PGN - REGIMEN SALARIAL - Compete al congreso de la república fijar criterios y objetivos a

RÉGIMEN SALARIAL-Con relación a empleados administrativos de universidades públicas RÉGIMEN SALARIAL-Competencia compartida entre el legislativo y el ejecutivo RÉGIMEN SALARIAL-Compete al Congreso de la República fijar criterios y objetivos a los cuales deberá ajustarse el Gobierno Nacional RÉGIMEN SALARIAL-Si contraviene la ley no genera derechos adquiridos RÉGIMEN SALARIAL-Evolución normativa RÉGIMEN SALARIAL-Las corporaciones de elección popular territorial no pueden arrogarse esta facultad RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL-Prohibición de fijación por las entidades territoriales Encuentra la Sala que los actos demandados, quebrantaron el orden constitucional vigente para la época de su expedición y el actual, pues, los entes territoriales no tenían ni actualmente tienen competencia para crear prestaciones extralegales, y por ende, se arrogó facultades que estaban en cabeza del Legislador y actualmente en competencia compartida entre el Legislador y el Gobierno Nacional. En efecto, la Asamblea Departamental del Quindío creó y autorizó la creación, mediante las ordenanzas y el decreto acusados, de beneficios para los funcionarios del Departamento, siendo que, de acuerdo con la normatividad transcrita anteriormente vigente para la época en que se expidieron los mencionados actos administrativos, (esto es, Acto legislativo No. 1 de 1968) carecían de esa facultad, pues ni la Asamblea Departamental ni el Gobernador, tenían competencia para crear emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor de los mismos. 2

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 124 - 2013

IUS 2013 - 117724 Bogotá, D.C., abril 25 de 2013 Doctor Gerardo Arenas Monsalve Consejero Ponente Sección Segunda

H. Consejo de estado

E. S. D.

No. Referencia: 63001233100020100000802 02

No. Interno: 1532 – 2006

Acción: Nulidad

Demandante: Departamento del Quindío Demandada: Universidad del Quindío Asunto: Nulidad prima 0e antigüedad y quinquenio Procede el Despacho, dentro del término previsto por la ley, a rendir el concepto del Ministerio Público como interviniente en el presente proceso, en el que se surte recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de abril de 2012 por el

Tribunal Administrativo del Quindío.

I. DEBATE PLANTEADO El Departamento del Quindío, demandó el Acuerdo 029 del 7 de junio de 1983, artículo 8º, expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Quindío, porque estimaba que creaba prestaciones sociales que era materia de regulación de otras autoridades del orden nacional; posición no aceptada por la demandada, que afirmó que el Acuerdo acusado fue dictado en ejercicio de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la C.P. y prevista por el Decreto 80 de 1980 y el Decreto 1042 de 1978, además que no se había probado que esas prestaciones hubieren sobrepasado el límite impuesto por el Gobierno Nacional y, que fueran contrarias a la Constitución Nacional, además que el Acuerdo estuviera

afectado de desviación de poder, abuso de autoridad o vía de hecho.

1. PRETENSIONES El Departamento del Quindío, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., demandó la nulidad del Acuerdo 029 de 1983, artículo 8º, expedido 3 por el Consejo Superior de la Universidad del Quindío, por el que se crearon las primas de, antigüedad y quinquenio para los empleados administrativos de esa

Institución

2. HECHOS La parte actora fundamentó las pretensiones en los siguientes hechos: Mediante el Acuerdo demandado, la Universidad del Quindío fijó la escala de remuneración y concedió una serie de beneficios a los empleados administrativos, concretamente en el artículo 8º, literales a) y b) de ese ordenamiento fueron creadas: la prima de antigüedad y de quinquenio.

