PGN - REGLAMENTO DEL DERECHO DE PETICION - Está previamente establecido en la ley

Radicación No.: 085-11071-02

Investigado: Edmundo Montenegro Bejarano y otros Cargo y entidad: Director Territorial y Jefe Financiero de CAPRECOM Nariño.

Quejoso: César L. Ruano Rosero Fecha queja: 27 de Junio de 2002

Fecha hechos: mayo -agosto de 2002

Asunto: Fallo de Segunda instancia (articulo 171 de la Ley 734 de 2002) Prescripción: agosto de 2007

Bogotá DC, 30 JUN. 2004

1. ANTECEDENTES

1. Los hechos. 1 .1 Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional de Nariño sancionó mediante fallo de Primera Instancia del 12 de febrero de 2004 a EDMUNDO MONTENEGRO BEJARANO y SANTIAGO GARCÍA CASTRO, con Multa equivalente a diez (10) días del sueldo devengado por los precitados servidores públicos en su respectiva calidad de Director Regional y Jefe del Departamento Financiero de CAPRECOM, para la época de los hechos.

Mediante escrito visible entre los folios 295 a 305, el disciplinado MONTENEGRO BEJARANO, interpuso recurso a la referida decisión el otro acusado guardó silencio.

2. CARGOS Al doctor EDMUNDO MONTE NEGRO BEJARANO se le atribuye “(...)” Haber posiblemente incurrido en conducta omisiva, al no informar al Doctor CÉSAR RUANO ROSERO, que sus oficios Nos. DLSSS 131 de mayo 23 de 2002 y el oficio DLSSS 133 de mayo 27 de 2002, fueron enviados a otras dependencias de la entidad, ni

requerir a sus subalternos para que procedan dentro del término legal, a dar las reapuestas solicitadas por el peticionario". “(...)”. Igualmente al Doctor SANTIAGO GARCÍA CASTRO se le cuestiona así (...):” “De acuerdo a las pruebas que se relacionarán a continuación, permite establecer que el Doctor SANTIAGO GARCÍA CASTRO, en su condición de Jefe del Departamento Financiero de CAPRECOM, habría incumplido sus deberes, por no haber dado a las respuestas al Doctor CÉSAR RUANO ROSERO, solicitadas mediante oficio No. DLSSS 131 de mayo 28 de 2002, y oficio DLSSS 133 de mayo 27 de 2002 enviados a su Despacho por el Doctor EDMUNDO MONTENEGRO para que se ofrezcan las respuestas pertinentes. (...) ".

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 1.2. EI aquo afirma en su decisión. respecto del Doctor MONTENEGRO BEJARANO, que se le reprochó por no haber informado al quejoso, que sus peticiones habían sido remitidas a otra dependencia para que se les diera respuesta, y que en dicha oficina no fueron respondidas, sostiene que el quejoso fue lesionado en sus derechos fundamentales al no obtener respuesta escrita a sus peticiones, porque no se aportó prueba al investigativo de que las respuestas se hubieran dado y la norma expresa claramente el término en que deben ser respondidas las peticiones. Acepta que el acusado dio traslado al subalterno para que atendiera el asunto y para que respondiera sus peticiones, pero

que de ésta remisión debió ser informado el quejoso y fue el acusado omitió hacerlo: observa que si las peticiones fueron presentadas por escrito, de igual forma debían ser respondidas y acepta el argumento expuesto por el quejoso cuando dijo que no se le informó que podía fotocopiar los documentos que estaba solicitando. Fundamenta igualmente el rallador su decisión, con la trascripción del proveído de la Corte Constitucional, sobre el derecho de petición y los términos para dar respuesta a los particulares. Sostiene también la Primera instancia que aunque los acusados consideran que la inconformidad es más bien de tipo personal, porque ellos se comunicaron telefónica mente con el quejoso, para informarle que los documentos solicitados se encontraban a su disposición en CAPRECOM, pero no acepta dichos argumentos porque no cree que con su dicho se cambien los hechos, porque haberse probado que a la fecha en que fue realizada la investigación, aún no habían sido respondidas las peticiones. Calificando la conducta desplegada por el acusado MONTENEGRO BEJARANO como culposa, en tanto no dio cumplimiento a sus obligaciones, al omitir dar respuesta a las peticiones presentadas por RUANO ROSERO. De igual forma respecto del otro implicado SANTIAGO GARCÍA CASTRO, observa el aquo que éste no respondió la petición, ni atendió la solicitud cuyo cumplimiento su Superior le delegó, requeridas mediante los Oficios Nos. DSLSSS 131 del 28 de mayo de 2002 y Oficio DLSSS 133 del 27 de mayo de 2002. que fueron remitidas por el doctor MONTENEGRO cara lo que le correspondiera, ignora los argumentos expuestos en su

