PGN - REGISTRO DE SANCIONES DISCIPLINARIAS - Definición legal

RECURSO DE APELACIÓN-Fallo sancionatorio de destitución e inhabilidad general contra el Alcalde Municipal de Marulanda ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN-Alcance de la competencia en segunda instancia COMPETENCIA DE LAS PROCURADURIAS REGIONALES-Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios decididos en primera por los personeros, los procuradores provinciales y judiciales I CAUSALES DE NULIDAD-En materia disciplinaria CAUSALES DE NULIDAD-Marco constitucional PRUEBA TRASLADADA-En materia disciplinaria PRUEBA TRASLADADA-Garantía del derecho de contradicción PRUEBA TRASLADADA-Definición legal DEBIDO PROCESO-Marco constitucional FALLO DISCIPLINARIO-Debe fundarse en las pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Definición legal FALTAS GRAVÍSIMAS-Marco legal FALTA DISCIPLINARIA-Definición legal

ANTIJURICIDAD-Noción

ILICITUD SUSTANCIAL-Definición legal RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS-Marco constitucional

FALTA DISCIPLINARIA-Clases

REGISTRO DE SANCIONES DISCIPLINARIAS-Definición legal SANCIONES DISCIPLINARIAS-Limites RECURSO DE APELACIÓN-Fallo sancionatorio de destitución e inhabilidad general contra el alcalde municipal de Marulanda

DEPENDENCIA: PROCURADURIA REGIONAL DE RISARALDA

RADICACIÓN: IUS E-2016-34236 / IUC D-2016-573-831339

DISCIPLINADOS: MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO

CARGO: ALCALDE MUNICIPAL DE MARULANDA, CALDAS PARA LA ÉPOCA DE LOS HECHOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE MARULANDA CALDAS

QUEJOSO: LUZ MARINA GÓMEZ MARULANDA

FECHA DE LA QUEJA: DICIEMBRE DE 2015

FECHA HECHOS: SEPTIEMBRE DE 2015

CONDUCTA: PRESUNTO PACULADO POR APROPIACIÓN ASUNTO: AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACION CONTRA FALLO DE PRIMERA

INSTANCIA.

Pereira Risaralda, 15 de enero de 2021

I. VISTOS Aprobada la decisión sometida a la Sala Territorial Disciplinaria integrada por los Procuradores Regionales de Quindío y Risaralda, mediante Acta de fecha 15 de enero de 2021, con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 3 del artículo 75 del Decreto - Ley 262 de 20001 y la Resolución No. 0074 del 21 de marzo de 2017, proferida por el señor Procurador General de la Nación, la Procuraduría Regional de Risaralda, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Manizales el día 25 de octubre de 2019, en donde resolvió: "(...) DECLARAR PROBADO el cargo único formulado al disciplinado MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.098.108 de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta

providencia."

II. COMPETENCIA El Decreto 262 de 2000, en su artículo 75 dispone: "Artículo 75. Funciones. Las procuradurías regionales tienen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones, cuando lo determine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el artículo 7 de este decreto.

3. Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios decididos en primera por los personeros, los procuradores provinciales y judiciales I." A su vez, mediante Auto de 23 de Octubre de 2020 a folio 249-250, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, resuelve el impedimento presentado por el Doctor JOSE FELIPE ESTRADA SALAZAR en calidad de Procurador Regional de Caldas para conocer el presente asunto, aceptando el mismo y remitiendo las diligencias a la Procuraduría Regional de Risaralda a fin de que trámite al recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Manizales el día 25 de octubre de 2019, en contra del señor MAURICIO

ANDRES RESTREPO OSORIO.

