PGN - REPARACION DIRECTA - No había operado el fenómeno de la caducidad

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPARACION DIRECTA-Privación injusta de la libertad, eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la victima RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Derivada de la privación injusta de la libertad Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penal– y de la Ley 270 de 1996, puntualizando cada uno de los casos en que se puede declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva ampliando también la posibilidad: “… por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede

ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva” CONDUCTA DEL IMPUTADO-Necesidad de verificación en el proceso administrativo. DERECHO A LA LIBERTAD-Control de convencionalidad Del preámbulo y de otros preceptos constitucionales se deriva la consagración de la libertad como un principio sobre el cual reposa la construcción política y jurídica del Estado y como derecho fundamental, dimensiones que determinan el carácter excepcional de la restricción a la libertad individual. La efectividad y alcance de este derecho se armoniza con lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, por medio de los cuales se estructura su reconocimiento y protección, a la vez que se admite una precisa y estricta limitación de acuerdo con el fin social del Estado De acuerdo con tal precepto, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivo previamente definido en la ley. El texto precisa así mismo que iv) la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201 persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley, y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA-Eximente de la responsabilidad en caso de la privación injusta de la libertad El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, “(…) cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley (…) Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder - activo u omisivode la propia víctima. Es a la parte demandada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada la causal de exoneración por el hecho exclusivo y determinante de la víctima. Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C-037-96 del 5 de febrero de 1996 declaró la constitucionalidad de la norma citada, para lo cual sostuvo:

CARGA DE LA PRUEBA-La parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le asiste RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL DEL ESTADO-Le asiste por el daño antijurídico a los demandantes/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL DEL ESTADO-Debe ser indemnizado Corolario a lo anterior, encuentra el Ministerio Público que le asiste responsabilidad administrativa a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Fiscalía Primera Especializada de Florencia, por el daño antijurídico que se le causó a los demandantes y que no estaban en la obligación de soportar, pues la investigación penal que fundamentó la privación de la libertad del señor Jairo Rivera Naveros, nunca tuvo soporte legal mucho menos probatorio; de esta manera la privación se torna injusta y debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, advirtiéndose que conforme al ordenamiento jurídico que regía el sistema penal para el momento en que se adelantó la investigación penal que motivó la privación de la libertad del señor Jairo, era la Fiscalía General de la Nación la entidad que debía sustentar jurídica y probatoriamente la imposición de la medida de aseguramiento. REPARACION DIRECTA-No había operado el fenómeno de la caducidad Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 2

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601;

18001233100020100016201 De esta manera, es evidente que para la fecha en que se inició el proceso de reparación directa, el 12 de febrero de 2007, no había operado el fenómeno de la caducidad, debiéndose efectuar un análisis de fondo del asunto. Asimismo, del material probatorio obrante en el plenario, contrario a lo manifestado por el Tribunal de primera instancia, encuentra el Ministerio Público debidamente acreditado el daño antijurídico, además, de la culpa atribuible a la administración de justicia en cabeza de la Nación - Fiscalía General de la Nación, y el nexo causal generado entre los dos primeros.

CONCEPTO No. 0050 / 2019

Bogotá, D.C., 220 de enero de 2019. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 3

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601;

18001233100020100016201

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente Doctora MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 180012331000200900118 01 (56729) ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201.

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Jairo Rivera Naveros y otros.

DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación.

