PGN - REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Competencia sobre recursos del régimen de participacio

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., febrero 21 de 2006. Alegato No. 21

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Ref.: Expediente 110010324000200400260 01

Acción: Acción Pública de Nulidad

Actor: Edgar Pardo Rodríguez.

Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales. I.- ANTECEDENTES a.- La demanda El ciudadano Edgar Pardo Rodríguez, en nombre propio y en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda con el fin de obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional del numeral sexto del artículo primero del Acuerdo 262 de 2004, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por considerarlo violatorio del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Gobierno de Colombia mediante Ley 21 de 1991; los artículos 6°, 121 y 122 de la Constitución Política; artículo 172 de la Ley 100 de 2 1993 y la Ley 715 de 2001 que derogó la Ley 60 de 1993; artículos 82 y 83 de la Ley 715 de 2001. Desarrolla el concepto de violación con fundamento en los siguientes cargos: 1.- La disposición acusada contraría lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT ratificado mediante la Ley 21 de 1991, por cuanto omitió la obligación del Gobierno

de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. El artículo 24 del mencionado Convenio señala que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna y el artículo 25 en cuanto dispone que se debe velar porque se ponga a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. Tanto la Constitución como la ley asignan de manera estricta y taxativa las competencias de cada uno de los órganos de la administración pública (arts. 6°, 121 y 122) el principio de legalidad formal que aplicada a la función pública, significa una sujeción estricta y reglada, lo que significa que para que la actuación administrativa sea válida debe sujetarse a la competencia de ley. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, creado por virtud del artículo 171 de la Ley 100 de 1993 como organismo adscrito al Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, y al que se le señalan taxativamente sus funciones en el artículo 172, en ninguna parte se le atribuyen las funciones de reglamentar el uso y destino de los recursos del Régimen de Participaciones SGP, de que habla la Ley orgánica 715 de 2001 que derogó en su totalidad la Ley 60 de 1993, régimen

de transferencias, desarrollo de los artículos 356 y 357 de la C.P. 3 En estos términos, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud carece de facultad para señalar como asignación forzosa del 33.5% de los recursos de que son acreedores los resguardos indígenas, en los términos de los artículos 82 y 83 de la Ley 715 de 2001, para cofinanciar los recursos para ampliar la cobertura del régimen subsidiado, máxime que para la época de la publicación de la norma acusada, se habían cumplido los convenios marco para el manejo de los recursos del Régimen General de Participaciones –SGPcon los respectivos alcaldes o gobernadores, en donde desde el año anterior las autoridades indígenas en el marco de su autonomía, ya habían designado los sectores en que se irían a invertir esos recursos. En el evento de querer variar y reglamentar el contenido del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, por ley deberá ser el resultado de un proceso de concertación entre el ejecutivo - Presidencia – Ministerio del Interior y de Justicia – Ministerio de Hacienda y las mismas comunidades indígenas, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT –Ley 21 de 1991-; Decreto 1386/94 y Decreto 1397/96. El citado convenio hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, tiene prevalencia sobre la norma demandada y los miembros del CNSSS hicieron caso omiso de la consulta obligada a las comunidades indígenas de la conveniencia o no de asignar un determinado