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Así pues, esta Regional es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, al tenor de lo dispuesto en las precitadas normas, siendo importante recordar que el parágrafo del artículo 171 de la ley 734 de 2002, establece que el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de

segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación; sin embargo, según la sentencia C-012 del 23 de enero de 1997 de la Corte Constitucional, el legislador atribuyó al ad-quem la potestad de: "(...) examinar de nuevo el proceso disciplinario en su integridad, y por tanto, para revocar o reformar con amplitud la providencia sometida a su conocimiento (...)" Lo anterior para explicar, que dado que las decisiones de primera y segunda instancia conforman una unidad jurídica inescindible que expresan de manera congruente la realidad fáctica, probatoria y normativa que antecedió a tales decisiones, cuando la autoridad de segunda instancia asume en segundo grado el conocimiento del asunto, puede corregir aquellos posibles yerros que no representen violación sustancial al debido proceso, al derecho de defensa o a las garantías procesales del disciplinado, sin incurrir en desconocimiento o quebranto de la prohibición constitucional de la reformatio in pejus. En este orden de ideas, procederá el despacho a desatar el recurso de apelación interpuesto, teniendo en consideración las razones esgrimidas por el recurrente sino también efectuando una revisión integral de la actuación con el fin, de determinar si ella se ajustó o no al debido proceso disciplinario, y si verdaderamente el sancionado tiene comprometida su responsabilidad disciplinaria en la conducta por él desplegada.

III. ANTECEDENTES 3.1. Identidad del investigado y cargo que desempeñaba al momento de la presunta comisión de la falta.

MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.098.108, en su calidad de Alcalde Municipal de Marulanda, Caldas, para la época de los hechos. 3.2. Resumen de los hechos Mediante escrito radicado en la Procuraduría Provincial de Manizales1, el día 22 de diciembre de 2015, la señora Luz Marina Gómez Marulanda, presentó queja en contra del señor MAURICIO ANDRÉS RESTREPO OSORIO, en su calidad de alcalde municipal de Marulanda, en los siguientes términos: "1. Soy la esposa de JOSUE SALAZAR GOMEZ Portador de la C.C. 4.456.904. Quien hasta hace poco, era el propietario inscrito del bien inmueble Rural denominado EL CHAQUIRO ubicado en la Jurisdicción Territorial del Municipio de Marulanda en la Vereda El Retiro con folio de matrícula inmobiliaria N° 118 — 5298 de la oficina de registro de instrumentos públicos de SALAMINA y Ficha Catastral N°000100010038000. 1 Folios 1 al 5 2

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2. Ambos residimos en la confluencia de los Municipios de Marulanda y Manzanares en la carretera que comunica a estas dos localidades, en la Vereda La Cuchilla dentro de un predio rural de nuestra propiedad.

3. Mi esposo es una persona sin ninguna Instrucción Académica y es analfabeta; solo sabe firmar

4. El día 17 de Septiembre del año 2015, El MUNICIPIO de Marulanda, Representado

por su Alcalde, Doctor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO y mi esposo, suscribieron el Contrato N°002 - 2015 Compraventa por valor de DOSIENTOS

SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (263'050.000).

5. Durante el tiempo anterior a la suscripción' del contrato arriba referido, el alcalde de Marulanda Dr (sic) MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, contactó en repetidas ocasiones a mi esposo JOSUE, mostrando gran interés en comprarle, para el Municipio, la finca EL CHAQUIRO, propiedad de mi esposo adquirida en vigencia de la sociedad conyugal que tengo con El, insistiéndole machaconamente en que no podía hacer mención a nadie sobre este asunto ya que ello implicaría la no realización del negocio.

6. El Alcalde le dijo a mi esposo que el bien, realmente seria vendido por un valor aproximado de ciento setenta Millones de Pesos ($170'000.000) pero que dados los gastos de la gestión que El (sic) tenía que hacer para el cobro, pagaría a mi esposo la suma de ciento cincuenta Millones ($150'000.000).

7. El Alcalde pagó en total la suma de ciento cincuenta millones de pesos, ello en tres cheques del Banco Agrario de Colombia, por valor de CINCUENTA MILLONES de pesos ($50'000.000) cada Uno. Adicionalmente, le manifestó que si mantenía en silencio este asunto, podría seguir disfrutando de la tenencia de la finca y que no tendría que entregársela a nadie.

