PGN - RECURSOS DE REGALIAS - Jurisprudencias de la corte constitucional (1)

FALLO ABSOLUTORIO POR DUDA-Al Director de Corpocesar por presunta indebida utilización de los recursos de rentas de destinación específica provenientes de regalías CARENCIA DE PRUEBAS-No es posible verificar si el proyecto se encuentra dentro del acuerdo emitido por el Consejo Directivo de Corpocesar No se adjuntó al proceso la ficha EBI del proyecto ni otros documentos que den cuenta del contenido del mismo, no obra ninguna constancia en la que se diga que dicho proyecto no se inscribió ni registró en el banco de proyectos, y por el contrario sí se menciona en el Plan de Acción 20072011 de la entidad y en la ejecución presupuestal de los recursos de compensaciones del Carbón en la vigencia 2010. Como resultado puede decirse, que al no obrar en el proceso la ficha EBI del proyecto, ni el documento en el cual se desarrolló el mismo, el Acuerdo en virtud del cual se aprobó la liquidación del presupuesto de Corpocesar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, como tampoco ninguna constancia en la que se indique que dicho proyecto no se inscribió ni registró en el banco de proyectos, y por el contrario sí se menciona en el Plan de Acción 20072011 de la entidad, y en la ejecución presupuestal de los recursos de compensaciones del Carbón en la vigencia 2010, se infiere que en los hechos objeto de reproche se presenta una duda razonable que en este estado del proceso no hay modo de eliminar, la cual debe resolverse a favor del investigado, según lo establece el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, para cuyo efecto, se ordenará revocar el fallo de primera instancia proferido contra el director de Corpocesar, en lo

que atañe a estos específicos hechos. No es posible verificar si el proyecto se encuentra dentro del acuerdo emitido por el Consejo Directivo de Corpocesar, en el cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, dado que no obra dentro del proceso, aunque consta en la ejecución presupuestal de los recursos de compensaciones del carbón en Corpocesar en la vigencia de 2010, el mencionado proyecto de inversión, con su correspondiente código de rubro, programa, y el contrato 19-6-031-2010 que celebrado con dichos recursos y que a la vez es objeto de la presente investigación. CARENCIA DE PRUEBAS-Ausencia de estudios previos del contrato La única obligación del contratista que no tiene un claro apoyo dentro del contenido del proyecto es la de «Prestar asistencia técnica a la Subdirección General de Gestión Ambiental, para la interlocución en materia ambiental con las comunidades afro colombianas asentadas en el Departamento del Cesar», sin embargo, para llegar a una conclusión sobre este punto, sería imprescindible consultar los estudios previos del contrato, con el fin de verificar si en dicho documento se sustentó que dicha interlocución en materia ambiental con las comunidades afrocolombianas tenía relación con la ejecución del referido proyecto, sin embargo, este ejercicio no puede realizarse, por la ausencia de los mencionados estudios previos. CARENCIA DE PRUEBAS-No se cuenta con el presupuesto anual de rentas y gastos de la vigencia 2010/DUDA RAZONABLE-A favor del disciplinado Respecto de los hechos objeto de reproche en el presente caso, se presenta una duda razonable que en este estado del proceso no hay modo de eliminar, la cual debe resolverse a

favor del investigado, según lo ordena el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, en virtud de lo cual se revocará el fallo de primera instancia proferido contra el director de Corpocesar, respecto a estos específicos hechos, y en su lugar se le absolverá de responsabilidad. Adicionalmente, aunque en este caso si se adjuntó el proyecto, como se indicó inicialmente, no se cuenta con el presupuesto anual de rentas y gastos de la vigencia 2010, el cual, es uno de los Radicación n.° 161 –6252 instrumentos de planificación de las Corporación Autónomas Regionales, necesario para determinar si el proyecto fue incluido como un gasto de inversión, razón por la cual, en este caso, también se está frente a una duda razonable que en este estado del proceso no hay modo de eliminar, la cual debe resolverse a favor del investigado, según lo establece el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, por lo que en consecuencia se ordenará revocar el fallo de primera instancia proferido contra el doctor Virgilio Segundo Calderón Peña, en su calidad de director de Corpocesar. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-En relación con los recursos provenientes de regalías y compensaciones según jurisprudencias constitucionales RECURSOS DE REGALIAS-Jurisprudencias de la Corte Constitucional PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA-Jurisprudencia del Consejo de Estado PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional 2 Radicación n.° 161 –6252

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016) Aprobado en Acta de Sala N°. 3

Radicación No: 161 – 6252 (IUS 2012 – 95698) (IUCD-2013-48-612655)

Disciplinado: VIRGILIO SEGUNDO CALDERON PEÑA

Cargos y Director General Corporación Autónoma Regional del

Entidades: Cesar.

