PGN - OBLIGACION DEL EMPLEADOR - Dotación de vestuario y calzado

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Incumplimiento de deberes OBLIGACIÓN LEGAL-Dotación de vestuario y calzado Deberá tenerse en cuenta que la apropiación presupuestal para dar cumplimiento al mandato legal relacionado con la dotación de vestuario y calzado a los empleados del Concejo de Villavicencio que tuvieran derecho a esta prestación, estaba asignada desde el 29 de enero de 2007, no obstante lo cual, según se acredita con prueba documental allegada al proceso por el disciplinado. ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional El artículo 5º del CDU establece que la antijuridicidad de la falta disciplinaria se agota con la afectación sustancial del deber funcional, sin justificación. Así, es una cuestión inobjetable que la responsabilidad disciplinaria está circunscrita a la afectación del deber funcional y por ello, para su estructuración, basta verificar que el sujeto pasible de la acción disciplinaria haya desconocido la norma subjetiva que lo determinaba a comportarse conforme al ordenamiento jurídico, no siendo esencial para efectos de estructurar la falta disciplinaria la verificación de algún resultado, toda vez que la naturaleza del derecho disciplinario se dirige a encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes. La afectación sustancial del deber funcional con la conducta desplegada por el disciplinado está demostrada por cuanto su actuar estuvo en contravía de los principios que gobiernan la función pública, entre ellos el de acatamiento y cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico. PRESTACIÓN SOCIAL-Incumplimiento de entrega

Lo anterior por cuanto, conforme está plenamente probado en el expediente, el disciplinado no dio cumplimiento, en la oportunidad prevista en la ley, esto es, en los meses de abril y agosto de 2007, a su obligación de suministrar las dotaciones de calzado y vestuario, a los empleados del Concejo de Villavicencio, que tenían derecho a esta prestación social. En este sentido, es preciso destacar que desde la imputación del cargo disciplinario, al segundo disciplinado se le enrostró el hecho de “no cumplir oportunamente con la obligación de suministrar la dotación… toda vez que solo se hizo entrega de dichas dotaciones en el mes diciembre…”, con lo que incumplió los deberes e incurrió en las prohibiciones contempladas en las normas referidas de la Ley Disciplinaria. Consecuente con lo anterior, en el fallo de primera instancia se le impuso la correspondiente sanción disciplinaria, por haberse demostrado el cargo, es decir, por encontrarse acreditado que en efecto, las dotaciones que debían haberse entregado en los meses de abril y agosto de 2007, sólo fueron entregadas en el mes de diciembre del mismo año, lo que significa que el

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co cumplimiento del deber se hizo en forma tardía y extemporánea, y que se retardó el despacho de los asuntos a cargo del disciplinado. Finalmente, el aspecto relativo a la responsabilidad del implicado en la omisión o retardo en

el cumplimiento de la mencionada prestación social, no ofrece duda alguna dentro de este proceso. Tanto es así que el disciplinado ha asumido siempre que sí era su obligación legal, en su calidad de ordenador del gasto del Concejo Municipal, realizar las gestiones tendientes a dar cumplimiento al suministro de dotación a los empleados del Cabildo que tuvieran derecho a ello. Y ha argumentado que sí dio cumplimiento a dicho deber. Lo que no logró demostrar fue que la entrega de las dotaciones de calzado y vestido de labor, se hubiera efectuado en las fechas establecidas por el legislador, esto es, para el 30 de abril y 30 de agosto de 2007. De ahí que no amerite reparo alguno, la calificación de la falta y el análisis de culpabilidad efectuado por el a-quo en la providencia recurrida.

