PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Fallo sancionatorio contra la secretaria general

RECURSO DE APELACIÓN-Contra el fallo sancionatorio contra la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores y otro por el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad en el trámite de un contrato SALA DISCIPLINARIA-Competencia NULIDAD-Oportunidad para su solicitud y resolución En tal forma, las solicitudes de nulidad que se presentan con posterioridad al fallo de primera instancia deben considerarse como un argumento más de impugnación que se resuelve en la decisión de segunda instancia. A su turno, aquellas peticiones que se instauran antes de proferirse el fallo definitivo deben decidirse en el término de cinco (5) días, conforme a lo señalado en el artículo 147 de la Ley 734 de 2002. En ese evento, contra la decisión que resuelve la nulidad procederá el recurso de reposición, al tenor de lo previsto en el artículo 113, ibídem. Empero, si la nulidad se invoca con los alegatos de conclusión, su resolución hará parte de la decisión de primera instancia, por lo que lo allí decidido será susceptible del recurso de apelación o reposición, según se trate de un proceso de primera o única instancia. A su turno, aquellas peticiones que se instauran antes de proferirse el fallo definitivo deben decidirse en el término de cinco (5) días, conforme a lo señalado en el artículo 147 de la Ley 734 de 2002. En ese evento, contra la decisión que resuelve la nulidad procederá el recurso de reposición, al tenor de lo previsto en el artículo 113, ibídem. Empero, si la nulidad se invoca con los alegatos de conclusión, su resolución hará parte de la decisión de primera

instancia, por lo que lo allí decidido será susceptible del recurso de apelación o reposición, según se trate de un proceso de primera o única instancia. NULIDAD-Noción y finalidad La figura jurídica de las nulidades, como ya lo ha sostenido la Sala, tiene como propósito restar eficacia al acto procesal que no se ajusta al cumplimiento de los fines y funciones del proceso, cuando no existe otro remedio para subsanar un error. DECLARATORIA DE NULIDAD DE UNA ACTUACION DISCIPLINARIA-De oficio Por último, en lo que tiene que ver con la declaratoria de nulidades, no puede olvidarse que al tenor del artículo 144 de la Ley 734 de 2002, subsiste la facultad oficiosa del funcionario que conoce del asunto para declararlas cuando advierta la existencia de alguno de los taxativos eventos que prevé el artículo 143, ibídem, previo estudio de los principios que orientan su declaratoria y convalidación, por ello el estudio de las nulidades no se limita únicamente a las presentadas por los sujetos procesales, sino que se deben estudiarse de oficio las que se adviertan. 1

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Aprobado en Acta de Sala N° 30 Radicación n.° IUS-E-2017-624402 / IUC-D-2017-973675 - (161-7847)

Disciplinables: MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ

Cargo y entidad: Secretaria General del Ministerio de Relaciones ExterioresRepresentante Legal del Fondo Rotario y Coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo y supervisor del contrato 200 de 2011 del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores Quejoso: De oficio – noticias de prensa Fecha queja: 2 de junio de 2017

Fecha hechos: Vigencias 20122013

Asunto: Apelación fallo de primera instancia

P.D. PONENTE: DR. SILVANO GÓMEZ STRAUCH

I. ASUNTO A TRATAR Procede esta Sala a decidir sobre los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal el 30 de junio de 2020, que declaró responsables y sancionó a los servidores públicos MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ, con suspensión de seis (6) y once (11) meses, quienes para la época de los hechos se desempeñaron como secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores - representante legal del Fondo Rotario y coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo y supervisor del contrato 200 de 2011 del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente.

II. HECHOS El 23 de marzo de 2017, en la página web de Caracol Radio se dieron a conocer presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución del contrato celebrado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo objeto fue la «prestación del servicio integral para desarrollar

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ todas las actividades logísticas y operativas que se requieran para el desarrollo de la VI Cumbre de las Américas”; llevada a cabo en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, entre el 9 y 15 de abril de 2012. En la información publicada por el medio de comunicación se aludió al informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República en junio de 2013, en el cual se documentaron las posibles inconsistencias halladas en la ejecución y liquidación del referido contrato.