Quejoso: Informe de servidor público. De oficio Fecha queja: 6 de diciembre de 2011

Fecha hechos: 28 y 29 de enero y 23 de julio de 2010

Asunto: Fallo de segunda instancia

P.D. PONENTE: DR. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA.

En virtud de la función asignada en el numeral 1° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 y en el recurso de apelación interpuesto por el investigado, Virgilio Segundo Calderón Peña, la Sala Disciplinaria revisa la providencia proferida el 29 de mayo de 2015, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública la declaró disciplinariamente responsable del cargo formulado imponiéndole sanción disciplinaria consistente en suspensión del cargo de director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar «Corpocesar», por el término de seis (6) meses, convertida en salarios.

I. ANTECEDENTES PROCESALES El presente proceso disciplinario tuvo origen en el oficio remitido por la Gerencia Departamental del Cesar de la Contraloría General de la República, el 6 de diciembre de

2011, a través del cual puso en conocimiento varios hallazgos con presunta incidencia disciplinaria producto de la auditoría efectuada en la corporación sobre la vigencia de 2010, dentro de los cuales refirió que la Corporación financió contratos de prestación de servicios con recursos provenientes de compensaciones del carbón (fol. 11 c. 1). La Procuraduría Regional del Cesar ordenó iniciar indagación preliminar el 29 de mayo de 2013, contra el señor Virgilio Segundo Calderón Peña, en su condición de director general de Corpocesar, y ordenó la práctica de algunas pruebas. La providencia se notificó el 11 de julio de 2012 (fol. 18 y 22 c. 1). Mediante auto del 31 de julio de 2013, se ordenó remitir por competencia el proceso a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, la cual dispuso la práctica de otras pruebas (fol. 39 y 45 c.1). La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública abrió investigación disciplinaria el 31 de marzo de 2014, contra Virgilio Segundo Calderón Peña, en su condición de director general de Corpocesar, por haber ejecutado recursos de compensaciones del carbón mediante los contratos números 19-6-001/10, 19-6-002/10, 3 Radicación n.° 161 –6252 19-6-003/10, 19-6-004/10, 19-6-007/10, 19-6-016/10, 19-6-017/10, 19-6-018/10, 19-6019/10, 19-6-020/10, 19-6-021/10, 19-6-023/10, 19-6-024/10, 19-6-027/10, 19-6-030/10,

19-6-031/10, 19-6-032/10, 19-6-034/10, 19-6-038/10, 19-6-039/10, 19-6-040/10, 19-6041/10, 19-6-042/10, 19-6-043/10 y 19-6-055/10, durante la vigencia de 2010, providencia en la cual se ordenó archivar las diligencias relacionadas con los contratos 19-6-060/10, 19-6-64/10 y 19-6-89/10. El 31 de octubre de 2014, se cerró la investigación (fol. 483 c.3 y 607 c. 4). El 16 de diciembre de 2014, se profirió auto de cargos a Virgilio Segundo Calderón Peña, en su calidad de director general de Corpocesar, por infringir los artículos 34 numeral 1 y 48 numeral 20 de la Ley 734 de 2002, calificando la falta como gravísima, a título de culpa grave (fol. 614 c.4). El auto de cargos se notificó personalmente al disciplinado el 27 de enero de 2015 (fol. 661 c.4); quien presentó sus descargos el 9 de febrero de 2015 (fol. 645 c.4), y se ordenaron pruebas de descargos a través del auto de fecha 26 de febrero de 2015 (fol. 664 c.4). El 27 de marzo de 2015, se dispuso dar traslado al disciplinado para alegar de conclusión (fol. 668 c.4), alegatos que fueron presentados el 11 de mayo de 2015 (fol. 677 c.4). El procurador delegado para la economía y la hacienda pública, profirió fallo de primera

instancia el 29 de mayo de 2015 (fol. 692 c.4); decisión que fue notificada personalmente al disciplinado el 6 de julio de 2015 (fol. 790 c.4). El 9 de julio de 2015 se presentó el recurso de apelación, el cual se concedió ante la Sala Disciplinaria en efecto suspensivo (fol. 791 y 797 c.4).

