PGN - REGIMEN DISCIPLINARIO - Consagración constitucional del aplicable a los servidores p

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: 014-98839-04

Investigado: Luis Enrique Requiniva Castillo

Cargo y entidad: Alcalde Municipal de Puerto Carreño Quejoso: Luis Antonio Robledo Valbuena Fecha queja: 19 de julio del 2001

Fecha hechos: 01 de febrero de 2001

Fecha prescripción: 31 de enero del 2006

AUTO Bogotá DC, 15 ABR. 2005 OBJETO Procede la Delegada a decidir lo que en derecho corresponde, respecto a las diligencias radicadas bajo el No. 014-98839-04, originadas en la queja de fecha 19 de julio del 2001, formulada por el Señor LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.402.504 de Bogotá, por presunta injuria, contra el señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO identificado con la cédula de ciudadanía No. 499.935 de Villavicencio, Alcalde Municipal de Puerto Carreño.

HECHOS

Narra el quejoso:

1. Que el día 01 de febrero del 2001, en el recinto del Consejo Municipal de Puerto Carreño, durante la sesión de instalación, el Alcalde de Puerto Carreño, Señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO, lanzó injurias para vulnerar el buen nombre del

quejoso, a saber: a. Que hubo malos manejos de los recursos municipales en los últimos días del año 2000, donde se hicieron compras para la casa de la tercera edad de 500 kilos de arroz

y 15 bultos de azúcar. b. Que el municipio se encuentra pagando deudas de la administración pasada por Innumerables problemas. c. Que se vendió el acueducto de Puerto Carreño por un valor de $150.000.000 comprometiéndose vigencias futuras hasta el 2010 y del 2008 en adelante el 50%, de tal manera, que el presupuesto municipal se encuentra comprometido hasta dicho año y en las siguientes administraciones. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto del 10 de diciembre del 2003, la Procuraduría Regional del Vichada por motivos de competencia funcional, remitió las diligencias a las procuradurías delegadas para la Vigilancia Administrativa ®, correspondiendo el reparto a esta Procuraduría Delegada, siendo recibidas el 25 de febrero del 2004 (fls. 27-29). Mediante auto de fecha 05 de mayo del 2004, esta Procuraduría Delegada ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO, en su condición de Alcalde de Puerto Carreño y comisionó al Procuraduría Regional del Vichada para la práctica de pruebas (fls. 30-33). CONSIDERACIONES DEL DESPACHO La conducta atribuida el encartado, en el presente momento procesal, se concreta en el hecho de emitir de manera pública, ante el Consejo Municipal de Puerto Carreño las siguientes expresiones: "(…) hubo malos manejos de los recursos municipales en los últimos días del año dos mil, donde se hicieron compras para la casa tercera edad de 500 kilos (sic) arroz, y 15 bultos de azucar (sic) y en este orden de ideas, se encuentra

el municipio, pagando (sic) deudas que la administración pasada dejo (sic) y son ellos mismos los que tienen que pagar la casa de la tercera edad, así son innumerables los problemas que hay: no han podido descubrir donde (sic) terminó (sic) la administración pasada, se vendio (sic) el acueducto de Pto. Carreño, autorizado por el Concejo pasado por un valor de 150 millones de pesos y se comprometieron vigencias futuras hasta el dos mil diez (sic), y del dos mil ocho (sic) en adelante el 50%, de tal manera que el presupuesto municipal esta comprometido el de este año y otros más (…)” (fl. 8). La Constitución Política de 1991 en su artículo 6, sentó las bases a nivel constitucional del régimen disciplinario de los servidores públicos, al consagrar que éstos no sólo son responsables por infringir la Constitución y las leyes, sino también lo son por omisión y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lo que permite considerar, dentro de los diferentes tipos de responsabilidades, además de la civil, penal, administrativa y fiscal, la responsabilidad disciplinaria, en virtud de la cual los servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas serán responsables del cumplimiento del deber funcional que les ha sido encomendado, el cual, en armonía con el artículo arriba referido, puede ser vulnerado por acción y omisión. En este orden de ideas, el artículo 209 de la Norma Normarum se constituye en la fuente del control interno, en el sentido de que por tratarse de un control de primer grado, es un control axiológico y finalista, que pretende garantizar la gestión de las

