PGN - RECURSO DESIERTO - Aplicable al proceso disciplinario por vía de integración normati

ACOSO LABORAL-No se configura si son simplemente actuaciones que se siguen de un determinado modelo de administración o la metodología de trabajo RECURSO DESIERTO-Aplicable al proceso disciplinario por vía de integración normativa La declaratoria de desierto del recurso resulta posible a partir de los poderes que asisten al juez de una causa por virtud del numeral 3 del artículo 39 del C. de P.C., aplicable en el proceso disciplinario por vía de integración normativa, de acuerdo con el artículo 21 del CDU; sin embargo, en aras de brindar el máximo de oportunidad de intervención al ciudadano que acude a la administración de justicia disciplinaria en calidad de quejoso, se analizarán los puntos de impugnación que conlleven una verdadera controversia en relación con los argumentos de la decisión de archivo, pues la mayoría son una reiteración de la queja (puntos ya desechados en la decisión de archivo) y una descalificación genérica, antes que una crítica fundada en valoraciones concretas, a la providencia impugnada. VALORACIÓN PROBATORIA-Sana crÍtica Se aprecia que el auto objeto de apelación si efectúa una valoración de los aludidos medios de prueba, solamente que dicho examen fue de carácter integral y no individualizado, pieza por pieza como lo pretende el quejoso; es decir que se realizó una valoración contextual del material que permitió al instructor entender que lo único que quedaba claro del recaudo de pruebas es que existían algunos debates entre jefes y equipo de trabajo en torno a la forma de abordar unas determinadas tareas. Desde ese punto de vista encontramos que más bien la pretendida omisión identificada por el

apelante es en realidad un descontento porque el operador jurídico no reconoció el mismo valor que él a los medios tantas veces mencionados. Hallamos, respecto de las consideraciones del párrafo anterior, que el operador jurídico, dentro del sistema de valoración de la sana crítica, disfruta de libertad en la formación de su criterio acerca de lo que aquellas revelan y por tanto debe adelantar una valoración conjunta de las pruebas que en este caso lo llevaron a concluir que las mismas no reflejaban circunstancias diferentes a las de un debate entre posiciones acerca de la forma como debían abordarse y desarrollarse unos determinados trabajos a cargo de la Dirección de Estudios Sectoriales a la que tanto jefes como subalternos pertenecían en la época de los hechos. FALTA DISCIPLINARIA-Casos en que se configura Las pruebas no demuestran aquello de lo que el quejoso pretende convencer a los operadores disciplinarios, de haberlo podido comprobar, los mismos hechos puestos en conocimiento de por sí carecían ya de interés al Derecho Disciplinario. No debe olvidarse que por falta disciplinaria, de acuerdo con el artículo 23 del CDU, debemos entender al incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de funciones y derechos y la violación del régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses sin justificación, ni que el artículo 4 de la misma obra señala que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional, igualmente, sin justificación, mientras que en el caso cuyo examen se pone a nuestra consideración, no apreciamos que algo de lo

expuesto en la queja siquiera tenga la virtud de tenerse como incumplimiento del deber, o extralimitación de funciones o incursión en algún tipo de prohibición por parte de los 1 disciplinados, y partiendo de ello, con menor razón aún, que aquellos tengan que entrar a justificar alguno de los comportamientos que su subalterno les imputa.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No.45. Radicación No 161-4023 (014-147138/2006) Disciplinado WILSON HERRERA MORENO y CARLOS

CUARTAS.

Cargo y Entidad Contralor Delegado y Director de Estudios Sectoriales de la Contraloría General de la República, respectivamente. Quejoso FREDY ARMANDO PORRAS LEAL Fecha queja 17 de agosto de 2006 Fecha hechos 17 de agosto de 2006 (última conducta denunciada) Asunto Apelación Archivo Definitivo

P.D. Ponente: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS.