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El fallo de primera instancia fue emitido por el procurador delegado para la economía y la hacienda pública, declarando disciplinariamente responsable al doctor Virgilio Segundo Calderón Peña en su calidad de director general de Corpocesar, del cargo formulado, a título de culpa grave, imponiéndole sanción disciplinaria consistente en suspensión del cargo de director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar «Corpocesar», por el término de seis (6) meses, convertida en salarios, en la suma de $32’358.156 (fol. 692 c.4).

Al disciplinado se le cuestionó utilizar indebidamente rentas de destinación específica provenientes de regalías y compensaciones del carbón para financiar gastos de funcionamiento, por ordenar o autorizar la utilización de dichos recursos para el pago de los contratos 19-6-001/10, 19-6-002/10, 19-6-003/10, 19-6-004/10, 19-6-007/10, 19-6016/10, 19-6-017/10, 19-6-018/10, 19-6-019/10, 19-6-020/10, 19-6-021/10, 19-6-023/10,

19-6-024/10, 19-6-027/10, 19-6-030/10, 19-6-031/10, 19-6-032/10, 19-6-034/10, 19-6038/10, 19-6-039/10, 19-6-040/10, 19-6-041/10, 19-6-042/10, 19-6-043/10 y 19-6-055/10, durante la vigencia 2010, suscritos por el director de la corporación, con el objeto de prestar servicios profesionales por ingenieros ambientales y sanitarios para el apoyo de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental, Coordinación de Seguimiento Ambiental, Coordinación Jurídica Ambiental, Coordinación de Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas y la Oficina Jurídica, adelantando actividades de control, preservación, defensa del medio ambiente, actividades de control y vigilancia 4 Radicación n.° 161 –6252 ambiental y evaluación, seguimiento y atención de quejas en general y en especial a los planes de manejo, saneamiento y manejo de los residuos sólidos y similares. Se hizo alusión al artículo 20 del Decreto 416 de 2007, para indicar que corresponde a las corporaciones autónomas regionales, destinar forzosamente en proyectos de inversión relacionados con la naturaleza de su objeto y funciones, los recursos asignados por la Ley 41 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002 y reglamentada por el Decreto 416 de 2007, por cuanto deben ser utilizados en la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión de impacto regional en medio ambiente y su

conservación dentro de su jurisdicción. Se habló del manejo de los recursos de compensaciones por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, citando el artículo 360 de la Constitución Política, que preveía antes de su modificación por el Acto Legislativo 5 de 2011, que por la explotación de los recursos naturales se causa una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte, pues son contribuciones que el Estado percibe como contraprestación por la explotación del recurso natural no renovable, razón por la cual es el Estado el que determina los conceptos en los cuales se pueden invertir dichos recursos en la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002, Decreto 416 de 2007, Acto Legislativo No. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012; y la Constitución dispone que los recursos de regalías y compensaciones se aplican a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las entidades territoriales, por lo cual no puede dárseles tratamiento de recursos propios ni quedar al arbitrio de la entidad, pues tienen destinación específica. También se hizo mención del artículo 361 de la Constitución Política, el cual consagraba antes de ser modificado por el Acto Legislativo n° 5 de 2011, que para los ingresos provenientes de las regalías que no fuesen asignados a los departamentos y municipios, se crearía un fondo nacional de regalías cuyos recursos se destinarían a las entidades

territoriales en los términos que señalara la ley; fondos que se aplicarían a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. Se dijo, que en desarrollo de dichas normas constitucionales el artículo 14 de la Ley 141 de 1991, modificada por el artículo 13 de la Ley 756 de 2002, reguló las compensaciones, señalando que los departamentos productores destinarían los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos productores: a) El 90% a inversión en proyectos prioritarios contemplados en el plan general de desarrollo del departamento o de los sus municipios, y de estos no menos del 50% para los proyectos prioritarios contemplados en los planes de desarrollo de los municipios del mismo departamento que no reciban regalías directas, de los cuales no pueden destinarse más del 15% a un mismo municipio, y en cualquier caso tienen prioridad los proyectos que benefician a dos o más municipios; b) El 5% para la interventoría técnica de los proyectos que se ejecuten con estos recursos; c) El 5% para gastos de funcionamiento u operación. El 50%, y solo cuando estos recursos no provengan de proyectos de hidrocarburos, para sufragar los costos de manejo y administración que tengan las entidades de orden nacional a cuyo cargo esté la función de recaudo y distribución de regalías y compensaciones. 5 Radicación n.° 161 –6252 En el parágrafo 1 de dicha norma se dice que para los efectos de este artículo, también se tiene como inversión las transferencias que hagan los departamentos de las