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ADMINISTRATIVA

RADICACION: IUS 2008-259569 IUC D-2009-53-68807

DISCIPLINADOS: NORBEY GONGORA PARRA y JOSE HELI BAQUERO

MATEUS CARGO Y ENTIDAD: Presidentes del Concejo Municipal de Villavicencio QUEJOSO: Informe servidor público

FECHA HECHOS: Años 2006-2007

ASUNTO: Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C., enero 27de 2012 I.- ANTECEDENTES Una vez surtido el trámite procesal correspondiente, la Procuraduría Regional del Meta, mediante providencia calendada el 24 de agosto de 2011, profirió fallo de primera instancia dentro de este proceso, sancionando a los señores NORBEY GONGORA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.342.620 DE

Villavicencio, y JOSE HELI BAQUERO MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.304.538 de Villavicencio, en su condición de Presidentes del Concejo Municipal de Villavicencio, para los años 2006 y 2007, respectivamente,

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co con SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, convertible en salarios de acuerdo a lo devengado por honorarios para el momento de la comisión de la falta, al encontrarlos disciplinariamente responsables de falta grave, de conformidad con los artículos 34, numerales 1 y 15, y 35, numerales 1 y 7 de la Ley 734 de 2002, al no haber suministrado en forma completa y oportuna, la dotación de vestuario y calzado, a los empleados de dicha Corporación que tenían derecho a dicha prerrogativa, durante los años 2006 y 2007 (fls. 917-930, c.o. #5). Inconforme con la decisión, el disciplinado JOSE HELI BAQUERO MATEUS, interpuso recurso de apelación dentro de la oportunidad legal, mediante escrito presentado el 14 de septiembre de 2011 (fl. 936, c.o. #5). Por auto del 19 de septiembre de 2011, la Procuraduría Regional del Meta concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera

instancia, ordenando la remisión del expediente a esta Procuraduría Delegada (fl. 1035, c.o. #5). II.- DE LOS CARGOS La Procuraduría Regional del Meta, mediante auto del 01 de marzo de 2011, formuló cargos disciplinarios contra los señores NORBEY GONGORA PARRA y JOSE HELI BAQUERO MATEUS (fls. 846-856, c.o. #5). Los cargos disciplinarios que se imputaron a los señores GONGORA PARRA y BAQUERO MATEUS, en su calidad de servidores públicos, como Presidentes del Concejo Municipal de Villavicencio, se concretaron de la siguiente manera: A.- Al señor NORBEY GONGORA PARRA: “CARGO UNICO: En su condición de Presidente del Concejo Municipal de Villavicencio para la vigencia 2006, presuntamente incurre usted en conducta constitutiva de falta disciplinaria al incumplir con la obligación de suministrar la dotación de vestuario y calzado a los empleados de la Corporación que por cumplir con los requisitos exigidos por la ley tenían derecho a dicha prerrogativa, toda vez que quedó demostrado que pese a existir la partida presupuestal para dotación del personal, según se refleja en la Resolución No. 001 de enero 2 de 2006 (fl. 41 y 42), sólo se hizo entrega de una dotación en el mes de noviembre, cuando la ley exige

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que dicha dotación se debe dar cada cuatro meses; esto es los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada anualidad. Cabe precisar que la obligación que se le atribuye al disciplinado de suministrar la dotación a los empleados del cabildo municipal se origina en la condición de representante legal y ordenador del gasto que recae sobre la persona que ejerce la presidencia del Concejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 38 de 1989 (modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994) y el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Villavicencio vigente para la época (Acuerdo No. 002 de 2005)” (fl. 851, c.o. #5). Como normas infringidas se le citaron los artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, así como el artículo 34, numerales 1 y 15, y 35, numerales 1 y 7 de la Ley 734 de 2002. B.- Al señor JOSE HELI BAQUERO MATEUS: “CARGO UNICO: En su condición de Presidente del Concejo Municipal de Villavicencio para la vigencia 2007, presuntamente incurre usted en conducta constitutiva de falta disciplinaria al no cumplir oportunamente con la obligación de suministrar la dotación de vestuario y calzado a los empleados de la Corporación que por cumplir con los requisitos exigidos por la ley tenían derecho a dicha prerrogativa,

