PGN - OBRAS ADICIONALES - Se generaron sin variación del precio inicial pactado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL-Liquidación de contrato bajo la modalidad de llave en mano ACCION CONTRACTUAL-Fundamento legal CONTRATOS ESTATALES-Objeto y finalidad según jurisprudencia del Consejo de Estado CONTRATO LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL-Características Que dicha modalidad implica que el contratista a cambio de la prestaciones a que se compromete obtiene como remuneración, una suma global fija en la cual estaban incluidos sus honorarios, y es el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo. OBRAS ADICIONALES-No se varió el precio del contrato principal/ OBRAS ADICIONALES-No demostró el desequilibrio económico del contrato de obra, ni daños ocasionados con esa situación MAYOR VALOR DE OBRA CONSTRUIDA-Si se reconocen, pues se debieron a solicitudes de inclusión de espacios, presentadas por la parte contratante OBRAS ADICIONALES-Se generaron sin variación del precio inicial pactado. Que con ocasión de las mismas, se presentó desfases en los tiempos de ejecución del contrato, por lo cual las partes suscribieron las correspondientes prórrogas bajo la cláusula de otros si, tanto del contrato de obra, como de la interventoría. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02

CONCEPTO No. 039

Bogotá, D.C. 20 de marzo de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora María Adriana Marin.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000201100791 02 (60332)

ACCIÓN: Contractual

ACTOR: Patricia Molina Fonseca y Otros

DEMANDADO: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.

Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida /Contrato de Obra Pública, Equilibrio Económico del Contrato/ Contrato Llave en Mano/ Equilibrio Económico del Contrato / Mayor permanencia en la etapa de construcción/ Mayor área construida/ Reajuste del valor del contrato/ El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. La señora Patricia Molina Fonseca y otros, por intermedio de apoderado judicial legalmente constituido, en ejercicio de la acción contractual contra el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., con el fin de que se declare:

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 1.1.1. Que se liquide el contrato estatal No. 2230 de 2006. 1.1.2. Se declare patrimonialmente responsable a la entidad pública demandada de los perjuicios causados a los miembros integrantes del CONSORCIO PUENTE ARANDA 2007, porque incumplió el contrato de obra No. 2230 del 2006 por la violación del principio de planeación, representados en obras no previstas debidamente actualizadas, costos derivadas de la ampliación de pólizas por causas no imputables al contratista, mayor valor de obra por mayor área ejecutada, sobrecostos administrativos derivados del mayor tiempo invertido en la etapa de estudios y diseños por causas no imputables al contratista, sobrecostos administrativos durante el mayor tiempo de obtención de licencias, implantación y construcción no imputables a la actividad del contratista, actualización de precios y el saldo insoluto del precio del contrato estatal, prejuicios que dada la conmutatividad del contrato no deben quedar sin retribución económica alguna. 1.1.3. Se declare que la entidad es responsable del restablecimiento del equilibrio económico del contrato ante la necesidad de actualizar y/o ajustar los precios del contrato de obra No. 2230 del 2006, como consecuencia de las variaciones de precios de los insumos. 1.1.4. Se declare que la entidad demandada incumplió con el principio de planeación contractual, al estimar la ejecución del contrato en un plazo inicial de tiempo considerablemente menor a la ejecución real, que no se cumplieron por razones

ajenas al contratista, obligándolo a permanecer mayor tiempo en la obra (de 17 a 33 meses de ejecución) generando sobrecostos administrativos y financieros en detrimento de su patrimonio, y por ende debe ordenarse el reconocimiento y pago de estos perjuicios dada la conmutatividad del contrato estatal No. 2230 de 2006. 1.1.5. Que se declare que la entidad es responsable de los perjuicios pretendidos bajo los títulos de imputación desarrollados y en últimas, en virtud del título de 3

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 imputación del no enriquecimiento sin causa contractual, por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. 1.1.6. Al pago de la suma de $5.003.996.693 por los siguientes conceptos Obras no previstas debidamente actualizadas, $1.281.863.453,06, mayor valor del contrato por asumir costos derivados de la ampliación de pólizas por causas no imputables al contratista $41.594.028,94, mayor valor de obra por mayor área ejecutada $126.344.449,90, sobrecostos administrativos derivados del mayor tiempo invertido en la etapa de estudios y diseños por causas no imputables al contratista $692.555.000,00, sobrecostos administrativos durante el mayor tiempo de obtención de licencias, implantación y construcción no imputables a la actividad del contratista $1.267.384.825,20 y actualización de precios

$1.594.254.937,00. 1.1.7. Se condene en costas y gastos del proceso a la entidad pública demandada 1.1.8. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 26 de abril de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, manifestando en síntesis lo siguiente: 1.2.1. Caducidad de la acción Las partes liquidaron por mutuo acuerdo el contrato de Obra No. 2230 de 2006 el 14 de abril de 2002, razón por la cual el contratista disponía de 2 años contados a partir de esa fecha para demandar. 4