participaciones de regalías y compensaciones en favor de Consejos Regionales de Planificación Económica y Social, Corpes, o de la entidad que los sustituya, y de los Fondos de Inversión Regional, FIR. Señaló que el artículo 14 de la Ley 141 de 1994 fue reglamentado por el Decreto 1447 del 28 de abril de 2010, regulando que los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos productores serán destinadas en el cien por ciento (100%) a inversión en proyectos prioritarios contemplados en el plan general de desarrollo del departamento o en los planes de desarrollo de sus municipios. Se citó el Decreto 416 de 2007, que reglamentó la Ley 756 de 2002, el cual en su artículo 20 reguló la destinación de los recursos administrados por las corporaciones autónomas regionales, señalando que los recursos asignados directamente por la Ley 141 de 1994 a las Corporaciones Autónomas Regionales debían destinarse forzosamente a inversión en proyectos relacionados con la naturaleza de su objeto y funciones; y que lo recursos administrados por esas Corporaciones en virtud de lo previsto en el segundo inciso del parágrafo 5 del artículo 16 de la Ley 756 de 2002, deben ser utilizados en la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión de impacto regional en los municipios de su jurisdicción. Se dijo que el inciso 2 del parágrafo 5 del artículo 16 de la Ley 756 de 2002 estableció que mientras se creaba la Región Administrativa de Planificación o la región como entidad territorial, los recursos asignados a ella serían administrados y ejecutados por la Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúan las explotaciones.

De las anteriores normas se concluyó que los recursos de compensaciones del carbón entregados por el Gobierno Nacional a las Corporaciones Autónomas Regionales en virtud de lo previsto en dicho parágrafo, deberán destinarse forzosamente a inversión en proyectos relacionados con la naturaleza de su objeto y funciones, es decir, que deben ser invertidos para la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión de impacto regional en los municipios de su jurisdicción relacionados con la preservación y conservación del medio ambiente, protección de la cuenca, reforestación de las zonas de explotación, preservación de la fauna y flora; dado que la inversión debía tener el propósito de mitigar los efectos ambientales causados por la misma explotación, y por el contrario, se observó que las ejecución de los recursos se realizó para apoyar el desarrollo de funciones permanentes de carácter administrativo en la Corporación, inversión que es considerada como gasto de funcionamiento por ser una erogación recurrente que debía realizar la administración, toda vez que se financió un contrato de prestación de servicios con cargo a un mal llamado proyecto de fortalecimiento institucional que abarca gastos de funcionamiento de la entidad, los que debían ser cubiertos con recursos propios. Se indicó que la Ley 99 de 1993 en su artículo 46 dispuso que constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros recursos, «2) Los recursos que le transfieran las entidades territoriales con cargo a sus participaciones de regalías nacionales». 6 Radicación n.° 161 –6252 Se mencionó que son diversas las fuentes de financiación de las Corporaciones, algunas