Esa decisión del Consejo Superior de la Universidad, extendió esos beneficios que estaban contenidos para los trabajadores oficiales en la cláusula octava de la Convención Colectiva suscrita el 1º de junio de 1983 entre la Universidad y el sindicato de trabajadores oficiales. La Universidad venía pagando las mencionadas primas con base en el Acuerdo demandado parcialmente, desconociendo que el régimen salarial y prestacional de los empleados administrativos, no podía ser otro que el previsto en la Constitución Política, en la ley 4ª de 1992 y en los Decretos 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN La posición jurídica adoptada por el Departamento del Quindío para sustentar la

ilegalidad del acto administrativo demandado, se hizo partiendo de las previsiones constitucionales y luego de las legales; explicada en el capitulo concepto de violación, en donde, se afirma la infracción a los artículos 150-19, de la Constitución Política; la Ley 4ª de 1992, artículo 12; la Ley 331 de 1996 artículo 13. Explicó respecto a la violación a la C.P. que el Acuerdo demandado contravino el artículo 150, ordinal 19 superior, que radicó en cabeza del Congreso de la república la atribución para fijar los regímenes salariales y prestacionales de los empleados públicos y el régimen de prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales; por lo que se presentó falta de competencia en el Consejo Superior para que pudiera expedir el citado acto, situación prevista como causal de nulidad en el artículo 84 del C.C.A. En el acápite relativo a la violación de la ley dijo que el artículo 12 de la ley 4ª de 1992 fue violado por el Acuerdo acusado, porque esa disposición definió claramente la competencia para fijar el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de las entidades territoriales en titularidad del Gobierno Nacional; en sentido similar, el artículo 13 de la ley 331 de 1996, impuso a los Consejos Superiores Universitarios la prohibición de expedir Acuerdos o Resoluciones de incremento de salarios, primas, bonificaciones, gastos de 4 representación, viáticos, horas extras, créditos, prestaciones sociales, disposición declarada exequible por la sentencia C-53 de 1998. Citó un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del C. de E. del 10 de julio

de 2001 (No 1355), en el que se hizo un breve estudio sobre la clasificación de los servidores del Estado y concluyó que: “es criterio de esta Sala que no se ajusta a la Carta, ni al Convenio 151 de la OIT, tampoco a la ley, acordar en las convenciones colectivas de trabajo celebradas por las Universidades Oficiales del orden nacional, o disponer en actos administrativos que los beneficios extralegales, bonificaciones y auxilios se extiendan a los empleados públicos sindicalizados”. Dijo que los argumentos expuestos permitían descubrir la ilegalidad del acto acusado, por lo que reiteró su pretensión en el sentido que se declarara la nulidad del mismo.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La parte demandada dio contestación a la demanda (folios 158 a 166), oponiéndose a las pretensiones y dando explicaciones sobre cada uno de los hechos de la demanda, entre estas, hizo las siguientes claridades: el acto administrativo acusado no extendió beneficios convencionales a los empleados públicos, pues fue un acto autónomo del Consejo Superior, sin negociación de pliegos de condiciones; sobre el pago de las primas demandadas, explicó que efectivamente se venían pagando desde hace aproximadamente 26 años, pero que las mismas se encuentran previstas por el Decreto 1042 de 1978 (Artículos 49 y 97), además que la Universidad era un ente autónomo e independiente, presupuestal y financieramente y, a raíz de esto el Gobierno Nacional desde 1995 expide anualmente un decreto especial que fija el régimen salarial y prestacional

de los empleados administrativos, normas que por ser especiales prevalecen sobre las generales dictadas por el Gobierno Nacional. En el capítulo llamado “En relación con las Pretensiones”, desarrolló dos conceptos en favor del acto acusado; el primero, sobre la autonomía presupuestal de la Universidad del Quindío y; el segundo sobre la naturaleza y legalidad de las primas de antigüedad y quinquenio. En el primero de los aspecto señalados explicó que al momento de la creación de las primas cuestionadas, se encontraba vigente el Decreto ley 80 de 1980, en donde se consagraba la autonomía de las instituciones de educación superior, en materia de programación académica, extensión de servicios, designación de personal, admisión de alumnos, disposición de recursos y, libertad para darse su organización y gobierno; recreó la historia de la universidad hasta llegar a ser una entidad autónoma independiente de cualquier entidad Estatal, citó el artículo 80 del Decreto ley 80 de 1980, relativo a la sujeción del tema presupuestal a la ley orgánica del presupuesto nacional y mencionó el artículo 82 para resaltar que prohibió destinar más del 75% del presupuesto a funcionamiento, disposiciones de las que derivó la legitimidad de la autorización a la Universidad a través del Consejo Superior para incluir las primas en su presupuesto. 5 Prosiguió con la derogación del Decreto 80 de 1980 por el artículo 144 de la ley 30 de 1992 y el desarrollo de la autonomía universitaria y la posibilidad de elaborar su propio presupuesto de ingresos y gastos y administrarlo para el cumplimiento de sus funciones. Afirmó que la declaratoria realizada mediante la sentencia 053 de 1998,

