PGN - OMISIÓN - Aspectos

Procurador General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Expedición del certificado en materia de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO-El parágrafo primero del artículo 30 de la Ley 101 de 1993 es violatorio del orden constitucional …La expedición del certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad en materia de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, para demandar por vía ejecutiva el pago de la misma, vulneró el debido proceso …Sin embargo, a pesar de lo antes expresado y teniendo en cuenta que los principios de presunción de constitucionalidad de las leyes y de legalidad de los actos administrativos hacen viable la aplicación del parágrafo 1° del artículo 30 de la Ley 101 y los artículos 1, 3 y 4 del Decreto 2025 de 1996 -especialmente para los casos en los cuales cada una de las leyes que haya creado o cree la contribución parafiscal agropecuaria o pesquera específica guarde silencio o no regule de manera clara el tema de la determinación de las obligaciones incumplidas, el monto de la deuda, y sobre todo, lo correspondiente a las garantías procesales que se deben tener en cuenta para dicha determinación, incluyendo lo relacionado con el derecho de defensa que le asiste al presunto evasor o deudor incumplido-, se observa que dicho parágrafo legal es violatorio del orden constitucional en lo que se refiere a los principios de legalidad y certeza tributarios, en concordancia con la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas, incluidas las de carácter contributivo, de acuerdo con lo establecido al respecto en los artículos 29 y 338 de la

Carta Política. Lo anterior se percibe así, porque la fijación de los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, lo que incluye la determinación de sus responsabilidades por evasión o no pago de deudas aplicando para ello el debido proceso, debe hacerse directamente mediante ley y en forma clara y precisa, para que no se genere inseguridad jurídica o abuso de la autoridad en la determinación de las obligaciones contributivas, como podría llegar a suceder con la aplicación de la norma demandada dentro del presente proceso por falta de claridad en lo que se refiere a la manera o procedimiento que se debe aplicar para efectos de determinar si hubo o no incumplimiento de obligaciones parafiscales agropecuarias o pesqueras por parte de los sujetos pasivos y el monto de las mismas, con el fin de buscar su cobro por la vía judicial ejecutiva; confusión que incluye lo correspondiente a la garantía del derecho de defensa del presunto evasor o deudor contributivo incumplido, porque en ninguna parte del parágrafo 1° del artículo 30 de la Ley 101 de 1993, ni en el resto de dicha ley, se define lo que se echa de menos en la norma acusada. DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO-Violación del derecho de defensa …Es decir, en el presente caso la norma cuestionada daría para determinaciones unilaterales de obligaciones tributarias incumplidas para ser cobradas por la vía judicial ejecutiva, sin intervención procesal del presunto evasor o deudor de la correspondiente contribución parafiscal agropecuaria o pesquera, sin que, además, se tenga claridad sobre cual autoridad debe hacer dicha determinación, en el sentido de no saberse a

ciencia cierta si es la DIAN o el representante legal del fondo que administre la correspondiente contribución parafiscal. En últimas, se trata de una regulación cuya falta de claridad es insuperable, especialmente en lo correspondiente a la autoridad y procedimiento aplicable para determinar la obligación parafiscal evadida, omitida o incumplida; obscuridad o confusión Procurador General Concepto No. 5641 legal que no puede ser llenada por la vía reglamentaria, como se pretendió mediante el Decreto 2025 de 1996, porque los asuntos fundamentales relacionados con las obligaciones contributivas deben ser regulados directamente por la ley, como expresión esencial de la existencia de un régimen democrático (“No hay tributo sin representación”). DERECHO DE DEFENSA-Ausencia del derecho de defensa en la determinación de la obligación parafiscal Vistos los contenidos del parágrafo primero del artículo 30 de la Ley 101 de 1993 y de los artículos 1, 3 y 4 del Decreto 2025 de 1996, podría llegarse a una primera pero no definitiva conclusión que permita resolver el presente caso, en el sentido que la determinación de la obligación contributiva parafiscal agropecuaria o pesquera incumplida se hace de manera unilateral por el ente administrador del fondo correspondiente, previo control de tutela administrativa tributaria por parte de la DIAN, sin que en ese procedimiento administrativo intervenga el sujeto pasivo cuestionado para poder ejercer el derecho de defensa mediante las aclaraciones, correcciones o pagos pertinentes. Esta conclusión inicial sobre la ausencia del derecho de defensa en la determinación de la

