PGN - RECURSO DE APELACION - Auto que rechaza la demanda por caducidad de la acción

RECURSO DE APELACIÓN-Auto que rechaza la demanda por caducidad ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Violación de derechos humanos/ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Prescripción de la acción De conformidad con el auto recurrido y los argumentos de la apelación, encuentra el Ministerio Público que le asiste razón a los accionantes en tanto que tratándose de violación grave de derechos humanos el acceso a la administración de justicia para que se declare la responsabilidad y se indemnicen los perjuicios no puede verse limitado a los términos de caducidad conforme a la previsión contenida en el numeral 8 del art. 136 del cca., sino que, dando alcance a las normas de derecho internacional, en tanto que las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, esa característica deberá también predicarse de la acción que busca la reparación del daño antijurídico consecuencia de un conducta violatoria de los derechos humanos, como de manera evidente es aquélla originada en los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. TÉRMINO PARA ACCIONAR-Se debe tener en cuenta la fecha de ocurrencia del hecho Si bien en el sub judice existe certeza de la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, la cual coincide con la fecha en que de aquél se tuvo conocimiento, la situación fáctica especial impide contabilizar el término para accionar a partir del día siguiente.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO DE AUTO No. 032/ 2012

Bogotá, D.C., 12 de octubre de 2011

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) EXPEDIENTE: 45.092 (250002326000 2012 00537 01)

ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE AUTO

ACTOR: TERESA DEL SOCORRO ISAZA DE ECHEVERRY y otros DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA El Ministerio Público, dentro del término del traslado del auto de 2 de octubre de 2012, notificado personalmente el 9 de octubre del año en curso, solicita se revoque el auto apelado.

I. ANTECEDENTES 1.1. Auto recurrido. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B, en proveído de 2 de mayo de 2012 resolvió rechazar la demanda por caducidad de la acción.

Señala el a - quo que en los enfrentamientos entre las tropas del Ejército Nacional y la guerrilla Movimiento M-19 en las instalaciones del Palacio de Justicia de Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985 falleció el doctor JORGE ALBERTO ECHEVERRY CORREA, quien ejercía el cargo de Magistrado Auxiliar de la Corte

Suprema de Justicia – Sala Laboral; el 26 de noviembre de 2011 la actora presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría primera Judicial II; el 25 de febrero de 2012 se declaró fallido el trámite conciliatorio; el 21 de marzo de 2012 se presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa a fin de que se le declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados en razón de la presunta falla en el servicio que derivó en la muerte del doctor Jorge Alberto Echeverry Correa. Para el Tribunal el hecho generador del daño es la muerte del doctor Echeverry Correa ocasionada por una presunta falla en el servicio, muerte que según la demanda configura la comisión de un delito de lesa humanidad y con fundamento 2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) en la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos alega que no ha operado el fenómeno de la caducidad. El Tribunal trae a colación la sentencia de 10 de diciembre de 2009 de la Sección Tercera, conforme a la cual la imprescriptibilidad de la acción penal que se predica de los delitos de lesa humanidad no es aplicable a otras acciones, como la de reparación directa. Agrega el a-quo que la única excepción al término de caducidad de 2 años la trae el art. 7 de la ley 589 de 2000, para la acción directa

derivada de un delito de desaparición forzada, que introdujo una variación en el momento en que inicia el conteo. Otros delitos de lesa humanidad, como son la tortura y el asesinato a persona protegida, no son contemplados en la excepción introducida por el legislador y el conteo de la caducidad se cuenta haciendo uso de la regla general. Dice, además, que el art. 136-8 del cca no ha sido declarado inexequible y la caducidad es una sanción por el no oportuno ejercicio del derecho de acción. Señaló que el hecho que ocasiona los perjuicios a los demandantes es la muerte del doctor Jorge Alberto Echeverry en las instalaciones del Palacio de Justicia, conocido por las víctimas el 7 de noviembre de 1985, como se afirma en el hecho 15 de la demanda y conforme al Acta de Accidente emitida por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de 28 de noviembre de 1985. 1.2. La apelación. La parte actora solicita revocar el auto recurrido y en su lugar admitir la demanda. En primer lugar se refiere a la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ante hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad -inexistencia de caducidad de la acción. Al respecto sostiene que las Cortes internacionales han aceptado que cuando se trata de reparar perjuicios causados en desarrollo de conductas que atentan contra la humanidad misma las normas de derecho interno deben ceder ante la normativa internacional; que la imprescriptibilidad respecto de los delitos de lesa