III. ANTECEDENTES PROCESALES El 5 de junio de 20171, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dispuso el inicio de indagación preliminar en averiguación de responsables.

Cumplidos los fines de la indagación, mediante auto del 14 de junio de 20172, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA secretaria general y representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo de dicha entidad y supervisor del contrato 200 de 2011. Esta decisión se notificó por edicto que se desfijó el 13 de julio de 20173. El 3 de septiembre de 20184 el a quo cerró la etapa de investigación

disciplinaria, decisión que se notificó por estado del 11 de septiembre ibídem5. Mediante Resolución 734 del 29 de octubre de 20186, el procurador general de la Nación designó como funcionario especial para adelantar la presente actuación disciplinaria a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal. En providencia del 8 de noviembre de 20187 se formuló pliego de cargos en contra de los servidores públicos MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ, quienes se notificaron por intermedio de sus defensores de confianza el 13 y 23 de noviembre de 20188, respectivamente. 1 Cf. folios 142 a 152 del cuaderno original 1. 2 Cf folios 235 a 250 del cuaderno original 2. 3 Cf. folio 278 a 279, ibídem 4 Cf folio 484, ibídem 5 Cf. folio 491, ibídem 6 Cf. folio 498 a 499 del cuaderno original 3. 7 Cf. folios 500 a 536, ibídem. 8 Cf folios 543 y 545, ibídem 3

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ Los siguientes corresponden a los cargos imputados a los investigados: - ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ El señor Alexander Potdevin Gutiérrez, servidor público del Ministerio de Relaciones Exteriores como coordinador del Grupo Interno de Trabajo de

Privilegios e Inmunidades, en su calidad de supervisor del contrato 200 de 2011, posiblemente incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por haber participado en la actividad contractual con desconocimiento del principio de responsabilidad que regula la contratación estatal, toda vez que no ejerció la debida vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado en procura de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y proteger los derechos de la entidad, ni exigió al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contrato (sic), generando que la entidad le pagara a la Unión Temporal, durante la ejecución del contrato, un mayor valor de cuatro mil ciento sesenta y nueve mil millones seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos ($4.169.006.646 mlcte) debido a las diferencias encontradas entre el valor facturado y el valor realmente ejecutado en cada una de las 19 actividades desarrolladas en virtud del negocio jurídico. Lo anterior, por cuanto el señor Alexander Potdevin Gutiérrez, teniendo el deber directo de supervisar técnica, administrativa y legalmente la ejecución del contrato al parecer no examinó la documentación que soportara las facturas presentadas por el contratista respecto de la relación de bienes y servicios presentados por este, ni requirió información adicional que considera (sic) necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato y ejercer de manera general el control del mismo, ni hizo requerimiento alguno para que el contratista corrigiera las falencias que venía presentando al momento de pasar las facturas de cobro, así como tampoco presentó observaciones frente a dudas o diferencias

frente los criterios (sic) de los precios pactados dentro de la facturación incluidos en el contrato de referencia que era a precios unitarios sin fórmula de reajuste. Vale destacar que el parágrafo 2° de la cláusula sexta del contrato N.° 200 de 2011 “Forma de pago” dispuso que “Una vez agotado el anticipo se presentarán las facturas totales o parciales correspondientes a los bienes y servicios efectivamente prestados”, luego no se encuentra la posible duda interpretativa que pudo generar la denominada diferencia de criterios, que solo vino a hacer advertida con posterioridad a la revisión que hizo la Contraloría General de la República ante el desinterés, desatención y mínimo cuidado que debió realizar el supervisor. Es así como el supervisor, probablemente, sin haber efectuado las validaciones, exámenes y verificaciones de las facturas totales y parciales presentadas por el contratista como lo eran los soportes de la relación detallada de los bienes y servicios que se indicaban, integrados por las cuentas de cobro y facturas de los proveedores, fueron prestados, en orden a validar si efectivamente se prestaron en las condiciones funcionales, técnicas y especialmente económicas acordadas, expidió certificado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista para el trámite del pago correspondiente ante la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. 4

