PGN - REPARACION DIRECTA - Daño antijurídico con ocasión ocupación permanente de un inmueb

REPARACION DIRECTA-Daño antijurídico con ocasión ocupación permanente de un inmueble, a causa de obras y trabajos públicos RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad ACCION DE REPETICION-Tiene su fundamento constitucional en el inc. 2 del art. 90 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Elementos, el daño antijurídico y la imputación REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Daño especial IMPUTACION DEL DAÑO-Definición La imputación, por su parte, es el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión causó el daño. DAÑO ANTIJURIDICO-Definición El daño antijurídico es aquel que la víctima no está obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resulta jurídico si constituye una carga pública que el ciudadano ha de asumir, o antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, y por ende, el afectado no tiene el deber legal de soportarlo.

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5aCdeE/AMV/CHP

IUS-2019-255986

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2019

Doctor

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 19-55

Acción: Reparación Directa Radicado: 25000233600020150202 01 (61178)

Actor: Maria del Pilar Umaña Pardo y otros

Demandada Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Honorable Señor Consejero: Dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, con base en los

argumentos que a continuación se exponen:

1. ANTECEDENTES DEMANDA En ejercicio del medio de control de reparación directa y a través de apoderado judicial, las señoras Maria del Pilar Umaña de Pardo, Helena Umaña de Huertas y la sociedad Inversiones San Miguel S.A.S. presentaron demanda contra la Corporación Autónoma Regional de CundinamarcaCAR, para que se le declare responsable

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250023360002015020200 01 (61178) 5aCdeE/AMV/CHP IUS-2019-255986 extracontractualmente de los daños y perjuicios ocasionados por la ocupación permanente a causa de obras y trabajos públicos que se ejecutan en el inmueble denominado “La Macarena”, ubicado en la jurisdicción municipal de Soacha, por lo que solicitan la condena de

la demandada a adquirir la parte del predio ocupada con la ejecución de las obras y los trabajos públicos. CONTESTACIÓN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCACARse opuso a las pretensiones indicando que no ha causado ningún perjuicio, por considerar que el inmueble denominado “La Macarena” no ha sido ocupado sino entregado de manera anticipada por una orden judicial y que la entidad ha realizado todas las acciones posibles para adquirir el terreno, iniciando por un primer proceso de expropiación, el cual fue fallido, por la cual tuvo que adelantar uno nuevo tras no haber voluntad de acuerdo con las hoy demandantes en la etapa de negociación voluntaria. Que en términos generales la CAR ha efectuado las gestiones correspondientes para adquirir por expropiación la parte del inmueble afectado con el proyecto de adecuación hidráulica del rio Bogotá y que la utilización que la entidad ha hecho del predio ocurrió en virtud de la entrega por orden judicial y no por ocupación, como se afirma en la demanda. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 14 de septiembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: “(…) De igual manera aclara la Sala que si bien la ley faculta a la CAR para iniciar un nuevo proceso de expropiación, su formulación no le otorga ningún 3

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5aCdeE/AMV/CHP IUS-2019-255986 derecho de dominio para realizar obras públicas como titular de una porción del predio la Macarena. Ahora bien, en cuanto a la materialización de la ocupación parcial del inmueble por parte de la CAR la Macarena para la ejecución de obras de adecuación hidráulica del Rio Bogotá, obra en el plenario el informe técnico rendido el 21 de abril de 2014 por personal del FIAB-CAR en el cual consta que en la margen izquierda del predio “se ubican dos instalaciones de infraestructura de bombeo actualmente en funcionamiento lo que implica que las estaciones de bombeo existentes en la orilla actual a lo largo del rio, quedarán en medio del cauce rectificado impidiendo su uso. Es por esta razón que se requiere adelantar la reubicación de las estaciones a un sitio en donde no interfieran con el proyecto de la CAR. Adicionalmente, la misma CAR en su escrito de contestación de demanda, admitió la realización de obras y trabajos públicos en el inmueble la Macarena, de forma permanente, las cuales estaban por finiquitar, en virtud de la entrega ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, y no por ocupación ilegitima como se aduce en la demanda. Por consiguiente considera esta Corporación que la entidad demandada no puede derivar una situación ilegitima de una actuación judicial que perdió efectos jurídicos por haber sido invalidada, pues la consecuencia de la declaratoria de nulidad en este caso fue retrotraer la actuación procesal hasta la etapa de decisión sobre la admisión de la demanda, de manera que la entrega anticipada del predio la Macarena que obtuvo la CAR debió haber