relacionada con la aprobación de la ley 331 de 1996, aprobatoria del presupuesto de rentas y apropiaciones, relacionada con la prohibición prevista en el artículo 13, sobre la limitación a los Consejos Superiores de los entes universitarios de expedir acuerdos que incrementaran salarios y prestaciones sociales por encima de los legalmente establecidos, no significó nada diferente a que dicha prohibición se hacía efectiva a partir de 1997. Alegó que el demandante hubiere probado que los incrementos por las primas, hubieren superado los topes legales impuestos anualmente por el Gobierno Nacional. Esa prohibición se incorporó en las normas pares de los años subsiguientes, pero en el año 2000 (ley 547 de 1999), la Corte Constitucional la declaró inexequible por estimarla lesiva de la autonomía universitaria, cuyos contenidos y consideraciones, confirmaron la constitucionalidad y legalidad del acto acusado en este proceso. El segundo argumento defensivo de la parte demandada fue el de la “Naturaleza y legalidad de las primas de antigüedad y quinquenio; explicó en este capítulo que los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978 (los citó) preveían esas prestaciones, por lo que el Consejo Superior con fundamento en estas y en la autonomía reconocida, en esa entonces, por el Decreto ley 80 de 1980, expidió el Acuerdo 029 demandado, a favor de los empleados administrativos de la Universidad, en busca de estimular la idoneidad, experiencia y permanencia en el servicio público, a través del reconocimiento de esas primas que constituyeron

salario, como contraprestación directa del servicio. Citó apartes de la sentencia del 25 de marzo de 1992, M.P. Dra. Clara Forero de Castro, en la que se explicó el concepto de la prima de antigüedad, como un incremento del salario causado en la permanencia del empleado al servicio del Estado. Dijo que hasta el momento la parte actora no había probado la incursión en causal alguna de nulidad y, reiteró que cuando se hicieron efectivas las primas el Consejo Superior estaba habilitado para tal efecto, sin que hoy por hoy haya dejado de ser así. Al contrario de lo pretendido, los docentes de la Universidad del Quindío se encontraban en evidente desventaja frente a los docentes nacionales regidos por la ley 4ª y Decretos Reglamentarios, por que estos tuvieron incrementos salariales por antigüedad mediante el Decreto 1279 de 2002. Citó un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, del 11 de septiembre de 2003, M.P. Dra. Susana Montes, relativo a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad a un acto administrativo de la Asamblea de Cundinamarca, caso que el demandante calificó como similar al presente. 6

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Quindío no accedió a las pretensiones de la demanda relativas a la nulidad del acto administrativo acusado, luego de precisar aspectos relevantes del proceso, como las pretensiones, los hechos, las normas violadas, el concepto de violación, la intervención de terceros, los alegatos de conclusión, procedió a expresar sus consideraciones, iniciando por definir el

problema jurídico, preguntándose si es nulo el acto demandado, por el cual fueron creadas las primas de antigüedad y quinquenio a favor de los empleados administrativos de la Universidad del Quindío? Luego de transcribir la norma acusada de ilegalidad e inconstitucionalidad, aclaró que la demandada y los intervinientes sostuvieron que las primas creadas se encontraban consideradas por el Decreto 1042 de 1978, por lo que eran legales; motivo para expresar que la decisión de este proceso se referirá a la legalidad del acto acusado, independientemente de si existiere un origen legal de los beneficios. Afirmó, como tesis del Tribunal, que el acto demandado era nulo por encontrarse afectado de falta de competencia; expresó como argumento principal que antes de la expedición de la Constitución de 1991 ni con ocasión de ésta, el Consejo Superior de la U. del Quindío estaba facultado para fijar el régimen laboral de los empleados públicos vinculados a esa institución, pues esa facultad, conforme a la normativa aplicable, correspondía al Gobierno Nacional, acatando los parámetros establecidos por el Congreso de la República. En desarrollo de la temática para soportar la tesis y su argumento principal, entró a establecer los límites de la autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la C.P. y desarrollada por los artículos 28 y 57 de la ley 30 de 1992 (los transcribió), disposiciones de las cuales dijo, se desprendía, que la autonomía de los entes universitarios comprende tres aspectos: académico; administrativo y;