defensa acerca de que en el Manual de Funciones de este servidor publico no tenia la función de dar respuesta a dichas peticiones, por cuanto a criterio de su defensor, a quien correspondía dar dichas respuestas era a la Dirección local de salud de GUASPUD, y reafirma que se le informó al quejoso verbal y telefónica mente que las copias solicitadas estaban a su disposición en la sede de esas dependencias, la que la entidad no contaba con un rubro presupuestal para estos gastos: agrega que no se produjo ningún daño para la administración pública, ni para ningún particular con esta omisión, en cuanto ésta no detuvo su labor, además de que no hubo violación normativa constitucional ninguna. Tampoco acepta lo expresado por GARCÍA CASTRO acerca de que proyectó la respuesta a dicho oficio. y que los pasó para la firma del Director y en dicha oficina se extravió la respuesta, porque no se allegó prueba de este hecho, pero se respecto de la reunión celebrada entre los acusados y el quejoso, con la asistencia del Alcalde Municipal, en la que se habla discutido sobre el fondo de las peticiones y sobre lo cuál se levantó un acta. Afirma que el derecho de petición es un derecho fundamental y debe por lo tanto atenderse de manera efectiva dentro de los términos legales, así la respuesta sea negativa, debe explicarse el por que de ella y el acusado de marras no dio respuesta, sino que también desobedeció la orden a el impartida por su superior. Calificó igualmente como culposa, la conducta del acusado GARCÍA CASTRO, por omitir el cumplimiento de sus funciones y como consecuencia la obligación por parte de la entidad a responder la petición de RUANO ROSERO (se manifiesta que los acusados no

poseen antecedentes disciplinarios (fls. 278 a 290).

4. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN El Doctor EDMUNDO MONTENEGRO BEJARANO Interpuso recurso impetrado a través de apoderado quien lo sustentó en los siguientes términos: Hace un recuento de todas las pruebas que se aportaron al proceso, naciendo énfasis en que ellas muestran que las peticiones se atendieron verbalmente, indicando al quejoso Que el podía acceder a la documentación solicitada para fotocopiarla, haciendo un amplio análisis de las circunstancias contractuales que rodearon los hechos que originaron ¡as peticiones presentadas por el Doctor CÉSAR RUANO ROSERO, y sobre lo cual se realizaron varias reuniones con las autoridades municipales y en presencia del quejoso en su condición de Director Locas de Salud de CUASPUD CARLOSAMA, concluyendo que las peticiones simplemente se dirigían a lograr que se contrate por encima del 40% de la

UPCS. Precisa que dentro de las pruebas que se aportaron al expediente está el acta de la visita adelantada por la Procuraduría, en que se consignó que en el libro radicador de CAPRECOM, figuran los oficios cuya omisión a darles respuestas la que se cuestiona con una nota manuscrita del apelante en que solicita al Doctor SANTIAGO GARCÍA dar respuesta urgente a las precitadas comunicaciones, y otra que al parecer procede del mismo Santiago García. Pudo establecerse que los oficios fueron enviados por la Dirección a dos dependencias diferentes, para que fueran respondidos con carácter urgente, el primero a SANTIAGO GARCÍA porque tenia bajo su custodia los documentos

que eran requeridos por el peticionante, y el segundo se dirigió a la Asesora Jurídica, XIMENA VARGAS dado el carácter legal de sus funciones el conocimiento en el manejo de los derechos de petición; versión ratificada en lo expuesto por NANCY STELLA

ARCOS y FRANCIA ANDREA LEGARDA.