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 En consecuencia dado que la demanda se presentó el 29 de julio de 20011 y el término de caducidad vencía el 29 de julio de 2013, resulta razonable concluir que la acción se propuso dentro del término previsto en la ley, numeral 10 del artículo 136 del Código Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Norma aplicable al presente asunto. 1.2.2. Hechos probados  Durante la ejecución del contrato No. 2230 de 2006 efectivamente el contratista Consorcio Puente Aranda 2007 debió construir mayor cantidad de obra y permaneció mayor tiempo en la etapa de construcción de las edificaciones,

circunstancias que difieren de las condiciones pactadas entre las partes.  Se evidencia que las prórrogas respecto de la ampliación en el plazo, fueron concedidas a solicitud del contratista, así las cosas no se vislumbra un perjuicio económico al Consorcio.  El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. durante el proceso de licitación iniciado con el fin de contratar la construcción de la Estación de Policía y la Unidad de Justicia Permanente de Puente Aranda, no incluyó la ejecución de las obras que se debían ejecutar para la demolición de las edificaciones que estaban en los predios en los que se construirían las obras a contratar.  Tanto el contratante como el contratista de manera voluntaria decidieron suscribir el otros si, por medio del cual el segundo asumió sin reparo alguno, la obligación de ejecutar las obras relacionadas con el trámite de la licencia de demolición y la posterior demolición de las bodegas que se encontraban en el predio a intervenir, del texto de la mencionada prórroga se lee que el contratista asumió la ejecución de las mismas sin variar el valor del contrato principal, es más ninguna manifestación hace al respecto del monto a reconocer como consecuencia de las obras de demolición, por tanto se entiende que las mismas están cubiertas por el presupuesto inicial pactado en el contrato. 5

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02  Se precisa que la entidad contratante como directora del contrato puede requerir al contratista obras adicionales, que sean necesarias para la adecuada ejecución

del objeto contractual, lo que consta en los documentos y actas, que fueron revisados, aprobados y suscritos por la interventoría como del supervisor, los cuales constituyen actos modificatorios del contrato, que contempla las obras adicionales exigidas por la entidad contratante y ejecutada a cabalidad por el contratista, pero que de acuerdo con la modalidad de pago acordado por las partes esto es, llave en mano y/o a precio fijo-global se entiende que dichas obras están incluidas en el valor del contrato.  Adicionalmente, se advierte que la accionada estimó ventajoso contratar las obras de demolición con posterioridad a la etapa de ajuste a los diseños, licencia de construcción y aprobación del plan de implantación del proyecto por razones de seguridad, a fin de prevenir la invasión del predio y por economía toda vez que las obras de demolición generarían ingresos para el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Por lo tanto, la demandada recibió cotizaciones propuestas relacionadas con los trabajos de demolición requeridos, proceso dentro del cual participó el Consorcio Puente Aranda 2007, empresa que al final se le adjudicó el contrato de demoliciones por haber sido la propuesta presentada por ellos la más favorable económicamente.  Lo anterior se fundamenta en el hecho que el Consorcio Puente Aranda 2007 presentó oferta por concepto de obras de demolición por un valor de $66.000.000, suma que ganaría el fondo por las obras de demolición, por ello se presume que de ese valor ofertado la empresa había excluido la ganancia económica neta que obtendría por la ejecución de las citadas obras.

 A pesar que se presentaron hechos no imputables al contratista que dieron lugar a la ejecución de obras no acordadas en el contrato primogénito, no se demostró una ruptura de equilibrio económico del contrato de obra pública No. 2230 de 2006, ni daños con ocasión de esa situación y, al contrario, si se probó la adopción conjunta y de mutuo acuerdo de las medidas necesarias para superar 6

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 las dificultades que se presentaron con el fin de obtener la ejecución del objeto contractual.  Tanto en el pliego de condiciones como en el contrato No. 2230 de 2006, se indicó que la extensión del terreno a construir era mínimo de 10.114 m2 y máxima de 10.164 m2. Sin embargo el contratista construyó un total de 10.454.25 m2, es decir 290.25 m2 construidos demás, los cuales fueron ejecutados en virtud de las constantes solicitudes de ampliación, modificación, inclusión de espacios y áreas, a solicitud del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, y por sugerencia de la Policía Metropolitana, eso se observa en las actas de comité de obra y en las diferentes misivas intercambiadas entre las partes, mayor área construida que fue recibida a satisfacción por la entidad demandada, como se verifica con el acta de liquidación final de obra. Y de las declaraciones rendidas por los arquitectos que ejercieron la interventoría del contrato No. 2230 de 2006, personas que tuvieron