toda vez que quedó demostrado que pese a existir la partida presupuestal para dotación del personal, según se refleja en la Resolución No. 001 de enero 29 de 2007 (fl. 43 y 44), sólo se hizo entrega de dichas dotaciones en el mes de diciembre, cuando la ley exige que dicha dotación se debe dar cada cuatro meses; esto es los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada anualidad. Cabe precisar que la obligación que se le atribuye al disciplinado de suministrar la dotación a los empleados del cabildo municipal se origina en la condición de representante legal y ordenador del gasto que recae sobre la persona que ejerce la presidencia del Concejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 38 de 1989 (modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994) y el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Villavicencio vigente para la época (Acuerdo No. 002 de 2005)” (fl. 853, c.o. #5). Como normas infringidas se le citaron los artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co 1978 de 1989, así como el artículo 34, numerales 1 y 15, y 35, numerales 1 y 7 de la

Ley 734 de 2002. III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 24 de agosto de 2011, el Procurador Regional del Meta profirió fallo de primera instancia. En él, el a-quo consideró debidamente probados los cargos formulados a los disciplinados y en consecuencia procedió a sancionarlos, con SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, convertibles en salarios de acuerdo a lo devengado por honorarios para el momento de la comisión de la falta. La decisión sancionatoria está fundamentada, de la siguiente manera: Se sostuvo en primer lugar, que la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, establecen que los empleados del sector oficial cuya remuneración sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal y hayan cumplido más de tres (3) meses en el servicio, tienen derecho, cada cuatro meses, al suministro de un par de zapatos y un vestido de labor, cuya entrega debe efectuarse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. Se agregó que de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 38 de 1989, modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994, y el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Villavicencio (Acuerdos No. 004 de 2001 y 002 de 2005), la representación de la Corporación está en cabeza de su Presidente, quien además es el ordenador del gasto, y por ende, le corresponde “autorizar la compra de la dotación para el personal de la entidad”1.

Y que de acuerdo con la queja y las pruebas allegadas al proceso, se estableció que para la vigencia 2006, cuando se desempeñaba como Presidente del Concejo de Villavicencio el señor NORBEY GONGORA PARRA, pese a existir la partida presupuestal para dotación del personal, sólo se hizo entrega de una dotación, en el mes de noviembre, tal como lo certificó el Secretario General de esa Corporación. Así mismo, se sostuvo en el fallo apelado, que quedó demostrado que para el año 2007, cuando se desempeñaba como Presidente del Concejo de Villavicencio el señor JOSE HELI BAQUERO MATEUS, no obstante existir el rubro presupuestal para dotación de personal, las dotaciones de vestuario y calzado no se entregaron oportunamente, en las fechas establecidas por la ley, pues sólo se hizo entrega de las mismas en el mes de diciembre. 1 Folio 922, c.o. #5.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Con lo anterior, estimó el a-quo, los disciplinados, además de infringir los preceptos generales de la función pública consagrados en los artículos 6 y 209 de la Carta Política, incumplieron los deberes y violaron las prohibiciones previstas en los numerales 1 y 15 del artículo 34, y 1 y 7 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior significa, a juicio del a-quo, que incurrieron en falta disciplinaria, en los

términos del artículo 23 del CDU. El a-quo desestimó los argumentos defensivos de los disciplinados, sosteniendo, respecto de los presentados por el señor GONGORA PARRA, que el cargo imputado no presenta la vaguedad o ambigüedad que alega el implicado, en la medida en que “el Despacho fue claro, preciso y concreto al momento de formular cargos, pues en los mismos se plasmó sin lugar a equívoco alguno cual era la conducta o comportamiento por el cual se le enrostraba una presunta responsabilidad disciplinaria a los implicados, cuáles eran las pruebas que demostraban objetivamente las faltas y cuáles eran los fundamentos fácticos y jurídicos que permitían hacer valer los juicios de reproche disciplinario”2. También se afirma en el fallo que el implicado GONGORA PARRA, en ningún momento niega lo sucedido, ni expone causal alguna que justifique su actuar, lo que da la certeza en el sentido “que efectivamente cometió la falta que se le imputó en el pliego de cargos; esto es, el no cumplir completa y oportunamente con la obligación que tenía como presidente del Concejo Municipal de suministrar la dotación de vestuario y calzado a los empleados de la Corporación”3. En relación con el disciplinado BAQUERO MATEUS, se sostiene en el fallo de primera instancia que la defensa se ha orientado a afirmar que su defendido cumplió con la obligación de adquirir y entregar de manera completa la dotación exigida por la ley. Sin embargo, a juicio del a-quo, lo que se le reprocha es que “dicha dotación se entregó tardíamente, es decir, no se hizo dentro de los términos señalados en la Ley