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ A lo anterior súmese que no obstante que el plazo de ejecución del contrato finalizó

el 30 de junio de 2012 y que el supervisor tenía como obligación “Elaborar dentro del mes siguiente a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del mismo”, es decir hasta el 30 de julio de 2012, el mayor valor pagado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la alta suma de ($4.169.006.646), solo fue advertido durante la auditoria que la Contraloría General de la República que inició formalmente en noviembre de 2012 y ajustados en el acta de liquidación del 12 de marzo de 2013, previas mesas de trabajo con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación. De manera que de no haber sido por la intervención de los órganos de control se hubiera causado un detrimento al patrimonio público en favor de terceros integrantes de la Unión Temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012, que si bien es cierto lo anterior, también lo es que la conducta del servidor público podría afectar haber afectado (sic) sustancialmente los deberes a su cargo e implicar el desconocimiento del principio de economía como principio rector y constitucional de la función administrativa del Estado. […]. [Negrilla original] Se le imputó la falta gravísima descrita en el artículo 48, numeral 31, de la Ley 734 de 2002, que señala: «Son faltas gravísimas las siguientes: … 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley». Lo anterior, en concordancia, como normas vulneradas, con los artículos 26, numerales 1°

y 4°; 3°, inciso 1; 4°, numeral 1°, y 23 de la Ley 80 de 1993. Igualmente se citó la violación de los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002 y la cláusula decimotercera del contrato 200 de 2011, en concordancia con la función 11 contenida en la Resolución 5813 de 2011 «por la cual se crean grupos internos de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores». La falta se imputó a título de culpa gravísima por desatención elemental. - MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA: La señora María Margarita Salas Mejía, servidora pública del Ministerio de Relaciones Exteriores como secretaria general y representante legal del Fondo Rotatorio, quien celebró el contrato 200 de 2011, posiblemente incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por haber participado en la actividad contractual con desconocimiento del principio de responsabilidad que regula la contratación estatal, toda vez que como representante legal del Fondo no ejerció la debida vigilancia de la supervisión y control en la ejecución del contrato, a través del coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e inmunidades, señor Alexander Potdevin Gutiérrez, designado por ella como supervisor del contrato, deficiencias que generaron que entidad (sic) le pagara a la Unión Temporal, durante la ejecución del contrato, un mayor valor de cuatro mil ciento sesenta y nueve mil millones seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos ($4.169.006.646 mlcte) debido a las diferencias

encontradas entre el valor facturado y el valor realmente ejecutado en cada una de las 19 actividades desarrolladas en virtud del negocio jurídico y advertidos durante la auditoría realizada por la Contraloría General de la República y ajustados en el 5

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ acta de liquidación que suscribió el 12 de marzo de 2013. [Negrilla original] Se le imputó la falta gravísima descrita en el artículo 48, numeral 31, de la Ley 734 de 2002, que señala: «Son faltas gravísimas las siguientes: … Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley». Lo anterior, en concordancia con los artículos 26, numerales 1°, 3°, inciso 1; 4°, numeral 1°, y 23 de la Ley 80 de 1993. Asimismo, se citó la violación de los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002 y de la cláusula decimotercera del contrato 200 de 2011 en concordancia con la función 11 contenida en la Resolución 5813 de 2011 «por la cual se crean grupos internos de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores». En cuanto a la imputación subjetiva, se imputó a título de culpa grave.

Una vez notificados del pliego de cargos proferido en su contra, los disciplinables presentaron en tiempo los respectivos descargos y solicitaron la práctica de pruebas9. La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal se pronunció, en proveído del 11 de febrero de 201910, en el que accedió al decreto de las pruebas solicitadas. En el mismo auto, resolvió la solicitud de nulidad impetrada por la defensa de la disciplinable MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA. Mediante auto del 29 de marzo de 201911 el a quo corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión. La decisión se notificó por estado del 5 de abril12, ibídem. El defensor de confianza de ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ presentó en tiempo los alegatos13. A su turno, la defensa de MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA repuso la decisión que ordenó el traslado para alegatos, la cual se inadmitió por improcedente, mediante auto del 14 de mayo de 201914. El 30 de junio de 202015, el a quo profirió el fallo, declaró responsables y sancionó disciplinariamente a los implicados MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ, con suspensión de seis (6) y once (11) meses en el ejercicio del cargo, respectivamente. 9 Cf. folios 546 a 561 y 565 a 598 del cuaderno original 3. 10 Cf. folios 608 a 613, ibídem.