de las cuales son recursos propios, lo cual no sucede con los ingresos que perciben por concepto de regalías y compensaciones de carbón, los cuales debían asignarse a programas o proyectos de impacto regional, promoción de la minería y conservación del medio ambiente en el ámbito de su jurisdicción y no a gastos de funcionamiento, dado que estos recursos no pierden su naturaleza y origen, es decir, siempre van a tener la condición de transferencia de recursos provenientes de compensaciones del carbón, por ende, deben ser invertidos conforme a la ley, pues tienen destinación específica. La Ley 99 de 1993, al momento de referirse a los ingresos que perciben las Corporaciones no hace distinción entre patrimonio y renta, por lo cual se citó que el significado de renta consiste en cualquier forma de ingreso, incremento neto de la riqueza, ingreso que una persona física o jurídica percibe y que puede consumir sin disminución del patrimonio, entonces, renta sería la diferencia entre ingresos y gastos necesarios para su obtención; y patrimonio, el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica, de lo cual se infirió que la mayoría de ingresos que percibe Corpocesar según el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, tiene la connotación de rentas y no de ingresos propios, como lo indicó el implicado, porque las compensaciones del carbón son transferencias que hace la Nación a la entidad, recursos que por ende se les debe dar el tratamiento de ingresos de destinación específica y no tienen el carácter de propios, en consecuencia, deben ser invertidos de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Se mencionó que el artículo 3, literal f), de la Ley 617 de 2000 dispuso que los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales debían financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que éstos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional, y financiar al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas; y que en todo caso no podrán financiarse gastos de funcionamiento con recursos de las regalías y compensaciones. Agregó al respecto que con fundamento en la referida norma la utilización de recursos de regalías y compensaciones para sufragar gastos de funcionamiento está prohibida, ya que los únicos gastos aceptados son aquellos ejecutados en gastos de operación del proyecto, es decir, funcionamiento y puesta en marcha de los proyectos de inversión que se financien con dichos recursos, lo cual, no aplicaba para el caso. Se concluyó que correspondía a la Corporación Autónoma Regional, invertir los recursos asignados por la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002 y reglamentada por el Decreto 416 de 2007, en proyectos relacionados con la naturaleza de su objeto y funciones, y el proyecto de «Fortalecimiento de control ambiental a través de los procesos misionales en la jurisdicción de Corpocesar», financiado con recursos de compensaciones del carbón, iba dirigido a cumplir funciones propias de la Corporación, funciones netamente administrativas, que debió pagar con recursos propios. Se analizó la naturaleza y objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, señalando que según el Decreto 1768 de 1994, son entes corporativos de carácter

público, creados por ley. 7 Radicación n.° 161 –6252 Se indicó que el artículo 11 del Decreto 1768 de 1994, por el cual se desarrolló parcialmente el literal h) del artículo 116 de la Ley 99 de 1993, dispone que el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales son las definidas en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993 y en el presupuesto general de la Nación, se harán anualmente apropiaciones globales para las corporaciones, las cuales, deben ser distribuidas por los respectivos consejos directivos, de acuerdo con el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones de que trata el literal i) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, por cuanto, estos recursos se deben ejecutar, en todo caso, de manera armónica y coherente con las prioridades establecidas en los planes ambientales regionales y locales, debidamente expedidos y aprobados. Se dijo, que si bien las Corporaciones tienen autonomía, éstas deben cumplir con las disposiciones normativas que rigen el presupuesto, y la inversión de los recursos transferidos a las mismas, en tanto que las rentas que tienen destinación específica deben guarda armonía con la destinación para el sector y fines propuestos. Refirió que el artículo 116 literal h) de la Ley 99 de 1993, estableció que al presidente de la República en ejercicio de sus funciones constitucionales, le corresponde dictar las medidas necesarias para el establecimiento, organización o reforma y puesta en funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales creadas o transformadas por esa ley, y proveer lo necesario para la transferencia de bienes e instalaciones de las

entidades que se transforman o liquidan. Norma respecto de la cual observó varias situaciones, la primera, que va orientada a las entidades territoriales, sin que implique el desconocimiento de la norma presupuestal señalada en el inciso primero, y en segundo lugar, impone que en el proyecto se indique específicamente las actividades para el desarrollo del mismo. Mencionó que aunque las Corporaciones tienen autonomía financiera para administrar sus recursos, deben tener en cuenta las disposiciones que le son aplicables, como son, las Leyes 141 de 1994 y 756 de 2002, reglamentadas por el artículo 20 del Decreto 416 de 2007, por lo cual, la inversión de los recursos asignados en la Ley de Regalías deben ser forzosamente destinados a inversión en proyectos relacionados con la naturaleza de su objeto y funciones, es decir, deben ir dirigidos a cofinanciar proyectos de índole regional en su jurisdicción, relacionados con el medio ambiente y recursos naturales renovables, propender por el desarrollo sostenible, conforme a las políticas del medio ambiente, lo cual no sucedió en el caso nos ocupa, ya que se enmascararon actividades permanentes de la entidad dentro de varios proyectos que cubren actividades misionales y rutinarias de la Corporación, las cuales son actividades netamente administrativas. Afirma que los recursos asignados por la ley de regalías tienen destinación específica y no conforman rentas ni patrimonio de las corporaciones autónomas regionales, porque los recursos transferidos a estas entidades por la Nación por concepto de compensaciones del carbón, tienen su origen en la explotación de los recursos naturales no renovables, lo cual trae el deterioro del ecosistema ambiental, por lo tanto, dichos