70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989 (en los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año), pues según la certificación expedida por el Secretario General del Concejo Municipal de Villavicencio, Dr. HUMBERTO RANGEL ESCOBAR, en el año 2007 se realizó la entrega de tres dotaciones en el mes de diciembre (fls. 35 y 36), lo cual implica vulneración de los deberes que le asistían y que finalmente se traduce en un perjuicio para quienes presentaron la queja, en tanto el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley para la entrega de la dotación 2 Folio 926, c.o. #5. 3 Folio 926, c.o. #5.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co deriva, indudablemente, en costos que no debe asumir el trabajador y a la postre en un ineficiente ejercicio de sus funciones”4 Para el a-quo, la conducta en que incurrieron los disciplinados constituye FALTA GRAVE, atendiendo la jerarquía y mando de los servidores públicos, así como la vulneración de los derechos de los trabajadores. De igual manera, se consideró cometida a título de CULPA GRAVISIMA, en la medida en que implicó una “desatención elemental de sus deberes funcionales y con violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento, esto es, las normas que prevén el suministro completo y oportuno de la dotación a los empleados del Concejo Municipal”5.

DE LA APELACIÓN Con memorial radicado el 14 de septiembre de 2011, el disciplinado JOSE HELI BAQUERO MATEUS, obrando en causa propia, interpuso y sustentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (fl. 936, c.o. #5). Básicamente, el apelante argumentó: “Lo expuesto en la providencia de primera instancia es mentira puesto que yo sí entregué la dotación que me correspondía entregar en mi período como Presidente del Concejo de V/vcio”6. Con el fin de acreditar su afirmación, el apelante aportó copias de los pagos hechos al Almacén La Roca, “donde consta el pago de 3 dotaciones que corresponden por año” (fls. 937 a 1031 del c.o. #5), insistiendo en que “estas pruebas habían sido entregadas a la Procuraduría”. Vale anotar que el disciplinado NORBEY GONGORA PARRA, no interpuso recurso alguno contra la decisión de primera instancia, razón por la cual, en lo que a él corresponde, constituye una decisión ejecutoriada, en firme, de la que no se ocupa esta decisión de segunda instancia. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS El presente asunto se originó en la queja radicada el 14 de septiembre de 2007, inicialmente ante la Contraloría Municipal de Villavicencio, por un grupo de 4 Folio 927, c.o. #5. 5 Folio 928, c.o. #5. 6 Folio 936, c.o. #5.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co empleados del Concejo Municipal de Villavicencio, en la que denunciaron el incumplimiento por parte de esa Entidad, “de la dotación del personal de nómina que laboró y labora actualmente en esta Corporación”7. Mediante Oficio del 05 de octubre de 2007, la Contraloría Municipal de Villavicencio, corrió traslado de la queja a la Procuraduría Regional del Meta8 Señalaron los quejosos que habían solicitado al Presidente del Concejo Municipal de Villavicencio, el cumplimiento de ese derecho, sin que hasta la fecha de la queja se hubiere procedido al pago del mismo, a pesar del reconocimiento expreso en el sentido que el derecho les asistía. Para acreditar lo anterior, anexaron copias de las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Corporación, en el mes de mayo de 2007, así como la respuesta dada por el señor JOSE HELI BAQUERO MATEUS, en su calidad de Presidente del Concejo, mediante Oficio No. 199-2007 del 16 de mayo de ese año9. Corresponde ahora determinar si con los elementos probatorios recaudados en primera instancia, resulta viable confirmar la decisión adoptada, o si por el contrario, se encuentra desvirtuado el cargo imputado al disciplinado BAQUERO MATEUS. Al expediente aparece acreditado:

1. Que el señor JOSE HELI BAQUERO MATEUS, identificado con la C.C. No. 17.304.538 de Villavicencio, se desempeñó como Presidente del Concejo

Municipal de Villavicencio, durante la vigencia de 2007, a partir del 10 de marzo de esa anualidad10.