Sentido del concepto: Negar las pretensiones de las demandas solicitadas en los procesos 2010-00162-01 (59745) y 2009-00036-01 (55897), por la presunta privación injusta de la libertad invocada por los señores Alirio y Aníbal Rivera Naveros la cual no se tornó de injusta / Las actuaciones desplegadas por la Fiscalía Primera Especializada dentro de la investigación penal adelantada en contra de los actores se encuentran ajustadas al deber legal y constitucional que le asiste al ente acusador / Se encontró acredita el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima / El Juez administrativo debe analizar la conducta de los sindicados dentro del proceso penal. / Solicitud de REVOCAR la sentencia proferida en el expediente 2009-00118-01 (56729) / Se encontró configurado el daño antijurídico invocado por el señor Jairo Rivera Naveros / Se acreditaron los elementos necesarios para deprecar la responsabilidad civil y administrativa de la demandada / Si bien todo ciudadano se encuentra en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, no es cierto que tenga que soportar una detención injusta / La medida de aseguramiento se impuso con base en simples conjeturas fundamentándola en un testimonio que luego se concluyó que carecía de verdad / La Fiscalía como ente investigador

debe establecer con un mínimo grado de certeza, si el hecho investigado realmente ocurrió, si se encuentra tipificado en la ley penal, y quiénes son los autores o partícipes del mismo / La restricción a la libertad significa conculcar los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos / Control de Convencionalidad. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en cumplimiento de la función legal que le asiste, que se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y los derechos garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1.Demanda. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 4

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601;

18001233100020100016201 Cada uno del grupo de personas que conforma la parte activa dentro de los tres expedientes acumulados en el presente, demandan en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios generados con la presunta privación “injusta” de la libertad ocasionados a los hermanos Jairo Rivera Naveros, Aníbal Rivera Naveros y Alirio Rivera Naveros,

quienes fueron vinculados al proceso penal, sindicados del punible de extorsión agravada en la modalidad de tentativa. Posteriormente, el día 05 de octubre del 2004, la Fiscalía Primera Especializada de Florencia, resolvió la situación jurídica de los detenidos dictando en su contra medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. En etapa de juzgamiento, el 05 de julio del 2005, el Juzgado Penal del Circuito Especializado, profirió sentencia absolutoria de primera instancia en favor del señor Jairo Rivera Naveros, y condenatoria en contra de los señores Alirio y Aníbal Rivera Naveros, como coautores responsables del delito de tentativa de extorsión agravada, imponiendo en su contra pena de 84 meses de prisión y multa equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia de primera instancia proferida en el proceso penal, adelantado en contra de los actores, fue apelada por los señores Alirio y Aníbal Rivera Naveros, recurso que fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), quien profirió el 19 de septiembre de 2006, providencia revocando la decisión de primera instancia y en consecuencia ordenó la libertad inmediata e incondicional de los aquí demandantes. Cada uno de los tres expedientes fueron tramitados de manera independiente y fallados, No obstante, durante el trámite de segunda instancia adelantado en el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, se decretó de manera oficiosa mediante Auto del 2 de agosto de 2018, proferido por la Consejera Dra. Marta Nubia

Velásquez Rico la acumulación procesal, de los expedientes con radicado interno No 59.745 y 55.897, en el expediente que su despacho sustanciaba bajo en número Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 5

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201 interno 56.729; lo anterior, en virtud del principio de celeridad y economía procesal. 1.1.1. Expediente No 180012331000200900118 01 (56729).

El señor Jairo Rivera Naveros y otros, a través de apoderado judicial, entablaron demanda, contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, presuntamente por la "privación injusta de la libertad," del señor Jairo Rivera Naveros, quien fue capturado el 30 de mayo de 2004, por personal perteneciente al Grupo Gaula del Departamento del Caquetá, una vez adelantado el trámite de la investigación penal, en etapa de juzgamiento fue dejado en libertad por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, mediante decisión del 05 de julio del 2005, al declarar la absolución del demandante.

