PGN - REPARACIÓN DIRECTA - Ataque contra patrulla policias

REPARACION DIRECTA-Daños causados con ocasión de un ataque contra una patrulla de la policía que terminó con la vida de miembros de la Policía RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Elementos, el daño antijurídico y la imputación RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-A título de falla probada del servicio REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio REGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Objetivo por daño especial …De igual manera se daría aplicación al régimen del daño especial cuando en cumplimiento de funciones legítimas por parte de la administración, se ocasiona a los administrados algún perjuicio, el cual rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar frente a los demás ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Riesgo excepcional …Cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que está obligado a aceptar, y que al materializarse ese riesgo potencial se genera un daño a una persona o a sus bienes, surgiendo para el Estado el deber de responder por los perjuicios que la concreción de dicho riesgo llegara a producir. DAÑO ANTIJURIDICO-Concepto Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no está obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste

resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. IMPUTACION-Concepto … En cuanto a la imputación, no es más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. INDEMNIZACION A FORFAIT-Según el Consejo de Estado ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros En lo referente al régimen de responsabilidad aplicable en casos como el ahora examinado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado una línea, consistente en que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública vinculados a la institución de manera voluntaria, constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, y que se concreta, por vía de ejemplo, en los supuestos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente debe perseguir la Fuerza Pública, caso en el cual la indemnización corresponde a la

reparación à forfait que se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico. FALLA DEL SERVICIO-Concepto Cuando en la producción del hecho intervino la administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes, que provocó que el daño se produjera.

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879)

Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., agosto 27 de 2019 Doctor

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 19-108

Expediente: 810012339000-2016-00050-01

(63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros Demandados: Nación - Ministerio de Defensa – Fuerzas Militares de Colombia Honorable señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca que negó las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de

fondo.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda Haciendo uso del medio de control de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la señora VIVIANA MARGOTH

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros ACUÑA y OTROS, formularon demanda ante el Tribunal Administrativo de Arauca contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, con el fin de que se les declare administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios que les fueron ocasionados, a raíz de la muerte de los

señores LIBARDO FABIO CHACON DELGADO, JOSÉ DARÍO ACUÑA SUÁREZ, YAN CARLOS ALVIZ ARMENTA y ALEJANDRO DAVID MAESTRE, todos ellos miembros activos de la Policía Nacional, cuyo deceso se produjo en hechos ocurridos el día 3 de junio de 2014, en el Barrio Cofavi, jurisdicción del municipio de Saravena – Arauca, mientras realizaban labores de patrullaje en dicha zona.

2. La Contestación La Policía Nacional, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, pues no se presentaron hechos que puedan constituir falla en el servicio ni por acción, ni por omisión.

Manifestó además que el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes establece un mínimo de dos uniformados en una patrulla motorizada y allí se desplazaban seis. Argumenta también, que no es posible afirmar que el Comandante de Estación los puso en un riesgo superior, pues fue por orden del subintendente Libardo Fabio Chacón Delgado que los integrantes de la patrulla se desplazaron al sector del atentado.

3. Sentencia Mediante decisión del 14 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca negó las súplicas de la demanda, al considerar que la entidad demandada no es responsable de los daños que reclaman los actores, al no haberse demostrado una falla en el servicio que le sea atribuible a la Policía Nacional.

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Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros Al respecto, el Tribunal manifestó, lo siguiente: “(…) De lo expuesto y probado, se acredita que los integrantes de la patrulla policial Puma sabían de la situación de riesgo en la que se encontraban, y que debían asegurarle a sus colegas de la Institución y debían procurarse a sí mismos, gestión o actividad idónea para tener seguridad frente al grave e inminente peligro que corrían no solo en sus desplazamientos por la ciudad, sino incluso al estar dentro de la Estación de Saravena.

De ahí que los hechos dañosos, si bien imprevisibles e irresistibles para el momento y lugar de ocurrencia, sí les eran previsibles por la situación de ataques constantes contra la Fuerza Pública, pues tenían pleno y directo conocimiento de las amenazas que se cernían para todos ellos, las que se transmitían por sus superiores de forma directa y permanente, por lo que tenían a su cargo la obligación de máxima protección, como lo prueban los constantes poligramas que se emitían (…) y lo reconocen en los testimonios ya referidos los patrulleros sobrevivientes Novoa Ariza y Díaz Medina y el Teniente Suaza Osorio. Pero dicha situación pesaba sobre todos los integrantes de la Policía Nacional, y no en exclusivo sobre la patrulla Puma, ni contra alguno de sus miembros e manera particular. Así, la entidad no les impuso a sus seis unidades una carga mayor a la que tenían los demás conjuntos de patrullajes, ni les expuso a un peligro más grande que el normal de todo policía en la zona, ni la misión que asumió el turno del 2 y 3 de junio de 2014 presentaba un riesgo exorbitante que excediera el que se debía afrontar en las condiciones que todos los grupos de vigilancia habían corrido antes de esos fatales hora, día y lugar. En el expediente tampoco se encuentra irregularidad en las actuaciones de los comandantes de la Institución, pues se prestaron condiciones de seguridad y protección con la dotación de elementos y armas necesarias para impedir ataques o repelerlos, no tuvo deficiencia la cadena de mando pues los superiores no impusieron recorridos obligatorios, ni ejercieron presiones indebidas para las