2. Que mediante Resolución No. 001 del 29 de enero de 2007, el Concejo Municipal de Villavicencio ordenó desenglobar el presupuesto de gastos de esa Corporación, incluyendo dentro del rubro GASTOS GENERALES, la partida No. 21020105 denominada “DOTACION DE PERSONAL”, por valor de $12.000.000,oo11. 7 Folio 3, c.o. #1. 8 Folio 2, c.o. #1. 9 Folios 5-8, c.o. #1. 10 Folio 14, c.o. #1. 11 Folios 17-18, c.o. #1.

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3. Que durante la vigencia 2007, a los empleados del Concejo de Villavicencio que cumplían los requisitos de ley para acceder a dotación de vestuario y calzado “se les hizo entrega de tres dotaciones en el mes de diciembre de 2007”, conforme lo certificó el Secretario General de esa Corporación12.

4. Del análisis del material probatorio recaudado, se puede concluir que: 4.1. Resulta claro para los efectos de este proceso, pues de esta premisa parte el fallo de primera instancia, que para la vigencia 2007, el Concejo Municipal de Villavicencio sí entregó la dotación de vestuario y calzado a

los empleados de la Corporación con derecho a ello, sólo que “dicha dotación se entregó tardíamente, es decir, no se hizo dentro de los términos señalados en la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989…”13. (se ha subrayado). 4.2. A su turno, el recurrente centra su inconformidad con la decisión de primera instancia en que él sí entregó la dotación que le correspondía entregar en su período como Presidente del Concejo de Villavicencio, sin entrar a controvertir ni a justificar la extemporaneidad con que fue cumplida dicha prestación social. 4.3. El artículo 1º de la Ley 70 del 19 de diciembre de 1988 consagra: “Artículo 1º.- Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente, Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora”. 4.4. Por su parte, el Decreto 1978 de 1989 dispone: Artículo 1º.- Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y

sociedades de economía mixta tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales; tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo. 12 Folio 35, c.o. #1. 13 Folio 926, c.o. #5.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Artículo 2º.- El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del mismo en ningún caso”. (se ha destacado). 4.5. Analizados los argumentos del recurrente, es preciso colegir que el aspecto relacionado con la falta de entrega de la dotación de calzado y vestido de labor a los empleados del Concejo de Villavicencio que tenían derecho a esta prestación de orden legal, no se le ha cuestionado al señor BAQUERO MATEUS en el proceso que nos ocupa. 4.6. Basta con analizar el cargo imputado y la decisión de primera instancia que ahora se recurre, para corroborar que lo que se le ha cuestionado en esta actuación disciplinaria al señor BAQUERO MATEUS es que no haya cumplido “oportunamente con la obligación de suministrar la dotación de vestuario y calzado a los empleados de la Corporación… toda vez que quedó demostrado que pese a existir la partida presupuestal para dotación

de personal…solo se hizo entrega de dichas dotaciones en el mes de diciembre, cuando la ley exige que dicha dotación se debe dar cada cuatro meses; esto es, los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada anualidad”14. 4.7. Así las cosas, para el Despacho es claro que lo que pretendió controvertir el disciplinado BAQUERO MATEUS en el curso del proceso disciplinario, y ahora cuestiona en sede del recurso de alzada, es decir, el hecho de haber entregado las mencionadas dotaciones, no es materia de discusión en esta actuación. Y en relación con el tema objeto de cuestionamiento disciplinario, esto es, la extemporaneidad con que se cumplió la prestación social en referencia, ningún argumento defensivo, explicación o justificación ha presentado el recurrente, razón por la que se ha de compartir la conclusión a la que llegara el a-quo, en el sentido que en el presente caso el implicado incurrió en falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes (artículo 34, numerales 1 y 15 de la Ley 734 de 2002), e incursión en prohibiciones (artículo 35, numerales 1 y 7 ibídem), normas éstas que le imponían el deber de “cumplir y hacer que se cumplan” las disposiciones contenidas en la normatividad legal vigente, así como la prohibición de incumplir tales deberes y “omitir, negar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo”. 4.8. Deberá tenerse en cuenta que la apropiación presupuestal para dar cumplimiento al mandato legal relacionado con la dotación de vestuario y

