PGN - REENVIO NORMATIVO - Clases de acuerdo a la jurisprudencia constitucional

Bogotá, 31 de Julio de 2008 PAD

C-158-2008

Doctora

FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Piso 8.° Bogotá, D. C.

Ref.: Su oficio 3774 fechado el 18 de julio de 2008 y radicado en esta oficina el 21 del mismo mes y año.

Respetada Doctora: En el escrito de la referencia, previa mención de las Leyes 906 de 2004 y 600 de 2000 y de la Directiva 6 de 2005 del Procurador General de la Nación, pregunta lo siguiente: 1. ¿En este momento, debe la Procuraduría General de la Nación seguir aplicando, para llenar los vacíos del proceso disciplinario, la Ley 600 de 2000

(Código de Procedimiento Penal) a los hechos ocurridos a partir del primero de enero de 2005, aun cuando, según el art. 533 de la Ley 906/2004 (Código de Procedimiento Penal) establece que ésta se aplica para los hechos ocurridos a partir del 1.° de enero de 2005. Sólo puede darse aplicación a la Ley 600 de 2000 en los procesos disciplinarios que adelante el señor Procurador, a los miembros del Congreso, según lo establece el art. 533 (ley 906), en lo referente al numeral 1.° del art. 233 de la Constitución Política sin importar la fecha de ocurrencia de los hechos? 2. ¿Pueden llenarse esos mismos vacíos, por ejemplo, sobre el término para alegar de conclusión en el proceso disciplinario, con el Código Contencioso

Administrativo, que si prevé un lapso? . Al respecto, me permito manifestar: Con relación al asunto planteado, es pertinente anotar ante todo que en materia consultiva, conforme al artículo 16 de la Resolución número 127 del 3 de abril de 2008 del Procurador General de la Nación, no se admite la absolución de casos particulares y concretos y, por ende, las respuestas sólo pueden contener pautas generales sobre el tema objeto de cuestionamiento. Una vez efectuada esta precisión, debe decirse lo siguiente: En cuanto a la primera inquietud, es oportuno traer a colación lo expresado por el viceprocurador General de la Nación, doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, al prologar la obra Asuntos disciplinarios II, de autoría de los doctores Fernando Brito Ruiz y Francisco Farfán Molina, procuradores delegados para la Policía Nacional y Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 1 Carrera 5.ª núm. 15 – 80. Piso 23 – www.procuraduria.gov.co ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su orden, Bogotá, Ediciones Jurídicas Axel, 2008, así: (…) Al juez le está prohibido, so pretexto de vacío normativo u oscuridad de la ley, abstenerse de administrar justicia, lo cual, también, indudablemente se aplica de acuerdo a lo anterior por el operador jurídico disciplinario: Los jueces o magistrados que se rehusaren a juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia.1 Por ello debe hacerse un esfuerzo interpretativo en aras de superar un tal

vacío legislativo y determinar con propiedad la norma supletoria a cual debe acudirse, todo lo cual creemos que puede ser superado teniendo en cuenta: De conformidad con el artículo 5.° del Acto Legislativo n.° 03 de 2002 el nuevo sistema acusatorio sólo se aplicará a los «delitos cometidos con posterioridad» a su vigencia, esto es, a partir de la puesta en marcha gradual del mismo (así primera parte del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, lo que expresa que aquí no operó el principio general del derecho procesal según el cual las normas de procedimiento rigen a partir del momento de su vigencia y se aplican en consecuencia para los hechos que tuvieron ocurrencia con anterioridad —efecto general e inmediato de la ley procedimental— (artículos 402 y 43 de la Ley 153 de 1887). Significa lo anterior que, la Ley 600 de 2000, se seguirá aplicando a los delitos que se hubiesen cometido hasta un segundo antes de entrada en vigencia gradual o definitiva y totalmente del nuevo sistema acusatorio, que no podrá ir más allá del 31 de diciembre de 2008, lo que implica entonces que si se tiene en cuenta el término máximo de prescripción (treinta años según el artículo 83 de la Ley 599 de 2000), resulta obvio pensar que teóricamente su vigencia paralela y marginal se extenderá hasta el año 2038; pero también, de conformidad con la segunda parte del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, la Ley 600 de 2000 tiene una vigencia paralela e indefinida ante el nuevo sistema acusatorio, puesto que se encuentra plenamente vigente para efectos

de «los casos de que trata el numeral tercero del artículo 235 de la Constitución Política»3. Si así son las cosas, hoy por hoy se encuentran vigentes dos códigos de procedimiento penal, la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 de 2000, por lo cual ante el mandato de los artículos 21 y 133 inciso 1.° de la Ley 734 de 2002, debe preferirse en su aplicación la que resulte compatible con la naturaleza 1 Artículo 48 de la Ley 153 de 1887. 2 «Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación». 3 Es atribución de la Corte Suprema de Justicia «investigar y juzgar a los miembros del Congreso». Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 2 Carrera 5.ª núm. 15 – 80. Piso 23 – www.procuraduria.gov.co del derecho disciplinario, que para el efecto no es otro que el Código de Procedimiento Penal de 2000. Se observa así a cabalidad el debido proceso, puesto que este se cumple si materialmente la normatividad da cuenta «independientemente de que su integración normativa se realice en una sola ley o merced a la conjunción de varias leyes»4, de aquellos elementos que lo definen constitucionalmente5. En consecuencia, como lo señala el artículo 5.° de la Ley 153 de 1887, la