humanidad no se predica solamente de la acción penal, sino de todas las acciones 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) que surjan a favor de la víctima de esas conductas. Transcribió aparte de salvamentos de voto del doctor Enrique Gil Botero a las sentencias de 31 de agosto de 2009 exp. 35.699; 1 de abril de 2009 exp. 36.342 y 23 de junio de 2009 exp. 36200. Agregó que el Consejo de Estado ha admitido la prevalencia de los tratados internacionales sobre el derecho interno cuando se trata de velar por la protección y defensa de los derechos humanos, para concluir que no había caducado la acción porque los hechos generadores de los daños se reconocen ampliamente como delitos de lesa humanidad. Argumenta la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en el caso concreto como remedio judicial para garantizar el derecho fundamental al acceso a la justicia. II.- CONSIDERACIONES 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar cómo opera la caducidad en los casos en que se pretende indemnización por hechos que son considerados delitos de lesa humanidad. 2.2. La caducidad de la acción Existe libertad de configuración legislativa para establecer los términos de caducidad, pues ese instituto protege la seguridad jurídica y el acceso a la

administración de justicia, sin que per se implique quebrantamiento al derecho de acción. Así lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia C-985/10, 1.1. EL LEGISLADOR GOZA DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN EN MATERIA DE TÉRMINOS DE CADUCIDAD 1.1.1. La caducidad es en una limitación temporal del derecho de acción; se trata de un término perentorio e inmodificable fijado por la ley dentro del cual debe 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) ejercerse el derecho de acción, so pena de perder la oportunidad de que la administración de justicia se ocupe de la controversia correspondiente.1 Desde sus primeras decisiones, la Corte ha reconocido que la fijación de términos de caducidad cumple importantes finalidades como la promoción de la (i) la seguridad jurídica, (ii) la oportuna y eficiente administración de justicia, y (iii) la ética de colaboración con el aparato judicial. Dadas estas importantes finalidades de orden público, la caducidad es irrenunciable y puede ser declarada por las autoridades judiciales de oficio.2 En efecto, la existencia de un término de caducidad asegura que las controversias legales terminen en algún momento –bien por la acción o por la omisión del ejercicio de las acciones judiciales correspondientesy, en consecuencia, que la incertidumbre que su no resolución genera finalice en un tiempo razonable. De lo

contrario, como se afirmó en la sentencia C-781 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) al declarar exequible el término de caducidad de la acción electoral, “(…) el sistema jurídico se vería avocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal, entorpecería el desarrollo de las funciones públicas.” La caducidad también promueve que el trámite procesal de las acciones judiciales se surta dentro de periodos de tiempo razonables y sin dilaciones injustificadas. Por último, realiza el deber de colaboración de todos los ciudadanos con la administración de justicia –un deber constitucional a la luz del artículo 95-7 de la Carta, pues los obliga a acudir a la justicia de manera oportuna, so pena de perder la oportunidad de que sus reclamos sean conocidos en esta sede.3 Como ha indicado esta Corporación, el ejercicio oportuno de las acciones es una carga procesal, es decir, es una situación instituida por la ley y que demanda “(…) una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”.4 1.1.2. A la luz de la cláusula general de competencia del Congreso –artículo 1502 superior, la Corte ha considerado que el Legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para configurar las clases de procesos, sus etapas, efectos y otras instituciones vinculadas a ellos como la caducidad. En

particular, el Legislador puede definir el tiempo de caducidad de las acciones, así como el momento desde cuando tales términos deben ser contabilizados.5 Sin 1 (pie de página de la cita) Ver las sentencias C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes; y C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 2 (pie de página de la cita) Ver sentencias C-251 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 3 (pie de página de la cita) Al respecto, en la sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes, la Corte afirmó que en virtud del artículo 95 superior, el ejercicio de los derechos implica responsabilidades “(…) que también se pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial. Es válido entonces que en los diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de justicia, que sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente legítimas.” Ver también la sentencia C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 4 (pie de página de la cita) Cfr. Sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes.