financiero; lo que implicaba que podían fijar sus propias directrices para cumplir el objeto institucional, en el sentido de darse sus propios estatutos, definir su régimen interno, institucionalizar los mecanismos referentes a elecciones, designaciones y periodos de los directivos y administradores, señalar la reglas de selección docente; establecer programas de desarrollo propio, aprobar y manejar su presupuesto, aprobar los planes de estudio que regularan la actividad académica. Citó la sentencia del 18 de mayo de 2011, M.P. Dr. Rafael Osteua de Lafont Pianeta, y de aquí concluyó que las universidades gozan de cierta autonomía para diversidad de atribuciones, pero no para fijar el régimen salarial ni prestacional. El segundo argumento para desarrollar la tesis del Tribunal fue la de “la regulación del régimen salarial de los empleados públicos de las universidades públicas – entes universitarios autónomos-; inició por la C.N de 1886, citando los artículos 769 en el que se atribuía la competencia para fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos al Congreso de la República, igualmente respecto del régimen de prestaciones sociales; luego refirió al artículo 120-21 se 7 facultó al Presidente para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central. Recordó que mediante la reforma constitucional de 1968 esa competencia para fijar las escalas de remuneración de las diferentes categorías de empleos del orden nacional, así como del régimen prestacional de los empleados públicos quedó radicado en el Congreso de la República (Art. 76-9 C.N.) y; el artículo 12021 autorizó al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, conforme a las escalas fijadas por el Congreso de la República. Concretó que para el caso de los empleados públicos de las universidades oficiales (personal administrativo), regían las normas salariales fijadas por el Gobierno Nacional, conforme al artículo 124 del Decreto ley 80 de 1980. Dijo que con la expedición de la C.P. de 1991, se le asignó al Congreso de la República (Art. 150-19-e) hacer las leyes y ejercer por medio de estas las funciones de: dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: …fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Se estableció así una competencia concurrente entre el Congreso y el Gobierno Nacional para desarrollar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, el primero fijando los criterios y objetivos y éste fijando los regímenes salariales y prestacionales, conforme a esos parámetro. El esquema anterior se desarrollo así, el Congreso expidió la ley 4ª de 1992 y con fundamento en esta herramienta el gobierno Nacional señalaría el límite máximo salarial de los servidores públicos, entre otros, de la entidades territoriales (para el caso de estudio), lo que se hizo en el artículo 12 de dicha ley, en el que se prohibió a las Corporaciones Públicas territoriales arrogarse la facultad para fijar dichos regímenes y se señaló que el Gobierno establecería el límite máximo

salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares del orden nacional. Citó la sentencia C-510 de 1999, que retomó algunas consideraciones de la C315 de 1995, para ampliar las nociones estudiadas; luego resumió que la fijación del régimen salarial de los empleados públicos del orden territorial corresponde en forma conjunta al Congreso, Gobierno Nacional, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, Gobernadores y Alcaldes, aclarando que la creación de factores salariales corresponde al gobierno Nacional. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema, el cual dice haber acogido en reiteradas decisiones (folios 276 a 277), para concluir que las universidades territoriales, a pesar de contar con autonomía e independencia, no podían arrogarse la facultad que corresponde al Gobierno Nacional, acatando los términos establecidos por el Congreso de la República. Fuera de lo anterior el artículo 13 de la ley 331 de 1996 contenía la prohibición expresa dirigida a los Consejos Directivos universitarios, de impedirles regular aspectos relacionados con salarios y prestaciones sociales. 8 Concluyó que todos los regímenes salariales y prestacionales que no provinieran del Ejecutivo Nacional no tenían fundamento legal, por lo que los entes universitarios solo podían dar aplicación para esos efectos a las normas expedidas por el Gobierno Nacional. Respecto al punto tercero del desarrollo de la tesis del Tribunal, relativo a “la improcedencia de extender los aspectos derivados de una convención colectiva a los empleados públicos”; explicó con fundamento en el artículo 416 del C.S.T. y un

concepto y una jurisprudencia del C. de E. (folios 277 Vto. a 279) que sin lugar a ambages, no era procedente que el Consejo Superior hiciera extensivo o “unificara” aquellos aspectos derivados de la convención colectiva suscrita en 1983 entre la universidad y el Sindicato de trabajadores oficiales a los empleados públicos, por cuanto contravenía mandatos constitucionales y legales. Finalmente, concluyó el Tribunal que el artículo demandado del Acuerdo 029 de 1983, al reconocer la prima de antigüedad y el quinquenio a los empleados de la Universidad del Quindío, infringió flagrantemente mandatos constitucionales y legales, porque conforme al artículo 150-19-e) de la C.P. y el artículo 12 de la ley 4ª de 1992, la facultad de fijar los regímenes prestacionales y salariales es del Gobierno Nacional, acatando los parámetro del Congreso de la República.

