PGN - REGISTRO DE SANCIONES DISCIPLINARIAS - Concepto legal

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., marzo veintidós (22) de dos mil siete (2007) Aprobado en Acta de Sala No.10.

Radicación: 161-3193(030-98260/04)

Disciplinado ROSARIO DEL SOCORRO ARIAS MORENO

: Cargo y Profesional Universitario Grado 17, Código Entidad: 3PU-17Grupo SIRIProcuraduría General de la Nación.

Quejoso: DE OFICIO Fecha queja: 25 de febrero de 2005

Fecha 10 de septiembre de 2004

Hechos: Asunto: Apelación fallo de primera instancia

P.D. Ponente: Doctora. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala revisa la providencia del 26 de julio de 2006, por medio de la cual, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, resolvió declarar disciplinariamente responsable de los cargos formulados a la doctora Rosario del Socorro Arias Moreno, en su calidad de Profesional Universitario Grado 17, adscrita a la División de Registro y Correspondencia de la Procuraduría; por lo que en consecuencia, procedió a imponerle como sanción, SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, e INHABILIDAD ESPECIAL por el término de treinta (30) días (fls. 208 a 220 c.2). ANTECEDENTES PROCESALES Los constituye la comunicación del 19 de enero de 2004 dirigida al Procurador

General de la Nación, por medio de la cual el Coordinador Comité de Veeduría Ciudadana de Ipiales, requirió bajo derecho de petición, “… registrar en forma inmediata el fallo de segunda instancia identificado con el número 013 y número de radicación 051-6326 de junio 16 de 2003 expedido por la Procuraduría Regional de Nariño en contra de los ciudadanos LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ y ALFREDO ALMEIDA GARCÍA, teniendo en cuenta que hasta la fecha dicho procedimiento no se ha efectuado…”, al tiempo que requirió como consecuencia, una investigación por las posibles irregularidades disciplinarias presentadas. (fls. 5 a 22 c 1). 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 De igual forma es génesis de la presente actuación disciplinaria, la comunicación del 23 de septiembre de 2004, dirigida a la entonces Veedora de la Procuraduría General de la Nación, doctora Flor Alba Torres Rodríguez, por medio de la cual, la Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, doctora Maria Fernanda Guerrero Mateus señaló, que “mediante oficio número 3143 el 28 de noviembre de 2003, dirigido al Coordinador de la División de Registro y Control y Correspondencia, Grupo Siri… remitió el formulario número 001 Registro de Sanciones Disciplinarias para que se registrara el correspondiente antecedente… Atendiendo una petición del Mayor LIBARDO RAFAEL LARA CASTRO, oficial de la Policía Nacional, este Despacho estableció, de conformidad con el certificado

número 2505646, del 15 de septiembre de 2004, que no le aparece registrado ningún antecedente disciplinario al referido peticionario…” (fl. 3 c 2). El 13 de abril de 2004 y frente a los hechos denunciados por el Coordinador Comité de Veeduría Ciudadana de Ipiales, la Veeduría dispuso la apertura de indagación preliminar en contra de la doctora Gladys Duque Alba, Jefe de Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a quien le fue notificada la decisión (fls. 34 a 37 c.1); al cabo de la cual y habiendo practicado las pruebas allí ordenadas, el 18 de mayo de 2005 ordenó la terminación del procedimiento disciplinario en contra de la doctora Duque Alba, al tiempo que dispuso iniciar investigación Disciplinaria en contra de la doctora Rosario Arias, funcionaria adscrita a la División de Registro y Control, previo determinar que la sanción disciplinaria impuesta a los señores Luis Fernando Villota Méndez y Alfredo Almeida, a la cual hizo referencia la queja, fue remitida a la “División de Registro y Control” con la planilla 02 de julio de 2003 y fue repartida a la hoy disciplinada el mismo día, cuyo registro solo lo efectuó el 1 de diciembre de 2005 (fls.110 a 113 c.1). Observa la Sala de otra parte, que en cuanto a los hechos puestos en conocimiento de la Veeduría mediante la comunicación del 23 de septiembre de 2004, por parte de la Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía

Judicial, esto es, en relación con el registro de antecedentes correspondientes al Mayor Libardo Rafael Lara Castro (fl. 3 c.2); el 11 de febrero de 2005, la “Veeduría” dentro del expediente No. 030-110812/04 ordenó indagación preliminar (fls. 8 y ss c.2), providencia que fue notificada a la doctora Rosario Arias, como presunta responsable de la comisión de las irregularidades allí investigadas (fls. 14 a 18 c 2); al cabo de lo cual y por el mismo conducto, el 23 de agosto de 2005 resolvió decretar la apertura de investigación disciplinaria en su contra (fls. 14 y s.s c2). El 30 de noviembre de 2005, la Veeduría previo determinar que la actuación tramitada con el No. 030-110812-04, adelantada en contra de la doctora Rosario 2 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 de Socorro Arias Moreno, guardaba estrecha relación con la presente actuación, dispuso su acumulación (fls. 190 y ss c2); al cabo de lo cual, el 6 de diciembre de 2005 formuló cargos a la disciplinada, los cuales le fueron notificados el 12 de diciembre del mismo año (fls. 154 a 161 y 163 c 1 respectivamente). Debidamente notificada del auto de cargos, la doctora Rosario del Socorro Arias Romero, el 16 de Anero de 2006 presentó los descargos respectivos (fls.164 a 166 c 1); al cabo de lo cual y una vez finalizada la etapa probatoria, el 18 de abril de 2006 se corrió traslado para alegar de conclusión, derecho del cual la disciplinada

hizo uso el 27 de abril de 2006 (fls. 196 y 200 a 201 c.2). Agotada la etapa de instrucción, la Veeduría el 26 de julio de 2006 profirió fallo de primera instancia y con él, decidió declarar disciplinariamente responsable a la disciplinada por los cargos formulados; en consecuencia le impuso como sanción, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de treinta (30) días (fls. 208 a 220 c 2). Enterada de la decisión la doctora Rosario Arias Moreno, el 1 de agosto de 2006 interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en la misma fecha (fls.224 a 225 y 226 c.2). PROVIDENCIA RECURRIDA Como viene de ser establecido, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, el 26 de julio de 2006 decidió declarar disciplinariamente responsable a la doctora ROSARIO DEL SOCORRO ARIAS MORENO de los cargos formulados; en consecuencia procedió a imponerle como sanción, SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO e INHABILIDAD ESPECIAL por el término de treinta (30) días. Consideró la Veeduría para la decisión, previo hacer referencia al origen de la actuación surtida, a los medios probatorios aportados al proceso, a los cargos imputados, a los descargos ofrecidos por la implicada, a los alegatos de conclusión, que no había duda sobre la ocurrencia de las irregularidades censuradas, pues de un parte estableció, la sanción impuesta a los señores Luis

Fernando Villota Méndez y Alfredo Almeida García dentro del radicado No. 0516326, efectivamente fue entregada a la aquí disciplinada para ser sustanciada el 1 de julio de 2003 y solo fue grabada el 1 de diciembre de 2003, con un retardo de cinco (5) meses. En cuanto a la segunda de las conductas, esto es, el registro de los antecedentes de la sanción impuesta al señor Libardo Rafael Lara castro, señaló que la disciplinada tenía a su cargo la documentación correspondiente, la cual la mantuvo sin trámite, en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2003 al 7 de marzo de 2005. 3 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 Comportamientos que dijo, se tipifican en el numeral 7 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, el primero, en tanto retardó el registro de la sanción aludida y el segundo por cuanto omitió realizar el “registro” que se le había asignado. Lo que conllevó a que concluyera, que se “trastocó” el ejercicio del control disciplinario a cargo de la Procuraduría General, concretamente, en cuanto se dejó de actualizar el Sistema de Información para el Registro de Sanciones y Inhabilidades; presentándose un entorpecimiento de los asuntos a cargo. Puntualizó, que al figurar una sanción disciplinaria sin el registro oportuno, por varios meses, como lo sucedido, “el curso normal de la misma puede resultar entrabada, sin llegar a término y sin permitir el control de las sanciones impuestas por las autoridades…”. Asimismo señaló, que desde otra óptica resultaba también importante destacar el