obligación parafiscal incumplida se hace más patente aún con lo que expresó erróneamente la Corte Constitucional como uno de los argumentos con los cuales inadmitió la presente demanda a través del auto de fecha 15 de julio de 2013, en cuanto a no haber percibido vulnerado el debido proceso por omisión legislativa porque consideró que existían otras normas que preveían el procedimiento de cobro coactivo aplicable con las garantías al debido proceso exigidas constitucionalmente, tales como el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 y los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario. …Lo anteriormente dicho por la Corporación Judicial confirma la falta de garantías procesales en la determinación de la obligación parafiscal agropecuaria o pesquera incumplida, debido a que el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 establece la facultad de cobro coactivo, pero únicamente para las entidades públicas, lo que no incluye a los entes privados que administren contribuciones parafiscales; y los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario regulan el cobro coactivo de obligaciones tributarias nacionales a partir del mandamiento de pago y del título ejecutivo correspondiente, una vez que este ha sido constituido, momento procesal en el cual el obligado no puede discutir el contenido de dicho título. OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-En la Ley 101 de 1993 no se estaba en la obligación de realizar una regulación exhaustiva del tema parafiscal agropecuario …En esas circunstancias y teniendo en cuenta que una de las características propias para establecer si el legislador incurre o no en omisión legislativa relativa es la de

demostrar que éste estaba obligado a legislar sobre lo que se presume no legisló, la pregunta que surge es si el legislador debió obligatoriamente haber incluido, dentro del aparte normativo demandado, lo correspondiente a la garantía procesal del derecho de defensa en relación con la intervención del sujeto pasivo de la obligación contributiva parafiscal agropecuaria o pesquera incumplida en el proceso de determinación de su responsabilidad y que culmina con la expedición del certificado donde consta el monto de la deuda y su exigibilidad, a manera de título jurídico que servirá para su cobro judicial ejecutivo. La respuesta es negativa porque la Ley 101 de 1993 es una ley general de desarrollo agropecuario y pesquero que tuvo la intención de establecer un nuevo marco para el manejo del sector agropecuario en medio del proceso de apertura económica que se 2 Procurador General Concepto No. 5641 auspiciaba en ese momento, lo que incluía una regulación genérica de las contribuciones parafiscales para el sector, entendidas estas como recursos para desarrollar el mismo en ese contexto de apertura, como lo indicó su impulsador, José Antonio Ocampo Gaviria, en su condición de ministro de agricultura para el momento de trámite y promulgación de dicha ley (El Espectador. 1 de Septiembre de 2013. Página 11). Por tanto, dicha ley no estaba en la obligación de hacer una regulación exhaustiva del tema parafiscal agropecuario, porque no era su finalidad. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-Alcances/CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-En la ley de su creación es donde se debe hacer la regulación

procesal para la determinación de las obligaciones La parafiscalidad, como tema independiente y con identidad propia, tiene reconocimiento y consagración constitucional, en cuanto a que tales contribuciones deben ser establecidas mediante ley, incluidos los casos y condiciones de su creación; constituyen causal de inhabilidad para ser congresista, en relación con el representante legal de entidades que administren dichas contribuciones; y que, en tiempos de paz, su imposición sólo compete al Congreso de la República, a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales, según lo establecido, respectivamente, en los artículos 150, 179 y 338 de la Carta Política. En ese sentido y por tener una relación indisoluble administrativa con los temas presupuestales, en el nivel legal orgánico se definió el concepto de contribución parafiscal, con lo que esto significa desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad, y claramente se estableció que el manejo, administración y ejecución de los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales se debe hacer exclusivamente en la forma dispuesta en cada una de las leyes que crea la contribución parafiscal concreta correspondiente, tal como expresamente lo estableció el Decreto 111 de 1996 …Por tanto, es en cada una de las leyes específicas mediante la cual se cree la correspondiente contribución parafiscal donde se debe hacer la regulación procesal para la determinación de las obligaciones contributivas incumplidas, lo que debe incluir la garantía del debido proceso en cuanto al derecho de defensa se refiere, en relación con los sujetos pasivos de tales obligaciones, porque el manejo, administración y ejecución de esos recursos sólo puede hacerse exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que

cree la contribución parafiscal. 3 Procurador General Concepto No. 5641 Bogotá, D.C., 23 de septiembre de 2013 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo primero del artículo 30 de la Ley 101 de 1993.