5 (pie de página de la cita) Ver las sentencias C251 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) embargo, su libertad de configuración debe desarrollarse de conformidad con la naturaleza de la acción respectiva6 y en el marco del respeto de (i) los principios y fines del Estado –como la justicia, (ii) los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los derechos al debido proceso y a la administración de justicia, y (iii) del principio de proporcionalidad, de modo tal que no se haga nugatorio el derecho de acción.7 En consecuencia, como la Corte sostuvo en la sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), no se ajustan a la Constitución las disposiciones procesales “que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción”. En ejercicio de esa libertad de configuración el legislador consagró los términos de caducidad en el cca, ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>

(…)

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. <Inciso adicionado por el artículo 7 de la Ley 589 de 2000. > Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

La ley indica de manera expresa que el cómputo del término para ejercer la acción de reparación directa se empieza a contar a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho dañoso o cuando los daños se manifiestan8 2.1. La caducidad de la acción impetrada. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer Gil; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis

6 (pie de página de la cita) Ver la sentencia C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 7 (pie de página de la cita) Ver las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 8 Sección Tercera, en auto de 3 de marzo de 2010. Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00126-01(37398), 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) efectivo su derecho. Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez. (…) Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en reiterada jurisprudencia9, se ha pronunciado en los siguientes términos: “Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios

sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. “Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen” 10. “Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000: “Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera

así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos11.”12(Negrillas fuera de texto). 9 (pie de página de la cita) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de julio del 2005 Exp. 14.691 y del 5 de septiembre del 2006, Exp. 14228, ambas con ponencia del Consejero, doctor Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras. 10 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13.126. 11 (pie de página de la cita) Expediente 3393. actor: Bernardo Herrera Camargo. 12 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radiación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano. 7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) En cuanto a la caducidad de la acción de reparación directa, cuando ésta se

fundamenta en el daño producido por una omisión de la Administración, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado: “En relación con las omisiones, el término de caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. “Aunque la omisión se mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada porque la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años contados a partir de la omisión.”13 (Negrillas adicionales). (Negrilla con subraya fuera del texto) Cuando no es factible determinar con claridad las consecuencias del hecho dañoso la caducidad se inicia a contar a partir del conocimiento que se tenga de aquélla14, “No obstante, esta Corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello15. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño

ha sido efectivamente advertido. Además, cuando no es claro el momento en que se produce la caducidad, procede admitir la demanda y decidir con elementos de juicio en la sentencia16, “Ahora bien, esta Sala es del criterio que en casos de duda sobre la caducidad de la acción, lo propio es darle curso a la demanda para que nuevamente se avoque su 13 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2004, Exp. 25.854, M.P. Ricardo Hoyos Duque. 14 SECCIÓN TERCERA, el 29 de enero de 2004. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00814-01(18273) 15 Cfr., entre otras, sentencias de la Sección Tercera, del 26 de abril de 1984, expediente 3393, y del 29 de junio de 2000, expediente 11.676. 16 25 de marzo del 2.004. Radicación número: 25000-23-26-000-2001-03203-01(24647) 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) estudio en la oportunidad procesal para dictar sentencia. En consecuencia, se revocará la decisión del tribunal y en su lugar se admitirá la demanda (…)” 2.2. Caso concreto De conformidad con el auto recurrido y los argumentos de la apelación, encuentra

el Ministerio Público que le asiste razón a los accionantes en tanto que tratándose de violación grave de derechos humanos el acceso a la administración de justicia para que se declare la responsabilidad y se indemnicen los perjuicios no puede verse limitado a los términos de caducidad conforme a la previsión contenida en el numeral 8 del art. 136 del cca., sino que, dando alcance a las normas de derecho internacional, en tanto que las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, esa característica deberá también predicarse de la acción que busca la reparación del daño antijurídico consecuencia de un conducta violatoria de los derechos humanos, como de manera evidente es aquélla originada en los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Si bien en el sub judice existe certeza de la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, la cual coincide con la fecha en que de aquél se tuvo conocimiento, la situación fáctica especial impide contabilizar el término para accionar a partir del día siguiente. Para arribar a esa conclusión, esta Procuraduría Delegada trae a colación los argumentos expuestos en salvamento de voto del Magistrado Enrique Gil Botero a la sentencia de la Sección Tercera, de 10 de diciembre de 2009. Radicación número: 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528), los cuales comparte en su integridad: 2.2. Cómputo de la caducidad en eventos en los cuales de los hechos y pruebas acompañadas con la demanda se desprende sumariamente una