entidades del Estado, orientada hacia la consecución de los fines que se han trazado y que, por ende, constituyen su objetivo, sujetos a los principios constitucionales que rigen la función pública, como bien lo anotó la Corte Constitucional en la Sentencia C506 de 1999. Así mismo, es importante destacar que para el adecuado funcionamiento de la función administrativa, es obligación de las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del Estado, razón que justifica existencia de un control interno de doble vía, a saber, administrativo y disciplinario, los cuales apuntan a la buena marcha de la administración, en tanto que, el primero, establece criterios para la buena marcha de la gestión administrativa y, el segundo, apunta a la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos manifiesta en el poder punitivo en cabeza del Estado, como lo bien ratificó la Corte Constitucional en la Sentencia C-996 del 2001. Así las cosas, la Carta Política en el numeral 6 del artículo 277, al enlistar las funciones del Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público, señaló, entre otras, la vigilancia superior de quienes desempeñen funciones públicas, adelantando las investigaciones de rigor y ejerciendo el poder disciplinario preferente, lo que dio pie para que al interior de las diferentes entidades públicas se organizaran oficinas de control interno disciplinario, con el fin de evaluar y vigilar la conducta de los funcionarios de cada entidad, como en su momento bien lo desarrollo el artículo 57 de la Ley 200 de 1995, antiguo estatuto disciplinario, y en la actualidad con mayor técnica

los artículos 76 y 77 de la Ley 734 de 2002. Con base en lo anterior, en el seguimiento del proceso disciplinario adelantado contra los servidores públicos, por la misma Procuraduría General y las oficinas de control interno disciplinario, se deben acatar los principios del debido proceso y el derecho de defensa, consagrados en el artículo 29 de la Carta Magna, como garantía constitucional, reproducidos en los artículos 5 y 18 de la Ley 200 de 1995, y 6, 17 y 21 de la Ley 734 del 2002. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-948 del 2002, ha entendido por derecho a la defensa como la posibilidad que tiene el inculpado para presentar libremente sus argumentos encaminados a desvirtuar las acusaciones que se les formulen, privilegio que debe observarse en todo tipo de proceso y, para el caso que nos congrega, es apenas obvia su observancia.

I. ANÁLISIS PROBATORIO Del análisis del material probatorio manifiesto dentro del expediente, se desprende lo siguiente, en consideración con los hechos materia de investigación: En primer lugar, que el quejoso, Señor LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA, se desempeñó como Alcalde de Puerto Carreño desde el 01 de enero de 1998 hasta el 11 de diciembre del 2000, y que el investigado, Señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO ejerció dicho cargo desde el 01 de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2003 (fls. 63 y 64).

En segundo lugar, que, efectivamente, el investigado, Señor ROBLEDO VALBUENA,

hizo las siguientes declaraciones el día 01 de febrero del 2001, ante el Consejo Municipal de Puerto Carreño: “(…) hubo malos manejos de los recursos municipales en los últimos días del año dos mil, donde se hicieron compras para la casa tercera edad de 500 kilos (sic) arroz y 15 bultos de azucar (sic) y en este orden de ideas, se encuentra el municipio, pagando deudas que la administración pasada dejo (sic) y son ellos mismos los que tienen que pagar la casa de la tercera edad, así son innumerables los problemas que hay; no han podido descubrir donde (sic) termino (sic) la administración pasada, se vendió el acueducto de Pto. Carreño, autorizado por el Concejo pasado por un valor de 150 millones de pesos y se comprometieron vigencias futuras hasta el dos mil diez (sic), del dos mil ocho (sic) en adelante el 50%, de tal manera que el presupuesto municipal está comprometido el de este año y otros más (…)”, pero de su análisis se desprende que dichas declaraciones no fueron imputadas directamente a una persona en particular, en este caso, contra el quejoso, sino que se trata de una crítica que hizo el investigado como alcalde entrante, a algunas de las gestiones de la anterior administración, así, como el hecho de presuntamente dejar comprometido el presupuesto para vigencias futuras (fl. 51 reverso).

En tercer lugar: que, según certificación del 22 de junio del 2004, suscrita por el Gerente de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Vichada, contra el quejoso, Señor LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA y otros, se

adelanta un proceso de responsabilidad fiscal, por presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos durante las vigencias 1999 y 2000 y el posterior fenecimiento de los mismos (fl. 56). En cuarto lugar, que, según certificación de fecha 29 de junio del 2004, suscrita por el jefe del Puesto Operativo DAS Puerto Carreño, los señores LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA y LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO, no presentan antecedentes penales (fl. 55). En quinto lugar, que, según certificación del 06 de julio de 2004, suscrita por el Asistente Judicial de la Fiscalía 31 Delegada ante los jueces Penales del Circuito de Villavicencio, no figura registrada ninguna investigación en contra del Señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO, por el presunto delito de injuria y calumnia, siendo víctima el Señor LUIS ANTONIO ROBLADO (sic) VALBUENA (fl. 73).

II. ILICITUD SUSTANCIAL: Este Despacho se, limitará al examen de la presunta conducta irregular denunciada contra el investigado: desde el punto de vista disciplinario y de los circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con la ocurrencia de las presuntas irregularidades y se abstendrá de examinar la ilicitud penal de la misma, por no ser materia de su competencia.