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, procede esta Sala Disciplinaria a revisar, a partir de la apelación interpuesta por el quejoso FREDY ARMANDO PORRAS LEAL, la decisión proferida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa el 4 de septiembre de 2008, mediante la cual se dispuso la terminación de las actuaciones adelantadas contra los señores WILSON HERRERA MORENO y CARLOS CUARTAS NIETO, en sus condiciones de

Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad y de Director de Estudios Sectoriales de la misma Delegada de la Contraloría General de la República, respectivamente, con ocasión de una queja que denunciaba presuntas conductas de acoso de estos últimos para con el quejoso. ANTECEDENTES PROCESALES Este Órgano de Control recibió la queja signada por el señor FREDY PORRAS LEAL el 17 de agosto de 2006 (fls. 1-17, c.o. 1), queja que ratifica y amplía en declaración rendida el 23 de abril de 2007 (fls. 164-171, c.o. 1) y el 4 de mayo de 2007 (fls. 349-353, c.o. 2), en la que refiere una serie de hechos, a su parecer constitutivos de persecución, discriminación, entorpecimiento e inequidad en el trabajo, identificables con acoso laboral, las cuales a su vez se hallarían representadas en cinco focos (de una clasificación que él mismo expone) a saber: 1) conductas de acoso presentadas en desarrollo del trabajo “Evaluación del Primer Año del Sistema Penal Acusatorio”; 2) conductas presentadas en desarrollo 2 del trabajo “Evaluación de las Políticas Públicas de Reinserción; 3) acoso representado en una carta dirigida por el doctor HERRERA MORENO a Talento Humano de la Contraloría solicitando la capacitación o el traslado de dependencia del quejoso; 4) acoso materializado en la evaluación del desempeño de este último que no correspondía con sus logros laborales y 5) acoso relacionado con un

evento en que se le otorgó un término de media hora para la presentación de un informe. A instancias de la queja antes enunciada, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó apertura de indagación preliminar y la práctica de algunas pruebas el 27 de marzo de 2007 (fls. 158-159, c.o. 1). Esta providencia se notificó de manera personal al doctor HERRERA MORENO el 19 de abril de 2007 (fl. 163, c.o. 1) y al doctor CARLOS CUARTAS mediante edicto del siguiente día 30 de abril (fl. 348, c.o. 2). El 8 de agosto de 2007, la Delegada del conocimiento indaga a la Contraloría General de la República (CGR) si agotó la medida preventiva de la que habla la Ley 1010 de 2006, por ser la denunciada, una posible conducta de acoso laboral (fl. 446, c.o. 2); solicitud a la que la Oficina de Control Disciplinario de ese Órgano de Control Fiscal responde que en particular no ha conocido de quejas relacionadas con los funcionarios mencionados hasta aquí, en que se debata la ocurrencia de dicho tipo de falta (fl. 449, c.o. 2). Posteriormente, el 6 de septiembre de 2007, la Procuraduría Delegada que ordenó la indagación devuelve las actuaciones a la CGR para los efectos propios del agotamiento de la conciliación prevista como requisito de procedibilidad en estos casos (fls.453-457, c.o. 2). A su vez, las diligencias son regresadas a la

Procuraduría por parte de la CGR, ante la imposibilidad de agotar dicho requisito dado que los doctores HERRERA MORENO y CUARTAS NIETO ya no eran servidores de esa entidad. Junto con el escrito con que devuelve el expediente, la doctora LUZANA GUERRERO QUINTERO de la Oficina de Control Disciplinario de ese Órgano de Control Fiscal, remite una providencia de archivo y otra inhibitoria proferida por dicha dependencia, en relación con hechos endilgados por el quejoso contra los mismos disciplinados, pero que no fueron denunciados como acoso laboral. La Procuraduría Delegada que adelantaba la indagación da por terminado el procedimiento mediante auto del 4 de septiembre de 2008 (fls. 495-506, c.o. 2), decisión que apela el quejoso a través de escrito radicado el 18 de septiembre de 2008 (fls. 516-530, c.o. 2). DECISIÓN DE ARCHIVO Distinguimos en la providencia de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa cuyo examen nos interesa, que en el desarrollo del capítulo que ha denominado como de consideraciones, se abordan dos secciones a saber: de un lado, una descriptiva en la que se efectúa un resumen de los detalles de la queja, de los testimonios, de los documentos y la transcripción de las normas sobre acoso laboral pertinentes; y de otro, una sección verdaderamente considerativa en la que se exponen las valoraciones efectuadas 3 por el instructor del proceso respecto de los elementos que anteriormente describió. En la primera de dichas secciones identificamos los cuatro primeros puntos de la