sido autorizada nuevamente por el Juez, sin embargo, como ello no ocurrió la demandada perdió la habilitación judicial otorgada inicialmente para adelantar las obras de adecuación hidráulica en el terreno mencionado. Así las cosas, concluye la Sala que está acreditada procesalmente la ocupación de hecho permanente parcial del inmueble denominado la Macarena desde el 28 de agosto de 2013, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca entidad encargada de la ejecución del proyecto adecuación hidráulica del Rio Bogotá amparadas en el Acuerdo No 030 de 3 de noviembre de 2009. En consecuencia, la Sala declarará a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca administrativamente responsable por la ocupación de hecho permanente de una franja de tierra de 172.767 Mts2 del inmueble la Macarena de propiedad de PILAR UMAÑA DE PARDO; HELENA UMAÑA DE

HUERTAS y la ARQUIDIOSESIS DE BOGOTA.

Así las cosas, ante la ausencia dentro del proceso de un avalúo adecuado del terreno objeto de análisis, la Sala se ve forzada a proferir condena en abstracto, a efectos de que en el trámite del incidente que promueva la parte demandante según lo previsto en el artículo 193 del CPACA, se determine la cuantía de la indemnización por concepto de daño emergente, con base en los parámetros dados en la sentencia de la Sección Tercera Consejo de Estado. Establecer el valor comercial del metro cuadrado de la franja de terreno que se ocupó para el momento en que ello ocurrió, es decir, desde el 28 de

agosto de 2013, cuya área ascendía a 172.767 metros cuadrados, el cual deberá incluir las construcciones o anexos construidos sobre este terreno y que fueron derrumbados para la realización de las obras de adecuación hidráulica del Río Bogotá, para lo que la parte demandante podrá acudir a 4

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250023360002015020200 01 (61178) 5aCdeE/AMV/CHP IUS-2019-255986 la valoración del bien que realice el IGAC, o cualquier otro medio probatorio que de manera fundada, técnica y económica, permitan tener certeza sobre éste valor. Se condena en costas a la parte demandada CAR, por Secretaría de la Sección Liquídense los gastos procesales causados devuélvase el monto remanente por gastos a la parte actora. De las sumas causadas que resulten de la liquidación se impone su pago con cargo a la parte demandada CAR. Fijar como agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de la entidad demandada la suma equivalente a tres millones trescientos noventa mil setecientos pesos ($3.390.700)”. APELACIÓN La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, inconforme con el fallo, a través del recurso de apelación solicitó la modificación de la sentencia en los siguientes aspectos: En cuanto al área del terreno que se ordenó pagar, por cuanto la ocupada realmente con las obras de adecuación hidráulica del Rio

Bogotá fue de 170.991 mts2 y no de 172.767mts2 como se dijo en la sentencia. Lo liquidado por concepto de lucro cesante, porque éste debe ser reconocido solo a partir del 9 y 19 de noviembre de 2014, esto es, cuando fue inscrita la propiedad de las demandantes en el folio de matrícula inmobiliaria, porque antes no eran propietarias. Se debe adicionar la sentencia a efectos de que se ordene el descuento o la compensación de lo liquidado en el proceso de expropiación con lo ordenado pagar en el presente proceso, para evitar así el pago en doble por el mismo concepto. Que dentro del proceso obran pruebas suficientes para dictar una sentencia en concreto y no en abstracto como se hizo. Y que no hay lugar a la condena en costas porque la ocupación del terreno no se realizó de manera arbitraria, sino motivada por la necesidad de la 5

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2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico ¿A partir de las pruebas obrantes en el expediente, están demostrados los elementos para predicar la existencia de responsabilidad patrimonial de la demandada con fundamento en el daño especial ocasionado por la ocupación de un predio para la explotación, adecuación, instalación y

construcción de un pozo petrolero sin permiso de los propietarios del predio y sin el pago de indemnización alguna? DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO La Constitución Política de 1.991 estableció en su artículo 90 que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. El daño antijurídico es aquel que la víctima no está obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resulta jurídico si constituye una carga pública que el ciudadano ha de asumir, o antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, y por ende, el afectado no tiene el deber legal de soportarlo. La imputación, por su parte, es el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión causó el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la 6