rondas de vigilancia que debía cumplir la patrulla “Puma”. El hecho de tres recorridos previos en su jornada, para atender una riña, revisar un local comercial y despinchar una motocicleta, con sus respectivos ingresos y descansos dentro de la Estación de Policía, prueban que se tenían las condiciones y elementos necesarios para que los integrantes de la patrulla Puma realizara su labor en condiciones de seguridad y en cumplimiento de su misión constitucional, y al asumir ya sobre la hora de entrega del turno un nuevo recorrido, que resultó fatal, lo hicieron a su propio riesgo, sin intervención de su superiores.

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros Es claro que lo hicieron al prestar el servicio a que se habían comprometido, adelantando una labor cuya finalidad era la de cerciorarse de la situación de orden público en el casco urbano de Saravena que hasta entonces no había reportado ninguna alteración o dificultad, y no estaban en la tarea de confrontar alguna circunstancia violenta concreta o de mayor riesgo que la normal vigilancia en sus recorridos.

Así, no se probó en este proceso que la entidad demandada faltó al cumplimiento del deber jurídico de proteger los derechos de sus propios integrantes, ni que su servicio falló en cuanto fuera

defectuoso en la protección debida, ni que haya adoptado alguna medida en contra de los finados que desconociera la posición de garante que ocupaba. La Policía Nacional no dejó de actuar en la forma que le correspondía, ni antes del atentado a sus integrantes, ni una vez ocurrido el fatídico suceso, pues a pesar que hubo desplazamiento inmediato de refuerzos hasta el lugar de los hechos, ya todo estaba consumado, con la pérdida de la vida de cuatro de sus miembros, las heridas de otro y el estado ileso del sexto integrante de la patrulla. (…)”

4. Apelación Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de los demandantes la apeló con miras a que ésta sea revocada en su totalidad, para que en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, pues en su criterio están dados los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿Hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, por la muerte del teniente LIBARDO FABIO CHACON DELGADO y de los patrulleros JOSÉ DARÍO ACUÑA SUÁREZ, YAN CARLOS ALVIZ ARMENTA y ALEJANDRO DAVID MAESTRE, mientras se encontraban desarrollando labores de patrullaje, en hechos

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros ocurridos el día 3 de junio de 2014, en jurisdicción del municipio de Saravena - Arauca?

2. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no está obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación, no es más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que

tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

Ahora bien, el Consejo de Estado, a través de su evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los distintos regímenes de responsabilidad administrativa. Es así como se da aplicación a la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho intervino la administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes, que provocó que el daño se produjera; que de igual manera se daría aplicación al régimen del daño especial2 cuando en cumplimiento de funciones legítimas por parte de la administración, se ocasiona a los administrados algún perjuicio, el cual rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar frente a los demás ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros; igualmente manifestó el H. Consejo de Estado que

sería aplicado el régimen de riesgo excepcional3 cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que está obligado a aceptar, y que al materializarse ese riesgo potencial se genera un daño a una persona o a sus bienes, surgiendo para el Estado el deber de responder por los perjuicios que la concreción de dicho riesgo llegara a producir. En lo referente al régimen de responsabilidad aplicable en casos como el ahora examinado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196.

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros decantado una línea, consistente en que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública vinculados a la institución de manera voluntaria, constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, y que se concreta, por vía de ejemplo, en los supuestos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente debe perseguir la Fuerza Pública, caso en el cual la indemnización corresponde a la reparación à forfait que se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la concreción del riesgo, que el afectado asumió de manera voluntaria, no genera en cabeza del Estado una responsabilidad adicional o diferente a la ya explicada, a menos que se demuestre que la lesión o la muerte fueron consecuencia de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se haya visto sometido el afectado, de mayor entidad que aquel al cual se hayan visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada4. A partir de allí, el Consejo de Estado en diversas sentencias ha

estudiado supuestos específicos para determinar cuándo un riesgo es propio del servicio y cuándo se convierte en una carga anormal, producto de una falla en el servicio y por consiguiente generadora de responsabilidad patrimonial. En esa medida, a vía de ejemplo, ha considerado como situaciones de falla del servicio por exceso en los riesgos propios del servicio los daños 4 Sección Tercera, Sentencia de 7 de octubre de 2009, Exp.17.884, Sentencia de 2 de mayo de 2013, Exp. 26293.

