PGN - REPARACION DIRECTA - Perjuicios ocasionados por la omisión de los demandantes en des

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Perjuicios ocasionados por la omisión de los demandantes en desalojar a invasores de los predios de su propiedad ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Para la época de los hechos caducaba al vencimiento del plazo de dos años Conforme al numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. CONSEJO DE ESTADO-Indica que el legislador instituyó la figura de la caducidad para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales El Consejo de Estado ha indicado que con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una consecuencia negativa del ejercicio del derecho de acción por fuera del término que la ley haya instaurado para el efecto. Así, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-En el caso que nos ocupa el término de caducidad está vencido Por tanto, en ejercicio de la acción de reparación directa y conforme a los términos de caducidad previstos en el Código Contencioso Administrativo, la parte actora

podía concurrir a la justicia hasta el 15 de enero de 2004, pero tal como puede verse en la constancia de presentación personal de la demanda, sólo lo hizo hasta el 29 de agosto de 2011, esto es, cuando se habían superado con creces los dos años previstos para instaurar la acción de reparación directa frente a las eventuales omisiones de las autoridades demandadas. De conformidad con las normas citadas, con las pruebas allegadas, con la jurisprudencia invocada y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, esta Procuraduría Delegada comparte la existencia de caducidad que fue declarada en la decisión de primera instancia,…

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms

IUS-E-2018-075254

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2018 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 18-021

Acción: Reparación Directa Radicado: 19001234005201100355 01 (60446)

Actor: Jairo Muñoz Paredes y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía

Nacional, Municipio de Patía (Cauca) Honorable Señora Consejera, Estando en el término del traslado especial, procede esta

Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante el cual solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

ANTECEDENTES

La Demanda 2 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms

IUS-E-2018-075254

En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, los señores HUGO HERNÁN y JAIRO MUÑOZ PAREDES solicitaron que se declarara administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y al municipio de Patía (Cauca), por las omisiones en las que incurrieron en el desalojo de invasores a los predios rurales “Cascajal” y “Lote”, identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 128-4096 y 128-4097, ubicados en la vereda Santacruz del municipio de Patía (Cauca), y de propiedad de los demandantes. Contestación Municipio de Patía (Cauca) La entidad territorial se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicó que el presunto desalojo violento de los predios de los demandantes no le resultaba imputable, que el expediente carecía de medios probatorios que acreditaran los perjuicios invocados, que no existía falla alguna de su parte y, en su defensa, propuso la excepción “caducidad de la acción”, pues los demandantes dejaron pasar el tiempo sin ejercer las acciones judiciales correspondientes, y solo

concurrieron a la jurisdicción cuando habían trascurrido más de 12 años desde la ocurrencia de los hechos. Ministerio de Defensa – Policía Nacional La entidad castrense se opuso las pretensiones por estimar que no estaban demostrados los presupuestos fácticos en los que se fundamentaba la demanda y la responsabilidad administrativa que se le endilgaba, proponiendo además las excepciones “caducidad de la acción” y “falta de legitimación por pasiva”. 3 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms

IUS-E-2018-075254

Sentencia de primera instancia Por providencia del 9 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo del Casanare declaró probada la excepción “caducidad de la acción”, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) 8.11. Lo anterior, teniendo en cuenta que de las pruebas allegadas se desprende que el señor Jairo Muñoz presentó querella por presunta ocupación de unos predios de su propiedad a partir del 25 de agosto de 2000 por aproximadamente 20 personas y, por consiguiente, una vez presentada la querella y esta haber sido aplazada el 12 de enero de 2002 “hasta tanto las condiciones de orden público mejoren o se pueda llevar a cabo la diligencia sin que se corra riesgo para las partes y los funcionarios, es decir, semanera (sic) indefinida, esta decisión fue notificada personalmente al señor Jairo Muñoz el 15 de enero de la misma anualidad, es claro que en ese momento se consolidó el daño que ellos dijeron haber sufrido, de suerte que la demanda debió