porcentaje para cofinanciar la ampliación del régimen subsidiado, de los recursos que reciben anualmente los resguardos indígenas por concepto del Sistema General de Participaciones de que habla la Ley 715 de 2001, y abuso de poder al reglamentar mediante el Acuerdo 262 la Ley 715, sin tener la competencia funcional para hacerlo pues la Ley 100 de 1993 no le confiere facultad para ello. La Ley 21 de 1991 señala la obligatoriedad de la consulta y concertación con los grupos étnicos en todo tipo de decisiones en el que llegasen a ser afectadas para 4 el acceso y participación de los pueblos indígenas en los servicios de salud, en condiciones de igualdad, dignas y apropiadas. b.- Contestación de la demanda.- 1.- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.- Se opuso a las pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa expresó: 1.- Un primer aspecto que surge al revisar la disposición del Artículo 6° numeral 1° del Convenio 169 de la OIT, es que ella se refiere a medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente, de manera tal que, es necesario observar la naturaleza y fines del Acuerdo demandado para determinar si esta disposición, puede afectar o no en forma directa a los pueblos indígenas. 2.- La regulación de la seguridad social en salud deriva de los artículos 48 y 49 de la Carta, que radican en el Estado la obligación de organizar, dirigir, coordinar y controlar el servicio público obligatorio de la seguridad social, con el fin de asegurar y garantizar la prestación del mencionado servicio bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La ampliación de la cobertura en el régimen subsidiado se debe realizar, teniendo en cuenta entre otros, criterios de sostenibilidad, pues debe garantizarse que con los recursos de que se dispone se podrá mantener la continuidad de la cobertura de las personas que ya vienen recibiendo los subsidios más la de las personas cubiertas por la ampliación que se realice. No se trata solamente de proceder a la ampliación de la cobertura, con los recursos existentes, sino de analizar detenidamente que su asignación en las siguientes vigencias fiscales no sea insuficiente para mantener la continuidad de 5 la totalidad de la afiliación de la población, de no ser así se violaría el derecho colectivo al adecuado acceso a los servicios públicos de las personas pues se vería interrumpido el servicio público al no poder garantizar los recursos. En este sentido, las normas que regulan el régimen subsidiado, entre otras las contenidas en el Acuerdo 262, tienen como función la protección de los usuarios, afiliados y /o potenciales, para los cuales el Estado como garante de su seguridad social realiza los esfuerzos fiscales y administrativos necesarios. El Congreso señaló en la Ley 100 de 1993, que corresponde al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinar la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado y la selección de beneficiarios de los subsidios; de acuerdo con el artículo 172, intervenir expidiendo las medidas necesarias, para establecer los criterios de selección de beneficiarios del régimen subsidiado, con prioridad a los grupos pobres y vulnerables, pero también atendiendo criterios de eficiencia y racionalidad en la asignación de los recursos. En la medida en que es claro que la ampliación de cobertura del régimen

subsidiado, genera un gasto recurrente o permanente para el FOSYGA, que se debe mantener indefinidamente, debe soportarse en análisis financieros que garanticen su continuidad con las fuentes previstas para tal fin. Pretender que el CNSSS tenga que hacer consultas adicionales por fuera de los miembros del consejo donde están representados las distintas instancias, incluidos los indígenas, es llevar a un escenario parcializado una parte del problema, lo cual no tiene asidero pues cuando el Consejo adopta la decisión, ha tenido en cuenta no solo los intereses del grupo que representan, sino los que surgen desde la perspectiva general, dentro del marco de la Constitución Política. La norma acusada se enmarca dentro de la perspectiva general, sin desconocer que se trata de un grupo especial, pues de acuerdo con el numeral 8 del artículo 6 1° el porcentaje que se asigna a los municipios más pobres con menor cobertura alcanza el 60% y a la población indígena se le cofinancia el 66.5% de los recursos, porcentajes que al analizar la población en su conjunto permitieron que la decisión del Consejo garantizara la sostenibilidad no solo de la población cubierta sino de la que resulta de la ampliación aprobada. De otra parte, el convenio es claro en señalar que lo que debe consultarse a los indígenas es lo que los afecta directamente y no las normas de carácter general. El Convenio 169 de la OIT prevé en el artículo 24 que “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”, la consulta prevista para la aplicación de

esta disposición como lo prevé el artículo 6° por tratarse en estricto sentido de la prestación del servicio público de seguridad social en salud, no se requeriría porque el Acuerdo 262 regula criterios de selección de beneficiarios del régimen subsidiado y no las condiciones y/o requisitos para la afiliación de la población beneficiaria del mismo. 2.- Ministerio de la Protección Social.- La concepción genérica del sistema implica un conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas que interactúan con un mismo propósito de manera que los alcances de estas últimas actividades debe analizarse de forma integral y sistemática dentro del contexto de tal noción. El numeral 6° del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 asignó al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud la función de definir los criterios generales de selección de los beneficiarios del régimen subsidiado. La Ley 715 de 2001, artículo 83 señaló la distribución y administración de los recursos para resguardos indígenas, disposiciones que habilitan al Consejo Nacional de Seguridad Social en 7 Salud para adoptar decisiones como la contenida en el Acuerdo 262 de 2004, en particular la dispuesta en el artículo 1° numeral 6°. No es cierto que la disposición acusada viole los artículos 6, 24 y 25 del Convenio 169 de la OIT, el cual se refiere a medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos, resulta necesario observar la naturaleza y fines de la norma demandada con el fin de establecer y verificar si puede o no afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales.

