PGN - REENVIO NORMATIVO - Consecuencias omisión determinación clara y precisa grado culpab

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., marzo trece (13) de dos mil ocho (2008). Aprobado en Acta de Sala No. 11

Radicación: 161-3727 (014-161857-07)

Disciplinado: LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ

Cargo y Entidad: Diputado Asamblea Departamental de Nariño Quejoso: De Oficio Fecha queja: 16 de marzo de 2007

Fecha Hechos: 16 de marzo de 2007

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. SILVANO GÓMEZ STRAUCH Con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y en razón del recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS FERNANDO ORTEGA, conoce la Sala Disciplinaria el auto de fecha 4 de octubre de 2007, por medio del cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, sancionó al servidor público implicado con destitución del cargo e inhabilidad general para el desempeño de funciones públicas por el término de 15 años.

Rad.161-3727 ANTECEDENTES PROCESALES Con el fin de esclarecer informaciones de la prensa de Nariño, la Procuraduría Regional de ese departamento, con base en su función preventiva, procedió a verificar si el señor LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ había tomado posesión del cargo de Diputado de la Asamblea Departamental de Nariño, en reemplazo del doctor JULIO CORAL ROMO, estando inhabilitado. Por auto de fecha 20 de marzo de 2007, la Procuraduría Regional de Nariño dentro

de la radicación No 085-12075-07, ordenó apertura de indagación preliminar contra el doctor LUIS FERNANDO ORTEGA, en su condición de Diputado de la Asamblea de Nariño, para el momento de los hechos, (fls 21-24). Con auto de abril 16 de 2007, se ordenó tramitar las diligencias por el Procedimiento Verbal y Citar a Audiencia Pública al implicado, por presunta incursión en la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002 (fl 73-80). El Procurador General de la Nación, con base en las facultades otorgadas por el parágrafo del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, designó como funcionaria especial de primera instancia a la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, para continuar las diligencias seguidas contra el doctor LUIS FERNANDO ORTEGA dentro del proceso radicado con el No 085 12075-07, diligencias que se radicaron nuevamente bajo el número 014 161857-07 (fl 85). En audiencia pública del día 25 de septiembre de 2007, se ordena el cierre de la etapa probatoria y se corre traslado para presentar alegatos de conclusión, los cuales se presentan en la misma audiencia (fls 253-255) y en audiencia del día 4 de 2 Rad.161-3727 octubre de 2007, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, profirió fallo de primera instancia, declarando disciplinariamente responsable del cargo imputado al doctor LUIS FERNANDO ORTEGA, en su condición de Diputado de la Asamblea de Nariño (fls 267-288). Decisión notificada en

estrados a los sujetos procesales, y en la misma diligencia el apoderado del disciplinado interpuso el recurso de apelación sustentado dentro del término legal; el cual le fue concedido en el efecto suspensivo mediante auto del 18 de octubre de 2007 (fl 302-310).

PROVIDENCIA RECURRIDA.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, sustentó su providencia de sanción contra el disciplinado, con base en los siguientes argumentos: Comienza exponiendo el concepto de inhabilidad como impedimento para acceder a cargos públicos, y cita la sentencia de junio 9 de 1988, proferida por la Corte Suprema de Justicia para resaltar que esa prohibición es de orden legal. Luego aborda el estudio de los elementos constitutivos de la falta disciplinaria, indicando que la tipicidad describe los comportamientos que pueden dar lugar a reproche, pero no existe la descripción exhaustiva propia del derecho penal, resaltando que en todo caso se trata de conductas que afectan la buena marcha de la función pública, y que a su vez la misma ley contiene los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquellas y en seguida remite a las normas de orden constitucional de las cuales se deriva la responsabilidad de los servidores públicos. 3 Rad.161-3727 Indica las normas que fueron desconocidas por el doctor ORTEGA APRAEZ enfatizando en el artículo 48, numeral 17, de la ley 734 de 2002, que considera falta gravísima la actuación del servidor público violando el régimen de inhabilidades, y la misma ley fija como sanción la destitución e inhabilidad general para ejercer cargos