De lo anterior, se tiene que el señor Jairo Rivera Naveros se encontró privado de su libertad por el término de 1 año, 1 mes y 5 días. 1.1.2. Expediente acumulado No 18001233100020090003601 (55897). Mediante escrito radicado el 2 de febrero de 2007, por intermedio de apoderado judicial, el señor Alirio Rivera Naveros y otros, interpusieron demandada de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que sea declarada administrativa y civilmente responsable por los perjuicios causados a los actores, con ocasión de la presunta privación “injusta” de la libertad, de la cual fue víctima el señor Alirio Rivera Naveros, quien fue capturado el 11 de febrero de 2004, por personal perteneciente al Grupo Gaula del Departamento del Caquetá. Mediante decisión de primera instancia penal, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, del 05 de julio del 2005, se declaró responsable del delito imputado, decisión que fue objeto del recurso de apelación sustentado por los condenados, el cual fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), quien profirió el 19 de septiembre de 2006, providencia revocando la decisión de primera instancia y en consecuencia ordenó a libertad inmediata e incondicional del señor Alirio Rivera Naveros. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

YPCF 6

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601;

18001233100020100016201 De lo anterior, se tiene que el señor Alirio Rivera Naveros se encontró privado de su libertad por el término de 2 años, 7 meses y 9 días. 1.1.3. Expediente acumulado No 18001233100020100016201 (59745). El señor Aníbal Rivera Naveros y otros, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, mediante escrito del 4 de febrero de 2011, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que sea declarada administrativa y civilmente responsable por los perjuicios causados a los actores, con ocasión de la presunta privación “injusta” de la libertad, de la cual fue víctima el señor Aníbal Rivera Naveros, quien fue capturado el 16 de febrero de 2004, por personal perteneciente al Grupo Gaula del Departamento del Caquetá. Posteriormente, en decisión de primera instancia penal, proferida el 05 de julio del 2005, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, se declaró responsable del delito imputado, decisión que fue objeto del recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), quien profirió el 19 de septiembre de 2006, providencia revocando la decisión de primera instancia y en consecuencia ordenó la libertad inmediata e incondicional del señor Aníbal Rivera

Naveros. De lo anterior, se tiene que el señor Alirio Rivera Naveros se encontró privado de su libertad por el término de 2 años, 7 meses y 4 días. 1.2. Sentencia de primera instancia. 1.2.1. Decisión proferida dentro del expediente No 180012331000200900118 01 (56729). El Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, mediante acta No 183 del 15 de diciembre de 2015, resolvió negar las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, argumentando, en síntesis, lo siguiente: Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 7

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201  Al analizar las pruebas incorporadas al expediente, encontró debidamente probado la Sala que el señor Jairo Rivera Naveros, estuvo vinculado aun proceso penal por el delito de extorsión, en virtud de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, razón por la cual dictó en su contra medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. Sin embargo, luego de adelantarse la correspondiente investigación, el Juzgado Penal del Circuito, mediante sentencia del 05 de julio de 2005, declaró la absolución del señor Jairo Rivera Naveros. No obstante, lo anterior,

manifestó el A Quo, que no se aportó la constancia de ejecutoria de la providencia de absolución, por lo que no se tiene certeza que el señor Rivera Naveros haya sido absuelto en forma definitiva y que se le haya causado un daño antijuridico con la privación de su libertad.  Mencionó que un proceso judicial solo culmina con la ejecutoria de su sentencia, esto es, en el momento en que la decisión queda en firme, bien porque no se interpusieron los recursos de ley, o cuando estos se decidan.  Conforme a lo anterior, concluyó que el presunto daño antijuridico alegado por la parte actora con ocasión de la privación “injusta” de la libertad del señor Jairo Rivera Naveros, no se logró acreditan en el sub judice, en razón a que la providencia del 5 de julio de 2005, que absolvió al señor Rivera Naveros, no tiene constancia de ejecutoria, impidiendo por una parte contabilizar el termino de caducidad de la acción de reparación directa, y por otra, determinar si la decisión del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, quedó en firme, toda vez que en contra de la sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Florencia – Caquetá y en caso de haber sido recurrida, pudo en el mejor de los casos haberse confirmado o por el contrario revocado.  De esta manera, determinó que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le asiste, al no haber aportado la constancia de ejecutoria de la sentencia

absolutoria del señor Jairo Rivera Naveros, ni dentro del libelo de la demandatorio se mencionó que la misma haya quedado en firme, máxime, cuando se visualiza a folio Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 8