crítica y hermenéutica, dentro del pensamiento constitucional, sirven a objeto de armonizar disposiciones incongruentes, lo que implica, según el análisis anterior , que el vacío legislativo que se presentare se remediará atendiendo el principio de integración y prefiriendo, de dos códigos procedimentales que rigen en paralelo, aquél que resulte compatible con la naturaleza del derecho disciplinario, toda vez que tal elemento, a la luz del artículo 21 de la Ley 734 de 2002, prevalece sobre cualquier otro dada la rectoría que imponen los

«PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY DISCIPLINARIA» (Título I ibídem).

Por lo demás, de manera incontrovertible, puede afirmarse que dichos vacíos legislativos se llenan, con la propuesta, de conformidad con una ley vigente que «regula casos o materias semejantes», lo cual no se puede predicar de la Ley 906 de 2004. Por lo que se refiere a la segunda pregunta, la Corte Constitucional, en sentencia C-104 del 10 de febrero de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentaría, sobre la constitucionalidad del artículo 92, numeral 8.°, de la Ley 734 de 2002, precisó acerca del término que debe aplicarse para la presentación de alegatos de conclusión (cinco días) y la correspondiente remisión al Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), así: ...Según se observa, a través de su artículo 21 la ley 734 de 2002 fija una regla de reenvío que tiene como fin el completar la preceptiva rectora del

Código Disciplinario Único. De suerte tal que, en el evento de la norma de reenvío el operador jurídico se halla ante una regla que le ordena al operador – frente a lo no previstodirigirse al artículo o a los artículos correspondientes de otra u otras leyes, en orden a la correcta solución del caso concreto que se plantea. Por lo mismo, en el ordenamiento jurídico la regla de reenvío se erige como un valioso instrumento para la atención y solución de determinadas hipótesis jurídicas, donde, a tiempo que se actualiza la preeminencia del debido proceso, se realiza en cabeza de cada titular el derecho que el ordenamiento jurídico le dispensa. De lo cual se sigue que, la regla de reenvío se acompasa plenamente con el Estado Social de Derecho y la materialización de sus fines, particularmente, para el caso bajo examen, en lo concerniente a la concreción de la justicia administrativa. 4 Sentencia C-429 de 2001, Fundamento Jurídico n.° 3. 5 Cfr. Sentencias, entre otras, T-001 de 1993, C-540 de 1997 y sentencia C-429 de 2001, Fundamento Jurídico n.° 3. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 3 Carrera 5.ª núm. 15 – 80. Piso 23 – www.procuraduria.gov.co En lo concerniente a la figura del reenvío dice la doctrina: Un segundo problema interesante es el de los reenvíos de las leyes. ¿En qué casos se habla de reenvío y cuántas clases de reenvíos existen? En principio, se puede hablar de reenvío “cuando un texto legislativo (la llamada

norma de remisión) se refiere a otro de forma tal que su contenido deba considerarse como parte de la normativa que incluye la norma de remisión”. En otras palabras, se está frente a un reenvío cuando una norma se refiere a otra como parte de su contenido, creando una dependencia respecto de ella en orden a la determinación de su propio sentido.6 Pues bien, de acuerdo con el artículo 21 de la ley 734 de 2002 el Código Disciplinario Único debe aplicarse privilegiando los principios establecidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia7, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario. En desarrollo de esta norma de reenvío, tal y como lo expresó la Vista Fiscal, la solución al caso planteado por el actor se consigue mediante la aplicación del artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, esto es, entendiendo que el término de traslado para alegar es de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la notificación del auto pertinente. Auto que deberá expedirse en concordancia con el artículo 169 de la ley 734 de 2002, a saber: (i) si no hubiere pruebas que practicar, el funcionario de conocimiento proferirá el auto el día siguiente al de la fecha de vencimiento del término para presentar descargos; (ii) si se decretaron y practicaron pruebas, dicho funcionario expedirá el auto el día siguiente al de la fecha de

vencimiento del término probatorio. Quedando así claramente definido el término dentro del cual el investigado puede presentar sus alegatos de conclusión. Como bien se aprecia, al tenor de esta aplicación sistemática el dispositivo cuestionado se acompasa nítidamente con el artículo 29 de la Carta Política, debiendo al efecto permanecer en el ordenamiento jurídico con todo su vigor, tal como se resolverá. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención, 6 Véase Elementos de Técnica Legislativa, Miguel Carbonell y Susana Talía Pedroza de la Llave, Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª ed. 2000. Pag. 215 7 Al respecto deben tenerse en cuenta las precisiones hechas por la Corporación en sentencia C067 de 2003, a propósito del bloque de constitucionalidad. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 4 Carrera 5.ª núm. 15 – 80. Piso 23 – www.procuraduria.gov.co

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-158-2008

MLRR/JBM

Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 5 Carrera 5.ª núm. 15 – 80. Piso 23 – www.procuraduria.gov.co