14 Folio 853 y 920 y 923, c.o. #5.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co calzado a los empleados del Concejo de Villavicencio que tuvieran derecho a esta prestación, estaba asignada desde el 29 de enero de 2007, no obstante lo cual, según se acredita con prueba documental allegada al proceso por el disciplinado, la primera orden de suministro (No. 010 del 21 de noviembre de 2007, que tenía por objeto “el suministro de dos (2) dotaciones de los funcionarios correspondiente al período de enero a agosto de 2007”, fue suscrita por el disciplinado el 21 de noviembre de 2007, conforme consta en documento visible a folios 1013-1014, c.o. #5 del expediente. (se ha subrayado). 4.9. El hecho de haber contratado el suministro de las dotaciones que debían entregarse el 30 de abril y 30 de agosto de 2007, sólo hasta el 21 de noviembre de ese año, prueba de manera fehaciente que la entrega de dichas dotaciones a los empleados del Concejo que por ley tenían derecho, se hizo de manera tardía. 4.10. Así mismo, las órdenes de suministro No. 011 y 012 de 2007, están fechadas el 30 de noviembre y el 01 de diciembre de 2007, según consta a folios 941 y 981 c.o. #5 del expediente, lo que evidencia que sólo hasta

esta época, se realizó el trámite relacionado con la adquisición y entrega de las dotaciones aludidas en este proceso. 4.11. De lo anterior se desprende que en el expediente aparece demostrado, en grado de certeza, el incumplimiento por parte del disciplinado, del deber contenido en la normatividad vigente (Ley 70 de 1988 y Decreto 1978 de 1989), en lo relacionado con el suministro de la dotación de vestuario y calzado a los empleados del Concejo de Villavicencio que tuvieran derecho a esta prestación legal, en la oportunidad establecida por la ley, esto es, para el 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2007. 4.12. Como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia, la prestación social en referencia, fue creada en beneficio de cierta clase de trabajadores - los de menores ingresos -, con el fin de permitirles el uso del vestido de labor y calzado apropiados para laborar, disminuyendo los gastos en que éstos incurren para adquirir tales elementos. Por ello, conforme lo ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el objetivo de esta dotación es que se utilice en las labores contratadas, careciendo de sentido su suministro al momento en que el trabajador sea retirado.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 – Ext. 10831 FAX Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co 4.13. El artículo 5º15 del CDU establece que la antijuridicidad de la falta

disciplinaria se agota con la afectación sustancial del deber funcional, sin justificación. Así, es una cuestión inobjetable que la responsabilidad disciplinaria está circunscrita a la afectación del deber funcional y por ello, para su estructuración, basta verificar que el sujeto pasible de la acción disciplinaria haya desconocido la norma subjetiva que lo determinaba a comportarse conforme al ordenamiento jurídico, no siendo esencial para efectos de estructurar la falta disciplinaria la verificación de algún resultado, toda vez que la naturaleza del derecho disciplinario se dirige a encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes. 4.14. La afectación sustancial del deber funcional con la conducta desplegada por el disciplinado está demostrada por cuanto su actuar estuvo en contravía de los principios que gobiernan la función pública, entre ellos el de acatamiento y cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico. Sobre la ilicitud sustancial y su relación con principios constitucionales ha señalado la Corte Constitucional: “Cabe recordar en ese sentido que constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho, la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación

administrativa y el cabal desarrollo de la función pública. En el cumplimiento de esos cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., arts. 6o. y