8. Posteriormente, nos pudimos enterar que el dinero realmente desembolsado y que el

valor del contrato ascendían a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES

CINCUENTA MIL PESOS (263'050.000.)

9. Dicha inversión se sustentó en la apropiación presupuestal 2.2.2.16.01.

10. El registro presupuestal (RP) del contrato es el 000511 por Valor de DOSCIENTOS

SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($263'050.000.).

11. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) es el 000463 Expedido el día 16 de Septiembre del año 2015.

II HECHOS CONTITUTIVOS DE LAS INFRACCIONES DISCIPLINARIAS

DENUNCIADAS.

1. El aquí denunciado, Señor Alcalde de Marulanda, Dr. MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, con dineros públicos, provenientes del Departamento de Caldas, le compro a mi esposo la finca ya reseñada en esta denuncia Pagando con tres cheques de BANAGRARIO la suma total de ciento cincuenta millones de pesos, a partir de lo cual se puede establecer un desfase de CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS

(113'050.000).

2. Abusando del analfabetismo de mi esposo y prevalido de la confidencialidad que le habla hecho Creer como necesaria, el Doctor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, se apropió de una suma considerable de dinero público (del Departamento de Caldas) entregando a JOSUE solo ciento cincuenta Millones, cuando el valor real del

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TEL: 3244018 EXT. 65101 contrato es 263'050.000 y lo engañó haciéndole creer que podría seguir usufructuando el inmueble cuando en realidad el resto del contrato contempla que es obligatorio entregarlo.

3. Se interesó indebidamente en este negocio jurídico y lo motivó la posibilidad de realizar una conducta delictiva, ya que se trataba de una persona con un grado nulo de instrucción, ese fue el motivo real por el cual el Alcalde escogió a mi esposo para suscribir el contrato de Compraventa 002 — 2015.

4. Con las actitudes antes descritas, el Dr. MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, se alejó de los postulados propios del servidor público y atento gravemente contra el cumplimiento de sus deberes Funcionales." Por su parte, la Procuraduría Provincial de Manizales al resumir los hechos, agregó: "Con todo, con el trasegar de la investigación, se advirtió que mediante la ejecución del citado contrato, se materializó un peculado por apropiación, pues, uno fue el precio acordado previamente con el vendedor y otro el que finalmente se indica en la minuta contractual; mayor valor que fue a parar a manos del burgomaestre y de su hermano, según se demostrará en la evaluación probatoria." 3.3. Trámite procesal La Indagación preliminar Por auto del 17 de febrero de 20162, la Procuraduría Provincial de Manizales, ordenó iniciar indagación preliminar en contra del Dr. MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, alcalde del municipio de Marulanda, Caldas, para época de los hechos. Decisión que le fue notificada personalmente al disciplinado el

01 de marzo de 20163. Archivo de la indagación La Procuraduría Provincial de Manizales, por Auto de fecha 01 de agosto de 20164, resolvió: "ORDENAR la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo proceso tramitado en contra del Dr. MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, en su calidad de alcalde del municipio de Marulanda, Caldas, para época de los hechos denunciados". Contra dicha decisión la quejosa interpuso recurso de apelación ante esta Procuraduría Regional, quien en Providencia del 16 de septiembre de 20165 decidió al "REVOCAR en todas sus partes el Auto de fecha 01 de Agosto de 2016" y devolver las diligencias a la oficina de origen para continuar con las mismas. La investigación disciplinaria Con auto de 28 de septiembre de 20166, la Procuraduría Provincial de Manizales Caldas, ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el señor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, en su calidad de alcalde del 2 Folios 56-57 3 Folio 59 4 Folio 153 a 155 5 Folio 163 a 169 6 Folio 171 a 172 4

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TEL: 3244018 EXT. 65101 municipio de Marulanda, Caldas, para la época de los hechos denunciados.