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aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución de 1991: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación, entre los cuales el juez, en ejercicio del principio iura novit curia, determina cuál debe aplicarse en cada caso concreto. DEL CASO CONCRETO Los hechos objeto de prueba fueron sintetizados por el a quo de la siguiente manera: “PILAR UMAÑA DE PARDO y HELENA UMAÑA DE HUERTAS desde el fallecimiento de su tío MANUEL UMAÑA PIEDRAHITA ocurrido el día 20 de marzo de 2004 quien fuera titular del predio denominado la Macarena ubicado en el Municipio de Soacha, se encuentran en condición de poseedoras de este inmueble con un derecho de cuota correspondiente a 25% para cada una. Por su parte la Arquidiócesis de Bogotá, desde el 23 de septiembre de 2011, recibió la entrega material del referido inmueble y ejerció la posesión del mismo en cuota del 50% hasta que dicha escritura pudo registrarse en noviembre de 2014. El 30 de noviembre de 2011, la CAR expidió oferta de compra parcial sobre un área de terreno que hace parte del predio de mayor extensión denominado “La Macarena” equivalente a

172.767 mts2, (17.01% del área total) por valor de $ 986.272.490. La oferta de compra no fue notificada, ni dirigida a los herederos determinados, o indeterminados hechos jurídicos que impedían la enajenación voluntaria. En vista de que fue fallida la enajenación voluntaria del predio, la CAR Cundinamarca expidió la Resolución No 0894 del 27 de marzo de 2012, por la cual ordenó por motivos de utilidad pública la expropiación de los derechos de propiedad que JYB

AGROPECUARIAS LTDA y MANUEL UMAÑA PIEDRAHITA ejercían

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250023360002015020200 01 (61178) 5aCdeE/AMV/CHP IUS-2019-255986 en común y proindiviso sobre el bien inmueble denominado la Macarena. La CAR instauró demanda judicial de expropiación del área parcial objeto de oferta y de la resolución de expropiación No 0894 del 27 de 2012 contra JYB AGROPECUARIAS LTDA Y MANUEL UMAÑA PIEDRAHITA cuyo radicado correspondió al No 201200181(A-29) del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha. Por auto del 18 de julio de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha ordenó la entrega anticipada del inmueble para que la CAR Cundinamarca, ejecutara la obra de utilidad pública, la

cual se materializó el 18 de julio de 2013, oportunidad en la cual el apoderado de las herederas del causante Manuel Umaña dejaron constancia de que debían ser vinculadas al proceso so pena de nulidad. La CAR desde el momento en que le entregaron el predio inició la ejecución de las correspondientes obras requeridas para el desarrollo del proyecto denominado adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Rio Bogotá proyecto FIAB. Mediante auto de fecha 20 de agosto de 2013, fue declarada la nulidad del proceso de expropiación, desde el auto admisorio de la demanda, el cual a la postre fuera confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, siendo el motivo de la declaratoria de nulidad, la no vinculación al proceso de los herederos del señor Manuel Umaña, por lo que el juez ordenó su vinculación. En consecuencia, se ordenó levantar la cancelación de la demanda de expropiación. Si bien el 17 de marzo de 2011, se perfeccionó la sucesión intestada de Manuel Umaña Piedrahita, la escritura pública solamente se pudo registrar hasta noviembre de 2014 en razón a las actuaciones de la CAR. La CAR se encuentra por finiquitar las obras públicas del citado proyecto, sin embargo no efectuó las obras de adecuación que permitieran a las propietarias continuar con la funcionalidad del ejercicio de la actividad que allí desarrollaban. La ocupación de la CAR sobre las áreas de terreno son de carácter permanente, pues ya han sido ejecutadas obras permanentes y trabajos públicos sin que a la fecha se haya iniciado proceso de

expropiación sobre parte del predio denominado la “Macarena”. Pruebas Allegadas al Proceso. El 29 de agosto de 2016 se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en la cual se evacuó la prueba 8

