PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - Reserva legal

PROCURADURÍA DELEGADA PRIMERA PARA LA VIGILANCIA

ADMINISTRATIVA

Bogotá DC, octubre 12 de 2001 Procede el Despacho con fundamento en la competencia otorgada por el art. 25 numeral 10 literal a) del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 017 de 4 de marzo de 2000 de la Procuraduría General de la Nación, a decidir el asunto radicado bajo el No. 013-40803. HECHOS Con oficio No. 2493 de 27 de Abril de 2000, la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, remitió al reparto de estas Delegadas, las diligencias que a su vez adelantara la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, adelantadas con ocasión de la queja que formulara el Señor MAXIMILlANO ECHEVERRI, contra funcionarios de esa entidad, por presunta violación a un derecho de petición, presentado en noviembre 14 de 1997. CONSIDERACIONES Revisadas las diligencias adelantadas por la Oficina de Control Interno de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en la solicitud de investigación radicada en la misma, por el Señor MAXIMILIANO ECHEVERRI contra funcionarios de tal entidad, por presunta violación a su derecho de petición que les radicara el 4 ó 14 de noviembre de 1997; ordenada en la entidad por auto del 12 de Abril de 1999, comisiona a una funcionaria de la misma para que adelante diligencias preliminares y establezca si existe mérito para ordenar apertura formal de investigación (fl. 12).

Se verificó que, para establecer tanto la irregularidad como los responsables, se allegaron varias pruebas documentales, entre ellas copia del oficio de diciembre 12 de 1997 en que la Registradora encargada le envía copia de los términos de referencia del proyecto de modernización tecnológica, a la dirección exacta del peticionario, pero indicando como destinatario al Tribunal Administrativo de Cundinamarca; copia del oficio No. 2068 del 25 de Noviembre de 1997, suscrito por el Director Nacional de Informática de la entidad en que le remite al Director Oficina Jurídica copia de los últimos términos de referencia del proyecto de modernización de la Registraduría Nacional y copia del oficio de enero 15 de 1998 con anotación segundo envío enero 28/98 del peticionario al Registrador, en el cual le comenta que los términos de referencia solicitados se le habían enviado de manera insuficiente, equívoca y tardía, y que tenía apartes que no identificaba ni por número de folios ni por nada que garantizara su autenticidad por lo que solicita que nuevamente le fueran expedidas las copias mencionadas (fls. 51 a 53). Se practicaron otras pruebas entre ellas, visita especial a la Oficina Jurídica de la Registraduría, en cuya acta se plasmaron los documentos generados con la petición, entre ellos los diferentes oficios que cruzó la entidad con el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por el procedimiento que adelantara ante esa Corporación; las copias de la Resolución No. 01489 del 17 de marzo de 1998 proferida por el Dr. JAIME CALDERÓN BRUGES, la notificación de la misma al Señor MAXIMILlANO ECHEVERRI MARULANDA; Recurso de insistencia y copia de

la Sentencia resolviendo el mismo, así como de los oficios internos dirigidos por la Secretaría General al Director de Jurídica y al Jefe de Informática; del señor Registrador a los mismos, las respuestas dadas por estos y copia del Telegrama remitido a la Registraduría por el peticionario solicitando copia de los términos de referencia del Contrato de Modernización de la entidad, de fecha noviembre 4 ó 7 de 1997, y llegada 20 del mismo mes libro radicador (fls. 16 y 17). Se allegó copia de los proyecto de oficios de febrero 11 y 17 de 1998, en que el Dr. MIGUEL ARTURO LlNERO DE CAMBIL, Director de la Oficina Jurídica de la entidad, le remite al Señor Registrador para su consideración y firma, la respuesta al peticionario mencionado sobre el derecho de petición y copia del oficio de respuesta que la Oficina Jurídica le daría al mismo sobre sus oficios del 15 v 28 de enero de 1998 recibidos en su Despacho el 15 de enero y 17 de febrero respectivamente, dirigido al Dr. MAXIMILIANO ECHEVERRI MARULANDA, apoderado de Unisys de Colombia SA, informándole que respecto a la solicitud de copias de documentos del Proyecto de Modernización Tecnológica de la Registraduría, los términos de referencia se consideraron de reserva legal, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1995 en concordancia con el articulo 40 del Decreto 855 de 1994 que trata de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional, y el artículo 19 del CCA, que permite consultar los documentos que