6. RECURSO DE APELACIÓN Los terceros intervinientes y reconocidos en le proceso, interpusieron recursos de apelación (folios 281 y 323 C.O.), así Sabel Reinerio Arévalo A y Fabio Cagua Castellanos, miembros del sindicato de la arte administrativa de la Universidad del Quindío, explicaron ampliamente su preocupación porque en su sentir el fallo de primera instancia no confrontó los argumentos planteados como intervinientes en este proceso, que no debió adelantarse si de lo que se trataba era de soslayar derechos convencionales, pues la vía era la ordinaria; sostienen que su preocupación no es por los afiliados al sindicato, sino por aquellos trabajadores

oficiales que por virtud del Decreto 80 de 1980 cambiaron de naturaleza su vinculación con la universidad, pasando a ser empleados públicos, pero sin perder los derechos adquiridos logrados hasta allí y protegidos por los decretos anuales (conforme a la C-09 de 1994) que persiguen la progresividad de los derechos laborales. La interviniente Angélica Ramírez Beltrán, argumentó que las primas en cuestión no fueron creadas por el Acuerdo acusado sino por el Decreto 1042 de 1978 y, además fueron convalidadas año tras año por los decretos anuales de fijación de régimen salarial y prestacional de los empleados administrativos. Defiende la tesis que el Consejo Superior tenía facultad para adicionar el monto a pagar por concepto de primas de antigüedad y quinquenio, por las autorizaciones realizadas por el Decreto 80 de 1980 y la ley 30 de 1992, que desarrollaron el principio de autonomía, reconocido en varios aspectos, entre estos el financiero y el presupuestal. 9 Luego de citar jurisprudencias y doctrina adecuada a su exposición, concretó las siguientes aclaraciones, desde su punto de vista: Las primas creadas por ley no son prestaciones sino factores salariales y están consideradas en el Decreto 1042 de 1978. Estas fueron objeto en el año 2002 de concertación para el pago por parte de la UQ, conforme al Decreto 1919 de ese año. Así lo señaló el C. de E. el 25 de marzo de 1992 en fallo de la M. P. Dra. Clara forero de Castro. La expedición del acuerdo criticado fue un acto unilateral, por lo que no fue una

extensión de la convención colectiva. El artículo 150-19 superior no puede interpretarse en forma aislada, sino que es general y admite excepciones, como la prevista por el artículo 69 C.P. que consagró la autonomía universitaria (régimen especial de universidades). La universidad pública por virtud de su régimen especial, posee facultades para genera adiciones salariales o prestacionales a favor de sus empleados, siempre que se sujete a los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional. La ley 4ª de 1992 establece que los límites máximos señalados por el Gobierno para las entidades territoriales, debe guardar equivalencia con cargos similares del orden nacional.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1º. Problema jurídico.

Se contrae a determinar si hay lugar a la declaración de nulidad del Acuerdo 029 de 1983, expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Quindío, por el cual, en su artículo 8º. creó la prima por antigüedad y el quinquenio. La posición del Tribunal de instancia sobre el tema objeto de impugnación, parte del supuesto constitucional y legal de la competencia atribuida al Congreso de la República en vigencia de las Constituciones, Nacional y Política de 1886 y de 1991, para .fijar los regímenes, salarial y prestacional de los empleados públicos. Los recurrentes, en sus escritos de apelación, insisten en proteger los derechos de los afiliados al sindicato de trabajadores oficiales de la UQ, les asiste la preocupación del no pago de esas primas creadas desde 1983 a los trabajadores oficiales que por virtud del Decreto ley 80 de 1980 pasaron a ser empleados

públicos, paro lo cual argumentan que esos beneficios no están dados por el Acuerdo sino por el Decreto 1042 de 1978, también dicen que la universidad cuenta con autonomía financiera y presupuestal y puede adicionar los salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores, como factores salariales. Para despejar la incógnita planteada debemos acudir a las disposiciones aplicables al caso. 10 2º Normas aplicables. Las normas que regulan en lo pertinente a la presente controversia, son: a) Principales: Constitución Política (…) “ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.” (…)

CAPITULO III.