Esta decisión le fue notificada personalmente al investigado el día 29 de septiembre de 20167. Por medio de auto de enero 26 de 2018, se ordenó el cierre de la investigación

disciplinaria, decisión notificada mediante estado del 01 de febrero de 20188. Pliego de Cargos Mediante Auto del 27 de febrero de 2019, la Procuraduría Provincial de Manizales revolvió: "Formular un CARGO UNICO DISCIPLINARIO al investigado MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 75.098.108; cuya relación especial de sujeción se funda en el desempeño del cargo de alcalde del municipio de Marulanda, Caldas, para época de realización de la conducta reprochada." Esta decisión fue notificada personalmente al disciplinado el día 01 de marzo de 20189. Descargos Mediante escrito radicado el día 15 de marzo de 201810, el disciplinado presentó descargos, oportunidad procesal en la cual solicitó la práctica de pruebas. Pruebas descargos Mediante Auto del 16 de abril de 201811, la Procuraduría Provincial de Manizales, decidió sobre las pruebas solicitadas en los descargos y decretó las siguientes pruebas de oficio: "3.1. Testimonial Se recibirá el siguiente testimonio: 3.1.1. Carlos Adrián Ocampo Gallego, (...) 3.2. Documentos 3.2.1. Con el objeto de determinar el trámite establecido para efectuar los pagos en el municipio de Marulanda en la vigencia 2015, se allegará copia del aparte pertinente de las funciones del secretario de hacienda y tesorería de esa entidad. 3.2.2. Se allegarán pruebas trasladas del proceso penal que por los

mismos hechos se sigue en esa jurisdicción al encausado en tanto adquieran esa calidad." (Subraya fuera de texto) El día 23 de abril de 2019 se notificó personalmente la anterior decisión al disciplinado"12. 7 Folio 174 8 Folio 105 9 Folio 122 10 Folios 124-129 11 Folios 130-132 12 Folio 133 5

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Alegatos de conclusión Con auto del 16 de agosto de 201813, la Procuraduría Provincial de Manizales ordenó "el traslado del expediente radicado bajo IUC-2016-573-831339 al sujeto procesal por el término de diez (10) días hábiles, para que disponga de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión", decisión que fue debidamente notificada, como consta a folio 149. En dicha oportunidad procesal el disciplinado no presentó alegatos de conclusión, como se certificó en constancia secretarial14. Variación a l Pliego de Cargos Mediante Auto del 19 de julio de 2019, la Procuraduría Provincial de Manizales revolvió: "VARIAR EL CARGO DISCIPLINARIO al disciplinado MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 75098.108; cuya relación especial de sujeción se funda en el desempeño del cargo de alcalde del municipio de Marulanda, Caldas, para época de realización de la conducta reprochada, de conformidad con los presupuestos

legales claramente desarrollados en este proveído", quedando el cargo único formulado, así: "1.1. Cargo Único Doctor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, usted en su calidad de alcalde del municipio de Marulanda, Caldas, el 17 de septiembre de 2015 celebró el contrato de compraventa número 002, cuyo objeto fue la adquisición de un predio de interés ambiental de propiedad del señor JOSUE SALAZAR GOMEZ, con quien pudo acordar previamente el precio de venta equivalente a CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($170.000.000,00), sin embargo, una vez avaluado el inmueble en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($263.050.000,00), indicó en el contrato esta última cuantía y no la presuntamente acordada con el vendedor, la que lógicamente beneficiaria a la entidad territorial que regentaba. Así pues, protocolizada la escritura pública y efectuada la entrega material del inmueble, usted ordenó el pago por la suma total avaluada e indicada en el negocio jurídico, no obstante, según lo presuntamente acordado verbalmente y de manera previa con el vendedor, le entrego a aquel, tres cheques cada uno por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000,00), para un total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000,00). suma por la que pudo comprometerse con el vendedor como precio final, previas algunas deducciones por gastos en los tramites.

