, según auto del 7 de diciembre de 2004, la Procuraduría Provincial de Armenia, en ejercicio del poder preferente, solicita la suspensión y remisión del proceso para continuar con su trámite, lo cual es acatado por la Oficina de Control Disciplinario interno a través del auto del 18 de enero de 2005 (folios 61, 203, 204 cuad. Original 1, 205, 206, 278, 279 cuad. Original 2). El 10 de junio de 2005, la Procuraduría Provincial de Armenia formula cargos en contra de los investigados FERNEY SUÁREZ TOVAR, JOSÉ DISMAR HUERTAS MORA, ALEJANDRO TREJOS VÉLEZ, ALVEIRO TORO HERNÁNDEZ y EVERTH PRADA DUSSAN, por faltas disciplinarias contenidas en el Decreto 1798 de 2000, esto es, Reglamento de Disciplina y Ética de la Policía Nacional (folio 322 cuad. Original 2). Después de haberse presentado los respectivos descargos, mediante auto del 27 de

septiembre de 2005, la Procuraduría Provincial de Armenia resolvió sobre las pruebas solicitadas negando algunas de ellas, razón por la cual, el apoderado de SUAREZ TOVAR interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Procuraduría Regional del Quindio en auto del 21 de noviembre de 2005 (folios 405, 420, 442 cuad. Original 3). Remitidas las diligencias a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, ésta, mediante auto del 4 de mayo de 2007, varía el cargo en relación con el agente ALVEIRO TORO HERNÁNDEZ, imputándole la conducta de tortura prevista en el numeral 9 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (folio 607 cuad. Original 3). Presentados los respectivos descargos por parte del apoderado del policial TORO HERNÁNDEZ, mediante auto del 11 de abril de 2008, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos le resolvió sobre las pruebas solicitadas (folio 703 del cuad. Original 4). El 18 de septiembre de 2008, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió variar los cargos formulados al subintendente FERNEY SUÁREZ TOVAR y al agente EVERTH PRADA DUSSAN, imputándoles la conducta de tortura prevista en el numeral 9 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Igualmente, en el mismo auto, dispuso la ruptura de la unidad procesal, para continuar en forma

separada la investigación en relación con los disciplinados JOSE DISMAR HUERTAS MORA y ALEJANDRO TREJOS VELEZ (folio 833 cuad. Original 4). Mediante auto del 13 de septiembre de 2009, la Delegada en mención resolvió sobre las pruebas solicitadas en los descargos por parte del apoderado de SUÁREZ TOVAR y PRADA DUSSAN, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por extemporáneo (folios 914, 926, 931 del cuad. Original 4). 5 Radicación n.° 161 – 4929 El 29 de mayo de 2010, se dispuso correr traslado para alegar de conclusión y, luego de surtido dicho trámite, se profirió el fallo sancionatorio el 10 de julio de 2010, el cual fue impugnado por los apoderados de los disciplinados, concediéndose el recurso de apelación el 10 de noviembre de 2010 y remitiéndose las diligencias a la Sala Disciplinaria el 10 de diciembre de 2010 (folios 962, 977, 1013, 1029, 1039, 1040 del cuad. Original 4).

II. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 30 de julio de 2010, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos profirió el fallo objeto de alzada en contra de los policiales ALVEIRO TORO HERNÁNDEZ, FERNEY SUÁREZ TOVAR y EVERTH PRADA DUSSAN, a quienes sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de

veinte (20) años, al tenor de los siguientes argumentos: Luego de hacer referencia a la normatividad nacional e internacional referida a la conducta de tortura, a los dichos de los quejosos, a los dictámenes médicos legales, a la minuta de servicios y registros en los libros del CAI del Barrio Santander, al plano de la guarnición policial, a los testimonios de ASTRID BUTRON LÓPEZ,