instaurarse, a más tardar, el 16 de enero de 2004; sin embargo, esta fue presentada el 29 de agosto de 2011, esto es, por fuera del término de ley. 8.12. Y es que la Corporación no comparte las razones esgrimidas por los demandantes en cuanto aseguran que es a partir del auto de 27 de octubre de 2010 proferido por el inspector de Policía y de los oficios suscritos por el comandante del Tercer Distrito de Policía del Bordo, el último de fecha 18 de noviembre de 2010, que adquieren la certeza de que las instituciones encargadas de reestablecer el statu quo solicitado no van actuar, es decir, no se puede decir que el daño se había prolongado en el tiempo; al respecto, es importante señalar que el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no impide que el término de caducidad comience a operar; de lo contrario, esto es, en los casos en que el daño sea permanente, la acción no caducaría jamás. A partir de esta fecha, 15 de enero de 2002, es que se debe contar la caducidad de la acción porque de lo contrario la acción no caducaría al punto que en este momento 16 años después el orden público no ha mejorado y el inspector de policía no puede volver las cosas al estado en que se encontraban porque ya cambiaron en estos largos años. Los demandantes en esta reparación directa tenían dos años a partir del momento en que se presentó la omisión. (…) 4 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms

IUS-E-2018-075254

La caducidad, por ser de orden público, es indisponible e irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos tácticos, debe declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes, pues ella opera por el solo transcurso del tiempo y su término perentorio y preclusivo, por regla general no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga (…). Conforme a lo anteriormente planteado, se tiene que en el caso concreto se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, puesto que desde el 15 de enero de 2002, la parte actora tuvo conocimiento del supuesto daño por parte de las entidades demandadas por no establecer el statu quo solicitado sobre los inmuebles rurales Cascajal y Lote. Así las cosas, la demanda de reparación directa debió ejercerse a más tardar el 15 de enero de 2004, y la misma se ejerció el 29 de agosto de 2011, esto es, por fuera del término perentorio estipulado por la ley. (…)” Apelación El apoderado de la parte actora indicó que por tratarse de un hecho lesivo continuado o permanente la caducidad debía tener un conteo excepcional, pues los afectados tenían esperanza y seguridad de que el Estado lograría restablecer sus derechos por los medios policivos, pero como ello no fue posible, tampoco podía empezar a contabilizarse dicho término, por lo cual solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder las súplicas de la demanda.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico ¿Se encuentra afectada de caducidad la acción promovida por los señores Hugo Hernán y Jairo Muñoz Paredes para obtener el pago de los perjuicios ocasionados por la omisión 5 19001234005201100355 01 (60446)

5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2018-075254 de las entidades demandadas en desalojar a invasores de predios de su propiedad?

2. Análisis jurídico Conforme al numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

El Consejo de Estado1 ha indicado que con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una consecuencia negativa del ejercicio del derecho de acción por fuera del término que la ley haya instaurado para el efecto. Así, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Caso concreto Los hechos en los que la parte actora sustentó sus pretensiones fueron descritos en la decisión de primera instancia en los siguientes términos: 1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION

TERCERA - SUBSECCION A - Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON (E) - Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) - Radicación número: 08001-23-31000-1999-02289-01(34121) - Actor: JOSE DE JESUS MUÑIZ RUEDA 6 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2018-075254 “2.2.1. Que los señores Jairo y Hugo Hernán Muñoz Paredes son los propietarios de los predios rurales “Cascajal” y “Lote” ubicados en la vereda Santacruz del municipio de PatíaCauca, que desde su adquisición y hasta la época en que fueron invadidos fueron explotados por ellos con ganadería de levante y ceba. 2.2.2. Señalan que el 25 de agosto de 2000 varias personas y colonos ingresaron a los mencionados predios para realizar actos perturbatorios de la posesión, picando la tierra y desplazando a los propietarios. 2.2.3. Que por lo anterior ellos solicitaron a la alcaldía municipal del Patía (C) la correspondiente protección para restablecer el statu-quo, mediante la querella de Policía respectiva que se radicó en esa entidad el 4 de septiembre de 2000; el alcalde de la época, mediante Resolución núm. 244 del 30 de noviembre de 2001, delegó su responsabilidad ante el inspector de Policía, funcionario que a su vez admitió la querella mediante Resolución del 4 de diciembre de 2001.