exposición que efectúa el operador disciplinario, en los cuales comienza por rememorar los detalles denunciados por el quejoso en relación con las conductas que atribuye a sus superiores jerárquicos HERRERA MORENO y CUARTAS NIETO; luego, en su segundo punto adelanta un recuento de los testimonios recogidos en las actuaciones en los que encuentra lo siguiente: Que los señores LUDDY BACCA (fls. 422-423, c.o. 2) y ANDRÉS FUENTES (fls. 424-426, c.o. 2) manifestaron que el tiempo concedido por el doctor CUARTAS NIETO al grupo de trabajo que integraban junto con el quejoso para la elaboración del trabajo “Evaluación del Primer Año del Sistema Penal Acusatorio”, fue corto; que se les manifestó que dicho informe sería tomado como insumo para el trabajo de otro grupo; que nada les consta en relación con la denuncia acerca de que en una oportunidad, al quejoso doctor PORRAS LEAL se le haya concedido el término de media hora para presentar un informe. La primera de los testigos sostiene además que no tuvo problemas con su evaluación del desempeño pero que al parecer el quejoso, doctor PORRAS LEAL, sí; esto, mientras que ANDRÉS FUENTES vislumbra que los trabajos desarrollados por el grupo que integraban tanto él como el quejoso, en la Dirección de Estudios Sectoriales (DES) a cargo del doctor CUARTAS NIETO, adolecieron de falta de claridad en las instrucciones impartidas por los jefes, además, que observó que las relaciones entre los destinatarios de la indagación y el quejoso eran tensas.

Esta última apreciación es recogida por la declaración del señor WILLIAM CARRILLO (fls. 424-426, c.o. 2), quien además dice que el trabajo sobre Sistema Penal Acusatorio se hizo con base en las directrices emitidas por el Director de la DES; que a pesar que al grupo de trabajo que integraba junto con el quejoso se le había expresado que el resultado se tendría como insumo en otro proyecto, finalmente no tuvo ese destino porque aquel no cumplía las pautas técnicas para ese fin y que él y los demás integrantes de ese grupo de trabajo solicitaron ser retirados del proyecto. Sobre la exposición de GLORIA EDITH RUEDA (fls. 427-428, c.o. 2) concluyó el evaluador que realmente manifestó que nada le constaba sobre estos hechos. Y finalmente, en lo que respecta al testimonio del señor ISAURO SUÁREZ (fls. 441443, c.o. 2), observa que éste no es testigo de actos de acoso; que escuchó que a PORRAS LEAL le rechazaban el trabajo sin fundamentos, así como que su evaluación del desempeño había sido baja y que no consideraba que el hecho de no habérsele asignado trabajo a aquel durante un tiempo, pudiera considerarse como persecución laboral, pues a él mismo le había ocurrido y era normal que sucediera. Como tercer punto de este segmento descriptivo que hemos identificado en la providencia impugnada, hallamos una reseña de las pruebas documentales que aparecen en el cuaderno original, a partir de las cuales el evaluador de la indagación esboza algunas consideraciones. Entre ellas resalta que el cruce de