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201 71 de la referida decisión en puño y letra de los señores Aníbal Rivera Naveros y Alirio Rivera Naveros, registraron la palabra “APELO”, lo cual, permite presumir que la providencia tuvo segundo instancia.  Corolario a lo anterior, declaró el Tribunal que el daño antijurídico como primer elemento para endilgar la responsabilidad al Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, no se logró acreditar por parte del extremo activo, por lo tanto, procedió a negar las pretensiones de la demanda. 1.2.2. Decisión proferida dentro del expediente acumulado No 18001233100020090003601 (55897).

El Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 31 de agosto de 2015, resolvió negar las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, argumentando, en síntesis, lo siguiente:  Como medio de prueba de la presunta privación injusta de la libertad de que fue

objeto el señor Alirio Rivera Naveros, obra en el expediente la sentencia absolutoria proferida el 19 de septiembre de 2006, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), mediante la cual, se ordenó su libertad inmediata; empero, no se aportó la constancia de ejecutoria de la mencionada providencia.  Al respecto, mencionó que un proceso judicial solo culmina con la ejecutoria de su sentencia, esto es, en el momento en que la decisión queda en firme, bien porque no se interpusieron los recursos de ley, o cuando estos se decidan.  De esta manera, concluyó el Tribunal Ad Quo, que el presunto daño antijurídico alegado por la parte actora con ocasión de la privación “injusta” de la libertad del señor Alirio Rivera Naveros, no se logró acreditar dentro del plenario, en razón a que la providencia del 19 de septiembre de 2006, que absolvió al demandante, no tiene constancia de ejecutoria, impidiendo por una parte contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa, y por otra, determinar si la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, quedó en firme, toda vez que en Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 9

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201 contra de la sentencia de segunda instancia procede el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia y en caso de este haber sido presentado, pudo en el mejor de los casos haberse confirmado o por el contrario revocado.  Corolario a lo anterior, declaró el Tribunal que el daño antijurídico como primer elemento para endilgar la responsabilidad al Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, no se logró acreditar por parte del extremo activo, por lo tanto, procedió a negar las pretensiones de la demanda. 1.2.3. Decisión preferida dentro del Expediente acumulado No 18001233100020100016201 (59745).

El Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del 30 de junio de 2016, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, declarando patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, sin condena en costas, argumentando, en síntesis, lo siguiente:  Encontró debidamente demostrada el Tribunal, que el 20 de febrero de 2004, el señor Aníbal Rivera Naveros fue capturado por miembros del Grupo Gaula, sindicado del delito de extorsión agravado en la modalidad de tentativa, investigación penal que fue adelantada por la Fiscalía Primera Especializada de Florencia. Posteriormente, el 5 de julio de 2005, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, resolvió condenar al hoy demandante a la pena principal de 84 meses de prisión, y al pago de la multa por valor equivalente a 300 SMLMV, como coautor materialmente

responsable del delito imputado.  La anterior decisión, fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, mediante decisión del 19 de septiembre del 2006, en el que se decidió absolver al señor Aníbal de los cargos imputados, y en consecuencia ordenó su libertad inmediata; decisión que quedo debidamente ejecutoriada el 20 de octubre de 2006. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 10