Actor: CARLOS IVÁN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS.

Expediente No. D-9749 Concepto No. 5641 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que presentó en ejercicio de su ciudadanía CARLOS IVÁN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ contra el parágrafo primero del artículo 30 de la Ley 101 de 1993, el cual se cita textualmente en forma subrayada: “LEY 101 DE 1993 (23 de diciembre de 1993) Diario Oficial No. 41.149 de 23 de diciembre de 1993 "Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”. (…) ARTÍCULO 30. ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO. La administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada y que hayan celebrado un contrato especial con el Gobierno Nacional, sujeto a los términos y procedimientos de la ley que haya creado las contribuciones respectivas.

Las colectividades beneficiarias de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras también podrán administrar estos recursos a través de sociedades fiduciarias, previo contrato especial con el Gobierno Nacional; este procedimiento también se aplicará en casos de declaratoria de caducidad del respectivo contrato de administración. PARÁGRAFO 1o. Las entidades administradoras de los Fondos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras podrán demandar por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria el pago 4 Procurador General Concepto No. 5641 de las mismas. Para este efecto, el representante legal de cada entidad expedirá, de acuerdo con la información que le suministrará el Ministerio de Hacienda, el certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad. PARÁGRAFO 2o. El recaudador de los recursos parafiscales que no los transfiera oportunamente a la entidad administradora, pagará intereses de mora a la tasa señalada para el impuesto de renta y complementarios”.

1. Planteamiento de la demanda El ciudadano FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ afirma que la expedición del certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad en materia de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, por parte de los representantes legales de las entidades administradoras de los fondos provenientes de tales contribuciones, para demandar por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria el pago de las mismas, vulneró el debido proceso porque, para la expedición de dicho certificado, el legislador no previó un procedimiento que le permita previamente al

supuesto deudor contribuyente o responsable de la obligación parafiscal aportar información para establecer la existencia o no de la deuda. Al respecto afirma: “Básicamente encuentra el ciudadano que solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada, que el artículo 30 de la Ley 101 de 1993 no le confiere al obligado al pago de las contribuciones parafiscales agropecuarias el derecho a intervenir en la actuación que se desarrolla ante el Ministerio de Hacienda (hoy en día la DIAN), de suerte que la entidad administradora de fondos con base en el documento que expide el Ministerio de Hacienda (hoy en día la DIAN), podrá expedir un certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad, certificado que presta mérito ejecutivo. Así las cosas el Ministerio de Hacienda (hoy en día la DIAN) puede producir cualquier certificado que a bien le tenga en gana, sin haber hecho parte al obligado al pago de la contribución parafiscal del procedimiento administrativo en el cual se determinarán sus obligaciones, sin haberle garantizado al obligado al pago de la obligación parafiscal el derecho a interponer recursos contra el acto administrativo, en cuyos términos la administración determina su 5 Procurador General Concepto No. 5641 obligación y si que menos sin garantizarle al obligado al pago de la contribución parafiscal el derecho a, eventualmente, recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata pues el artículo 30 de la Ley 101 de 1993 de una disposición que obviamente viola el derecho de defensa y concretamente el artículo