ANGEL JOSÉ GRAJALES GUEVARA, CARLOS ALBERTO HINCAPIE, JAMES DE

JESÚS MARÍN ZAPATA, DARWIN ALBERTO ROJAS, JESÚS ENRIQUE MEDINA,

JESÚS ANTONIO LÓPEZ, OSCAR ARTURO HOLGUÍN, JOSÉ PEDRO ARARA, ANCIZAR OSORIO TRUJILLO, MARINO LONDOÑO LONDOÑO, HÉCTOR PÉREZ, JOSÉ FRANCISO PEÑA, FERNEY GÓMEZ VALENCIA, se concluye en la existencia de los hechos denunciados, en el papel de determinador de las torturas por parte del agente TORO, como también que el investigado FERNEY SUÁREZ TOVAR, siendo comandante de guardia en el turno en que sucedieron los hechos, incurrió en la irregularidad de permitir que los reclusos GERMÁN GUZMÁN SANTANDER y ROBINSON CUESTA MARÍN fueran agredidos física y sexualmente por otros internos. De igual manera se concluye en la responsabilidad de EVERTH PRADA DUSSAN, quien como encargado de la custodia de los retenidos, incurrió no sólo en la irregularidad de omitir informar la novedad ocurrida con los internos a su superior

inmediato, sino también en el hecho de no impedir su realización, como se lo demandaba el deber derivado del cargo y su función. «Tales omisiones generan la responsabilidad disciplinaria ya aludida, puesto que existe certeza para este Despacho que tales policías tuvieron conocimiento efectivo de los hechos irregulares, y teniendo la obligación de impedirlas o hacer cesar el sufrimiento a las víctimas, muy por el contrario dejaron de lado su deber funcional, lo que permitió el desarrollo pleno de las perversidades del Agente TORO. Incluso, está probado, que ni siquiera sucedidos los acontecimientos, tales disciplinados hicieron algo para informar a los superiores, que sólo se enteraron de lo sucedido por las denuncias de las víctimas y otros retenidos muchas horas después». No son de recibo las argumentaciones de descargos y alegatos de conclusión por los cuales se pretende que se de aplicación al principio de la duda, pues existe certeza tanto de la existencia de los hechos como de la responsabilidad de los disciplinados, la cual se predica a título de dolo, en relación con la conducta de tortura, haciendo claridad que en lo que atañe a los policiales SUAREZ y PRADA el hecho de no haber 6 Radicación n.° 161 – 4929 impedido lo ocurrido, esto es, la ejecución de las torturas, equivale a producirlas, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002. Posteriormente el a-quo retoma nuevamente el aspecto de responsabilidad de cada uno de los disciplinados, reiterando que el agente TORO ordenó y determinó los hechos constitutivos de tortura, quebrantando con ello los deberes funcionales que

como servidor del Estado debía atender, en particular el deber de respetar los derechos de las personas que estaban bajo su custodia, desconociendo gravemente los preceptos normativos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, especialmente los señalados en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente en Colombia desde el 19 de febrero de 1999 y sancionada como ley 409 de 1997, incurriendo en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 48 numeral 9 de la Ley 734 de 2002, ejecutada a título de dolo. En cuanto al subintendente FERNEY SUÁREZ TOVAR, reitera su conducta permisiva irregular y señala que el conocimiento de las torturas y el dominio del hecho se concluye de la algarabía y gritos de auxilio que se presentaron en desarrollo de los hechos, lo cual fue ampliamente descrito por los testigos, de la distancia existente entre la guardia y la celda en donde aquellos ocurrieron, de las afirmaciones de víctimas y testigos que señalan que otros policías se dieron cuenta de los atropellos dirigidos por TORO, sin que hubiesen hecho nada para impedirlos o detenerlos. Como encargado y responsable de la comandancia de la guardia del CAI Santander era uno de los llamados a evitar el resultado producido, cohonestando con su omisión con el actuar del agente TORO. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, incurrió igualmente, a título de dolo, en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 48 numeral 9 de la Ley 734 de 2002.

Respecto del agente EVERTH PRADA DUSSAN, incurrió no solo en la irregularidad de omitir informar la novedad a su superior inmediato de las agresiones y abusos sexuales de que fueron objeto los retenidos GERMÁN GUZMÁN SANTANDER y RODRIGO CUESTA MARIN, sino también de impedir su realización, puesto que éste era su deber derivado de su cargo y función, ya que fue asignado por el comandante de guardia como segundo hombre en la custodia de los retenidos. «El conocimiento efectivo de las torturas y el dominio del hecho del Agente PRADA se concluye de la narración de las víctimas y testigos que ya fueron descritas, en que afirman que otro policía veía y conoció de primera mano lo sucedido sin hacer absolutamente nada para impedir o detener las agresiones, y desde luego, de la circunstancia también probada documental y testimonialmente de que la otra persona encargada de la custodia de los detenidos junto al Agente TORO era el mismo Agente PRADA; sumado a lo anterior, es de resaltar la algarabía y gritos de auxilio que existieron durante los malos tratos ampliamente descritos por los testigos, que hace de (sic) suponer que los ruidos debieron llegar al Agente PRADA quien reconoció que estuvo prestando su servicio apoyando al Agente PRADA y que se ubicó en múltiples ocasiones junto a una reja existente en el pasillo que da a las celdas, y donde desde luego pudo observar y escuchar lo acontecido, tal y como lo describen los testigos recopilados en el expediente». 7 Radicación n.° 161 – 4929 Atendiendo lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, incurrió igualmente,