conocimiento de los hechos que se debaten en la presente acción.  La mayor permanencia en la obra se fundó esencialmente en causas no imputables al contratista, tal y como lo afirmo, la entidad contratante y la empresa interventora. Pues la entidad contratante efectuó un cálculo de tiempo desajustado a las normas que regulan el tema de licencias y plan de implementación y licencia.  No se ordenará reconocimiento de suma alguna, por el mayor tiempo de la etapa del plan de implementación de manejo y licencias de demolición y de construcción, pues conforme a las normas que son de orden público, los demandantes debieron hacer en sus momentos las observaciones y objeciones respecto del término considerado por la entidad contratante en el pliego de condiciones para adelantar la etapa del plan de implementación y manejo y de la solicitud de las licencias de demolición y construcción.  En consecuencia se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, en particular al ajuste de precio y mayor área construida, por tanto ordenará al 7

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. pagar por esos conceptos al contratista valores que serán debidamente actualizados.  La Sala aceptará la propuesta de reajuste de precios al contrato No. 2230 de 2006 realizada por la empresa interventora PAYC S.A. por encontrarla ajustada con el índice de Precios para Edificaciones Nuevas.  Por lo tanto el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, deberá cancelar por concepto de reajuste del valor del contrato No. 2230 de 2006 al Consorcio Puente

Aranda 2007 la suma de $1.162.800.667 y en relación con el capital adeudado por concepto de mayor área construida, a 14 de abril de 2011 (fecha de la liquidación del contrato) $348.002.797/m2, valor actualizado igual a $496.533.596 y respecto a los Intereses moratorios $199.120.211 para un Total de $1.858.454.474.  Mediante sentencia del 12 de julio de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió la solicitud de complementación de la sentencia presentada por el apoderado de la parte demandante, en el sentido de corregir un error aritmético del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 26 de abril de 2017, relacionado con la liquidación de los intereses moratorios, debido a que estos debían liquidarse desde el 14 de abril de 2011 hasta el 26 de abril de 2017, es decir 6 años, tal y como se estableció en la parte motiva, por lo tanto el valor que debe cancelar el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. al Consorcio Puente Aranda 2007 por concepto de intereses moratorios es de $1.194.721.266. Así las cosas, el valor total a pagar es de $2.854.055.629. 1.3. Argumentos de la apelación. El apoderado del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, sustentó recurso de apelación, señalando que dicho fallo está lleno de contradicciones en cuanto condena al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, sobre bases que no están de acuerdo con los principios contractuales que se pactaron en el

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 contrato de obra No. 2230 de 206 entre el FVS y el Consorcio Puente Aranda 2007, partiendo de la base que es un contrato llave en mano, con base en los siguientes hechos:  Que se estableció la no vulneración del principio de planeación del contrato, y por lo tanto se negó la pretensión, no se aceptó la pretensión por mayor permanencia en la etapa de construcción, no se aceptó la pretensión con respecto al plan de implementación y tampoco se aceptó la pretensión de liquidación de obras adicionales.  La figura del interventor del contrato, es este caso la firma PAYC S.A. no puede ser declarada libre de cualquier responsabilidad en el caso de ser condenado el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, de las aprobaciones efectuadas de la obra en cuanto el reajuste de precios condenatorios en la sentencia, cuando en el acta de liquidación del 14 de abril de 2011, no aprueba ni indica el presunto reajuste del valor del contrato, determinando una responsabilidad de la ejecución del contrato y su aprobación a los requisitos legales pactados entre las partes de un contrato bajo la modalidad de contrato llave en mano. Por ello, los interventores responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto a los cuales hayan ejercido funciones de interventoría.  Por otro lado, para la condena del reajuste del valor del contrato no se sopeso

aspectos como: Si el contratista diseña la obra y conoce las condiciones del terreno, entornos, etc., como puede indicar que existen imprevistos? 9

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 Al existir condiciones contractuales acorde con el ordenamiento jurídico del contrato llave en mano, los riesgos los corre el contratista al aceptar voluntariamente este tipo de contratación. En estas condiciones se puede afirmar que se busca un incremento patrimonial no justificado, así como desconocer las condiciones contractuales pactadas. Por estas razones se solicita revocar la sentencia del 26 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por lo tanto negar las pretensiones de la demanda.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá  ¿Teniendo en cuenta que la interventoría tiene como objetivo supervisar, controlar y vigiar las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, presupuestales y financieras establecidas en los contratos, no debe responder en caso de que la accionada sea condenada? 2.1.2. Problemas planteados por el Ministerio Público:  ¿Atendiendo la modalidad del contrato “Llave en mano” en virtud del cual un contratista se obliga frente a un contratante, entidad estatal a cambio de un precio, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra o proyecto determinado,