presunta violación a derechos humanos (…) 9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) (…) En la anterior dirección, la jurisprudencia reciente de esta Sección, ha precisado: “Entonces, es claro que ese conjunto normativo internacional17, a partir del contenido del artículo 93 antes precitado, se integra en el ordenamiento jurídico interno y, por consiguiente, tiene plena vigencia a nivel nacional, conjunto de preceptos que, en su gran mayoría, hacen parte del denominado ius cogens, es decir, reglas imperativas aceptadas por los Estados, y que no admiten acuerdo en contrario, según lo determinado por el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, sobre derecho de los tratados. “En ese contexto, las disposiciones legales nacionales deben ceder y, de otra parte, ser armonizadas, claramente, a los postulados contenidos en el denominado “derecho de los derechos humanos”, en tanto los postulados de legitimidad y reconocimiento internacional, se estructuran sobre la base del respeto y materialización que un sujeto de derecho internacional brinde en relación con los derechos humanos. “Así las cosas, con el fin de proteger y restablecer los derechos humanos, las autoridades oficiales en Colombia y, concretamente, las pertenecientes a la Rama Judicial del poder público, cuentan con amplias facultades otorgadas por el propio ordenamiento jurídico, de

manera principal, por la Constitución Política, toda vez que es un imperativo categórico adoptar todas las medidas posibles dirigidas a la satisfacción de las garantías básicas del ser humano, en especial las de naturaleza fundamental (primera generación), como quiera que el propio texto constitucional reconoce que son de aplicación inmediata (art. 85 C.P.), sin que sea necesaria ningún tipo de regulación y reglamentación para que sean adoptadas las medidas para su protección y promoción.”18 En ese orden de ideas, podría afirmarse sin anfibología alguna que la regulación de los derechos humanos, y los mecanismos de protección, deben ser interpretados a la luz de los postulados internacionales, como quiera que los diferentes tratados, convenios e instrumentos que Colombia ha ratificado sobre la materia, contienen una amplia gama de principios y reglas que sirven para definir el contenido y alcance de cada derecho. Así las cosas, en el ámbito de los derechos humanos, y de la responsabilidad del Estado, derivada de la violación de los mismos, existe el principio general del derecho, nominado como: el de la irrelevancia del derecho interno19; relacionado con la imposibilidad en que se encuentra un Estado de invocar las disposiciones de su derecho nacional (interno) como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le corresponden en el marco internacional. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva No. 014, puntualizó: “(…) 17 (pie de página de la cita) V.gr. La declaración americana de los derechos y deberes del hombre (Bogotá, 1948), Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1970), Declaración universal de los

derechos humanos (Nueva York, 1948), Documentos de la organización de las Naciones Unidas relativos a los derechos de la mujer, Declaración de los derechos del niño (1959), Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Nueva York, 1966). 18 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 16996. 19 (pie de página de la cita) El artículo 32 de la Resolución No. A/RES/56/83, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece: “El Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente parte.” 10 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente 45.092 (250002326000 2012 00537 01) “36. Es indudable que, como se dijo, la obligación de dictar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención, comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades. “37. Ya en una ocasión anterior esta Corte ha dicho: “Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También, por

supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención [Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 26]. (…)”20 No significa lo anterior, que las normas sobre caducidad procesal sean, por sí mismas, violatorias del sistema de derechos humanos; por el contrario, las disposiciones sobre la oportunidad para el ejercicio de los instrumentos de reclamación de perjuicios, por regla general, deben contar con términos y plazos claros y específicos para su interposición. No obstante lo anterior, es claro que si la demanda tiene como fundamento la presunta vulneración o trasgresión de derechos humanos, no puede invocarse la caducidad de la acción de reparación directa, a nivel interno, como fundamento de la pérdida del derecho de acción. De lo contrario, se entraría en claro desconocimiento de las normas y postulados internacionales que consagran, de manera expresa, la imprescriptibilidad de los desconocimientos y vulneraciones a derechos humanos21, sin que ello implique limitar la competencia con que cuenta el funcionario judicial al momento de proferir la sentencia, para efectuar un análisis detallado y ponderado sobre los hechos de la demanda. Lo anterior tiene su logos, en tanto las violaciones de derechos humanos están dotadas de la condición de imprescriptibilidad, de allí que la reparación integral que de la conducta violatoria se deriva, no puede hacerse depender

del oportuno ejercicio de la acción respectiva, dentro de los términos legales establecidos en el derecho interno22. En efecto, una posición contraria, conllevaría a que la persona se viera compelida a acudir, de manera automática, al Sistema Interamericano, con el fin de que una Corte Internacional restableci