a título de dolo, en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 48 numeral 9 de la Ley 734 de 2002.

III. RECURSOS DE APELACIÓN Los apoderados de los disciplinados apelaron la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos: 1.- Apoderado del agente ALVEIRO TORO HERNÁNDEZ (fol. 1029 cuad.

Original 4). Afirma que los hechos configurativos de la falta disciplinaria endilgada a su representado, esto es, la tortura en las personas de GERMÁN GUZMÁN SANTANDER y RODRIGO CUESTA MARÍN, no se presentaron. En ese sentido el fallo se fundamentó en la existencia de pruebas testimoniales que a todas luces es irregular, máxime cuando los testigos eran personas privadas de la libertad y que por obvias razones tenían motivos para declarar en contra de su defendido, a tal punto que después variaron sus versiones. Sobre el particular, señala que el disciplinado TORO indicó que lo que existía era un complot debido a su estricto comportamiento frente a los desordenados procesados, puesto que no les permitió hacer lo que querían en el establecimiento carcelario. […] Lo anterior es congruente con la ausencia de dictamen pericial en el proceso disciplinario, máxime cuando fue imposible determinar la existencia o no de secuelas como consecuencia de las agresiones físicas y sexuales a que fueron sometidos los quejosos, lo cual fue subsanado por la Procuraduría como una constancia que se dejara en la queja presentada por el señor GERMÁN GUZMÁN SANTANDER ante el Grupo de

Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Quindio, un día después de los hechos investigados, haciéndose el siguiente relato: “El Agente contra quien instauro la queja recibió ayer a las 2:00 de la tarde, y al momento de sacarnos para el baño me golpeó dándome un puño en el pecho y con el bolillo me dio en la rodilla derecha. CONSTANCIA DEL DESPACHO, se deja constancia que al efectuársele una revisión minuciosa al quejoso este presenta pequeñas laceraciones en la rodilla izquierda, a la altura del muslo y hematomas en la espalda” No puede darse mayor valor probatorio a esta situación, en tanto, si bien es cierto estas laceraciones y hematomas estaban en uno de los quejosos, respecto al otro nada se dice, y además, los hechos de tortura se fundamentan en una golpiza propinada por otros reclusos, ante lo cual las reglas de la experiencia nos indican que cuando alguien es sometido a una paliza, necesariamente aparecen multiplicidad de heridas y lesiones, existiendo señales escasas de ello, que incluso podrían haber sido ocasionadas por los mismos quejosos, precisamente, obedeciendo a un complot frente a la autoridad de mi patrocinado […]. Por tal motivo se ha generado un vacío probatorio por parte del ente sancionador, el cual debe ser resuelto a favor del disciplinado. No existe una determinación clara de las lesiones propinadas a los quejosos y solo se cuenta con una pequeña laceración y unos hematomas. 8 Radicación n.° 161 – 4929 Luego de hacer alusión a la definición de tortura, el apelante asegura que no se