El Acuerdo 262 además de ser un acto administrativo de carácter general, fue expedido con el fin de fijar los criterios de distribución de los recursos del Fosyga para ampliación de cobertura del régimen subsidiado y tales criterios fueron fijados entre otros, para señalar el de prioridad que debía observarse para la distribución de los recursos de cofinanciación del FOSYGA, de manera que además de los otros grupos poblaciones pobres y vulnerables estuvieran también incluidos o comprendidos los indígenas, criterio que resulta acorde a los mandatos legales y en particular al del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, según el cual los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinarse prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al régimen subsidiado y en todo caso siempre que la nación realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos resguardos, las autoridades indígenas dispondrán parte de estos recursos para cofinanciar dichos proyectos, sino también al artículo 35 del mismo convenio 169, en virtud del cual sus disposiciones no deberán menoscabar los derechos y ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, leyes o laudos y lo que la norma demandada establece es un beneficio a favor de la población indígena, materializando de esta manera su derecho a la seguridad social, tal como lo dispone el artículo 24 del Convenio 169 de la OIT, junto con otros grupos de poblaciones pobres y vulnerables previéndose en forma complementaria que para garantizar la cofinanciación a cargo del resguardo indígena, el municipio o

8 departamento respectivo efectúen aportes con cargo a recursos de esfuerzo propio para esta ampliación de cobertura. La norma acusada tampoco afecta la participación de las comunidades indígenas, pues en nada limita la iniciativa para organizarse con el objeto de prestar los servicios ni administrar los recursos del régimen subsidiado. Otra cosa es que para los fines previstos en ella, deban los respectivos resguardos concurrir o efectuar el aporte correspondiente con cargo al Sistema General de Participaciones, tal como lo dispone el artículo 83 de la Ley 715 de 2001, condición compatible con los mandatos constitucionales y legales en virtud de los cuales la participación de los particulares y diferentes actores e integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, debe sujetarse a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Teniendo en cuenta el indiscutible carácter general y abstracto de la disposición acusada, no puede aceptarse que para expedirla se hubiera requerido la consulta ordenada en la citada norma. De no ser así, resultaría necesario efectuar dicha consulta en relación con todas las disposiciones legales y reglamentarias que de alguna manera puedan beneficiar, afectar o incidir a la comunidad indígena alcance que no es atribuible a la norma acusada, la cual sólo prevé la aplicación de dicho mecanismo cuando se trate de la expedición de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente, como lo ha observado el H. Consejo de Estado en sentencia de febrero 14 de 2002 y la H. Corte Constitucional en sentencia C-169 de 2001.

El Consejo Nacional de Seguridad social en Salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 171 de la Ley 100 de 1993, es un organismo colegiado encargado de la dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual se encuentra 9 conformado por representantes del Gobierno Nacional, entre otros y le compete definir los criterios generales de la selección de los beneficiarios del régimen subsidiado de salud por parte de las entidades territoriales, dando la debida prioridad a los grupos pobres y vulnerables. El accionante carece de fundamento cuando señala que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud no tiene potestad para reglamentar o señalar el monto de los aportes con que deben concurrir los resguardos indígenas para acceder a los recursos de cofinanciación que posibiliten la ampliación de la cobertura prevista en el numeral 6° del artículo 1° del Acuerdo 262 de 2004, que se ajusta no sólo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley 100 de 1993 que otorga facultades plenas para determinar todos los aspectos concernientes a la forma y condiciones de operación de dicho régimen; al inciso cuarto y parágrafo del artículo 83 de la Ley 715 de 2001 y a la Ley 812 de 2003. La disposición objeto de enjuiciamiento no es una decisión aislada que pueda menoscabar derechos de alguna comunidad o población en particular sino de establecer criterios de ampliación del régimen subsidiado. Además, de conformidad con el principio de progresividad que informa al derecho y servicio público de seguridad social previsto en el artículo 83 de la Ley 715 de 2001, al prescribir que los recursos que reciben los resguardos indígenas deben tener

como prioridad la afiliación al régimen subsidiado unido al esfuerzo conjunto fijado en la Ley 812 de 2003, presupuestos a partir de los cuales el Acuerdo 262 señaló que los resguardos indígenas deberán concurrir para tal efecto en la proporción del 33.5%, recursos que pertenecen al Sistema General de Participaciones, concurrencia que podrá garantizarla el ente territorial con recursos de su propio esfuerzo. No existe el abuso de poder alegado porque los resguardos indígenas pueden concurrir a la financiación de la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado, cuya participación se realiza con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 715 de 2001. 10 Finalmente observa que el Acuerdo 270 de 2004, modificó parcialmente el Acuerdo 262, específicamente en lo dispuesto en la disposición acusada, en cuanto que por solicitud de los resguardos indígenas se presentan dificultades para la cofinanciación en dicha vigencia, razón por la cual la ampliación de la cobertura se efectuará por el número de afiliados que puedan financiarse exclusivamente con los recursos de la cofinaciación del FOSYGA previstos en el numeral 6° del artículo 1° del Acuerdo 262 del CNSSS sin que pueda ser superior al total de los cupos asignados por dicho Acuerdo. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Pretende el actor se declare la nulidad del artículo 1° numeral 6° del Acuerdo 262 de marzo 5 de 2004, “por el cual se fijan los criterios de distribución de los