reposen en las Oficinas públicas siempre que no tengan carácter de reservado o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional (fls. 18 a 23). También se adjuntó la copia del Oficio dirigido por el Señor Registrador al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha abril 2 de 1998, en la que le manifiesta que de acuerdo a la Resolución No. 1489 del 17 de marzo de 1988 expedida por la entidad, debidamente notificada, le daba traslado de la petición de expedición de copias de los términos de referencia del contrato que emitió la entidad en 1997, para la contratación de la solución del Proyecto de Modernización Tecnológica, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985, que establece que dicha corporación deberá decidir en única instancia si se acepta o no la petición o si debe hacerse parcialmente (fls. 24 a 29). Se verificó por el Despacho que, con Oficio No. 3736 del 1 de septiembre de 1998, la Secretaria de la Sección Primera del mencionado Tribunal le envió a la Registraduría copia de la providencia del 21 de agosto de 2000 proferida dentro del expediente relacionado con el Recurso de Insistencia, en el cual se ordenó no acceder a la entrega de información contenida en los términos de referencia que hacen relación a las características de los bienes y servicios objeto del contrato No. 197 de noviembre de 1997-Proyecto de modernización de la Registraduría Nacional del Estado Civil y accede a la entrega de información que no atañe al punto anterior (fls. 30-37)

De las pruebas allegadas y practicadas por la Oficina de Control Interno de la Registraduría, se desprende que el telegrama enviado por el Señor MAXIMILlANO ECHEVERRI al Señor Registrador se recibió el 20 de noviembre de 1997, y se le contestó por la encargada de la entidad el día 12 de diciembre, en que vencía el término para dar respuesta al derecho de petición, adjuntándole copia de los documentos que a su vez le enviara el Jefe de Informática al Director de la Oficina Jurídica, que en un comienzo le aparecieron como si estuvieran incompletos, pero que ello se debía a que únicamente podía enviarle algunos documentos que no gozaban de reserva, razón por la cual no existe respecto al mismo, irregularidad que amerite reproche disciplinario. Respecto a las comunicaciones de enero 15 y 28 de 1998, se tiene que, internamente la Registradora encargada le llamó la atención al Señor Director de la Oficina Jurídica con memorando del 30 de enero siguiente (fl. 50), para que subsanara las irregularidades en el trámite de la petición formulada por el Señor MAXIMILlANO ECHEVERRI, y preparara la respuesta acompañada de los documentos respectivos, para evitar caer en errores; este a su vez le remitió en la misma fecha solicitud al Director Nacional de Informática Dr. GUSTAVO ANTONIO VILLAMIL ROZO, para que le enviara nuevamente los documentos requeridos por el peticionario junto con una certificación en que indicara su correspondencia con los originales y el número de folios, respuesta dada por el mismo el 5 de febrero de 1998

enviando a la Jurídica los términos de referencia en 50 folios y sus anexos en 36 folios con la certificación respectiva. El Señor Director de la Oficina Jurídica Dr. MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL, le responde al peticionario con oficio del 19 de febrero de 1998 enviándole copia auténtica del contrato de modernización en 26 folios, y haciéndole un estudio jurídico respecto a las otras copias solicitadas, manifestándole que las copias de los términos de referencia, por contener los requisitos objetivos y técnicos necesarios para asegurar la selección objetiva, así como los bienes y servicios requeridos para dicho proyecto, por su objeto, se consideraban de reserva legal, como lo disponía el Decreto 1275 de 1995, en concordancia con el articulo 40 del Decreto 855 de 1994 relacionado con bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional y el artículo 19 del CCA, que permite consultar los documentos que reposen en las Oficinas públicas siempre que no tengan carácter de reservado o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional (fls. 43 a 46). Pero este hecho no fue aceptado por el peticionario quien el 27 de febrero del mismo año, fundamentado en la Ley 57 de 1985 insistió en la expedición de los términos de referencia, por lo que por Resolución No. 01489 del 17 de marzo de 1998 la Registraduría ordenó no acceder a lo solicitado por el Dr. MAXIMILlANO ECHEVERRY y ordenó dar traslado de la misma al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en única instancia para que decidiera si aceptaba o