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201  Mediante el certificado emanado por el INPEC, obrante al plenario, confirmo el Tribunal de Primera Instancia que el señor Aníbal Riveros Naveros, ingresó a la cárcel de Florencia el 10 de febrero de 2004, por el delito de extorsión a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada, retomado su libertad el 20 de septiembre de 2006 mediante boleta No 24826, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia.  De esta manera, determino la Sala, que al señor Aníbal y su familia le fue impuesta una carga que no estaban en la obligación de soportar, generándoles un daño el cual

debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la obligación de la NaciónFiscalía General de la Nación, indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los aquí demandantes.  Así las cosas, procedió a reconocer los perjuicios morales generados a los demandantes, así como los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en favor del señor Aníbal Rivera Naveros. 1.3. Argumentos de la apelación. 1.3.1. Presentados en los expedientes No 180012331000200900118 01 (56729); y 18001233100020090003601 (55897). El apoderado de los demandantes, sustentó en los mismos términos el recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia No 183, proferido en el expediente 180012331000200900118 01 (56729); y la decisión del 31 de agosto de 2015, proferida en el proceso 18001233100020090003601 (55897), ambos pronunciamientos efectuados por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, decisiones que fueron adversas a las pretensiones de la demanda, solicitando que sean revocados, argumentando, en síntesis:  Contrario a lo indicado por el Tribunal, en el caso en concreto se logró acreditar la existencia de los elementos necesarios para que se declare la responsabilidad del Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 11

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601;

18001233100020100016201 Estado, toda vez que, que el señor Jairo Rivera Naveros fue privado de su libertad, derecho fundamental que se debe proteger y que en el proceso penal fue transgredido injustamente, siendo posteriormente absuelto, imponiéndole al hoy demandado una carga que no estaba en el deber jurídico de soportar, convirtiéndose de esta manera el daño en antijurídico debido a la privación injusta de la libertad del señor Rivera Naveros desde el 30 de mayo del 2014 al 05 de julio de 2005.  Por lo anterior, es evidente que el fallador de primera instancia cometió un desacierto al argumentar “como no se aportó constancia de ejecutoria de dicha providencia, no se tiene certeza de que el señor RIVERA NAVEROS haya sido absuelto en forma definitiva y que se le haya causado un daño antijurídico con la privación de su libertad”, con estos argumentos, el tribunal ignoró las situaciones jurídicas en que se encontraba el actor, ya que como consta en el acta de diligencia de notificación personal solo la parte pasiva dentro del proceso penal los señores Aníbal Rivera Naveros y Alirio Rivera Naveros presentaron recurso de apelación contra la sentencia proferida en la instancia penal, sin que la Fiscalía General de la Nación presentara recurso alguno, estableciendo de esta manera un límite al Tribunal Superior del Distrito – Sala Penal para desatar la segunda instancia, el cual solo debía pronunciarse la situación desfavorable de los entonces apelantes, lo cual traduce en que el Tribunal Superior

no podía haber revocado o confirmado la sentencia proferida por el Juez Penal del Circuito Especializado, en lo referente a la absolución del señor Jairo Rivera Naveros, toda vez que, no fue apelante ni tenía interés jurídica en apelar lo favorable de su situación, encontrándose desde el 05 de julio del 2005 resuelto favorablemente el proceso penal en contra del hoy demandante.  En cuanto a la falta de interés y el incumplimiento de la carga de la prueba por parte del extremo activo, mencionó el apelante que una vez el Tribunal de primera instancia libró los oficios dirigidos al Tribunal Superior del Distrito de Florencia y al Instituto Penitenciario y Carcelario de Florencia, solicitando las pruebas requeridas, se presentaron el día 12 y 13 de junio de 2014, respectivamente, demostrando con lo anterior, que la parte actora siempre estuvo interesado en la practica de las pruebas ordenadas por el despacho, sin embargo, esta no fue aportada al proceso debido a Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co YPCF 12

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp. No (56729) 180012331000200900118 01

ACUMULADOS: 18001233100020090003601; 18001233100020100016201 que las instituciones solicitadas no colaboraron con la administración de justicia, pues actuaron con negligencia y pasividad frente a los requerimientos realizados. De igual

manera, se remitió orden judicial al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, solicitando allegar al presente proceso copia auténtica e íntegra del proceso penal que se adelantó en contra del señor Jairo Rivera Naveros y otros por e