recursos del FOSYGA para ampliación de cobertura del régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Estima el accionante que con la disposición acusada se vulneraron los artículos 6, 24 y 25 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT-, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, en cuanto el Gobierno Nacional hizo caso omiso de la obligación contenida en el artículo 6° de consultar a la población indígena sobre las medidas legislativas y administrativas que los llegasen a afectar o involucrar directamente. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud es incompetente, y, en consecuencia, abusó del poder, pues el artículo 172 de la Ley 100 de 1993 no lo faculta para reglamentar el uso y destino de los recursos del régimen de participaciones para la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado, previsto en los artículos 82 y 83 de la Ley 715 de 2001, que derogó la Ley 60 de 1993, régimen de transferencias reglamentarias artículos 356 y 357 constitucionales, a 11 pesar de haber suscrito convenios marco para el manejo de dichos recursos con los respectivos alcaldes y gobernadores, y que desde el año anterior las autoridades indígenas en el marco de su autonomía ya habían designado los sectores en que se irían a invertir dichos recursos. Si se pretende variar el contenido del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, deberá adelantarse un proceso de concertación entre el ejecutivo y las comunidades indígenas, acorde con el Convenio 169 de la OIT.

En estos términos el acto acusado no puede obligar a las autoridades indígenas a asignar un porcentaje determinado para cofinanciar la ampliación del régimen subsidiado y dejar al libre albedrío de los municipios y departamentos para que asignen lo que a bien tengan en la cofinanciación para la ampliación del régimen subsidiado. Al no existir criterios de igualdad en el tratamiento que el CNSSS dio a los resguardos indígenas y a los entes territoriales, subestima e ignora la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que los puedan afectar. El Acuerdo 262 de 5 de marzo de 2004, expedido por el CNSSS, fijó los criterios de distribución de los recursos del FOSYGA para la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado y dictó otras disposiciones.

La disposición acusada señala: “Artículo 1° Criterios de distribución de los recursos del Fosyga para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado. (…) 6.- Ampliar la cobertura de la población indígena en el régimen subsidiado.

Se asignarán a los municipios con población indígena recursos del Fosyga equivalentes al 66.5% del costo de la ampliación de la cobertura, con base en los listados censales de la población residente en los resguardos 12 indígenas, disponibles a la fecha del presente acuerdo en el Ministerio del Interior y de Justicia. Para acceder a estos recursos el resguardo deberá aportar el equivalente al 33.5% con cargo al Sistema General de Participaciones. Para garantizar la cofinanciación a cargo del resguardo

indígena, el municipio respectivo y/o el departamento podrán aportar recursos de esfuerzo propio”. Se pregunta y plantea como problema jurídico si el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud está facultado para reglamentar el uso y destino de los recursos del Régimen de participaciones –SGPpara la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado y si el Gobierno Nacional estaba obligado a consultar a los pueblos indígenas esta decisión. El marco normativo se encuentra en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica 715 de 2001 que derogó la Ley 60 de 1993; artículos 356 y 357 de la Constitución Política; artículo 6° Ley 21 de 1991 que aprobó el Convenio número 169 de la OIT; los artículos 212 de la Ley 100 de 1993 y 50 de la Ley 715 de 2001.

Sobre los cargos: 1.- Incompetencia del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para expedir la norma acusada.- La Ley 100 de 1993 estableció que corresponde al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinar la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado y la selección de beneficiarios de los subsidios; el artículo 212 dispone: ARTICULO 212. CREACION DEL REGIMEN. Créase el régimen subsidiado que tendrá como propósito financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de 13 cotizar. La forma y las condiciones de operación de este régimen serán determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Este régimen de subsidios será complementario del sistema de salud definido por

la Ley 10 de 1990. Compete además al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de conformidad con el artículo 172 ibídem:

ARTICULO 172. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes funciones: (…)

6. Definir los criterios generales de selección de los beneficiarios del régimen subsidiado de salud por parte de las entidades territoriales, dando la debida prioridad a los grupos pobres y vulnerables y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993.