2.2.4. Luego de practicar algunos testimonios el inspector solicitó al comandante del Distrito núm. 3 de Policía en el Bordo - Cauca prestar seguridad para realizar la diligencia de inspección ocular a los predios invadidos, se fijó para el día 17 de enero de 2002, dice que la solicitud hecha por parte del inspector fue negada mediante el oficio 003/KDTRES-DECAU del 9 de enero de 2002 por motivos de orden público y presencia permanente de grupos subversivos. 2.2.5. Que con esta negativa el inspector de Policía mediante la Resolución de fecha 12 de enero de 2002 decidió suspender la práctica de la inspección ocular de manera indefinida. 2.2.6. Indica que el 27 de octubre de 2010 el inspector de Policía decretó la práctica de la inspección ocular para el día 10 de noviembre de 2010, diligencia que se aplazó nuevamente por no contar con el apoyo policial correspondiente debido a la situación de orden público. 2.2.7. Señala que el funcionario investigador autorizó la realización de la diligencia de inspección ocular a la perito María Janeth Guzmán Muñoz, quien realiza la correspondiente experticia a los predios “Cascajal” y “Lote”, que el dictamen se practicó el 2 de diciembre de 2010 y en él se señala que los predios fueron invadidos por un número plural de personas, las cuales ejercen en ellos actividades de explotación agrícola, ganadería y piscícola desde hace más de 10 años. 2.2.8. Manifiesta que bajo estas condiciones la querella

policiva , cuyo trámite lleva más de diez años, perdió su razón de ser, dado que la situación de hecho y las invasiones que 7 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2018-075254 se pretendían impedir se consolidaron con el tiempo, creando las condiciones para que los invasores puedan adquirir por prescripción adquisitiva del dominio las fincas que invadieron. 2.2.9. Dice que por la permisibilidad y falta de acción de las autoridades, los predios fueron sembrados con cultivos ilícitos, circunstancia que obligó a los dueños solicitar a la Personería Local de Chapinero y al superintendente de notariado y registro la inclusión de sus predios en el programa de protección de predios previsto en la Ley 1152 de 2007, acto que se registró oportunamente; que debieron solicitar ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio del Interior y de Justicia y a la Dirección del Programa de Acción Social de la Presidencia de la República, la adopción de medidas y las investigaciones correspondientes por la existencia de cultivos ilícitos en los predios de los que fueron despojados, dicen que las solicitudes no tuvieron efecto alguno ni la respuesta esperada. 2.2.10. Que los hechos relatados se configuran en un falla en el servicio por omisión atribuible al municipio del Patía (C) y a la Policía Nacional, instituciones que se abstuvieron deliberadamente, con razón o sin ella, de ejercer las competencias encaminadas a proteger el derecho al uso, goce y propiedad que sobre los predios rurales “Cascajal” y “Lote”,

tenían los demandantes, la anterior omisión ha ocasionado graves perjuicios patrimoniales a los demandantes.” Se encuentra acreditado que el 4 de septiembre de 2000, con ocasión de la invasión a predios de los señores JAIRO y HUGO HERNÁN PAREDES, dichas personas instauraron una querella policiva en la Alcaldía de Patía (Cauca), trámite cuyo adelantamiento correspondió a la inspección de dicho municipio, la cual, mediante auto del 4 de diciembre de 2000 dispuso su admisión, ordenó la práctica de pruebas testimoniales y decretó una inspección ocular al inmueble objeto de la querella. Mediante oficio del 9 de enero de 2002, atendiendo a la solicitud de apoyo remitida por el Inspector de Policía Municipal de El Bordo, el Comandante del Distrito Número Tres del Departamento de Policía Cauca respondió2 que por factor de orden público y presencia permanente de grupos subversivos no era factible prestarle el apoyo 2 Folio 61 – cuaderno 4 8 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2018-075254 de personal propio para realizar la actividad de diligencia de inspección ocular al predio, por lo cual, mediante auto del 12 de enero de 20023, el citado inspector decidió suspender la práctica de la diligencia hasta tanto las condiciones de orden público mejoraran o se pudiera llevar a cabo sin riesgo para las partes y los funcionarios. De la anterior determinación tuvo conocimiento la parte actora el 15 de enero de 2002, fecha a partir de la cual puede entenderse que se