29 de la Constitución Nacional. (…) Es indiscutible que la “información” que suministra actualmente la DIAN, es la base obligacional que permite crear el título ejecutivo, base que es expedida por la DIAN a espaldas del obligado al pago de la contribución o del retenedor de la misma, de suerte que dichas personas no tienen oportunidad alguna de participar en el proceso dentro del cual se establece el fundamento obligacional a su cargo. En efecto, la norma fue entendida así por el ejecutivo y basta al respecto referirse al parágrafo 2° del numeral 4° (sic.) del artículo 4° del Decreto 2025 de 1996, a cuyo tenor se establece que la dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un término de 10 días calendario, comunicará su conformidad o inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que este, en caso de conformidad, produzca la correspondiente certificación que constituye título ejecutivo, en la cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad. Así las cosas, quien determina el monto de la obligación es la entidad administradora; se reitera, sin que los obligados al pago de la contribución, o retenedores de la misma, tengan derecho a intervenir en el proceso en cuyos términos se fija dicho monto. (…) No cabe entonces vacilación alguna acerca de las razones por las cuales, o bien en el parágrafo 1° del artículo 30 de la Ley 101 de 1993 se debió haber previsto la intervención del posible afectado en la actuación administrativa que concluye en la declaración unilateral de voluntad, en cuyos términos la administración determina y cuantifica la obligación, o

que precisamente en razón de la inexistencia de tal previsión, dicho parágrafo solo puede ser interpretado de manera constitucional, siempre y cuando se garantice a la persona afectada por la determinación y la cuantificación de la obligación el derecho a intervenir en la actuación administrativa. (…) Así las cosas lo que se está discutiendo no es derecho de defensa frente al título ejecutivo como tal, sino el derecho de defensa frente a la actuación administrativa en cuyos términos se determina y cuantifica la obligación, actuación que al tenor de lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 30 de la Ley 101 de 1993, no prevé la intervención del obligado al pago de las contribuciones parafiscales, o al recaudo de las mismas”.

2. Problema jurídico

6 Procurador General Concepto No. 5641 Corresponde establecer si la expedición del certificado en el cual conste el monto de la deuda y su exigibilidad en materia de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, para demandar por vía ejecutiva el pago de la misma, vulneró el debido proceso porque, para la expedición de dicho certificado, el legislador no previó la participación del supuesto deudor contribuyente o responsable de la obligación parafiscal en el proceso de determinación de la referida deuda.

3. Análisis Jurídico Para resolver el presente problema de una presunta omisión legislativa relativa que desconoció el debido proceso, en lo correspondiente a la regulación de la constitución del título jurídico que debe prestar mérito ejecutivo para el cobro de deudas por contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, al no haberse previsto la participación del

supuesto deudor contribuyente o responsable de la obligación parafiscal en el proceso de determinación de la referida deuda, se debe analizar el contexto de dicha regulación para establecer si se lesionó, o no, el orden normativo superior en la forma que motiva la presente acción judicial. En primer lugar, hay que señalar que el aparte normativo demandado es confuso en sí mismo, en lo que se refiere a la manera o procedimiento que se debe aplicar para efectos de determinar si hubo o no incumplimiento de obligaciones parafiscales agropecuarias o pesqueras por parte de los sujetos pasivos y el monto de las mismas, para efectos de buscar su cobro por la vía judicial ejecutiva; confusión que incluye lo correspondiente a la garantía del derecho de defensa del presunto evasor o deudor contributivo incumplido, porque en ninguna parte del parágrafo 1° del artículo 30 de la Ley 101 de 1993, ni en el resto de dicha ley, se define lo pertinente. 7 Procurador General Concepto No. 5641 Dicha confusión se acentúa porque, para estos efectos, el legislador asume que los representantes legales de los fondos provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras pueden cobrar las deudas por obligaciones incumplidas mediante la vía judicial ejecutiva, habilitándolos para expedir el certificado o título ejecutivo donde conste el monto de la deuda y su exigibilidad, de acuerdo con la información que le debe suministrar el Ministerio de Hacienda (hoy, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN), pero no estableció si es la DIAN o la entidad administradora del respectivo fondo la que debe determinar el