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros que se causen por el estado defectuoso de las armas de dotación oficial o por los implementos entregados a los agentes encargados de mantener el orden público5; las lesiones sufridas como consecuencia de los errores tácticos o el desconocimiento de medidas de seguridad;6 o las sufridas en virtud de la impericia o imprudencia por parte de los superiores jerárquicos de la víctima directa o aun de sus compañeros en el uso de las armas de dotación oficial.7

Adicionalmente, la Sala ha señalado que el análisis de los riesgos propios del servicio se debe realizar en el marco de las funciones específicas del servicio al cual ha sido asignado el agente: “… en punto del riesgo propio del servicio que se predica de los

integrantes de la Fuerza Pública vinculados a la institución de manera voluntaria es menester precisar que los daños que tales funcionarios deben soportar son aquellos que resulten de la materialización o concreción del riesgo asumido; por ende, también corresponde advertir que no todos los integrantes de la Fuerza Pública asumen los mismos riesgos y que por esa razón, a efectos de determinar en un evento concreto ese ‘riesgo profesional’, necesariamente ha de tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones, la de las actividades y la de la misión que al momento de los hechos le correspondía ejecutar, de conformidad con la labor escogida y la institución a la cual se vinculó”8.

3. Caso concreto Como viene de verse, ha quedado aclarado que existen unos riesgos ligados directamente al ejercicio de cada profesión, podríamos decir que son inherentes a la prestación misma del servicio, los cuales son aceptados por el funcionario al momento de incorporarse a las Fuerzas Armadas, pues el ejercicio mismo de sus funciones al desarrollar su papel en la lucha contra la delincuencia, le hace propenso a estar 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 15459. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de marzo de 2005, Exp. 16237; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2011, Exp. 18429, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, Exp. 31842. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2004, Exp. 14338.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 18371.

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros expuesto a tener enfrentamientos armados con el enemigo, ser objeto de hostigamientos, emboscadas, etc., situaciones en las cuales ésta persona puede ver comprometida su integridad física e incluso hasta su vida.

Sin embargo, cuando la concreción del riesgo se presenta a raíz de un error táctico, por desconocimiento de protocolos y/o medidas de seguridad, o bien por la imprudencia o impericia de sus superiores o de los propios compañeros de armas del afectado, indefectiblemente resultará comprometida la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado bajo el título de imputación de falla del servicio, dado que ese tipo de errores inciden directamente en la producción del hecho dañoso, al tiempo que exponen a la víctima a riesgos mucho mayores a los voluntariamente aceptados para el cumplimiento del deber, rompiendo así con el equilibrio de las cargas públicas al imponerle a una persona cargas mayores a las que legalmente está obligada a soportar y en consecuencia, la administración habrá de entrar a resarcir los perjuicios que la imposición de esa carga injusta llegare a generar.

De acuerdo con los medios de prueba allegados al proceso, se lograron demostrar los siguientes hechos: -. Para el día de ocurrencia de los hechos que aquí se demandan, el teniente LIBARDO FABIO CHACON DELGADO y los patrulleros JOSÉ DARÍO ACUÑA SUÁREZ, YAN CARLOS ALVIZ ARMENTA y ALEJANDRO DAVID MAESTRE se encontraban debidamente vinculados a la Policía Nacional, estando para ese momento adscritos a la Estación de Policía del municipio de Saravena – Arauca. -. Así mismo, se determinó que el deceso de los señores arriba mencionados se produjo aproximadamente a las 6:45 horas del día 3 de junio de 2014 en el Barrio Cofavi, del municipio de Saravena – Arauca, producto de una emboscada perpetrada por miembros de

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros grupos armados al margen de la ley con artefactos explosivos y disparos de arma de fuego, en momentos en que los policiales se encontraban desarrollando labores de patrullaje por el municipio.