correspondencia entre los destinatarios de la indagación y el señor PORRAS 4 LEAL denota una disputa “intelectual” y/o legal entre jefe y subalterno (o subalternos, cuando ésta se dirigía entre el jefe y el grupo de trabajo) pero nunca un trato que pudiera entenderse como acoso, pues las respuestas dadas por el Director de la DES (el señor CUARTAS NIETO) siempre fueron muy respetuosas, condición que no puede predicarse de la actitud asumida por el quejoso en sus comunicaciones. Evalúa en este punto la primera instancia el escrito suscrito por el Contralor Delegado doctor HERRERA MORENO dirigido a la Gerencia del Talento Humano en la que se solicitaba capacitación para el quejoso o su traslado de dependencia, sobre cuyo fundamento advierte el operador disciplinario que no fue otro que la continua controversia y cuestionamiento de las instrucciones de sus superiores jerárquicos. Por último dentro de este segmento descriptivo, hallamos que en el cuarto punto de su providencia, la primera instancia se encarga de delimitar la noción de acoso laboral que servirá para el análisis que se dispone a hacer trascribiendo los artículos 2, 7 y 8 de la ley 1010 de 2006 que determinan su concepto, las conductas constitutivas de este tipo de falta y las que no involucran su ocurrencia. La providencia recurrida finalmente aborda la sección puramente considerativa en su punto quinto en el que evalúa los testimonios sintetizados en párrafos anteriores, de los cuales concluye que no expresan la ocurrencia de ninguna conducta disciplinable. La primera instancia cae en la cuenta además, respecto al interés que podría asistirles en su declaración, que todos los declarantes eran

integrantes del mismo grupo de trabajo que el quejoso. Respecto a la prueba documental (correspondencia entre el disciplinado y sus superiores jerárquicos y entre éstos y el grupo de trabajo que integraba dicho quejoso), quien evalúa la indagación estima que tal material solo permite ver que el trato de los directivos para con sus subalternos era normal, respetuoso, considerado e instructivo; que sólo tenía por finalidad la fijación de pautas de trabajo y que no puede tomarse como conducta de acoso el ejercicio de la atribución que cualquier jefe tiene para hacer observaciones a la labor del grupo que dirige, y que más bien lo que permiten entender esas pruebas es que el grupo de trabajo que integraba PORRAS LEAL era muy sensible a afectarse por tales órdenes o recomendaciones. En lo que atañe a la evaluación del desempeño que por su bajo guarismo el quejoso considera una conducta constitutiva de acoso, la primera instancia recuerda que las calificaciones de servicios son actos administrativos contra los cuales proceden recursos y que además, en virtud de tal prerrogativa, el doctor CUARTAS NIETO, en su condición de superior inmediato, incrementó la calificación del desempeño del quejoso. Como última consideración expone la decisión de archivo, respecto a que también constituiría acoso la comunicación con la cual el doctor WILSON HERRERA MORENO (Contralor Delegado y por ende, superior tanto del Director CUARTAS NIETO como del profesional PORRAS LEAL) requirió a la Gerencia del Talento Humano la capacitación o el traslado de dicho profesional, que dicho 5 comportamiento para nada puede entenderse como una irregularidad de ese tipo, pues es una atribución propia del marco de sus funciones, que es más razonable

cuando encuentra en sus dirigidos actitudes de resistencia e inconformismo constante hacia sus órdenes y sugerencias para la elaboración de los distintos proyectos a cargo de su dependencia. RECURSO DE APELACIÓN El escrito de impugnación se encarga principalmente, de reiterar los puntos de la queja y su ratificación, agregando que aún después de su presentación (17/08/2006), el quejoso siguió siendo víctima de la presunta persecución de los doctores HERRERA MORENO y CUARTAS NIETO encaminada a ocasionarle un perjuicio laboral, entorpecer el cumplimiento de sus funciones y la misión de la propia CGR al asumir comportamientos de descalificación y menosprecio a sus actividades, generándole desmotivación laboral. Dicho proceder injustificado a sus ojos, se materializó en forma de persecución, discriminación, entorpecimiento e inequidad laborales, actuaciones que censura el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006. Así mismo señala que todos los hechos que puso en conocimiento de la PGN se encontraban soportados probatoriamente con las comunicaciones que sus superiores jerárquicos le remitían, las cuales demuestran claramente la intención indebida que impulsaba tales conductas. Enuncia así mismo, cada uno de los folios aportados por él de donde dice, se percibe evidente dicha intención. Dentro de ese ejercicio de reiteración recuerda que su queja relataba irregularidades constitutivas de acoso materializadas en cinco casos así: 1) Conductas de acoso ocurridas en desarrollo del trabajo “Evaluación del Primer Año del Sistema Penal Acusatorio”. Allí revelaba que el plazo para la ejecución de ese proyecto fue exiguo; que el