La Ley 60 de 1993, fue derogada por la Ley 715 de 2001, que en el artículo 50 dispone: Artículo 50. Recursos complementarios para el financiamiento de los subsidios a la demanda. Los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura. El monto excedente deberá distribuirse para el 14 financiamiento de la ampliación de cobertura entre los entes territoriales, de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Los recursos distribuidos por concepto de ampliación de cobertura para cada ente territorial, no podrán exceder los montos necesarios para alcanzar la

cobertura total de la población por atender en dicho territorio, hasta que el total nacional se haya alcanzado. Anualmente, la Nación establecerá la meta de ampliación de cobertura nacional para la vigencia siguiente, la cual deberá reflejarse en la apropiación de recursos presentada en el proyecto de Ley de Presupuesto. Los artículos 1°, 82 y 83 de la misma ley disponen: Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley. Artículo 82. Resguardos Indígenas. En tanto no sean constituidas las entidades territoriales indígenas, serán beneficiarios del Sistema General de Participaciones los resguardos indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, y al Departamento Nacional de Planeación en el año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se programan los recursos. Artículo 83. Distribución y administración de los recursos para resguardos indígenas. Los recursos para los resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la participación de la población de la entidad o resguardo indígena, en el total de población indígena reportada por el Incora al DANE. 15 Los recursos asignados a los resguardos indígenas, serán administrados por el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Cuando este quede en jurisdicción de varios municipios, los recursos serán girados a cada

uno de los municipios en proporción a la población indígena que comprenda. Sin embargo deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades territoriales y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. Copia de dicho contrato se enviará antes del 20 de enero al Ministerio del Interior. Cuando los resguardos se erijan como Entidades Territoriales Indígenas, sus autoridades recibirán y administrarán directamente la transferencia. Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinarse a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre que la Nación realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos resguardos, las autoridades indígenas dispondrán parte de estos recursos para cofinanciar dichos proyectos. (se destaca) Las secretarías departamentales de planeación, o quien haga sus veces, deberá desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los resguardos indígenas y autoridades municipales, para la adecuada programación y uso de los recursos. Parágrafo. La participación asignada a los resguardos indígenas se recibirá sin perjuicio de los recursos que los departamentos, distritos o municipios les asignen en razón de la población atendida y por atender en condiciones de

16 eficiencia y de equidad en el caso de la educación de conformidad con el artículo 16 de esta ley, y el capítulo III del Título III en el caso de salud. Artículo 84. Apropiación territorial de los recursos del Sistema General de Participaciones. Los ingresos y gastos de las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones se apropiarán en los planes y presupuestos de los departamentos, distritos y municipios. Los ingresos percibidos por el Sistema General de Participaciones, por ser de destinación específica, no forman parte de los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales beneficiarias de los mismos. Dentro de este contexto normativo el CNSSS es competente para determinar los criterios de selección de beneficiarios del régimen subsidiado, con prioridad para los grupos pobres y vulnerables, con razones de eficiencia y racionalidad en la asignación de los recursos, sobre la base de la capacidad económica de los municipios y teniendo en cuenta que en él tienen representación todos los sectores de la población, y que en representación del sector rural se seleccionó a la representante de la Asociación de Cabildos Indígenas, quien participó en la discusión del Acuerdo 262 de 2004, según consta en el acta de sesión No. 147 del CNSSS, que obra dentro del expediente. 2.- Violación de los artículos 6, 24 y 25 del Convenio 169 de la OIT, contenidos en la Ley 21 de 1991 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”. El Acuerdo 262 de 2004, es un acto administrativo de carácter general expedido

por el CNSSS para fijar los criterios de distribución de los recursos del Fosyga para ampliación de la cobertura del régimen subsidiado, y expedido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley 100 de 1993 y 50 de la Ley 715 de 2001, según los cuales los recursos de participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinarse prioritariamente a satisfacer las 17 necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al régimen subsidiado de salud. Dentro de este contexto normativo compete a los resguardos indígenas hacer los aportes correspondientes con cargo al Sistema General de Participaciones, sin necesidad de consulta previa alguna puesto que se trata simplemente de acatar las disposiciones que sobre el Sistema General de Participaciones y Sistema General de Seguridad Social en Salud prevén para dar cobertura a los miembros de las comunidades indígenas como grupos vulnerables, con miras a ampliar la cobertura y garantizar la vinculación de todos sus miembros al Régimen Subsidiado de Salud, cuya dirección, coordinación y control se encuentra en cabeza del Estado y particularmente del Consejo Nacional de Seguridad en Salud como dire