menoscabo al buen nombre de la entidad, pues con conductas como las registradas, dejan entredicho la eficiencia de la administración. Analizó que dadas las circunstancias de ocurrencia de las conductas y el perjuicio causado a la entidad, se trató de comportamientos abiertamente antijurídicos; los que calificó de GRAVES y realizados a título de CULPA GRAVÍSIMA, esto último, por cuanto contrario a la calificación de dolo efectuada en los cargos, en el fallo pudo establecer que los hechos obedecieron a la desatención elemental que la funcionaria ofreció respecto del trámite y registro de las sanciones; lo cual debió tramitar con el rigor requerido y en el menor tiempo posible, lo que no sucedió, señaló; sin que conforme a las pruebas recaudadas sea posible establecer una causal de justificación. Que siendo así, se configuró un ilícito disciplinario materializado en la afectación del deber funcional, que no es otro distinto al de registrar oportunamente las sanciones que le habían sido asignadas para su trámite. Analizó que las circunstancias de salud, por las que pasó la disciplinada durante el periodo de ocurrencia de las irregularidades, no constituyen una causal de exclusión de responsabilidad, pues expresó, los periodos de retardo “cinco meses por una parte… y omisión más de un año en el otro, dan cuenta de la desatención elemental de los registros a ella encomendados, máxime que el trámite aludido debió agotarse en escasos días”. De esta forma y tendiendo en cuenta que se trató de una falta calificada como grave y ejecutada con culpa gravísima, con apego al numeral 2º del artículo 44 de

la Ley 734 de 2002, concluyó que la sanción a imponer era la suspensión y la inhabilidad especial; empero teniendo en cuenta entre otros, que la disciplinada no registraba antecedentes disciplinarios, conforme a la artículo 46 Ídem, la tasó en la mínima establecida, suspensión e inhabilidad por el término de treinta (30) días.

RECURSO DE APELACIÓN

4 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 Enterada de la decisión la doctora Rosario Arias Moreno, en su calidad de disciplinada el 1 de agosto de 2006 interpuso recurso de apelación, respetando el término y las exigencias legales en la materia, el cual sustentó aceptando que ciertamente hubo un “retardo y una omisión en el registro de las sanciones disciplinarias impuestas a los señores LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ, ALFREDO ALMEIDA GARCÍA y LIBARDO RAFAEL LARA CASTRO” empero que su conducta no obedeció a negligencia, desidia o falta de atención; por lo contrario, obedeció a un cuadro diabético “demasiado alto” presentado en el mes de junio de 2003, que le trajo como consecuencia una cirugía para extractar las cataratas que se formaron a raíz de la enfermedad; de lo cual emergió una incapacidad hasta el 12 de agosto del mismo año, 2003. Cuando se reintegra a sus labores, señaló, inicialmente no podía realizar su trabajo con la misma celeridad, “teniendo en cuenta que éste se realizaba en un

computador, y este equipo en cierto modo me afectaba la visión”. Que de esta forma y si se tiene en cuenta que frente a la sanción de los señores Villota Méndez y Almeida García, se le censura haber recibido las diligencias entre el 1 de julio de 2003 hasta el 1 de diciembre del mismo año, el retardo no fue de cinco (5) meses, pues se incluyó el periodo en que estuvo incapacitada, 3 de julio de 2003 al 12 de agosto del mismo año. Insistió que las conductas censuradas, fueron consecuencia directa de su enfermedad; siendo así, solicita tener en cuenta dicha circunstancia y otros factores, como el hecho de no registrar antecedentes disciplinarios en su contra. CONSIDERACIONES DE LA SALA Sea lo primero recalcar, que de conformidad con el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, la Sala es competente para revisar por vía de alzada la providencia del 26 de julio de 2006 emitida por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, en cuanto declaró disciplinariamente responsable a la doctora ROSARIO DEL SOCORRO ARIAS MORENO de los cargos formulados el 6 de diciembre de 2005; y le impuso como sanción, la SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo e INHABILIDAD ESPECIAL por el término de TREINTA (30) días (fls. 208 y ss c.2). Ahora bien, de conformidad con el artículo 118 de la Ley 200 de 1995, recogido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, actual Código Disciplinario Único, el fallo

sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Entendida la certeza, como el valor epistemológico o conocimiento particular que excluye la duda razonable, a lo que 5 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 se llega mediante el proceso racional de valoración del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia. Cargos formulados a la doctora Rosario del Socorro Arias Moreno. El 6 de diciembre de 2005, la Veeduría formuló cargos a la disciplinada en los siguientes términos:

“PRIMER CARGO.

Se le imputa a la doctora ROSARIO DEL SOCORRO ARIAS MORENO, en su condición de Profesional Universitaria Grado 17, haber retardado, el trámite del registro de la sanción disciplinaria impuesta a los señores Luis Fernando Villota Méndez y Alfredo Almeida García, dentro del radicado 051-6326, documentación que le fue entregada por reparto para sustanciar, el día 01 de julio de 2003, y dicha sanción fue grabada en el sistema el 01 de diciembre del mismo año, esto es, permaneció bajo su responsabilidad sin efectuar la radicación durante cinco (5) meses, documentos éstos que le habían sido asignados para su trámite. En efecto, la investigada recibió la documentación para el correspondiente registro en el sistema, el día 01 de julio de 2003, y dicha sanción fue grabada el 01 de diciembre de 2003…

Las pruebas que soportan el cargo se hacen consistir, en el reporte del sistema Gedis de la entidad (fl. 90 expediente 1), que da cuenta de la fecha de la radicación y la fecha de la providencia; observándose en la radicación que obra a folio 90, que efectivamente la citada radicación fue efectuada por la doctora Rosario del Socorro Arias el 01 de diciembre de 2003, y la entrega de los documentos para el trámite fue el 02 de julio de 2003 (fl. 56); conforme al control de grabaciones, reafirmado lo anterior mediante oficio No. 4867 del 03 de noviembre de 2004, suscrito por la doctora Ferlina María Salgado Otero, Coordinadora del Grupo SIRI, visible a folios 104 y 105 del expediente”. (fls. 154 y s.s c.1). Como normas infringidas le fueron señaladas, el numeral 7º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, en cuanto la disciplinada retardó el despacho de los asuntos a su cargo. La conducta fue calificada como GRAVE, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 43 Ídem; de otra parte a título de DOLO, dado el conocimiento que la implicada tenía de sus funciones, lo que no obstante en el caso concreto, realizó tardíamente, se señaló,

“SEGUNDO CARGO.

6 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 (…) Se le endilga a la Doctora ROSARIO DEL SOCORRO ARIAS MORENO, en su

calidad de Profesional Universitario, Grado 17, adscrita a la División de Registro, Control y Correspondencia, el haber omitido tramitar el registro de Sanción Disciplinaria, remitida en el formulario No. 001 mediante oficio No. 3143 del 28 de noviembre de 2003, por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial e impuesta entre otros al Mayor LIBARDO RAFAEL LARA CASTRO, Oficial de la Policía Nacional, manteniendo la asignación a su cargo sin trámite alguno dentro del periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2003 a 7 de marzo de 2005. En realidad, la investigada recibió en reparto la documentación para el correspondiente registro en el sistema de información, el 11 de diciembre de 2003, y dicha sanción al 07 de marzo de 2005, no había sido registrada (fl. 12 expediente 2). Las pruebas que soportan el cargo son el oficio No. 180 ERG del 8 de marzo de 2005, suscrito por la Dra. FERLINA MARIA SALGADO OTERO, Coordinadora Grupo SIRI, por medio del cual pone en conocimiento el trámite que se realiza al interior de dicha dependencia en lo relacionado con el registro de sanciones disciplinarias reportadas por las diferentes Delegadas. De la misma manera, se determinar que el registro de la sanción en comento, inicialmente fue recibida mediante planilla L263 y asignado por reparto a la Dra. ROSARIO ARIAS MORENO, quien el 7 de marzo de 2005, no había realizado el registro asignado y el que estaba obligada a efectuar, (folio 12 expediente No. 2).