doctor CUARTAS NIETO impidió la fluidez de la información al no indicar nada sobre si algunos insumos requeridos para el desarrollo del mismo estaban sujetos a reserva o nó; que ese funcionario no convocó reuniones que se requerían para su redacción; que el mismo servidor impuso en el documento de dicho trabajo unas conclusiones carentes de metodología; que irrespetó el trabajo del señor PORRAS LEAL; que utilizó el resultado de este trabajo como insumo para otros informes que adelantaría un grupo de más alto nivel que el integrado por el quejoso; que los jefes (Director DES y Contralor Delegado) se pusieron de acuerdo para evaluarlo mal y que nunca se le remitió copia de un documento relacionado con este proyecto que él y su grupo requirieron al señor CUARTAS NIETO. 2) Conductas de acoso en desarrollo del trabajo “Evaluación de las Políticas Públicas de Reinserción”. En este punto el recurrente remembra que el doctor CUARTAS NIETO lo retiró de este proyecto injustificadamente, cuando antes había manifestado su conformidad con su participación en el mismo; que además, ese Director no le contestó por las 6 razones de su retiro del proyecto, actitud que lo desmotivó laboralmente y que el documento que finalmente produjo quien lo remplazó no cumplió con todos los requerimientos de calidad exigidos. 3) Conducta de acoso originado en el oficio remitido por el Contralor Delegado WILSON HERRERA MORENO a la Gerencia del Talento Humano solicitando que se capacitara o se trasladara al quejoso. Recuerda que en este punto manifestó que el comportamiento era constitutivo de acoso porque con aquél los sujetos de la indagación pretendieron desacreditarlo

ante sus superiores y que además, con dicha solicitud, HERRERA MORENO no allegó pruebas de las sindicaciones contra él sobre las que la fundamentaba. Reforzaba su tesis de la ocurrencia de acoso en este punto, constatando que no sólo la pretensión de sus superiores no se satisfizo sino que ellos salieron de la dependencia y de la entidad mientras él se mantuvo en su puesto. 4) La evaluación del desempeño como instrumento del acoso laboral. Reitera el quejoso que su denuncia revelaba que la calificación correspondiente había sido abusiva y arbitraria; que el doctor HERRERA MORENO no había resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la misma y que finalmente, por haberle asistido siempre la razón, aquella fue dejada sin validez por un nuevo evaluador que sí reconoció sus méritos, circunstancia que dejaba clara la persecución de la que dice haber sido víctima. 5) Materialización del acoso en un evento en el que el superior inmediato (Dr. CUARTAS NIETO) le otorgó el plazo de media hora para la presentación de un informe. Recalca la anterior queja y manifiesta que tal irregularidad aparecía probada con unos documentos obrantes en el expediente, de los cuales hace cita. Luego de esa reiteración de los puntos de queja (en los que ahora identifica los elementos que individualizadamente permitirían probarlos), el libelista emprende un capítulo que pretende ser crítico respecto del análisis efectuado por la dependencia que instruyó la indagación, en el cual comienza por decir que la providencia en estudio calla acerca de todos los elementos de prueba que él mismo aportó y el funcionario que la profirió especula irresponsable y