incumplimiento de la obligación y el monto de la deuda, para que, bajo las garantías del debido proceso, se expida el título que debe prestar mérito ejecutivo. Tan confusa resulta dicha redacción, que el Gobierno Nacional tuvo que aclarar la situación por vía reglamentaria, mediante los artículos 1, 3 y 4 del Decreto 2025 de 1996, estableciendo, respectivamente, que la auditoría interna de los fondos constituidos para la administración de los recursos parafiscales agropecuarios o pesqueros debe certificar los incumplimientos e irregularidades en materia de liquidaciones, pagos o recaudos de dichos recursos; la práctica de visitas de inspección, por parte de los entes administradores de los fondos de las contribuciones parafiscales referidas, a la información contable de los sujetos obligados y recaudadores; el envío de reportes a la DIAN, para su revisión y expedición de conformidad o inconformidad con los mismos, por parte del representante legal del ente administrador del respectivo fondo parafiscal, donde consten las cuantías dejadas de percibir por incumplimientos contributivos en el correspondiente período revisado; y la expedición del correspondiente título que prestará mérito ejecutivo, por parte del representante legal del ente administrador del fondo parafiscal respectivo, una vez agotado el procedimiento de revisión a cargo de la DIAN; reglamentación que fue redactada en los siguientes términos: 8 Procurador General Concepto No. 5641 “Artículo 1º. La Auditoría Interna de los Fondos constituidos con las contribuciones parafiscales del sector agropecuario y pesquero será el mecanismo a través del cual los entes administradores de los mismos

efectuarán el seguimiento sobre el manejo de tales recursos. En desarrollo de este seguimiento la auditoría verificará la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación, así como su administración, inversión y contabilización. Lo anterior sin perjuicio de los demás controles establecidos por la Constitución Política y las leyes. Parágrafo 1º. La Auditoría Interna presentará en las primeras quincenas de febrero y de agosto de cada año un informe semestral consolidado de su actuación al Organo Máximo de Dirección del respectivo Fondo Parafiscal. Igualmente, certificará la información relativa a las cuotas parafiscales que no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la consignación, siempre y cuando tales situaciones no se hubieren subsanado. Parágrafo 2º. La auditoría Interna también podrá efectuar, cuando fuere pertinente, mediciones a las áreas de producción y sobre la producción misma, así como realizar los aforos a las contribuciones parafiscales resultantes de tales mediciones. (…) Artículo 3º. Cuando así lo requiera la ley que establezca la respectiva contribución, el representante legal de la entidad administradora del correspondiente Fondo Parafiscal, solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización para efectuar visitas de inspección a los libros de contabilidad, soportes contables y registros de los sujetos de la contribución y de las entidades recaudadoras. Para este efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de

la dependencia delegada para el efecto, expedirá la autorización correspondiente, en un término no mayor de diez (10) días calendario, contados a partir de la radicación de la solicitud que presente el representante legal de la respectiva entidad administradora. Artículo 4º. Cuando las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la consignación, el representante legal de la entidad administradora del respectivo Fondo Parafiscal, con fundamento en la certificación prevista en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo primero de este decreto, enviará un reporte a la Dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito público delegada para el efecto, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:

1. Identificación del recaudador visitado.

2. Discriminación del período revisado.

3. La cuantía de las cuotas no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de aquellas pagadas con irregularidades en la liquidación, recaudo o en la consignación.

9 Procurador General Concepto No. 5641

4. La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las irregularidades o el retraso en el pago de que trata el numeral anterior.

Parágrafo 1º. La Dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá verificar la información a que se refiere el presente artículo en los libros de las personas obligadas a pagar la contribución y en los de los recaudadores. Igualmente podrá requerir a las entidades administradoras de los Fondos Parafiscales para obtener información adicional. Parágrafo 2º. Una vez presentado el reporte de que trata este artículo, la

dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en un término de diez (10) días calendario, comunicará su conformidad o inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que éste, en caso de conformidad, produzca la correspondiente certificación, que constituye título ejecutivo, en la cual conste él monto de la deuda y su exigibilidad. En caso de inconformidad, la entidad administradora del respectivo Fondo Parafiscal procederá a efectuar los ajustes propuestos por la dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a expedir, si fuere el caso, la certificación en los términos señalados en este parágrafo…”. Vistos los contenidos del parágrafo primero del artículo 30 de la Ley 101 de 1993 y de los artículos 1, 3 y 4 del Decreto 2025 de 1996, podría llegarse a una primera pero no definitiva conclusión que permita resolver el presente caso, en el sentido que la determinación de la obligación contributiva parafiscal agropecuaria o pesquera incumplida se hace de manera unilateral por el ente administrador del fondo correspondiente, previo control de tutela administrativa tributaria por parte de la DIAN, sin que en ese procedimiento administrativo intervenga el sujeto pasivo cuestionado para poder ejercer el derecho de defensa mediante las aclaraciones, correcciones o pagos pertinentes. Esta conclusión inicial sobre la ausencia del derecho de defensa en la determinación de la obligación parafiscal incumplida se hace más patente aún con lo que expresó erróneamente la Corte Constitucional como uno de los argumentos con los cuales inadmitió la presente demanda a través del