11 Cf. folio 807 del cuaderno original 4. 12 Cf. folio 821, ibídem 13 Cf. folios 824 a 855, ibídem. 14 Cf. folio 857 a 858, ibídem. 15 Cf. folios 872 a 948, ibídem. 6

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ La providencia se notificó a través de correo electrónico, remitido a los defensores el 1° y 10 de julio de 202016. Ambos disciplinables17 presentaron oportunamente el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. Por auto del 17 de julio de 202018, la Procuraduría a quo concedió el recurso, en el efecto suspensivo, ante esta colegiatura. El expediente fue recibido en la Sala Disciplinaria, según constancia secretarial el 28 de julio de 202019.

III. PROVIDENCIA RECURRIDA La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, en el fallo apelado, en relación con cada implicado, fundamentó su decisión así: - ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ: En cuanto a su responsabilidad disciplinaria, el a quo tuvo por demostrada la falta disciplinaria endilgada, con base en los siguientes argumentos: - Aunque el contrato se pactó a precios unitarios fijos, en la forma de pago se dispuso que esto correspondía al valor por el cual se había adquirido el bien o servicio efectivamente prestado. Si ello no hubiera

sido así, el contratista no habría efectuado la devolución acordada en la liquidación, la cual correspondió a la diferencia entre lo facturado y el valor del servicio efectivamente prestado. - Sin necesidad de revisar las facturas emitidas por el proveedor de la unión temporal, el supervisor pudo haber advertido que los precios facturados sobrepasaban aquellos contenidos en la propuesta económica (anexo 4 del contrato). En tal forma, al supervisor le correspondía revisar los valores facturados por el proveedor. - En relación con los bienes y servicios no contemplados en la propuesta económica, el anexo técnico dispuso que debía atenderse al valor de la cotización que aprobara el supervisor del contrato, frente a lo cual el contratista facturó por valores superiores a los cotizados por el proveedor. - El Ministerio de Relaciones Exteriores, durante la ejecución del contrato, pagó un mayor valor por la suma de $4.169.006.646, 16 Cf. folios 954 a 956 del cuaderno original 4 y 957 a 958 del cuaderno original 5. 17 Cf. folios 961 a 974, 976 a 998 del cuaderno original 5. 18 Cf. folio 999, ibídem 19 Cf. folio 1003, ibídem 7

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ conforme se anotó en el acta de liquidación. En efecto, dicha suma fue girada al contratista como consecuencia de la aprobación de las facturas y certificados de cumplimiento expedidos por el supervisor.

• La prestación del servicio estaba integrada por el valor de los bienes y servicios efectivamente prestados y facturados, el IVA y los costos de administración fijados en el 15%, a partir de lo cual se generaría la utilidad, por lo que los ítems facturados debían cobrarse al valor facturado por el proveedor. - El contratista cobró el valor dispuesto por el proveedor aumentándolo de manera irregular y sobre eso facturó el 15% por costos de administración más 16% de IVA. Lo anterior, le generó una mayor ganancia en detrimento de la administración pública, aunque era su deber proteger los intereses de la entidad, por lo que le correspondía hacer cumplir el clausulado contractual en cuanto a la forma de pago. - La ecuación correcta que debió avalar el disciplinable, en su condición de supervisor, era la siguiente: - Valor inicial de la prestación del servicio (según cuenta de cobro o factura del contratista, que correspondía al valor efectivamente prestado como lo dispuso el clausulado contractual) + - Costos de administración del 15% + - IVA del 16% =