malintencionadamente, demostrando una impertinente parcialidad, permitiendo con ello que queden impunes las conductas sancionables que denuncia. En este ejercicio encuentra, respecto de cada punto de la queja, lo siguiente: a) Acerca del primer caso de acoso, considera que no hubo ninguna valoración en lo que atañe al hecho denunciado de que fue exiguo el término para la presentación del trabajo “Evaluación del Primer Año del Sistema Penal Acusatorio”, otorgado al equipo de trabajo que integraba, a pesar que el mismo Director CUARTAS NIETO dejó expreso que no lo consideraba suficiente; ni tampoco la hubo (valoración probatoria) sobre la negativa del referido directivo a suministrar al quejoso un informe antiguo que éste último requería como insumo para su trabajo; ni se profundizó sobre la negativa del mismo directivo a convocar 7 unos funcionarios para consolidar el informe; ni sobre la pretensión de dicho jefe de dependencia de imponer criterios en el documento del grupo de trabajo; ni acerca del comportamiento consistente en asignar al señor PORRAS LEAL funciones de manera retroactiva, basándose en un inexistente concepto. En general, sostiene la impugnación, el auto al que ataca incurre sobre este punto en vaguedades especulativas y “perogrulladas”. b) En lo que tiene que ver con el segundo caso, afirma el apelante, que por la pésima estructura de la providencia no hay un pronunciamiento acerca de él. c) En lo tocante al tercer caso, es decir, la presunta irregularidad por la remisión de un oficio en que se requería su capacitación o traslado, signado por el

Contralor Delegado HERRERA MORENO, dice que la autoridad que ordena el archivo emprende el análisis sólo a partir de la competencia que les asiste a los jefes para elevar ese tipo de solicitudes, y por esa vía, deja de lado, omite el análisis de la falsedad de los fundamentos en que tales requerimientos se sostenían; falsedades que a su vez fueron la razón para que la Gerencia de Talento Humano de la CGR no los atendiera. d) Sobre el cuarto caso (acoso por baja calificación del desempeño), critica que el operador disciplinario haya desechado lo denunciado con el argumento de que contra ese acto caben recursos. Estima el recurrente que esa propuesta argumentativa es una vaguedad insustancial y que el funcionario encargado de la indagación no se encaminó a investigar a dicha evaluación como instrumento de persecución laboral. e) En relación con el quinto caso (término de media hora para presentar un informe), estima el libelista que el análisis del operador disciplinario refleja una selectividad insana (probatoriamente, entendemos), pues descarta como prueba su oficio ER50124 (en el que dice que hace entrega del informe a pesar que solo le dieron 30 minutos para rendirlo) y solo tuvo en cuenta testimonios de los cuales extrae solamente apartes, de manera caprichosa. Sobre este último particular reprocha la providencia acusándola de adolecer de una “disfuncionalidad lógica” en la evaluación de los testimonios que llevaría, en sentir del libelista a que “el hecho de ser testigos de unos hechos, los inhabilitara para ser testigos de los mismos hechos”, pues constata el impugnante que la autoridad

disciplinaria que ordena el archivo consideró que tales testimonios no permitían deducir falta y que además, al mirar el interés para declarar, se observaba que quienes los rindieron habían integrado el mismo grupo de trabajo que el quejoso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

1. En primer término se tiene que la Sala Disciplinaria es competente para resolver lo que en derecho corresponda en relación con el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la decisión de terminación de la indagación proferida el 4 de septiembre de 2008 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia

8 Administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 de 2000.

2. En segundo lugar y ya sobre el asunto en concreto, sea lo primero manifestar que el escrito de apelación bordea la posibilidad de declaración de desierto del recurso por la gran cantidad de imputaciones que infundadamente efectúa y el tono irrespetuoso con el que se refiere a las actividades tanto de los disciplinados como a las del operador disciplinario a las que reiterativamente descalifica con adjetivos tales como irresponsables, abusivas, torpes, arbitrarias, falsas, malintencionadas, impertinentemente parcializadas, etc.

Vemos que las reflexiones que soportan la decisión tampoco le merecen ningún respeto al impugnante y las rotula como “vaguedades especulativas”, “vaguedades insustanciales” que solo manifiestan “perogrulladas”, mientras que añade que la providencia adolece de una pésima estructura y su evaluación probatoria se nutre

de una “selectividad insana”, entre otras muchas expresiones que desdicen de la fortaleza de sus razones y del propósito con el que se supone que acude a estas actuaciones, que dice ser el de la búsqueda de justicia disciplinaria. La declaratoria de desierto del recurso resulta posible a partir de los poderes que asisten al juez de una causa por virtud del numeral 3 del artículo 39 del C. de P.C., aplicable en el proceso disciplinario por vía de integración normativa, de acuerdo con el artículo 21 del CDU; sin embargo, en aras de brindar el máximo de oportunidad de intervención al ciudadano que acude a la administración de justicia disciplinaria en calidad de quejoso, se analizarán los puntos de impugnación que conlleven una verdadera controversia en relación con los argumentos de la decisión de archivo, pues la mayoría son una reiteración de la queja (puntos ya desechados en la decisión de archivo) y una descalificación genérica, antes que una crítica fundada en valoraciones concretas, a la providencia impugnada.