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inmueble. Con fundamento en esta decisión fue que la CAR instauró la demanda civil de expropiación del área parcial del inmueble la Macarena contra JYB AGROPECUARIAS LTDA y el BANCO DE BOGOTA, correspondiéndole el conocimiento de dicho proceso al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, despacho que desde el mismo auto admisorio de la demanda el 13 de septiembre de 2012, previa consignación del 50% del avalúo del bien, ordenó su entrega ( Fl 196 c. No 2). La diligencia anterior de entrega parcial anticipada del predio la Macarena se llevó a cabo el 18 de julio de 2013, momento en el cual comparecieron a dicho proceso a través de apoderado judicial las hoy 9

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Soacha, mediante proveído atendió la solicitud de las hoy demandantes, corrigiendo el auto admisorio de la demanda en el sentido de incorporar en el mismo a Manuel Umaña Piedrahita tío de las hoy demandantes. El 20 de agosto de 2013, el mismo despacho judicial decretó la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda por la falta de vinculación de los herederos del causante Manuel Umaña Piedrahita al proceso de expropiación. Aparece que por auto del 5 de noviembre de 2013, el despacho judicial de Soacha rechazó la demanda por cuanto la CAR no allegó en el término concedido el registro civil de defunción de Manuel Umaña Piedrahita, decisión que después de ser apelada fue confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca (Fl 204 a 209 c. No 2). El 27 de julio de 2015, la CAR inició nuevamente el proceso de enajenación voluntaria directa, mediante oferta de compra parcial del lote denominado hacienda la Macarena, pero esta vez dirigida a María del Pilar Umaña Pardo y Helena Umaña de Huertas y la Arquidiócesis de Bogotá, por valor de $1.212’488.220 fijado por el IGAC, notificación de las ofertas llevada a cabo el día 16 de septiembre de 2015 mediante 10

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aviso desfijado el 16 de septiembre de 2015, fecha esta para la cual éste proceso ya había sido radicado desde el 25 de agosto de 2015. El 3 de noviembre de 2015, la CAR mediante Resolución No 2356 ordenó por motivos de utilidad pública la expropiación de los derechos de propiedad de María del Pilar Umaña Pardo y Helena Umaña y la Arquidiócesis de Bogotá ejercidos en común y proindiviso en el predio la Macarena sobre un área de terreno parcial de 17 hectáreas más 991 metros cuadrados que corresponde al 16,84% del área total del inmueble, ordenando igualmente adelantar el proceso judicial de expropiación y la obtención anticipada del inmueble como se había hecho en la ocasión anterior.( Fls 261 263 c. No 2). El 29 de abril de 2016, la CAR interpuso demanda contra María del Pilar Umaña Pardo y Helena Umaña y la Arquidiócesis de Bogotá con el fin de obtener la expropiación parcial del predio la Macarena, demanda admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha el 9 de junio de 2016, razón por la que el despacho judicial ordenó a la par de la admisión, la inscripción de la demanda en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. De conformidad con lo evidenciado en las anotaciones 22 y 25 del folio de matricula inmobiliaria obrante (Fl 100 c. No 22) se encuentra que solo hasta el día 9 de noviembre de 2014 se registró la escritura 567 del 2011, contentiva de la adjudicación en sucesión del 50% del lote a

favor de las aquí demandantes MARIA DEL PILAR UMAÑA HUERTAS y HELENA UMAÑA DE PARDO y el cincuenta restante a favor de la Arquidiócesis de Bogotá fue registrado el 19 de noviembre de 2014. Así las cosas, para esta Delegada le asiste razón a la apelante cuando alega que si bien las demandantes acreditaron el título del inmueble la “Macarena” mediante escrituras públicas con números 561 del 17 de marzo de 2011 y 2508 del 23 de septiembre de 2011, estos documentos solamente fueron 11

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250023360002015020200 01 (61178) 5aCdeE/AMV/CHP IUS-2019-255986 registrados -inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria del predio hasta el día 9 y 19 de noviembre de 2014 respectivamente, por lo que de conformidad con la legislación vigente, fue solo en esa fecha cuando adquirieron el pleno dominio sobre el predio y con él sus efectos, esto es, la reclamación por los daños provocados por la entidad demandada, razón por la cual, a juicio de esta Delegada, y conforme lo solicita la apelante, es procedente que los perjuicios a resarcir a título de lucro cesante y daño emergente se liquiden a partir del 9 y del 19 de noviembre de 2014 respectivamente, y no como se realizó solicitándose por tanto la modificación de la sentencia en ese sentido.