recursos tienen destinación específica y deberán ser destinados a programas y proyectos que se ejecuten en las regiones de su jurisdicción con destino a mitigar el daño ambiental ocasionado por la explotación de éstos recursos y no dirigidos a gastos de funcionamiento, como el caso que nos ocupa, pues las funciones contratadas por prestación de servicios son de carácter administrativo y permanente, como el apoyo por parte de los contratistas a la administración de la Corporación en la coordinación ambiental para definir acciones en cada caso en particular, adelantar revisión y evaluación de los expedientes a cargo de la Coordinación de Seguimiento Ambiental y 8 Radicación n.° 161 –6252 Apoyo en la Gestión, es decir, actividades rutinarias no relacionadas con proyectos del medio ambiente de impacto regional, así se haya reiterado en varias ocasiones que las actividades contratadas estaban ligadas a un proyecto ambiental. También se dijo que como el director de Corpocesar celebró los contratos teniendo en cuenta que no contaba con personal idóneo para la realización de actividades inherentes a la entidad, y de conformidad con el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, que establece que los contratos de prestación de servicios profesionales pueden celebrarse directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, lo cual, según el a quo, no significa que pudiera financiar dichos contratos con cargo a recursos de compensaciones del carbón, pues las labores ejecutadas a través de ellos fueron rutinarias que debe cumplir la entidad en desarrollo

de su objeto social, las cuales deben cumplir con cargo a sus recursos propios, y debieron ser asumidos con personal adscrito a la entidad. Después de citar la sentencia C-427 de 2002, aseguró que Corpocesar, por la vigencia de 2010, al financiar los citados contratos de prestación de servicios, transgredió las disposiciones vigentes en materia de inversión de recursos de compensaciones del carbón, los cuales tienen destinación específica, y debían ser invertidos forzosamente en proyectos relacionados con la naturaleza de su objeto y funciones, según el artículo 20 del Decreto 416 de 2007; que correspondía a su director, como máxima autoridad administrativa de la entidad, velar por el cumplimiento de sus funciones, observar y acatar las disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentario, como las referidas a la inversión de recursos provenientes de regalías y compensaciones del carbón, los cuales, tenían destinación específica por disposición legal, lo cual, obligaba a direccionar los recursos a financiar proyectos y programas relacionados con la preservación del medio ambiente con impacto regional. Se destacó que el director fue quien solicitó al coordinador de la sub área financiera expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, con el propósito de viabilizar la elaboración de un contrato, en los cuales así se indicó, y posteriormente el mismo funcionario firma cada uno de los contratos de prestación de servicios, los cuales obedecieron al cumplimiento de funciones administrativas, con lo cual se demostró que los citados gastos obedecieron a gastos de funcionamiento, contrariandose lo previsto en el artículo 20 del Decreto 416 de 2007, los artículos 14 y 15 del 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002, y el numeral 20 del artículo 48 de la Ley 734 de

2002, normas que prohíben expresamente la utilización de recursos de regalías y compensaciones para sufragar gastos de funcionamiento, ya que los únicos gastos permitidos son aquellos ejecutados en gastos de operación, es decir, funcionamiento y puesta en marcha de los proyectos de inversión que se financien con dichos recursos. Reitera que los gastos de funcionamiento y los propios de administración pueden ser financiados con recursos de regalías y compensaciones, es decir, que con estos recursos se cubra el pago de las mensualidades en los contratos. Agregó que los recursos de compensaciones del carbón no fueron dirigidos a proyectos de inversión de carácter regional en medio ambiente, de conformidad con el objeto misional de la entidad, sino que fueron ejecutados en labores netamente administrativas contratadas mediante contratos de prestación de servicios. 9 Radicación n.° 161 –6252 Con fundamento en el parágrafo 5 del artículo 16 de la Ley 756 de 2002, señala que los recursos de compensaciones del carbón entregados por el Gobierno Nacional a las Corporaciones Autónomas Regionales deben destinarse forzosamente a inversión en proyectos relacionados con la naturaleza de su objeto y funciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20 del Decreto 416 de 2007, lo que significa, que deben ser utilizados en la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión de impacto regional en los municipios de su jurisdicción relacionados con el medio ambiente, en preservación y conservación del mismo. Ante lo señalado por el investigado, respecto a que la entidad contaba con varios proyectos de inversión debidamente regis