Oficio No.897 del 9 de septiembre de 2005, mediante el cual se establece que una vez se recibe un asunto en el Grupo SIRI, éste se somete a reparto entre los abogados sustanciadotes en disciplinario del grupo, para el correspondiente registro en el sistema de información, reparto efectuado el 11 de diciembre de 2003, y que le correspondió a la Dra. ARIAS MORENO ROSARIO…”(fls. 154 y s.s c.1). Como normas infringidas le fueron señaladas a la disciplinada en esta ocasión, también el numeral 7º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002; empero en cuanto se omitió el despacho de un asunto a cargo. La conducta fue calificada como GRAVE conforme a los criterios establecidos en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 43 Ídem y a título de DOLO, teniendo en cuenta el conocimiento que la implicada tenía de sus funciones y de las consecuencias generadas en el servicio a cargo de la Procuraduría con su comportamiento. Pruebas allegadas al proceso. 7 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 En cuanto al primero de los cargos. “…haber retardado, el trámite del registro de la sanción disciplinaria impuesta a los señores Luis Fernando Villota Méndez y Alfredo Almeida García, dentro del radicado 051-6326…”(fls. 154 y s.s c.1). El 16 de junio de 2003, la Procuraduría Regional de Nariño dentro de la radicación No. 051-6326, emitió la providencia conocida como el “FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA NO. 013”, por medio de la cual y por vía de apelación, confirmó lo

resuelto por el Procurador Provincial de Ipiales, en cuanto sancionó a los doctores Luis Fernando Villota Méndez y Alfredo Almeida García, en sus condiciones de alcaldes del Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, con multa equivalente a treinta (30) días del salario mensual devengado al momento de los hechos (fls. 9 a 22 c.1). Conforme a la planilla de entrega de documentos, Grupo de Correspondencia, de fecha 27 de junio de 2003, la Procuraduría Provincial de Nariño, envió para el trámite respectivo la “PROVIDENCIA Y FORMULARIO NO. 1 MEDIANTE LA CUAL IMPONE SANCIÓN DISCIPLINARIA CONTRA LUIS FERNANDO VILLOTA MÉNDEZ Y ALFREDO ALMEIDA G” (fl. 55 c 1). Según fotocopia de la planilla “CONTROL DE GRABACIONESRADICACIONES EN TRÁMITE” de fecha 2 de julio de 2003, el 1 de julio de 2003, la sanción impuesta al señor Fernando Villota Méndez fue repartida para el correspondiente trámite a “ROSARIO A” (fl. 56 c 1). El 28 de julio de 2004, el Coordinador del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, precisó que la sanción de multa impuesta al señor Luis Fernando Villota, fue reportada en el SIRI el día 01 de julio de 2003 y el reparto para el trámite respectivo, fue hecho a la doctora Rosario Arias el 2 de julio de 2003 (fl. 60 c. 1).