Así pues, a pesar de haber girado cinco cheques en favor del vendedor, aparentemente se hizo para sí y para un familiar de los cheques números: 002280 y 002281; siempre que el número 002281 fue cobrado por órdenes suyas por la señora CLAUDIA MARCELA GIRALDO MONTES, contadora contratista de ese Municipio, quien le entregó su importe equivalente a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) directamente a usted. El cheque número 002280 por cuantía de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($52.528.000,00) fue utilizado por su hermano JHONY ALBERTO RESTREPO OSORIO como parte del pago para la adquisición 13 Folio 148 14 Folio 150 6

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TEL: 3244018 EXT. 65101 particular de la finca La Cumbre ubicada en la vereda La Quiebra de Vélez de Manizales, cheque por usted confirmado para su pago al momento del cobro en la entidad bancaria, apropiándose así y, en apariencia, de dineros del Estado, al parecer; en provecho suyo y de un tercero por suma equivalente a CIENTO DOS

MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. (102.528.000,00).

Con tales procederes pudo cometer la conducta punible de peculado por apropiación, la que por materializarse con ocasión del desempeño del cargo público ostentado por usted en esa época, estructuró una falta disciplinaria

atentatoria, en principio, del principio de la moralidad administrativa, afectando, aparentemente, la función pública a su cargo." En el mismo auto se calificó la conducta imputada al señor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, como falta gravísima a título de dolo. La variación del pliego de cargos fue notificada al señor Restrepo de manera personal el día 26 de julio de 201915. Descargos Mediante escrito radicado el día 02 de agosto de 201916, el disciplinado presentó descargos adicionales. Alegatos de conclusión Con auto del 05 de agosto de 201917, la Procuraduría Provincial de Manizales ordenó "el traslado del expediente radicado bajo IUC-2016-573-831339 al sujeto procesal por el término de diez (10) días hábiles, para que disponga de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión; decisión que fue debidamente notificada18. En dicha oportunidad procesal el disciplinado no presentó alegatos de conclusión, no obstante haber sido notificado por estado del 06 de agosto de 201919. 3.4. Fallo de primera instancia. La Procuraduría Provincial de Manizales mediante Resolución No. 10 de octubre 25 de 2019, dictó fallo de primera instancia declarando responsable al señor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, en su condición de Alcalde Municipal de Marulanda, Caldas20, así: "PRIMERO: DECLARAR PROBADO el cargo Único formulado al disciplinado MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía número 75.098.108 de conformidad con lo

establecido en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SANCIONAR al disciplinado MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO con DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL por 15 Folio 164 16 Folio 168-169 17 Folio 171 18 Folio 172 19 Folio 173 20 Folio 174 a 207

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TEL: 3244018 EXT. 65101 el término de CATORCE (14) ANOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.” La anterior decisión que fue notificada personalmente el 25 de noviembre de 201921; fue justificada por el A-quo con base, entre otros, en los siguientes argumentos: "4. Análisis de la tipicidad La conducta objeto de reproche al disciplinado MAURICIO ANDRES RESTREPO SORIO, se adecua a los elementos del tipo disciplinario compuesto por los tipos abierto y de cierre que se indican a continuación: Aparecen aquí los presupuestos del numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002: i) realización objetiva de una descripción típica sancionable a título de dolo