Agrega el recurrente que no solamente se reunió con el quejoso y con otras autoridades para tratar el tema, sino que se hablaron personalmente y por teléfono en relación con el mismo tema, habiendo aportado como prueba documental el acta de la reunión, que tuvo una duración aproximada a dos horas, y que giró sobre las peticiones elevadas ante la Dirección Territorial de CAPRECOM. Complementa el escrito haciendo un análisis de la responsabilidad objetiva, frente a la presunta culpabilidad que se le endilga y concluye reiterando que a pesar de ser un tema tan debatido y tratado verbalmente y por escrito, como consta en el acta que firmó conjuntamente con el quejoso, él dispuso lo pertinente para contestar sus peticiones por lo que solicita que se analicen las pruebas en su conjunto, teniendo en consideración que actuó de buena fe y disciplina para que se revoque la decisión de primera instancia que lo afecta (fls. 295 a 305). El otro acusado Doctor SANTIAGO GARCÍA CASTRO guardó silencio, una vez fue notificado de la resolución de primera instancia, por lo que en lo que a el respecta la decisión quedó en firme (fls. 306 a 307).

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Este Despachó luego del análisis de las pruebas obrantes en el investigativo ha llegado al

convencimiento de que no existe prueba suficiente de la que pueda imputarse responsabilidad disciplinaria al acusado EDMUNDO MORENO BEJARANO, por los hechos en los que se le cuestiona; porque si bien directamente no atendió los requerimientos del Señor RUANO, si impartió órdenes a sus colaboradores inmediatos para que atendieran el tema, y además concurrió a una reunión convocada precisamente con el objeto de analizar la misma materia. Debe tenerse en cuenta además, que los estamentos estatales requieren para el cumplimiento de sus fines de la necesaria colaboración armoniosa entre sus miembros. como constitucionalmente lo disponen los artículos 113 y 209 y fue por está razón que el Director de CAPRECOM atendió telefónicamente y personalmente al Señor RUANO, para manifestarle su criterio acerca del tema objeto de discusión, y por el hecho de que el señor RUANO no compartiera su opinión no quiere esto decir que no se lo hubiera expresado y que no hubiera puesto a su disposición los documentos para que les sacará fotocopia, advirtiéndole que no podía hacerlo la entidad a su cargo, por carecer de recursos para dichos efectos. El ejercicio del derecho de petición, entre el Estado y los particulares, está previamente establecidos en la ley, y debe darse cumplimiento, aún entre entidades oficiales, pero también debe tenerse en cuenta que en aplicación de la normatividad administrativa vigente, las autoridades administrativas deben trabajar en armonía y coordinación, para lograr cumplir sus funciones a cabalidad y de manera eficiente. Considerando las circunstancias que rodearon los hechos en el presente caso se ponen de manifiesto las diferencias de criterio entre dos funcionarios públicos, respecto al manejo

del régimen Subsidiado de salud. Por parte de este Despacho se considera que el Doctor MONTENEGRO BEJARANO, actuó de manera responsable y eficiente porque aportó a la investigación elementos probatorios que permiten verificar que lo solicitado por el quejoso se respondió de una u otra manera, telefónica y verbalmente y consta en el folio 145 que expuso sus razones en la reunión celebrada el 20 de junio de 2002 con el Señor RUANO, precisamente para debatir el asunto objeto de su petición e inquietud de la que se levantó el acta respectiva, que consta en el plenario y disponiendo lo pertinente entre sus subalternos para que se respondieran las peticiones de CÉSAR RUANO ROSERO a través de los servidores públicos competentes, como consta en el acta de la visita especial realizada por la Procuraduría Regional de Nariño, en la sede de CAPRECOM, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2002 (fls. 104 y 105). Para esta Delegada, la jerarquía del cargo ocupado por el implicado MONTENEGRO BEJARANO demanda la atención de múltiples actividades, que no permiten que en una labor como la de Director pueda cuestionárselo por no dar respuesta oportuna a los derechos de petición dejados de responder actividades estas, que por su naturaleza deben ser atendidas por funcionarios que disponen de la documentación e información, acorde a la distribución de funciones administrativas efectuada dentro de cada organismo. En el presente caso consta a folios 104 y 105, que el Doctor MONTENEGRO asignó la tarea de dar respuesta el oficio 133 al Doctor SANTIAGO GARCÍA, al escribirle sobre el