Según los datos aportados al proceso, como saldo del mencionado ataque guerrillero, de los seis policiales que conformaban la patrulla, perdieron la vida cuatro (4) uniformados de la Policía Nacional, le

causaron heridas a otro y solo uno de los integrantes de la patrulla salió ileso. -. Así mimo, al expediente se allegaron los respectivos registros civiles de defunción de los cuatro uniformados abatidos, así como también las respectivas actas de inspección de cadáver y protocolos de necropsia. En este orden de ideas, tenemos que la Policía Nacional argumenta que no le asiste responsabilidad por los hechos por los que se le convocó a este proceso, alegando que en el presente asunto existen dos causales de exoneración de responsabilidad, dado que el deceso de los cuatro miembros de la institución se produjo por hechos atribuibles a un tercero, pues el mismo fue producto de un ataque perpetrado por la guerrilla y que además, el riesgo de morir a manos del enemigo es un riesgo propio del servicio; argumentos de defensa que de acuerdo con lo probado en el proceso, eximen de responsabilidad al ente de imputación demandado, como pasa a explicarse. En primer término, es pertinente establecer con mayor precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos por los que aquí se demanda, y para lo cual, se hace necesario detenerse a analizar los testimonios rendidos por las personas que tuvieron conocimiento del fatal incidente ocurrido el día 3 de junio de 2014, como son el Teniente Camilo Andrés Suaza Osorio, para ese entonces

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879)

Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros Comandante de la Estación de Policía de Saravena, así como también de los patrulleros José Luis Novoa Ariza y Faber Luis Díaz Medina,

quienes sobrevivieron al ataque, así: Teniente Camilo Andrés Suaza Osorio (fl. 603-605, c.1) Dentro de lo dicho en su testimonio, se destaca el hecho de que la Patrulla denominada “Puma” no estaba las nueve horas en labor de vigilancia, pues llegaba a la Estación y podía salir esporádicamente; es decir, dicha patrulla efectuaba unas rondas esporádicas, luego regresaba nuevamente a la Estación y más tarde volvían a salir de nuevo a realizar otra ronda, lo que equivale a afirmar que los uniformados no permanecían en la calle durante todas las horas de turno en funciones de patrullaje. Relata además, que todos los días se recibían poligramas los cuales le eran comunicados al personal, en los cuales se les daban alertas de inteligencia, así como también las órdenes del Comandante Operativo y del Comandante de Departamento. Informó además que cada patrulla tenía su Comandante, siendo éste quien tomaba la decisión acerca de qué ruta escoger; patrulla que estaba bien conformada con los parámetros institucionales de seis integrantes y tres motocicletas, de acuerdo a las instrucciones dadas por el Comando del Departamento de Policía Arauca. Patrullero Faber Luis Díaz Medina (fl. 458-460, c.l) Al ser uno de los sobrevivientes del ataque, manifiesta que en el turno ya habían salido de la Estación pero tuvieron que volver debido a un

pinchazo de una moto; más tarde, fueron a atender el caso de una riña a eso de las 11:15-11:20 de la noche, después atendieron otro caso a eso de la 1:30 am y regresaron nuevamente a la Estación y sin novedad; manifiesta también, que el Cabo Chacón les informó que

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Expediente: 810012339000-2016-00050-01 (63.879) Demandantes: Viviana Margoth Acuña y otros volverían a salir a las 5:00 am, luego de ir a arreglar el pinchazo, salieron nuevamente faltando un cuarto para las seis de la mañana.

Relata además, que la Patrulla estuvo en el barrio San Luis, bajaron por la Calle 19, por la Carrera 13, alrededores del parque principal, el parque del Modelo, la Avenida Incora por el Hospital, luego salieron a la vía a Pamplona y por una “Y” para devolverse al pueblo, cuando iban a 800 metros o un kilómetro se metieron nuevamente al barrio para regresar a entregar turno porque ya eran las 6:30 o 6:35 de la mañana; fue allí cuando se produjo el ataque, sostiene que él logró llegar a una casa a resguardarse y que a los otros compañeros los remataron con tiros de gracia. Manifiesta que no tenían información de ataque contra esa patrulla en específico, sino las amenazas de manera general; que en los poligramas

que se leían en todas las formaciones, se hablaba sobre advertencias de atentados terroristas, presencia de milicianos, plan pistola. Al preguntarle si el patrullaje del 3 de junio de 2014 fue ordenado por el Comandante de la Estación, respondió que no, que fue una simple rutina del turno por parte del comandante de la patrulla. Narró que no había un recorrido preestablecido para la patrulla y en lugar del que tomaron pudieron haber escogido otro, y que la decisión de hacerlo así fue del Comandante de la patrulla. José Luis Novoa Ariza (fl. 458-460, c.l) Dentro de su testimonio, relató que él y sus compañeros habían salido a patrullar durante la noche y que posteriormente, apoyaron las garitas en la madrugada, y que nuevamente a las seis y media de la mañana, salieron otra vez a patrullar para darle ya la última ronda al pueblo, que pasaron por un barrio llamado el Cofavi, por una calle donde había montecito por los lados, que al momento de estar pasando por ahí explotaron dos artefactos, dos bombas, allí cayeron tanto él como sus

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