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 a cambio de un valor fijo global, no debe tenerse como incluido dentro del mismo las obras adicionales y los demás trámites administrativos en los que incurrió el contratista?  La mayor área construida por solicitud de la parte contratante debe entenderse fuera del contrato llave en mano, pues se excedió respecto de las condiciones iniciales, lo que significa que el valor no estaba incluido en el valor inicial pactado? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 2.2.1. La acción de controversias contractuales. La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, que señala: “ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,

según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”. 11

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 2.2.2. El objeto de los contratos estatales. Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado1: “El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el

fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la

economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.” Por su parte la ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece en su artículo 32 lo concerniente a los contratos estatales: 1 Sentencia del 31 de agosto de 2011, rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080), M.P. Doctora Ruth Stella Correa Palacio. 12

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Expediente No. (60332) 250002326000201100791 02 Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación 1o. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente

estatuto. "Contrato llave". «…este contrato conocido también en su denominación inglesa como "turnkey contract", o francesa como “clé en main”, es aquel en que el contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio de un precio, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra determinada que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente. Otras prestaciones que siempre están presentes en los contratos "llave en mano", formando parte de la obligación global del contratista son: el suministro de materiales y maquinaria; el transporte de los mismos; la realización de las obras civiles; la instalación y montaje, y la puesta a punto y en funcionamiento de la obra proyectada. En determinados casos, también es posible incluir en este tipo de contrato otras obligaciones posteriores a la ejecución de la obra, como la formación de personal y la asistencia técnica (...)» Características del "contrato llave" «(...) 1. El contrato "llave en mano" a diferencia del contrato tradicional implica la celebración de un solo y único contrato realizado entre el cliente y el contratista. Generalmente, en la selección de este tipo de contratos ejerce una influencia decisiva la tecnología implicada en el proyecto que se pretende realizar y que se va a manifestar no solo en los planos y especificaciones técnicas sino también en los derechos de propiedad industrial implicados en el proceso de producción y, en determinados casos, en la formación de personal y en la asistencia técnica proporcionada por el contratista.

2. El hecho de que en los contratos "llave en mano", el contratista asuma la concepción y la ejecución de la obra condiciona en algunos casos el procedimiento de adjudicación del

contrato, generalmente un procedimiento restringido o negociado, sino también la determinación del objeto y la función del cliente o de su ingeniero. 13

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3. A diferencia de los contratos tradicionales de construcción, en los contratos "llave en mano" la elaboración detallada del proyecto tiene lugar una vez concluido el contrato, circunstancia esta que justifica conceder al contratista un derecho a introducir modificaciones en sus planos, a su propio coste y riesgo y siempre que se respeten los parámetros contractuales acordados (calidad, cantidades de materias primas, rendimientos, alcance del proyecto, exigencias del servicio, etc.), sin que sea necesaria a tal efecto la propia aprobación del cliente

4. Esta estructura sobre la que descansa el contrato "llave en mano", y que ha revolucionado ciertamente la industria de la construcción, implica a su vez una pérdida de control sobre el proyecto por parte del cliente y una reducción considerable en las funciones del ingeniero que en este tipo de contratos actúa generalmente como representante del cliente, siendo posible incluso en los casos más extremos que se prescinda de su participación.

5. Finalmente, la obligación global que se deriva de los contratos "llave en mano" para el contratista influye de manera decisiva en la determinación del precio, que no puede ser, más que un precio mayor o alzado2

Por su parte doctrinantes extranjeros como CARLOS FELIPE SANTACRUZ O3. manifiesta que "[e]l contrato <<llave en mano>> o <<turnkey contract>> (en términos del

derecho anglosajón), es aquel en virtud del cual un contratista se obliga frente al cliente o contratante (en derecho público ante la entidad estatal contratante), a cambio de un precio, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra o proyecto determinado", agregando que "[l]a dinámica de la realización de grandes obras y proyectos (,) conlleva necesariamente a que la contratación de las mismas deba ser adecuada y concomitante con estas nuevas realidades. Las nuevas técnicas de construcción, los avances de la tecnología y demás descubrimientos que enriquecen al mundo contemporáneo hacen que la contratación en estas materias adopten formas igualmente novedosas y actuales, que si bien tienen origen en la misma fuente – la voluntad de las partes - rompen esquemas tradicionales de contratación y dan surgimiento a nuevas estipulaciones contractuales…La muestra de ello lo constituye en materia de obras civiles y de infraestructura el denominado <<contrato llave en mano>>, en donde una de las partes (el contratista ) asume la obligación de ejecutar todo tipo de actividades (diseños, obras, suministros, transporte, equipos, personal especializado, financiación) y de incorporar materias o áreas involucradas (ingeniería civil, hidráulica, mecánica, etc.), en la ejecución de un <<gran proyecto>>, respondiendo a su vez por las mismas y entregando en un plazo determinado la totalidad del mismo, <<listo para funcionar>>…". Continúa este Autor señalando que, "[s]obre el origen o surgi