PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Devolución por incompetencia

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil siete (2007). Aprobada en Acta de Sala No. 34

Radicación: 161-3518 (079-02339/2005)

Disciplinados JORGE ALBERTO RAMÍREZ

: CASTAÑO

Entidad y Docente del Instituto Universitario

Cargos: de Caldas

Quejoso: Martha Lucía Gallego A.

Fecha queja: 27 de septiembre de 2004

Fecha Años 2001 a 2003

Hechos: Asunto: Devolución por incompetencia P.D. PONENTE: Dra. GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO Procedentes de la División de Registro y Control se recibieron las diligencias radicadas bajo el número 079-002339/2005, para surtir ante la Sala Disciplinaria el trámite del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado JORGE ALBERTO RAMÍREZ CASTAÑO, contra el auto del 29 de septiembre de 2006 proferido por la Procuraduría Regional de Caldas, por medio del cual se negó la práctica de unas pruebas de descargos (fls. 121122 C.O.).

No obstante, por las razones que pasan a indicarse, se advierte que la Sala Disciplinaria no es competente para conocer el citado recurso de apelación. En efecto, la Procuraduría Regional de Caldas, mediante el citado auto, negó la práctica de unos testimonios solicitados por la defensa en el escrito de descargos (fls. 121-122 C.O.), en razón de lo cual, previa notificación de la decisión (fls. 124

C.O.), el apoderado del disciplinado interpuso recurso de apelación (fls. 125-1126 C.O.). Es así como, la Procuraduría Regional de Caldas concedió el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (Reparto) (fls. 127 C.O.), correspondiéndole en reparto a la Procuraduría Primera Delegada para la Radicado No. 161-03518 Vigilancia Administrativa; la cual, mediante auto del 10 abril de 2007, señaló que las conductas disciplinables se circunscriben a la órbita contractual, razón por la cual ordenó remitir las diligencias a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y en el artículo 19 de la Resolución 017 del 2000 de la Procuraduría General de la Nación (fls. 130-131 C.O.). Ahora bien, el Procurador General de la Nación, mediante Resolución No. 073 del 22 de marzo de 2007, resolvió, desde el 1 de abril de 2007, suspender el reparto interno de actuaciones disciplinarias de primera y segunda instancia a las Procuradurías Primera Delegada para la Contratación Estatal y Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa; indicando: “Las quejas y actuaciones disciplinarias cuya competencia corresponda a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, que se reciban a partir del 1 de abril de 2007, se repartirán entre las Procuradurías

Segunda Delegada para la Contratación Estatal y la Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial. En este caso la segunda instancia pasará directamente a la Sala Disciplinaria”. Es así como, ante la remisión de competencia efectuada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal (Reparto) (fls. 130-131 C.O.), la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación procedió a efectuar el reparto entre la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal y la Sala Disciplinaria (en reemplazo de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal), correspondiéndole a este último Despacho (fls. 133 C.O.). Ahora bien, al disciplinado JORGE ALBERTO RAMÍREZ CASTAÑO, en su condición de docente del Instituto Universitario de Caldas, se le formuló auto de cargos por haber suscrito con entidades del Estado una serie de contratos, por lo que pudo haber incurrido en la inhabilidad descrita en el artículo 127 de la Constitución Política y en el literal f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993; así mismo, se le imputa que al celebrar y cobrar el valor de los citados contratos recibió doble asignación proveniente del tesoro público (fls. 98-106 C.O.). La Sala Disciplinaria en varias oportunidades ha sostenido que el reproche a un servidor público por la celebración de un contrato con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que no sea en ejercicio de una actividad

contractual propia de su cargo, sino en razón de actividades personales que no guardan ninguna relación con aquella, no puede tenerse como un comportamiento de tipo contractual. Situación diferente se presenta cuando se le cuestiona a un servidor público, en representación de una entidad pública en la cual presta sus servicio, contratar con una persona inhabilitada para ello, pues, en este caso, sí se investigan 2 Radicado No. 161-03518 comportamientos de un servidor público en el ejercicio de funciones de la actividad contractual. En efecto, al disciplinado dentro del presente proceso disciplinario, en su condición de docente del Instituto Universitario de Caldas, se le cuestiona una serie de contratos, que según se observa en los descargos, correspondían a un programa radial que tenía el disciplinado para esa época y que según él realizaba por fuera de sus jornadas laborales. Por lo expuesto, se trata de una actuación administrativa de un servidor público, cuya competencia corresponde a las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa, en virtud del inciso tercero del artículo 19 de la Resolución No. 017 del 4 de marzo de 2000; para cuyo conocimiento no es competente la Sala Disciplinaria, pues, la Resolución No. 073 del 22 de marzo de 2007 únicamente le asignó competencia para los asuntos de segunda instancia de conocimiento de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal. En consecuencia, la Sala Disciplinaria, pese a que formalmente no se ha planteado un conflicto de competencias entre la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y una de las Delegadas para la Contratación Estatal o Moralidad Pública, pues, el proceso correspondió en reparto a la Sala Disciplinaria,

en cumplimiento de la citada Resolución No. 073 del 22 de marzo de 2007, en virtud de su función de dirimir los conflictos de competencia que en materia disciplinaria se susciten entre procuradores delegados (num. 5 art. 22 Decreto 262 de 2000) y en garantía del principio de economía de la función pública (art. 22 ley 734 de 2002), advirtiendo claramente la competencia a cargo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, se le asigna el conocimiento a este último Despacho. Es de aclarar, que la Resolución No. 073 del 22 de marzo de 2007 suspendió el reparto de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa por el término de tres (3) meses, a partir del 1 de abril de 2007, no obstante, el expediente fue repartido a la misma Delegada con anterioridad a la fecha de suspensión del reparto (fls. 128 C.O.). En mérito de la expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, R E S U E L V E: PRIMERO: ASIGNAR el conocimiento de las presentes diligencias a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, para que prosiga el trámite 3 Radicado No. 161-03518 respectivo, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, para cuyos efectos se dispone REMITIR el expediente a la misma.

SEGUNDO: COMUNICAR por la Secretaría de la Sala Disciplinaria la presente

decisión a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo, y REGISTRAR las constancias de rigor.

CÚMPLASE

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO Procuradora Segunda Delegada (E) Expe. 161-03518 (079-02339/2005)

Proyectó: /Katia María Alvarado Martínez

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