En relación con la solicitud de la apelante relacionada con la modificación de la sentencia en el aspecto del área real de terreno ocupada, para esta agencia del Ministerio Público es procedente tal modificación, ya que como bien se observa desde la nueva solicitud de oferta de compra radicada con el No CAR 20152123275 del 27 de julio de 2015, notificada a las hoy demandantes, esta solicitud de compra y venta de una franja de terreno se realizó por un área de 170.991 mts2 metros cuadrados, razón por la que esta debe ser el área que debe declararse ocupada y no la que fue establecida en la sentencia de 172.767, información que también se evidencia en el documento Resolución No 2356 del 3 de noviembre de 2015, por medio de la cual se ordena la expropiación y con el informe de avalúo. Así las cosas, es evidente que de las pruebas aportadas se concluye que el área de terreno realmente ocupada corresponde a 170.991 mts2 y no a los 172.767 mts2, que fueron los determinados en la sentencia objeto de alzada, debiéndose modificar por tanto la sentencia en este sentido. De otro lado, comparte esta Delegada lo alegado por la apelante en el sentido de que el predio cuenta con un avalúo elaborado por el IGAC, el cual es conforme a los mandatos de la Resolución No 620 del 23 de septiembre de 2008, mediante el cual se establecen los procedimientos para los avalúos oficiales ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 con sus respectivos soportes, los que permiten evidenciar las 12

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Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250023360002015020200 01 (61178) 5aCdeE/AMV/CHP IUS-2019-255986 conclusiones de los peritos, las cuales aparecen soportadas técnicamente y en ese orden de ideas lo recomendado es que hay material probatorio suficiente para dictar sentencia en concreto y no en abstracto como se hizo. En cuanto a la adición de la sentencia, para que al momento de liquidar los haberes ordenados en la presente demanda se descuente la suma de $1.212.488.220, cancelada por la demandada con cargo al proceso expropiación radicado con el No 2016-125 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha. Se debe señalar que a juicio de ésta Delegada, la solicitud es procedente, toda vez que esta suma de dinero por valor de $1.212.488.220 fue efectivamente consignada por la demandada, con cargo al pago del predio ocupado conforme el valor del avalúo catastral para la fecha razón por que dicha cuantía se debe abonar a lo que resulte liquidado en el presente proceso. Por último, frente a la petición para que no haya condena en costas en contra de la demandada teniendo en cuenta que no actuó de mala fe o con una conducta dilatoria como era la exigencia de la época para poder condenar en costas a la parte vencida, se debe indicar que teniendo en cuenta la fecha de radicación del presente proceso, le son aplicables las nuevas disposiciones tanto del CPACA como del nuevo Código General del Proceso, disposiciones según las cuales hay lugar a la condena en costas a la parte vencida sin excepción alguna sin

necesidad de acreditar una conducta dilatoria de ésta. En efecto el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo indicado en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, señalan que debe condenarse en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en la controversia judicial. 13

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IUS-2019-255986 Por su parte, el Código General del Proceso1, norma vigente para el momento de presentación de la demanda y emisión de la sentencia de primera instancia, indica que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, y que para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, y que si éstas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. En consecuencia para esta agencia del Ministerio Público conforme las nuevas disposiciones citadas hay lugar a la condena en costas y por ende no se debe revocar el numeral de la parte resolutiva de la sentencia atacada.

Con base en las anteriores reflexiones, esta Delegada emite el siguiente: CONCEPTO De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas, y con las 1 ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código… 2… ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…)

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

(…) 14

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Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250023360002015020200 01 (61178) 5aCdeE/AMV/CHP IUS-2019-255986 consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada hay lugar a la modificación de la sentencia apelada en cuanto al área real del terreno ocupada la cual es de 170.991 mts2, lo mismo que respecto de la fecha a partir de la cual se deben liquidar los perjuicios a las demandantes ya que se demostró que solo a partir de los días 9 y 19 de noviembre de 2014 respectivamente, fue inscrita la propiedad en el folio de matrícula, por lo que solo a partir de esa fecha pueden reclamar derechos accesorios sobre esa propiedad lo cual se reflejará en la liquidación de lo concedido por lucro cesante y daño emergente. Así mismo, es pertinente la adición de la sentencia para que se clarifique que lo pagado por concepto del proceso de expropiación a las demandantes tramitado ante la justicia ordinaria haga parte de la liquidación del presente proceso, evitando así el do