públicos. Sobre la ilicitud, señala que el derecho disciplinario protege la función pública y el quebrantamiento del deber generador de reproche es el sustancial y no el formal el cual no tiene relevancia disciplinaria; trata sobre error vencible e invencible, resaltando que el conocimiento de la ilicitud “sirve al propósito de evitar la responsabilidad objetiva y, además, para efectos de graduación de la sanción”, pero a renglón seguido advierte que el disciplinado no actuó bajo error pues el hecho que la Procuraduría General de la Nación, no haya registrado la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años para ejercer cargos públicos, no modifica el conocimiento que tenía de la sanción, por lo que no debió tomar posesión en el cargo público de Diputado de Nariño. Con relación a la culpabilidad, advierte que la falta disciplinaria imputable al doctor ORTEGA APRAEZ, fue cometida con dolo, porque desde el momento en que le fue expedido el registro de antecedentes por la Procuraduría General de la Nación, donde se decía que no registraba sanciones, debió hacer la aclaración respectiva en el sentido que le había sido impuesta una sanción de destitución con inhabilidad de 10 años, decisión de la cual se había notificado el 25 de enero de 2006, vía fax, por parte del señor JUAN CARLOS ABELLA, Citador del Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación. Descarta que el disciplinado haya actuado por ignorancia, o con buena fe, o bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad y, por el contrario, reitera que al

4 Rad.161-3727 posesionarse el día 14 de marzo de 2007 en el cargo de Diputado a la Asamblea de Nariño, estando inhabilitado para ejercer funciones públicas, configura la falta gravísima prevista en el numeral 17 del artículo 48 del Código Disciplinario Único; máxime cuando en ningún momento cuestionó la forma de notificación de la decisión de segunda instancia y en todo caso, se trata de un abogado que tiene conocimiento sobre el trámite a seguir. Hace mención del fallo de tutela de mayo 8 de 2007, emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Nariño, Sala de Decisión Penal, que negó por improcedente la acción interpuesta por el señor ORTEGA APRAEZ por considerar que se había violado el debido proceso, entre otras, por la irregularidad en la notificación de decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario. Sobre el particular, el Tribunal señaló que el accionante había contado con la debida defensa, tuvo la oportunidad de impugnar la decisión y si consideraba que existía irregularidad en los actos administrativos debió acudir ante la jurisdicción contenciosa. Destaca que es creíble la declaración rendida bajo la gravedad del juramento, por parte del señor JUAN CARLOS ABELLA, funcionario de la Procuraduría, quien sostuvo que el día 25 de enero se había efectuado la notificación vía fax, previa la comunicación con el disciplinado ORTEGA APRAEZ, testimonio que contraría el dicho del doctor CESAR ENRIQUEZ, quien actuó como defensor del disciplinado en aquel proceso, por cuanto esta última declaración es “más un juicio de valor,

respecto de los hechos, que una narración objetiva e imparcial de los mismos.”, al punto de considerar que las razones dadas por el citado defensor son “excusas” que incluso resultan “absurdas”. En seguida, aborda el estudio del certificado de antecedentes que expide la Procuraduría General de la Nación, resaltando que este certificado contiene las 5 Rad.161-3727 anotaciones de las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, especialmente, aquéllas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes; pero cuando se trata de cargos para los cuales se exige ausencia de antecedentes, se certifican todas las anotaciones que figuren en el registro a través del certificado especial. Cita la Resolución 156 de 2003, para decir que existen dos clases de Certificados de Antecedentes, uno ordinario y otro especial y este último contempla el registro de sanciones más la anotación de las inhabilidades intemporales previstas para determinados cargos en la Constitución Política y las Leyes vigentes a la fecha de su expedición y este certificado es el que se expide para cuando sea exigido para acceder a cargos públicos como el de Diputado. La Segunda Delegada considera que ante el hecho cierto de haberse expedido una certificación de antecedentes disciplinarios al doctor LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ en el año 2007, en la que no figura ningún registro de sanción, (a pesar que para esa época estaba en firme la sanción de destitución del cargo e inhabilidad de 10 años, la cual había sido notificada en enero de 2006), resulta procedente