DE LAS LEYES ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: a) … e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; Constitución Nacional Artículo 76.- Corresponde al Congreso hacer las leyes.

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

7. Crear todos los empleos que demande el servicio público, y fijar sus respectivas dotaciones;

“Artículo 11 del Acto Legislativo No. 1 del 12 de diciembre de 1968.

El artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así: Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: (…) 11

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos, y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales; (…)” Ley 4ª de 1992

ARTÍCULO 12. (Artículo condicionalmente exequible) El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

3. Caso concreto.

En este caso se plantea un debate concreto sobre la legalidad e inconstitucionalidad de un Acuerdo Universitario que creó dos primas a favor de los empleados administrativos de la Universidad del Quindío, sin pretensiones de restablecimiento del derecho, con acusaciones de puro derecho, tendientes a establecer la falta de competencia del Consejo Superior de la UQ para crear esos beneficios. Este tema se ha tratado infinidad de veces por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado, aceptándose la posición por la cual la competencia para fijar regímenes salariales y prestacionales, es del Congreso de la República, que

establece los criterios y objetivos a los cuales deberá ajustarse el Gobierno Nacional para determinar dichos regímenes, esto, antes de la actual constitución y en su vigencia. No es mucho lo que hay por agregar, este Despacho y el Ministerio Público en general ha venido aceptando esta tesis, pues está expresada en la Carta y desarrollada con toda claridad por la ley 4ª de 1992, de manera que no hay lugar a duda alguna. Los apelantes, que no son la parte demandada sino los intervinientes, a la postre miembros del sindicato de la universidad, defienden la legalidad del Acuerdo demandado, con la pura preocupación pecuniaria de sus afiliados, a pesar que enarbolan la posición que el ordenamiento acusado no es más que un elemento recreador de factores salariales consagrados por el Decreto 1042 de 1978 y por ende, los trabajadores afiliados tienen derechos adquiridos; por lo cual, esta dependencia del Ministerio Público, estima que si este argumento es cierto, no hay 12 motivo alguno para tener preocupación alguna; sin embargo, debe manifestarse que no puede generarse un derecho si proviene de hechos ajenos a la ley y al ordenamiento jurídico, pues habrá de recordarse que los empleados públicos no pueden beneficiarse de convenciones colectivas ni de ordenamientos que no le sean aplicables; por tanto, si los empleados administrativos de la UQ están sujetos al régimen de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y, dichas primas le están concedidas expresamente, no habría lugar al no pago, salvo que no hayan sido asignadas a ese personal expresamente. Lo anterior tiene respaldo en el artículo 10 de la ley 4ª de 1992 que dice:

“ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.” Por lo que es clara la contradicción del Acuerdo demandado con la ley citada, de ahí, entre otras, la ilegalidad del acto cuestionado, lo cual impediría reconocer las cantidades que fueron pagadas sobrepasando los límites del justo valor, es decir, de manera ilegítima o ilegal y sólo podría reconocerse el derecho legítimo que es el adquirido, es decir, el que estuviere ajustado a la ley y las reglamentaciones del Gobierno Nacional, no de cualquiera otra autoridad. Se estima procedente citar extensamente la sentencia del siete (7) de julio de dos mil diez (2010), Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación No. 630012331000200601189 01, pues desarrolla el tema cuidadosamente e ilustra con claridad el sentido de las decisiones en casos como el presente: (…) “La Sala, como ya se anunció, resolverá el problema jurídico planteado, bajo el siguiente orden: 1) Competencia para fijar salarios y prestaciones en vigencia de la Constitución Política de 1886 y sus diferentes reformas.; 2) Competencia para fijar salarios y prestaciones en vigencia de la Constitución Política de 1991; 3) Solución al caso concreto. 1) Competencia para fijar salarios y prestaciones en vigencia de la Constitución Política de 1886 y sus diferentes reformas.

La Constitución Política de 1886, en su texto original, confería al Congreso, en su