Total facturado a pagar - La certificación que emitiera el supervisor, en ejercicio de la vigilancia y control del contrato, obedecía al desarrollo de una cabal supervisión técnica, administrativa y legal, para lo cual le correspondía verificar mediante visitas y/o el examen de documentos las condiciones reales de ejecución. - En los informes de supervisión no se mencionó alguna objeción, novedad o señalamiento que advirtiera sobre la facturación inconsistente u otra falla asociada. - Los pagos autorizados y avalados por el disciplinable denotan

deficiencias en la labor de supervisión, las cuales fueron causadas principalmente por lo siguiente: i) La falta de control y seguimiento a los bienes y servicios suministrados por el contratista, dado que los informes del supervisor no enuncian los costos, ni desagregan cantidades, calidad, ubicación de los bienes o prestación de 8

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ los servicios utilizados durante el evento, tales como: transporte, combustible, alquiler de mobiliario, equipos, puntos de acreditación, etc. ii) En aquellos requerimientos adicionales no contemplados en el anexo 4, el supervisor no efectuó el análisis del precio del mercado, antes de autorizar el gasto. En efecto, en la propuesta que presentó el contratista, el supervisor dio visto bueno sin que se evidencie el análisis de los precios del mercado. iii) La verificación de las altas sumas de dinero que reportó el contratista no se hizo con rigor, dado que existen facturas generadas a las 7:04 pm, con 55 ítems o servicios prestados, que aparecen avaladas al día siguiente por el supervisor, tiempo en el cual era prácticamente imposible efectuar la revisión y el cotejo de los servicios realmente prestados. iv) Omisión de cotejar la realidad de los bienes y servicios prestados, así como la revisión de las facturas con sus soportes documentales. Al respecto, obra el informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en el que se encontraron facturas expedidas por el proveedor varios meses después de la fecha en que fueron generadas por el

contratista. - En relación con las diferencias de precios entre el valor de las facturas presentadas por el contratista y autorizadas por el supervisor y el valor real de los bienes o servicios efectivamente prestados, en las actividades detalladas en el auto de cargos, el contratista facturó por un valor superior al pagado al proveedor, pese a que el contrato dispuso que los bienes y servicios no incluidos en el anexo 4 deberían ser cotizados a precios del mercado. - El disciplinable contaba con las herramientas para realizar el examen completo frente a la facturación presentada por el contratista, por lo que tenía la obligación de ejercer de manera general el control de la ejecución del contrato, lo que envuelve el ejercicio de la supervisión. - El disciplinable tenía a su cargo la administración de un presupuesto total de $55.500.000.000, recursos que por habérsele confiado debía vigilar y gestionar de la mejor manera posible. En efecto, lo anterior le demandaba validar con estricto rigor que el contratista hubiera cumplido a cabalidad los ítems contemplados en las facturas, basado en un examen detallado de la relación anexa. - No existía alguna duda en cuanto a la forma de pago acordada por las partes, pues aun cuando el contrato se pactó a precios unitarios fijos, como insistentemente lo sostuvo la defensa, en todo caso el pago debía hacerse por el valor del bien o servicio efectivamente prestado. Así, al efectuar la revisión de la facturación correspondiente a las 19 actividades objeto de ejecución se determinó que su precio inicial era el señalado en la factura expedida por el proveedor, pues ya el contratista estaba recibiendo un valor adicional equivalente al

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ 15% por costos de administración. - De ser cierto que los servicios prestados debían pagarse conforme a lo establecido en el anexo 4 del contrato, el contratista no habría devuelto el dinero y la entidad tampoco podría tener derecho a reclamar. - Se tiene por acreditada la incursión en la falta disciplinaria prevista en el artículo 48, numeral 31, de la Ley 734 de 2002, por haber participado en la actividad contractual con desconocimiento del principio de responsabilidad que regula la contratación estatal, teniendo en cuenta que el disciplinable en su calidad de supervisor no ejerció la debida vigilancia y control en la ejecución del contrato, en procura de satisfacer los fines de la contratación y proteger los derechos de la entidad. - El implicado tampoco exigió al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, lo que generó que la entidad le pagará a la unión temporal un mayor valor de $4.169.006.646, en razón a las diferencias encontradas entre el valor facturado y el valor realmente ejecutado en cada una de las 19 actividades desarrolladas en virtud del negocio jurídico. - La afectación del deber funcional que le correspondía cumplir al disciplinable se advirtió como sustancial, en la medida que impactó negativamente el principio de economía que rige la función pública. - El disciplinable fue negligente y descuidado en el debido cumplimiento de los deberes de vigilancia y control que le demandaba

el ejercicio de la supervisión por lo que su actuar se atribuyó de manera definitiva a título de culpa grave.

- MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA.

En cuanto a la responsabilidad disciplinaria de esta funcionaria, la decisión sancionatoria se basó en los siguientes argumentos: - A la disciplinable, en su condición de secretaría general del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, le correspondía dirigir y supervisar la actividad contractual de la entidad y dicho Fondo, del cual era la representante legal. - No existió la colisión de deberes alegada por la defensa, pues no se demostró una situación que «pusiera entre la espada y la pared» a la disciplinable para tener que escoger entre su deber de coordinar la 10

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ logística de la VI Cumbre de las Américas o ejercer la debida vigilancia de la supervisión del contrato celebrado para el evento. - Ciertamente, tal y como lo alegó el defensor, a la disciplinable no le correspondía la tarea operativa de revisar las facturas ni confrontar la información entregada por el contratista con los documentos de los proveedores, tampoco hacer el procedimiento para el pago. En efecto, la servidora pública era quien debía aprobar el balance final del contrato, por lo que precisamente la imputación consistió en no ejercer la debida vigilancia de la supervisión y no en el hecho de no haber ejercido la vigilancia de la correcta ejecución del contrato, lo

cual le correspondía al supervisor. - Bajo el principio de confianza legítima invocado, no puede aceptarse que la disciplinable no se hubiera cerciorado de que los cuantiosos recursos públicos destinados para la contratación de bienes y servicios se estuvieran ejecutando de manera eficaz y en los términos definidos en el contrato. - No hay razones para considerar en qué forma el supervisor le generó la confianza para decir que los pagos de las facturas se hacían conforme al clausulado contractual sin siquiera hacer un mínimo cuestionamiento, máxime cuando los pagos se efectuaron después de finalizado el evento. - De haberse tenido la diligencia debida al menos para mirar las 4 facturas descritas en la decisión de cargos, la disciplinable habría advertido que estas, pese a incluir más de 50 ítems, fueron autorizadas por el supervisor a las pocas horas e incluso el mismo día de su expedición. - La responsabilidad en el ejercicio de la supervisión y control en la ejecución del contrato, como representante legal y ordenadora del gasto del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores no desaparece con la designación de un supervisor. En efecto, aunque a este último le correspondía informar los hechos y circunstancias que pudieran poner en riesgo la debida ejecución del contrato, ello no era óbice para que la disciplinable se apartara de la actividad como garante de la dirección de la actividad contractual. - El manejo de recursos públicos que le fueron confiados a la disciplinable, como ordenadora del gasto, no podía reducirse a la designación de un supervisor para luego alegar que confiaba en él y

en su honestidad o que tenía múltiples funciones laborales por cumplir. En efecto, ello no la relevaba de su obligación de proteger y defender los derechos de la entidad. 11

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MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA y ALEXANDER POTDEVIN GUTIÉRREZ - La implicada vulneró el principio de responsabilidad que regula la contratación estatal, pues no ejerció la debida vigilancia de la supervisión y control en la ejecución del contrato, a través del supervisor designado, lo que generó que la entidad le pagará al contratista un mayor valor de $4.169.006.646, ante las diferencias encontradas entre el valor facturado y el realmente ejecutado en cada una de las 19 actividades desarrolladas en virtud del negocio jurídico. - Con su conducta, la disciplinable afectó el principio de economía que rige la función pública en la medida en que su actuar omisivo y culposo pudo ocasionar que se generaran procesos adicionales como las consultorías contratadas por la entidad para emitir conceptos en relación con la problemática aludida. - La secretaria general, no actuó con la diligencia y cuidado que el cargo le demandab