compulsar copias para investigar la conducta de los funcionarios encargados de dar la respectiva información para ser registrada en su oportunidad; sin que tal circunstancia avale la conducta del investigado ORTEGA APRAEZ toda vez que el disciplinado conocía de esta decisión de destitución y, en todo caso, el registro de la sanción se hace con posterioridad a la firmeza del acto administrativo; y se descarta la actuación de buena fe por parte del disciplinado. Establecida la conducta y la norma quebrantada, el Aquo procede a realizar la dosificación de la sanción por lo que tiene en cuenta que el doctor ORTEGA APRAEZ había sido sancionado dentro de los últimos cinco años, que actuó con dolo 6 Rad.161-3727 y que atribuyó de manera indirecta a la Procuraduría General de la Nación la responsabilidad en su actuar, causales que llevan a agravar la inhabilidad que va de 10 a 20 años, la cual es fijada finalmente en quince (15) años. RECURSO DE APELACION Estando dentro del término señalado en el artículo 180 de la ley 734 de 2002, el doctor LUIS FERNANDO ORTEGA, a través de su apoderado doctor ARMANDO BENAVIDES CÁRDENAS, interpuso recurso de apelación contra la decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, adoptada dentro del proceso No 014-161857-07, con los fundamentos que se sintetizan en seguida: Inicialmente hace referencia al sistema de información y registro de sanciones a cargo de la Procuraduría General de la Nación y cita el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, el parágrafo del artículo 1º de la Ley 190 de 1995 y la resolución No 156 de

marzo de 2003, expedida por el Procurador General de la Nación. Con base en esas normas, y resaltando que el disciplinado LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ había solicitado antecedentes disciplinarios en las siguientes fechas: 28 de julio de 2005; 30 de agosto de 2006; 14 de marzo de 2007 y 20 de marzo de 2007, sin que figuraran sanciones registradas. Dice que el día 4 de marzo de 2007, el doctor ORTEGA APRAEZ tomó posesión del cargo como Diputado de la Asamblea Departamental de Nariño y dentro de los documentos aportados estaba el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la misma Procuraduría General de la Nación, donde constaba que el señor LUIS FERNANDO ORTEGA “no registra sanciones ni inhabilidades vigentes”. 7 Rad.161-3727 Cuestiona la imputación dolosa que de la actuación del señor ORTEGA se hace en el fallo de primera instancia, calificación que el recurrente “respeta pero no comparte” porque tanto el artículo 174 del C.U.D. como la resolución No 156 de 2003, señalan que es deber de la División de Registro y Control expedir antecedentes y mantener actualizado el registro y la falta de actualización generó el error “al público en general y en especial a mi patrocinado quien creyó de buena fe que no estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos…” Afirma que en la declaración del doctor CESAR ENRIQUEZ DELGADO, apoderado del señor ORTEGA APRAEZ dentro del proceso No 085-11460, se advirtió que ni el defensor ni el implicado fueron debidamente notificados del fallo de segunda

instancia producido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, y de eso también se dejó constancia en la visita especial practicada por el doctor OSCAR RODRIGUEZ, a lo cual agrega que en la copia del modelo de notificación vía fax que “supuestamente” habría sido empleado para notificar la decisión “no aparece la firma del investigado”. Posteriormente hace referencia a las causales de nulidad; en ese sentido resalta que la función disciplinaria debe desarrollarse bajo el principio de imparcialidad, y considera que en el proceso seguido contra el señor LUIS FERNANDO ORTEGA, el operador disciplinario faltó al principio de imparcialidad por cuanto “en los capítulos del análisis de prueba y consideraciones de la Procuraduría del fallo sancionatorio solamente se tuvo en cuenta la prueba de cargo y no se valoró los hechos y circunstancias favorables a los intereses de mi defendido”. Sostiene que el acto administrativo sancionatorio debe calificar y valorar la conducta especificando la modalidad en que se cometió la falta disciplinaria, si actuó como 8 Rad.161-3727 “autor o partícipe”, los factores agravantes o atenuantes de la conducta, y la dosificación de la sanción. Con relación a las causales de exclusión de responsabilidad, señala que la ley 734 de 2002 “introdujo por primera vez elementos de la dogmática jurídica penal” y las causales de exclusión harían parte de la nueva dogmática. Desarrolla la causal consistente en la convicción errada e invencible de que la conducta no constituye