De acuerdo al documento de reporte del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de InhabilidadSIRI, de fecha 10 de junio de 2004 (fotocopia); la sanción impuesta al señor Luis Fernando Méndez Villota, en el expediente No. 0516326, tramitado por la Procuraduría General de la NaciónIpiales Nariño, fue sustanciada y grabada por Rosario del Socorro Arias, el 1 de diciembre de 2003 (fl. 90 c.1). Bajo los anteriores prepuestos probatorios, es claro que los señores Luis Fernando Villota Méndez y Alfredo Almeida García, en su calidades de alcaldes del Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, fueron sancionados disciplinariamente con multa de treinta (30) días de salario devengados para el momento de los hechos; empero también es evidente, que la sanción fue 8 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 reportada oportunamente en la División de Registro y ControlGrupo SIRI para su correspondiente registro. Asimismo y con la misma característica, claridad, es posible establecer que la documentación respectiva fue repartida a la aquí disciplinada, el 2 de julio de 2003, quien solo procedió a sustanciarla y a grabarla en el sistema, el 1 de diciembre de 2003, vale decir cinco (5) meses después de haber sido responsabilizada de lo pertinente. En este orden y en cuanto a la imputación efectuada en el primero de los cargos, resulta evidente que la aquí disciplinada, desde una percepción puramente

objetiva, es responsable de la irregularidad presentada en el registro de la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Ipiales a los señores Luis Fernando Villota Méndez y Alfredo Almeida García, en su calidades de alcaldes del Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, pues emerge debidamente probado, que la documentación respectiva, le fue repartida para el trámite correspondiente en forma oportuna y no obstante, por causas hasta ahora no justificadas, retardó en cinco (5) meses la labor a la cual estaba obligada como funcionaria y/o sustanciadota, encargada de realizar las anotaciones en estas materias. En cuanto al segundo de los cargos. “…haber omitido tramitar el registro de Sanción Disciplinaria, remitida en el formulario No. 001 mediante oficio No. 3143 del 28 de noviembre de 2003, por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial e impuesta entre otros al Mayor LIBARDO RAFAEL LARA CASTRO, Oficial de la Policía Nacional” (fls. 154 y s.s c.1). El 23 de septiembre de 2004, la Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, informó a la Veeduría que mediante el oficio No. 3143 del 28 de noviembre de 2003, esa unidad remitió a la Coordinación de la División de Registro y Control y Correspondencia, Grupo SIRI, el formulario número 001 “Registro de Sanciones Disciplinarias” a efecto de registrar en el sistema los funcionarios allí sancionados, que involucró al Mayor Libardo Rafael Lara Castro. Que atendiendo una solicitud del mismo oficial, se estableció conforme al

certificado No. 2505646 que al 15 de septiembre de 2004, no le aparecía registrado ningún antecedente disciplinario (fl. 3 c.2). A la anterior comunicación, se anexó copia del oficio 3143, del cual claramente se establece que a la Coordinación del Grupo SIRI, en cumplimiento de lo dispuesto en fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, fue enviado el formulario No.001 de Registro de Sanciones Disciplinarias, relacionando al señor Libardo Rafael Lara Castro y otros (fls. 4 y 5 c.2). 9 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 El 8 de marzo de 2005 y mediante comunicación escrita, la doctora Ferlina María Salgado Otero, Coordinadora del Grupo SIRI, explicó que el formulario referido con anterioridad, fue recibido en la dependencia a su cargo el 9 de diciembre de 2003, con la planilla L263, el cual una vez ingresado al sistema, le fue asignado a la doctora ROSARIO ARIAS MORENO, mediante reparto efectuado el 11 de diciembre de 2003. Dejó consignado que hasta el día 7 de marzo de 2005, la aquí disciplinada no había dado el trámite respectivo (fls. 12 a 13 c.2). Dando alcance a los anteriores presupuestos probatorios entonces, al igual que lo sucedido en el primero de los cargos formulados, en el caso que nos ocupa, no existe duda que el Mayor Libardo Rafael Lara Castro fue sancionado disciplinariamente por la Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial;