(peculado por apropiación), cometida con ocasión del ejercicio de un cargo público (alcalde). Respecto de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de peculado por apropiación en este asunto, se tienen por satisfechos, en principio, los siguientes presupuestos: i) la calidad de servidor público del sujeto activo; ii) su vínculo funcional, esto es, la de administración y disponibilidad jurídica del bien apropiado; iii) la apropiación, esto es, tomar para sí o adueñarse, iv) el ánimo de

aprovechamiento suyo y de otro, v) de bienes del Estado, cualificación de la que goza el dinero. El mojón de la apropiación tiene su asidero en el precio voluntariamente aceptado por el vendedor, precio que debió indicarse en la minuta contractual, pues beneficiaba al ente territorial, aunque hubiera sido inferior al avaluado por el perito externo, más se utilizó ese avalúo sin miramiento, para indicarlo como precio final, en contravía de los intereses de la entidad y, posteriormente, nutrió el patrimonio del burgomaestre y de su hermano, en un tránsito que le adosaron a eventos distantes de la lógica y la experiencia, pero que aquellos aprovecharon, ello, por cuanto, el vendedor recibió lo que desde el principio espero recibir por su predio ($150.000.000,00), más el excedente, según las pruebas recogidas, beneficiaron intereses del alcalde y de su familiar. Esta pluralidad de conductas hiladas secuencialmente explican la presunta violación del tipo compuesto enrostrado.

5. Análisis de la ilicitud sustancial Como principio rector de la codificación disciplinaria fue establecido por el legislador ordinario, la ilicitud sustancial, que hace relación a la antijuridicidad de la conducta (aunque en la normativa específica se indica la falta)22, la cual deviene materializada si con ella se afecta el deber funcional atribuido a su autor sin justificación alguna (Cfr. artículo 5° de la Ley 734 de 2002).

Esa afectación sustancial del deber, debe entenderse como el desconocimiento de los principios constitucionales de la función administrativa, pues el sujeto

disciplinable en el ejercicio de sus atribuciones funcionales debe salvaguardar aquellos principios establecidos en el artículo 209 constitucional y los ampliados 21 Folio 211 22 Precisión doctrinaria (Ordoñez, 2009, p 23) 8

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TEL: 3244018 EXT. 65101 en el artículo 22 de la Ley 734 de 734 de 2002 para garantizar el correcto ejercicio de la función pública, lo que implica que el comportamiento (acción u omisión) debe, no solo desconocer la norma jurídica de determinación sino ser opuesta o cuando menos extraña a cualquiera de dichos principios.

En este caso concreto, el disciplinado RESTREPO OSORIO, con su conducta pudo contrariar el principio de moralidad administrativa entronizado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 209, y desarrollado en el artículo 3° numeral 5° de la Ley 1437 de 2011, pues, aquella es extraña a la rectitud y honestidad esperada de todo servidor público en el despliegue de sus funciones. (…) Así entonces, el manejo del recurso público en provecho de intereses particulares, soslaya el principio de moralidad administrativa, por tanto, la conducta del disciplinado contrario evidentemente dicho principio, lo que comporta una verdadera afectación sustancial del deber funcional.

6. Análisis de culpabilidad (…) Título de imputación subjetiva definitiva (...) En dicho escenario, considera el despacho que la conducta investigada que se le ha imputado al doctor MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO fue cometida a

título de dolo, ello, por cuanto aquella [la conducta] se materializó mediante una sucesión de pasos finamente elaborada que exigió de parte de aquel, actuar con previo conocimiento de los hechos. La formalización de un acuerdo en cuanto al precio que fue diferente al aceptado en un primer momento por el vendedor y el que mutó el disciplinado por uno mayor, posibilito la apropiación de recursos estatales, por medio de acciones que daban visos de legalidad formal, pero que, materialmente, según la probanza acopiada, estuvieron dirigidas a la apropiación reprochada, circunstancias que dan cuenta del conocimiento de la ilicitud de tal proceder, pues aquel tuvo que disimularlo como una venta consentida y convenientemente ajustada al avalúo del inmueble a adquirir, ello, siempre que, en sana critica, no se actúa soterradamente, cuando se piensa o se está convencido de actuar conforme a derecho. La voluntad del encausado devino claramente dirigida a obtener un provecho millonario a expensas de un negocio que pudo haberse celebrado por un menor precio, dada la aceptación voluntaria del vendedor, pero que se incrementó en contravía de los intereses de la entidad territorial con el fin de apropiarse de los dineros que excedieron el real precio pagado por la compra del inmueble. Exigibilidad de conducta diversa La conducta desplegada por el disciplinado RESTREPO OSORIO, afecto sustancialmente sus deberes funcionales, según se plasma ut supra, no obstante, para cumplir con todos los presupuestos del análisis de la culpabilidad, se torna necesario establecer si aquel se encontraba compelido fáctica o jurídicamente a