documento Dr. SANTIAGO urgente respuesta, y este ultimo acepta haber recibido dicho encargo, pero este documento realmente fue recibido por FRANCIA LEGARDA servidora de dicha dependencia, que por haberlo archivado consideraron que el proyecto de respuesta había sido enviado al Despacho del Director para su firma, pero este hecho no pudo probarse, quedando pues sin cumplir la orden Impartida por el Jefe de la Entidad. De igual forma el oficio No. 131, remitido por el quejoso, también fue recibido por XIMENA VARGAS MEZA, otra funcionaria de la dependencia, quien a su vez envió el oficio al Despacho del Doctor SANTIAGO GARCÍA, para lo de su cargo, pero que no ejerció control para que efectivamente se diera respuesta al mismo. De la misma manera se observó que el Director Territorial de CAPRECOM Nariño, EDMUNDO MONTENEGRO no asumió una conducta omisiva ante el asunto en cuestión, por lo que de acuerdo a lo expuesto anteriormente no puede colegirse desatención en la gestión, susceptible de ser sancionada disciplinariamente (fls.104-105-145 y 154 a 162). De otra parte considera esta Delegada que no se estableció que se hubiera causado daño en la imagen de la administración, o causado perjuicio en la misma lo que se pudo determinar fue falta de coordinación de la entidad para dar cumplimiento eficiente a sus obligaciones, se puso de presente la falta de colaboración armoniosa para que la gestión se cumpla de manera diligente y oportuna, tanto de los acusados, como por parte del quejoso, a quien se le dijeron las explicaciones a sus inquietudes, pudiendo haber acudido

personalmente o delegar a otro servidor público, bajo su subordinación, para obtener la documentación que quería consultar y a través de las conversaciones entre las partes y el acuerdo consignado en el acta aportada que obra a folio 145, con base en lo anterior la decisión de Primera Instancia no puede ser confirmada. Ahora a pesar de los argumentos anteriormente expuestos, ya que correspondía proyectar la respuesta correspondía al Doctor SANTIAGO GARCÍA CASTRO, en su condición de Jefe de la Unidad Financiera de CAPRECOM, quien a pesar de haber manifestado que proyectó la comunicación para dar la respuesta, no pudo aportar pruebas en respaldo de su dicho; pero aunque a este servidor público puede endilgársele negligencia, malicia o mala fe su omisión no tiene justificación teniendo una orden a cumplir asignado por su inmediato superior como bien se expuso en el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que no interpuso recurso respecto de la decisión de Primera Instancia, debe ésta en consecuencia mantenerse. Con base en los argumentos expuestos la decisión de Primera instancia proferida por el Procurador Regional de Nariño, que sancionó a los dos acusados con multa equivalente a diez (10) días del salario devengado por ellos para la época de los hechos, será modificada, en tanto se encontraron desvirtuadas las acusaciones hechas a EDMUNDO MONTENEGRO BEJARANO, en su condición de Director Territorial de CAPRECOM y en consecuencia se lo absolverá de los cargos, y en relación a SANTIAGO GARCÍA CASTRO, en su condición de Jefe de la Unidad Financiera de la misma entidad, se confirmará la sanción Impuesta por el aquo consistente en diez días de multa del sueldo

devengado para la apoca de los hechos, en razón a que por no haber sido apelada, no existe mérito para cambiarla. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA en ejercicio de sus funciones, RESUELVE PRIMERO: Modificar la decisión calendada el 12 de febrero de 2004. impuesta por la Procuraduría Regional de Nariño, consistente en multa equivalente a diez días del valor devengado en el ejercicio del cargo por los acusados, impuesta a EDMUNDO MONTENEGRO BEJARANO identificado con CC 13.013236 y a SANTIAGO GARCÍA CASTRO identificado con CC 16013.236, en su condición de Director Territorial y Jefe de la Unidad Financiera de CAPRECOM, respectivamente, para en su lugar revocar la decisión respecto de EDMUNDO MONTENEGRO BEJARANO a quien se absolverá, en relación con el otro implicado SANTIAGO GARCÍA CASTRO, en su condición de Jefe de la Unidad Financiera de la misma entidad se confirmara la sanción impuesta por el aquo, acorde las razones expuestas en la parte motiva, en relación con los derechos de petición analizados en esta radicación.

SEGUNDO: Remitir copia de las presentes diligencias al Centro de Notificaciones, de la Procuraduría General de la Nación, a fin de que por esa dependencia se disponga lo pertinente para efectos de la notificación, de esta decisión, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 de la ley 734 de 2002 y ss.

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijara edicto en los términos del

artículo 107 del Código Único Disciplinario.

TERCERO: Cumplido lo anterior, devolver el expediente a la oficina de origen para que remita a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción disciplinaria, envíe copias de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción archive las diligencias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHEVERRY GARZÓN

Procuradora Segunda Delegada Vigilancia Administrativa