auto de fecha 15 de julio de 2013, en cuanto a no haber percibido vulnerado el debido proceso por omisión legislativa porque consideró que 10 Procurador General Concepto No. 5641 existían otras normas que preveían el procedimiento de cobro coactivo aplicable con las garantías al debido proceso exigidas constitucionalmente, tales como el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 y los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, lo que expresó así: “Igualmente, la falta de certeza en la acusación se aprecia en el presupuesto de la misma. Para el demandante el propio artículo 30 de la ley 101 de 1993 debía prever la realización de una actuación administrativa que garantizara el debido proceso, por lo que, ante su no inclusión, señala una contradicción con el artículo 29 de la Constitución. Esta afirmación se presenta contra un contenido inexistente en el artículo 30 del mencionado cuerpo normativo. En efecto, no se explica en la demanda por qué la garantía al debido proceso administrativo debería haberse incluido en el artículo 30 de la ley 101 de 1993. Este reparo cobra sentido, sobre todo, por la existencia en el ordenamiento jurídico de disposiciones como la contenida en el artículo 5° de la ley 1066 de 2006 y los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, las cuales regulan el procedimiento de cobro coactivo por parte de, entre otras, las instituciones que administran recursos públicos nacionales. Dicho proceso, como es fácilmente comprobable, prevé la realización de un procedimiento con todas las garantías exigidas en el artículo 29 de la

Constitución”. Lo anteriormente dicho por la Corporación Judicial confirma la falta de garantías procesales en la determinación de la obligación parafiscal agropecuaria o pesquera incumplida, debido a que el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 establece la facultad de cobro coactivo, pero únicamente para las entidades públicas, lo que no incluye a los entes privados que administren contribuciones parafiscales; y los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario regulan el cobro coactivo de obligaciones tributarias nacionales a partir del mandamiento de pago y del título ejecutivo correspondiente, una vez que este ha sido constituido, momento procesal en el cual el obligado no puede discutir el contenido de dicho título. En esas circunstancias y teniendo en cuenta que una de las características propias para establecer si el legislador incurre o no en omisión legislativa relativa es la de demostrar que éste estaba obligado a 11 Procurador General Concepto No. 5641 legislar sobre lo que se presume no legisló, la pregunta que surge es si el legislador debió obligatoriamente haber incluido, dentro del aparte normativo demandado, lo correspondiente a la garantía procesal del derecho de defensa en relación con la intervención del sujeto pasivo de la obligación contributiva parafiscal agropecuaria o pesquera incumplida en el proceso de determinación de su responsabilidad y que culmina con la expedición del certificado donde consta el monto de la deuda y su exigibilidad, a manera de título jurídico que servirá para su cobro judicial ejecutivo. La respuesta es negativa porque la Ley 101 de 1993 es una ley general de

desarrollo agropecuario y pesquero que tuvo la intención de establecer un nuevo marco para el manejo del sector agropecuario en medio del proceso de apertura económica que se auspiciaba en ese momento, lo que incluía una regulación genérica de las contribuciones parafiscales para el sector, entendidas estas como recursos para desarrollar el mismo en ese contexto de apertura, como lo indicó su impulsador, José Antonio Ocampo Gaviria, en su condición de ministro de agricultura para el momento de trámite y promulgación de dicha ley (El Espectador. 1 de Septiembre de 2013. Página 11). Por tanto, dicha ley no estaba en la obligación de hacer una regulación exhaustiva del tema parafiscal agropecuario, porque no era su finalidad. La parafiscalidad, como tema independ