obrar de manera diversa. 9

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El reproche entonces se funda en que el disciplinado tuvo la posibilidad de obrar atendiendo los intereses de la entidad territorial, aprovechando una adecuada gestión de los recursos, pactando en el contrato de compraventa aludido el precio acordado con e l vendedor previamente el cual fue ostensiblemente menor al avaluado por el perito externo y no dirigiendo una serie de actividades que concretaron, una apropiación millonaria de recursos que fueron aprovechados por el disciplinado y su hermano. Además, para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos, el disciplinado ha debido dejar los pagos al ejercicio de la tesorera, a quien le impidió en todos los procesos de compraventa de predios, tener la relación directa de pago con cada vendedor, función que no ha debido ejercer, pues era una mera ejecución material de su orden; conducta a la que el despacho no le encuentra explicación sin atarla a fraguar la posibilidad de ejecutar los artificios necesarios para hacerse a los recursos del Estado que convenientemente, se itera, pudieron camuflarse bajo la egida de un avalúo del inmueble, el que resulto superior al que su propietario estaba en disponibilidad de venderlo. En suma, al disciplinado le era exigible obrar con rectitud en el proceso de compraventa del predio EL CHAQUIRO y con mayor razón, por disponer de recursos estatales. (…) 3.5 De la apelación MAURICIO ANDRES RESTREPO OSORIO, en su calidad de investigado

interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por ese Despacho23, aduciendo las siguientes razones: "La decisión adoptada, a saber (...) se basó en diverso material probatorio, pero específicamente en pruebas trasladadas del proceso penal que se sigue en contra del suscrito, fue precisamente esa, la razón que motivo al despacho para variar el pliego de cargos original que inicialmente había sido archivado; como resultado, vario la calificación inicial que según el ente disciplinar devino en errada, de tal manera que vario la calificación jurídica respecto del tipo idóneo de estafa a peculado por apropiación, por cuanto según la prueba trasladada y sobreviniente se estimó que el daño no había sido ocasionado al patrimonio de un particular sino al patrimonio público. Ahora bien, para adoptar la decisión antes descrita, el ente disciplinar valoro como pruebas las siguientes: (…) Ahora bien, de conformidad con el artículo 135 del Código Único Disciplinario, que a la letra reza: "ARTICULO 135. PRUEBA TRASLADADA. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código." Se desprende que efectivamente es posible trasladar pruebas de otros procesos a aquellos adelantados en materia disciplinaria, no obstante, para que dichas pruebas puedan ser válidas y efectivamente valoradas, deben respetarse los derechos y garantías de los disciplinados y es allí cuando 23 Folios 213 a 219

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TEL: 3244018 EXT. 65101 toma especial relevancia las reglas del procedimiento disciplinario y las reglas establecidas en el código de procedimiento Penal, pues no toda prueba existente en otro proceso puede ser valorada o tenida en cuenta solamente por ser arrimada al acervo probatorio, al respecto se ha referido en múltiples ocasiones el Consejo de Estado, como en la Sentencia con Radicación 110010325000201300056 del 01 de septiembre de 2016 en la cual, al respecto se indica que: "para el manejo de la prueba en el proceso disciplinario se deben tener en cuenta las reglas previstas en el ordenamiento disciplinario y las disposiciones del código de procedimiento penal por expresa disposición del artículo 135 de la ley 734 de 2004. el [sic) t