En este orden de ideas, con fundamento en las pruebas anteriormente allegadas al expediente, se tiene que la Constitución Política en el artículo 6 consagra que los servidores públicos son responsable por infringir la Constitución y la ley, y precisamente el artículo 29 de te Carta Política impone como Garantía la observancia del debido

proceso y la plenitud de formas propias de cada juicio, amén de que la referencia a la graduación de las conductas será en virtud del principio de favorabilidad de la ley disciplinaria, la Ley 200 de 1995, estatuto vigente para la época de los hechos. Con base e los anteriores análisis, de las pruebas allegadas al expediente se puede concluir que, efectivamente el investigado, Señor REQUINIVA CASTILLO, hizo una serie de declaraciones públicas en las cuales se refirió a la gestión de su antecesor, pero en ningún momento empleó términos que indicasen o permitiesen colegir que el quejoso, Señor ROBLEDO VALBUENA, fuera corrupto o vil delincuente, o lo hubiese degradado, afrentado o lastimado, como aduce éste en su escrito de queja o, por lo menos, no obra prueba de ello dentro del acta de la sesión de fecha 01 de febrero de 2001. Por otro lado, es también importante destacar que consultado los registros de la Fiscalía Delegada ante los juzgados Penales en la Ciudad de Puerto Carreño, no se encontró registro alguno de la denuncia penal, presuntamente, instaurada por el quejoso contra el investigado, por los hechos materia de la presente investigación, ni tampoco se encontró que el investigado o que el investigado o incluso el quejoso, tuviesen en su haber antecedentes penales. Adicionalmente, el investigado, Señor REQUINIVA CASTILLO, aporta documentación relacionada con las aseveraciones que hiciera el 01 de febrero del 2001, aspecto sobre el cual esta Delegada se abstendrá de pronunciarse, para, de esta forma, no vulnerar la

independencia del proceso. En conclusión, para esta Delegada la conducta endilgada no puede ser considerada como revestida de ilicitud sustancial alguna, y, por lo tanto, no puede merecer reproche disciplinario alguno, para tal efecto, vale la pena transcribir un aparte de los antecedentes de la Ley 734 de 2002, con relación a este tema, transcritos por el tratadista ÓSCAR VILLEGAS GARZÓN, en su Texto El Proceso Disciplinario (Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Págs. 40-41, Bogotá, 2003): “No basta como tal la infracción a un deber ni a cualquier deber, sino que se requiere, para no convertir la ley disciplinaria en instrumento ciego de obediencia, que ello no sea en de sustancial ataque por puesta en peligro o lesión al deber funcional cuestionado (…) "EI derecho disciplinario no puede ser entendido como protector de bienes jurídicos en el sentido literal de la expresión toda vez que se instauraría una errática política criminal habida cuenta que (sic] no existiendo diferencias sustanciales entre el derecho penal y derecho disciplinario por virtud de ello, llegaría el día en que el legislador, sin más ni más, podría convertir sin ningún problema todos los ilícitos disciplinarios en injustos penales". Todo lo anterior no nos permite arribar al merecimiento de reproche disciplinario, como bien lo exige el artículo 5 de la Ley 734 del 2002; en consecuencia, habida cuenta que el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 proscribió toda forma de responsabilidad objetiva, en la medida que para el presente caso no se considera que el investigado con la

conducta desplegada haya vulnerado el deber funcional que le era debido, con fundamento en el artículo 73 y 164 concordante de la Ley 734 de 2002, se ordenará el archivo de las presentes diligencias, en atención a los motivos anteriores. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA DELEGADA SEGUNDA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus atribuciones jurídicas, RESUELVE PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y, en consecuencia, disponer el archivo definitivo de las diligencias radicadas bajo el No. 014-98839-04 adelantadas en contra del Señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO REY identificado con la cédula de ciudadanía 499.935, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Carreño, con fundamento en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Remitir las presentes diligencias al Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, para que, por esa dependencia se disponga lo pertinente para efectos de la notificación de esta decisión al Señor LUIS ENRIQUE REQUINIVA CASTILLO; y su comunicación al quejoso, Señor LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA, quien dentro de los tres días siguientes a su comunicación podrá interponer recurso de apelación contra la presente providencia, el cual se surtirá ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría general de la Nación. Para tal efecto se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos pertinentes de la Ley 734 de 2002. Se remite fotocopia de la decisión.

TERCERO: Por Secretaría de ésta Procuraduría Delegada efectúense las 8 demás

anotaciones y comunicaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia administrativa

FATR-FAS

Exp. No. 014~98839-04