falta disciplinaria, y cita una decisión de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura el 16 de junio de 2004, donde se hace un pronunciamiento sobre el error de interpretación exento de culpa y a renglón seguido dice que tal causal debió ser aplicada en el caso recurrido “porque mi defendido creyó de buena fe que no estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos porque el documento idóneo claramente decía que no registraba inhabilidades.” Solicita la nulidad de lo actuado desde el auto de apertura de investigación disciplinaria argumentando que en el caso recurrido “no se garantizó el principio de imparcialidad, en primer lugar, porque la investigación sólo concentró su atención en averiguar los hechos y circunstancias desfavorables a mi defendido y no se tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes”. También solicita nulidad por la causal consistente en la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, y hace referencia al principio de igualdad ante la ley para indicar que el fallo de primera instancia “desconoce el principio de igualdad, es desproporcionado” y reitera que no se garantizó el principio de imparcialidad porque “está demostrado en el expediente que la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa fue la misma que confirmó en segunda instancia el fallo de primera instancia que le impuso a mi defendido la sanción de destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones 9 Rad.161-3727 públicas..” por lo que la funcionaria encargada de fallar el proceso debió declararse impedida. Finalmente solicita revocar el fallo de primera instancia y absolver de los cargos al

doctor LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ, o en su lugar, declarar la nulidad de lo actuado. CONSIDERACIONES DE LA SALA Inicialmente nos referiremos al soporte constitucional y legal de la potestad disciplinaria, que por su connotación de generalidad y abstracción resulta aplicable a toda investigación de origen disciplinario, sin que por su condición genérica pierda el valor propio para cada resolución en particular y, por el contrario, constituye un elemento importante y referencial para el caso concreto. Con relación al fundamento de responsabilidad del servidor público, vemos que el artículo 6º de la Constitución Política, estableció que responden ante las autoridades, tanto por la violación de la misma Constitución y la ley, como por las omisiones o la extralimitación en ejercicio de funciones que les sean imputables; cimiento de responsabilidad que se articula con las relaciones especiales de sujeción surgidas entre el Estado y el servidor público o el particular que cumpla funciones públicas, las cuales están orientadas a la consecución o materialización de los fines del Estado. A su vez, el artículo 123 impone a los servidores públicos la obligación de ejercer "sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento", y de producirse quebrantamiento de estos deberes, surge la aplicación de un régimen 10 Rad.161-3727 especial de responsabilidad disciplinaria, (que es una de las modalidades en que se puede ejercer el poder punitivo del Estado). Como aplicación del principio de legalidad y de reserva legal, el constituyente asignó al legislador la determinación de dicho régimen, así como la manera de hacerlo

efectivo; el desarrollo de esta norma constitucional, está justamente en la ley 734 de 2002 que especifica el procedimiento a seguir y las conductas que constituyen falta disciplinaria. Bajo este marco normativo se hará el análisis del recurso materia de estudio, por lo que comenzaremos retomando el cargo concreto objeto de imputación, y a partir de allí se hará el análisis específico de los argumentos del disciplinado que llevan a disentir de la decisión adoptada en el fallo de primera instancia; sin embargo, previo al estudio de fondo es preciso entrar a resolver la solicitud de nulidad planteada por el recurrente.

OBSERVACIONES PREVIAS.

Como lo señalamos antes, el defensor del doctor LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ, en el recurso de alzada alega la existencia de causales de nulidad en desarrollo del proceso y solicita declarar la misma a partir del auto de apertura de investigación; por lo que se hace preciso el pronunciamiento previo de la Sala Disciplinaria. Ausencia de Imparcialidad. Dice el recurrente que se debe declarar la nulidad de lo actuado porque la primera instancia no garantizó el principio de imparcialidad toda vez que sólo se investigaron los hechos y circunstancias desfavorables a su prohijado desconociendo las circunstancias atenuantes. Sostiene que el acto administrativo sancionatorio debe calificar y valorar la conducta especificando la 11 Rad.161-3727 modalidad en que se cometió la falta disciplinaria, si actuó como “autor o partícipe”, los factores agravantes o atenuantes de la conducta, y la dosificación de la sanción.