no la petición formulada o si se debía atender parcialmente remitiéndole la documentación correspondiente (fls. 26 a 29) El recurso de insistencia fue resuelto por el Tribunal Contencioso de Cundinamarca en providencia del 21 de agosto de 1998, negando la entrega de la información contenida en los términos de referencia que hacen relación a las características de los bienes y servicios objeto del contrato No. 197 de noviembre de 1997, Proyecto de Modernización de la Registraduría Nacional, formulada por la firma Unisys de Colombia SA a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en lo dispuesto por el Decreto 1275 de 1995 que adicionó el numeral 40 del Decreto 855 de 1994 con el numeral 18 que expresamente incluye entre los bienes requeridos para la defensa nacional a los bienes y servicios requeridos para la defensa nacional a los bienes y servicios requeridos por la organización electoral, para la realización del proceso de modernización de la cedulación, identificación ciudadana y aquellos que requieran las entidades del Estado para acceder a los sistemas de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil; bienes que ostentan carácter de reservado en tanto que guardan información cuyo acceso es restringido, estableciendo mecanismos de seguridad de los documentos de identidad y correlación con las entidades y organismos que por sus funciones pueden acceder a la información guardada en los archivos de la entidad. El Despacho tiene en cuenta que el derecho de petición fue efectivo, puesto que conllevó la entrega de las copias no sujetas a reserva y la iniciación de la acción respectiva que, lógicamente debía respetar los términos establecidos, puesto que el

peticionario no podía pretender que se diera la orden de expedición sin verificar la procedencia de la misma, pero además porque como lo plasmó la Corte Constitucional en Sentencia No. T-159 de 1993, "el ruego debe ser resuelto con la mayor celeridad posible. Naturalmente esta prerrogativa no permite obligar a las entidades públicas ni particulares a resolver favorablemente las peticiones que les sometan los ciudadanos, por cuanto la norma superior se limita a señalar que, como consecuencia del mismo, surge el derecho a 'obtener pronta resolución', lo cual no implica que esta necesariamente tenga que resultar de conformidad con los intereses del peticionario…". De lo expuesto en precedencia concluye el Despacho que una vez efectuada la respectiva investigación, los hechos puntualizados en los escritos de queja, no se adecuan a la comisión de falta disciplinaria, puesto que no se probó que el señor Director de la Oficina Jurídica hubiese incumplido sus deberes, o actuado con abuso o extralimitación de sus derechos y funciones, solamente que actuó en acatamiento a las exigencias establecidas en la normatividad citada, para los eventos de documentos con reserva legal. Con fundamento en las consideraciones antecedentes, el Despacho considera que no existen irregularidades disciplinarias respecto a los hechos precitados por parte del Director de la Oficina Jurídica Dr. MIGUEL ARTURO LlNERO DE CAMBIL, por lo que se dará aplicación a lo dispuesto en el Código Único Disciplinario, artículo 54 y 151, en consecuencia, se ordenará el archivo de la indagación preliminar adelantada en su contra. En virtud de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA,

RESUELVE: PRIMERO: Abstenerse de continuar con la acción disciplinaria contra el Dr. MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8'743,239 de Barranquilla, en su condición de Director de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Disponer el archivo de la indagación preliminar contenida en el expediente radicado bajo el número 013-40803-2000.

TERCERO: Comunicar esta decisión al Señor MAXIMILIANO ECHEVERRI MARULANDA, en los términos señalados en el inciso 20 del art.151 de la Ley 200 de 1995, advirtiéndole del derecho que le asiste a impugnarla, mediante recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, debidamente sustentado y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la comunicaciónnotificación, conforme a lo previsto en los artículos 102 y 104 ibídem; se advierte que dicha comunicación debe cumplir la ritualidad de la notificación personal o en su defecto por edicto (art. 85 y 87 Ley 200/95).

COMUNIQUESE y CÜMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Exp. No.13-40803 ECGA