consolidó el perjuicio por la imposibilidad de llegar al desalojo de los invasores de sus predios, y desde dicho momento empezaba a correr el término para concurrir a la jurisdicción en procura de la reparación de los perjuicios que le podía ocasionar la inactividad del Estado en el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, en ejercicio de la acción de reparación directa y conforme a los términos de caducidad previstos en el Código Contencioso Administrativo, la parte actora podía concurrir a la justicia hasta el 15 de enero de 2004, pero tal como puede verse en la constancia de presentación personal de la demanda, sólo lo hizo hasta el 29 de agosto de 2011, esto es, cuando se habían superado con creces los dos años previstos para instaurar la acción de reparación directa frente a las eventuales omisiones de las autoridades demandadas. Pese a que en el año 2010 existió una nueva solicitud tendiente a que el municipio de Patía reanudara el trámite policivo suspendido desde el mes de enero del año 20024, no puede tenerse la misma ni su resultado como el momento a partir del cual debía empezar a contarse el término de caducidad, pues desde que la parte actora tuvo conocimiento que por razones de orden público no podía culminarse la actuación tendiente a devolverle el goce pleno de sus predios se consolidó el daño que podía invocar ante la justicia, y aunque las condiciones de seguridad y la inoperancia del Estado no es algo que 3 Folios 62 y 63 – cuaderno 4 4 Folio 76 - cuaderno 4 9 19001234005201100355 01 (60446)

5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2018-075254 los ciudadanos estén en el deber de soportar, sí existe la obligación de interponer oportunamente la acción, pues de lo contrario verán frustradas sus expectativas resarcitorias originadas en la acción u omisión de las instituciones públicas. Frente a un caso similar al que es objeto de estudio el Consejo de Estado5 tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: “(…) Así las cosas, teniendo en cuenta que la propia parte actora hizo consistir el daño reclamado en la omisión en la ejecución del contenido de la Resolución No. 023 de abril 21 de 1992, resulta necesario identificar el momento en que se consolidó el daño antijurídico alegado, es decir el momento en que el querellante tuvo certeza de la negativa de carácter definitivo para realizar el lanzamiento por ocupación de hecho. En criterio de la Sala, el que mediante auto del 6 de mayo de 1993, la Inspección Doce de Policía de Barranquilla, se declarara relevada de continuar con la diligencia de desalojo contenida en la Resolución No. 023 del 21 de abril de 1992 y que, a pesar de conocer la consolidación de dicha negativa por parte de la entidad pública demandada, el señor (…) hubiere omitido, como efectivamente lo hizo, promover actuación judicial y/o administrativa alguna tendiente a modificar esa situación, por lo tanto y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el día 23 de agosto de 1999, esto es más de 4 años después de consolidado el daño en cabeza del demandante, la Sala encuentra configurado el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa

incoada, frente a ello resulta irrelevante el hecho de que casi dos años después de la expedición del referido auto del 6 de mayo de 1993, en marzo de 1995, se hubiere propiciado un nuevo pronunciamiento de la autoridad policiva al respecto, puesto que para ese momento ya se había consolidado la negativa de la Administración en ejecutar el procedimiento policivo. (…)” Así las cosas, al no encontrarse asidero en las razones que expuso la parte actora en su impugnación, debe estimarse que se demostró el 5 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION A - Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON (E) - Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) - Radicación número: 08001-23-31000-1999-02289-01 (34121). 10 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms IUS-E-2018-075254 ejercicio tardío de la acción y, en consecuencia, la decisión que declaró su caducidad parece ajustada a derecho y, por tanto, pasible de ser confirmada el decidir la segunda instancia. CONCLUSIÓN De conformidad con las normas citadas, con las pruebas allegadas, con la jurisprudencia invocada y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, esta Procuraduría Delegada comparte la existencia de caducidad que fue declarada en la decisión de primera instancia, por lo cual, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los

derechos fundamentales, comedidamente solicita a la H. Corporación, que en este evento SE CONFIRME LA SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA.

De la señora Consejera,

MARIA ISABEL POSADA CORPAS

Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado 11 19001234005201100355 01 (60446) 5aCdeE/MIPC/Llms

IUS-E-2018-075254