pero también que la sanción, una vez surtida la segunda instancia, donde se confirmó, fue reportada a la División de Registro y ControlGrupo SIRI para su correspondiente registro. Asimismo es evidente, que una vez efectuados los trámites internos correspondientes, la documentación respectiva fue repartida a la aquí disciplinada el 11 de diciembre de 2003; y sin embargo, al 7 de marzo de 2005 aún no se había ejecutado el procedimiento exigido. De esta forma es una imperativo poder concluir, que en cuanto a la imputación efectuada en el segundo de los cargos, desde una percepción puramente objetiva, la disciplinada es responsable de la irregularidad presentada en el registro de la sanción impuesta por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial al señor Libardo Rafael Lara Castro, sin que hasta este momento sea posible establecer una causal de justificación; pues emerge debidamente probado que la documentación respectiva, le fue repartida para el trámite correspondiente el 11 de diciembre de 2003 y al 7 de marzo de 2005, aún no se había efectuado el procedimiento requerido, vale decir habiendo trascurrido más de un año. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de la temática en debate y con el objeto de obtener una mayor ilustración en el asunto (registro de antecedentes a cargo de la Procuraduría General de la Nación), conviene señalar que mediante la Resolución No. 143 del 17 de mayo de 2002, el Procurador General de la Nación reglamentó el sistema de información y registro de sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos

con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y lo relativo a la expedición de los antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación. Entendido el registro, “…como la operación por medio de la cual la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en la información que le aporten las autoridades, anota en la base de datos SIRI los actos administrativos y sentencias que declaran causas de inhabilidad e imponen 10 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 sanciones que generan inhabilidad, temporal o definitiva, para el ejercicio de funciones públicas y para celebrar contratos con entidades del estado, en los eventos establecidos en la ley”. Artículo 2º Ídem. El 16 de octubre de 2002 y mediante la Resolución No. 363, el Procurador General de la Nación, conformó al interior de la División de Registro y Control y Correspondencia, el GRUPO SIRI, a quien le asignó como función básica el manejo del Sistema de Información SIRI, y le encargó de efectuar el registro de las sanciones y causas de inhabilidad y vigilar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias e inhabilidades impuestas por la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades competentes. En el artículo 2º del acto administrativo, además se estableció que el Grupo SIRI estaría integrado entre otros, por una coordinación y un equipo de sustanciadores, la primera encargada de acuerdo al numeral 2º, de “Velar por el estricto cumplimiento del registro de las sanciones y causas de inhabilidad reportadas a la

División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación”: Y los segundos, grupo de sustanciadores, de cumplir entre otras con las siguientes funciones: “2. Hacer el registro en el Sistema de Información SIRI, de las sanciones disciplinarias, sanciones penales, inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, juicios con responsabilidad fiscal y declaraciones de perdida de investidura”. Conforme a los presupuestos normativos referidos, es evidente que el registro de antecedentes en el Sistema de Información SIRI, es el instrumento de control por excelencia con el cual, la Procuraduría en cumplimiento de los mandatos constitucionales consagrados en los numerales 1, 5 y 6, puede vigilar y/o ejercer control de manera eficaz, respecto de quienes aspiran a vincularse al servicio público o a contratar con el Estado, siendo para ello necesario conocer sus antecedentes disciplinarios. Significa lo anterior, que la omisión, la negativa o el retardo en el registro de antecedentes por algún motivo, no solamente conlleva una ilicitud sustancial en quien tiene a cargo la función de efectuar materialmente el “registro”, como quiera que con tal conducta se sustrae injustificadamente al cumplimiento del régimen de deberes establecidos en la ley; sino también y por su misma naturaleza, implica una clara obstaculización a labor preventiva de la Procuraduría General de la Nación, principalmente en cuanto a la misión de velar por el cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos, el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas y la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas.

11 29/05/202403:32:21 O5/p5 Radicación No. 161-03193 En el caso a examen y a efecto de determinar responsabilidad frente a las conductas censuradas en los cargos, la calidad de servidor publico de la doctora Rosario del Socorro Arias Moreno, se encuentra debidamente acreditada en el proceso, con la certificación de fecha 20 de mayo de 2005, expedida por el Jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, la cual da cuenta que la referida, se encuentra vinculada a la entidad desde el 1 de diciembre de 1978, como Profesional Universitario Grado 17, con una asignación básica a la fecha de $3.505.658.oo (fl. 120 c.1). De la tipicidad y