Y en otra parte del texto, sobre la falta de imparcialidad afirmó que en el análisis de las pruebas y en las consideraciones del fallo, sólo se tuvo en cuenta la prueba de cargo sin valorar “los hechos y circunstancias favorables a los intereses de mi defendido”. Esta Sala Disciplinaria comparte, con el recurrente, que en las actuaciones administrativas y en particular en los procesos disciplinarios se debe garantizar el debido proceso, tal como lo establece el mismo artículo 29 de la Carta Política que hace extensiva las garantías a los procedimientos administrativos; pues resulta claro que en un Estado de Derecho el ejercicio del “ius puniendi” está sujeto al respeto de los derechos fundamentales de la persona sometida a un proceso de esta naturaleza. El debido proceso contempla un marco amplio de garantías a fin de que la investigación se adelante atendiendo estrictamente la plenitud de las formas propias de cada juicio, contenido que ha de interpretarse en perfecta correspondencia y armonía con lo dispuesto por el artículo 6º de la ley 734 de 2002.1 De ahí que el operador jurídico encargado de adelantar la investigación disciplinaria, deba ceñirse a las reglas y condiciones procesales de ley, con lo cual se respetan los derechos del sujeto investigado. No hay duda que una de los principios de actuación administrativa que materializa el debido proceso es justamente el de la imparcialidad del operador disciplinario, que constituye un deber de obligatorio cumplimiento, así lo contempla el artículo 129 del C.U.D. “Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El 1 Art. 6º Ley 734 de 2002. “el sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con

observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la Ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público.” 12 Rad.161-3727 funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio”. Sin embargo, al revisar la situación fáctica-procesal esbozada por el disciplinado como generadora de nulidad, se advierte que en el proceso seguido contra el señor LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ se ha actuado con imparcialidad, no otra puede ser la conclusión cuando obra prueba que desde el inicio del proceso el disciplinado fue notificado de la apertura de indagación preliminar, (fl 62) conoció de la Citación a Audiencia Verbal en la que se especificó la conducta objeto de investigación, las presuntas normas vulneradas y se le dio a conocer los derechos (fls 82-83) designó defensor; pudo ejercer el derecho de contradicción de las pruebas decretadas por la primera instancia, rindió versión libre y gozó de la oportunidad de solicitar pruebas las cuales fueron decretadas en la misma audiencia y presentó sus alegatos de conclusión (fls 213-216 y 251-254); incluso, solicitó que pudiera intervenir en la audiencia pública desde la ciudad de Pasto y la petición fue acogida en audiencia del 24 de agosto de 2007 (fl 182-) , por lo que no se advierte parcialidad

alguna en desarrollo del proceso. Ahora, el hecho que la instancia respectiva opte por separarse de los argumentos defensivos y considere que el análisis del acervo probatorio conlleva a la certeza sobre la responsabilidad disciplinaria del funcionario investigado en la comisión de la conducta investigada, de manera alguna puede dar lugar a enervar causal de nulidad o ser indicativo de parcialidad, pues justamente la labor del operador disciplinario es adoptar una decisión de fondo de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 13 Rad.161-3727 Si bien, los fallos disciplinarios están compuestos de argumentos jurídicos trazados dentro del marco de la razonabilidad, y pueden ser objeto de controversia, el sujeto inconforme con la decisión, debe agotar el recurso de apelación que es el mecanismo jurídico establecido por el legislador para controvertir los fallos sancionatorios expresando las razones que lo llevan a separarse de la decisión recurrida; pero se insiste, la disparidad entre la valoración de las pruebas por parte del juez disciplinario y el sujeto disciplinable, no configuran causal de nulidad, excepto que se demostrara un yerro en la valoración que rompiera con las reglas jurídicas propias, lo cual no se hizo. Causal de Impedimento. Con relación a la afirmación del apoderado sobre un presunto impedimento de la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa por cuanto esa misma Delegada, dentro de un proceso anterior seguido contra el doctor ORTEGA APRAEZ, confirmó en segunda instancia el fallo donde le fue impuesta sanción de destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio

de funciones públicas; la Sala Disciplinaria no encuentra que se haya producido causal de impedimento y menos que por esta vía se enerve causal de nulidad, como se aclara en seguida: Los hechos investigados en esa oportunidad y cuyo proceso fue radicado bajo el No 085-11460, versaban sobre “tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito” (fl 25) mientras que en el caso bajo examen radicado con el No 014-161857, se investiga la actuación del disciplinado por asumir y posesionarse en el cargo de Diputado de la Asamblea de Nariño con posible violación de la inhabilidad para ejercer cargos públicos; luego no se trata de los mismos hechos y, en todo caso, el pronunciamiento que hiciera en esa oportunidad la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se produjo en ejercicio de sus funciones disciplinarias y versó sobre conductas distintas, por lo que bien puede investigar nuevamente a la misma 14 Rad.161-3727 persona, sin que ello genere causal de impedimento, como fácil se desprende al revisar las causales taxativamente señaladas en el artículo 84 del C.D.U. Además, en el curso de la primera instancia el apoderado del doctor ORTEGA APRAEZ tampoco hizo ninguna observación en este sentido, luego no se entiende la razón para formular este cuestionamiento cuando el fallo de primera instancia ya fue dictado; mal pueden quedar las causales de recusación a discreción del sujeto disciplinado según sea el resultado del proceso; pero insiste la Sala Disciplinaria que no hay violación al debido proceso y no advierte la configuración de impedimento alguno por el fallador de primera instancia.

Aunque en la solicitud de nulidad se alega que el fallo de primera instancia “desconoce el principio de igualdad, es desproporcionado”, no hay ninguna especificación sobre cuál sea la razón para calificar de “desproporcionada” la providencia recurrida, y lo que se observa de manera inicial es que la imputación al disciplinado lo fue por la comisión de una falta gravísima dolosa que, de acuerdo a la misma Ley 734 de 2002, tiene como sanción principal la destitución con inhabilidad general hasta de 20 años. Por lo expuesto y ante la carencia de elementos que respaldaran la solicitud de nulidad, es preciso advertir que tal solicitud no sólo debe ir acompañada de la causal concreta que se alega, sino que el peticionario está en el deber de expresar las razones de hecho y de derecho, que motivan la petición, indicando la afectación resultante de la irregularidad alegada2, condiciones que no se cumplen en el caso bajo estudio, pues quedó visto que el recurrente acude a argumentos genéricos sin ningún asidero fáctico. 2 “Ley 734, artículo 146. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten” 15 Rad.161-3727 En consecuencia, se procederá a rechazar la solicitud de nulidad y en seguida se abordará el asunto de fondo.

CARGO FORMULADO: Para realizar el respectivo análisis, en principio se trascribirá el cargo concreto

imputado al señor LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ y las normas presuntamente infringidas, contenidas en el auto de abril 16 de 2007, expedido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa:

“EVALUACIÓN PROBATORIA INICIAL Y PRIMARIA CONCLUSIÓN SOBRE LA

EVENTUAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.

Del análisis que se realiza de los medios probatorios que anteceden, la Procuraduría Regional de Nariño concluye - a título meramente tentativoque es factible que el Dr. LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ (cc. 12.986.438 expedida en Pasto), en su condición de DIPUTADO a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL de NARIÑO, haya incurrido en falta disciplinaria, al asumir esa función pública el día 14 de marzo de 2.007 y actuar dentro de las tareas propias de esa Corporación, tal como se deja indicado en apartes precedentes, cuando al parecer se hallaba inhabilitado en virtud de las decisiones disciplinarias que antes se dejan detalladas, es decir las que fueron producidas por la Procuraduría Regional de Nariño, Resolución No. 021, del 12 de julio de 2.005, en la que se le impuso, en su pasada condición de Concejal Municipal de Pasto, la sanción de DESTITUCIÓN del CARGO e INHABILIDAD para el EJERCICIO de FUNCIONES PÚBLICAS por el término de DIEZ (10) AÑOS (ver fs. 34) y por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, de 30

de noviembre de ese año, que ratificó la determinación de primer grado (fs. 39). 16 Rad.161-3727 (…)

5.- NORMATIVIDAD INFRINGIDA.

Con el actuar que se deja reseñado, el Dr. LUIS FERNANDO ORTEGA APRAEZ (cc. 12.986.438 expedida en Pasto), en su condición de DIPUTADO a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL de NARIÑO, habría vulnerado la siguiente normatividad: 5.1.- NORMAS DE LA LEY 734 DE 2.002 (CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO) ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLlCA.- El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función… cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones, y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes .. ARTÍCULO 23.- LA FALTA DISCIPLINARIA.- Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,

impedimentos y conflicto de intereses…sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. ARTÍCULO 34. Son deberes de todo servidor público. ‘Cumplir y hacer que se 17 Rad.161-3727 cumplan los deberes contenidos en la Constitución, las leyes…los decretos…15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los i