encuentra debidamente acreditada la situación subjetiva, pues el ente instructor ha fundamentado el fallo en meras especulaciones, pero en ningún momento se probó la existencia de una causa para someter a los quejosos a los tratos crueles. Inhumanos o degradantes, y mucho menos que dichos actos hayan existido. En consecuencia, toma relevancia la tesis esgrimida por la defensa respecto de la inexistencia de la tortura y la interpretación del complot, expuesta por el procesado en su versión libre, «puesto que uno de los quejosos se causó lesiones a sí mismo, para incriminar a una persona totalmente inocente, con la finalidad de generar una sanción, y la otra persona apoyó la misma versión, agregándole golpes en la cara que no se vieron en ningún momento, y que no se acreditaron con un dictamen médico legal». Dice que al existir dudas sobre la ocurrencia de la tortura, debe darse aplicabilidad a lo previsto en el artículo 9 del Código Disciplinario Único y, por ende, debe absolverse a su representado. 2.- Apoderado del subintendente FERNEY SUÁREZ TOVAR y del agente EVERTH PRADA DUSSAN (folio 1013 cuad. Original 4). Señala que el fallador de primera instancia desconoció y ni siquiera hizo mención de los testimonios que favorecen a sus defendidos, como el del propio ROBINSON CUESTA MARIN, JESUS ENRIQUE MEDINA, JOSE PEDRO ARARA MORALES, MARINO LONDOÑO LONDOÑO y JESUS ENRIQUE MEDINA, quienes dan cuenta de la no participación en los hechos de ningún otro policial diferente a TORO.

Tal situación contradice lo señalado en el numeral 4 del artículo 170 del Código Disciplinario Único, el cual es claro en cuanto a que se debe hacer un análisis y valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de alegaciones que se hubiesen presentado, recordando que conforme al auto del 13 de marzo de 2009, tal valoración se haría en el fallo de primera instancia, lo cual nunca ocurrió. Solo se argumentó y sustentó el fallo en razón a las pruebas que servían de soporte a la sanción. La valoración que se echa de menos de los testimonios antes referidos, conlleva a que se presente una duda que debe ser resuelta a favor de sus representados. No existe prueba que conlleve a la certeza para proferir fallo sancionatorio en contra de sus defendidos, pues existe incertidumbre sobre si en realidad estos tuvieron o no conocimiento de los malos tratos a que fueron sometidos los ciudadanos GERMÁN

GUZMAN SANTANDER y ROBINSON CUESTA MARÍN.

Afirma que de responsabilizarse a sus representados, la sanción disciplinaria no puede ser la misma que la del autor directo, pues en tal evento responderían por complicidad, en razón al silencio guardado. Asegura que se desconoció y ni siquiera se mencionó en el fallo el contenido del artículo 47 del Código Disciplinario Único sobre los criterios para la graduación de la sanción. 9 Radicación n.° 161 – 4929 Plantea las siguientes irregularidades que violarían el debido proceso y el derecho de defensa y, como tal, generarían nulidades de la actuación disciplinaria:

2.1. En el escrito de alegatos de conclusión, teniendo en cuenta que se había hecho una variación del cargo, pasando la falta de grave a gravísima, se solicitó respecto del disciplinado PRADA DUSSAN el derecho a ser escuchado en versión libre, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 92 del Código Disciplinario Único. Sin embargo, al momento de emitir el fallo el a-quo consideró que a la petición no se le daría trámite por cuanto la consideraba extemporánea y extraña a la naturaleza de los alegatos de conclusión, pues el término para tal diligencia precluía con el período de práctica de pruebas de descargos, concepto que contraría lo plasmado en la norma antes citada, que es clara en señalar que la versión se puede solicitar en cualquier etapa de la actuación, sin ningún tipo de limitación y menos bajo la interpretación que ha querido darle el fallador de primera instancia. Esta situación genera una nulidad por clara violación del derecho de defensa como parte integrante del debido proceso. 2.2. En el escrito de descargos presentado a favor de sus defendidos, solicitó se valorara el contenido de unas declaraciones que obraban a su favor, por cuanto entraban en contradicción con los testimonios de cargo, es decir, con los rendidos

por ASTRID BUTRON LÓPEZ, CLAUDIA QUINTERO CASTILLO, ANGEL JOSE

GRAJALES GUEVAR, JESUS ANTONIO LÓPEZ GIRALDO, ANCIZAR OSORIO TRUJILLO y JOSE FRANCISCO PEÑA NOSSA Al momento de resolver las solicitudes invocadas por la defensa, en auto del 13 de

marzo de 2009, se señaló que la valoración de tales declaraciones, serían atendidas en el fallo de primera instancia, lo cual nunca se hizo, en claro desconocimiento del principio de investigación integral, amén de que en el fallo tampoco se señaló el motivo por el cual se le daba credibilidad a los testigos de cargo. El desconocimiento del principio de investigación integral, conduce a la infracción al debido proceso y al