3. De esa suerte, y aún y cuando sigue siendo una crítica genérica, observamos que el ataque central a la providencia de primera instancia, y por ende el problema jurídico que delimita nuestro análisis, tiene que ver con la valoración probatoria, de la cual el recurrente predica una inobservancia generalizada de todos y cada uno de los elementos que aportó a esta indagación, a partir de lo cual se entiende que lo pretendido es que éstos se evalúen individualmente para soportar igualmente todos y cada uno de los hechos expuestos por él como constitutivos de acoso.

Bien, al respecto se aprecia que el auto objeto de apelación si efectúa una

valoración de los aludidos medios de prueba, solamente que dicho examen fue de carácter integral y no individualizado, pieza por pieza como lo pretende el quejoso; es decir que se realizó una valoración contextual del material que permitió al instructor entender que lo único que quedaba claro del recaudo de pruebas es que existían algunos debates entre jefes y equipo de trabajo en torno a la forma de abordar unas determinadas tareas. Desde ese punto de vista encontramos que más bien la pretendida omisión identificada por el apelante es en realidad un descontento porque el operador jurídico no reconoció el mismo valor que él a los medios tantas veces mencionados. 9 Hallamos, respecto de las consideraciones del párrafo anterior, que el operador jurídico, dentro del sistema de valoración de la sana crítica, disfruta de libertad en la formación de su criterio acerca de lo que aquellas revelan y por tanto debe adelantar una valoración conjunta de las pruebas que en este caso lo llevaron a concluir que las mismas no reflejaban circunstancias diferentes a las de un debate entre posiciones acerca de la forma como debían abordarse y desarrollarse unos determinados trabajos a cargo de la Dirección de Estudios Sectoriales a la que tanto jefes como subalternos pertenecían en la época de los hechos. Es preciso acotar, para despejar cualquier duda, que de haberse asumido en la providencia la exposición del mérito individual de cada uno de los documentos adosados a la queja, de todos modos se habría llegado a la misma conclusión; esto es, que los mismos no permiten tener como probado que los hechos narrados allí constituyan algún tipo de irregularidad. Para el efecto tomaremos por vía de

ejemplo algunos de los casos recordados por el señor PORRAS LEAL en la apelación y de sus supuestos soportes probatorios. a) En relación con uno de los primeros puntos del primer caso expuesto como de acoso, concretamente el que refiere que el término concedido por el doctor CUARTAS NIETO para el trabajo “Evaluación del Primer Año del Sistema Penal Acusatorio” fue exiguo, el quejoso pretende hacer ver en tal circunstancia un comportamiento típico de acoso a partir del oficio IE1560 del 24/01/2006 (fl. 23, c.o. 1), así como del acta 01 levantada el 16 de febrero de 2006 en la DES a la que prestaba sus servicios (fls. 313-318, c.o. 2), con base en el argumento de que en estos documentos el citado Director había admitido que dicho término era corto. Bien, efectivamente tales documentos prueban que el doctor CUARTAS NIETO reconoció que el tiempo dado para el desarrollo de la aludida misión fue limitado, pero en modo alguno permiten interpretar que esa circunstancia haya obedecido a una campaña de persecución laboral o si quiera que sea fruto de una decisión arbitrariamente asumida por él, en contra de la cual el quejoso hubiera manifestado que se sentía presionado o acosado. Es tan cierto lo anterior que en la citada acta, levantada en una reunión a la que asistió PORRAS LEAL, una vez admitida la escasez de tiempo por el Director, ni aquel ni ninguno de los otros asistentes expresó nada en relación con ese tema. Es