PGN - REPARACIÓN DIRECTA POR ADAÑOS A BIEN INMUEBLE - Falla del servicio por omisión

REPARACIÓN DIRECTA POR DAÑOS A BIEN INMUEBLE-Falla del servicio en desalojo que materializó ocupación de hecho y obstruye consecución de urbanización FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN-No se observa negligencia o falta de diligencia en procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho ACCIÓN DE DESPOJO-Alcance según Sentencia del Consejo de Estado PROCESO POLICIVO DE DESALOJO-Vulneración de derechos de propiedad no se derivan de actuación de los encartados en el sublite Esta Agencia Fiscal considera que el supuesto daño padecido por la parte actora, esto es, la vulneración de los derechos de uso, goce y disposición del predio denominado "Las Pilitas", como consecuencia de la ocupación de hecho, no le resulta imputable al municipio de Florencia - Inspección Segunda Municipal de Policía, como tampoco a la Policía Nacional, pues actuaron con la debida diligencia en el proceso policivo, dado que adelantaron todas las actividades encaminadas a recuperar el inmueble afectado, hasta el punto de haberlo logrado en dos oportunidades, cuando se materializó el desalojo y la consecuente entrega del predio al querellante, y luego, ante una tercera ocupación, igualmente actuó hasta donde su competencia se lo permitía, absteniendo de practicar el desalojo por las circunstancias ya explicadas en precedencia, decisión válida y ajustada a derecho, pues dentro de su ámbito funcional no le era posible tomar decisiones declarativas respecto del derecho de propiedad, lo cual se encuentra reservado al juez ordinario a través de las acciones civiles pertinentes

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Radicación: 2012-00040-02 (65.057)

Reparación Directa

Concepto: Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No 100/2021

Bogotá, D.C., 5 de octubre de 2021 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Dr.: FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 18001-23-33-000-2012-00040-02 (65057) Medio de control: REPARACION DIRECTA (Ley 1437 de 2011)

Demandante: MARCO FIDEL PARRA ROJAS y otros Demandados: DEPARTAMENTO DEL CAQUETA y otros El Ministerio Público, dentro término legal para alegar de conclusión, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA.- MARCO FIDEL PARRA ROJAS y ANDREA JOHANNA PARRA PEÑA en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda1 contra el DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, 1 Incoada el 27 de septiembre de 2012 (fl 347 c. 2), esto es dentro del término legal de los dos (2) años establecido para el ejercicio del medio de control de reparación directa, pues

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público MUNICIPIO DE FLORENCIA y la NACION-MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, a la postre subsanada2 para obtener las siguientes

declaraciones y condenas: "PRIMERA: Que el DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, MUNICIPIO DE FLORENCIA - SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL - CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL - INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICIA y NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, sean declarados administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los actores, en tanto que sus acciones y omisiones dieron lugar, no solo a la transgresión de su derecho constitucional a la propiedad privada (uso, goce y disfrute) y vivienda digna, sino también a la obstrucción de la consecución de un proyecto familiar de Urbanización, que por las vías legales, venia consolidándose desde 1982, daño éste que los actores no se encuentran en la obligación jurídica de soportar.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, las entidades accionadas reconozcan y paguen por concepto de perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a las víctimas, los siguientes rubros.

PERJUICIOS INMATERIALES

A. PERJUICIOS MORALES: En atención a la transgresión de los derechos constitucionales de mis

representados sobre sus inmuebles, generaron a su vez la frustración de la realización de un proyecto familiar que comenzó con el señor Nicéforo Parra Hernández y hoy se encuentra en cabeza del señor MARCO FIDEL PARRA ROJAS y su hija ANDREA JOHANNA PARRA PEÑA, el equivalente en pesos colombianos de CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENRES (100 SMMLV) a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva, para cada uno

PERJUICIOS MATERIALES:

A. DAÑO EMERGENTE: Por los gastos judiciales y extrajudiciales (...) con el ánimo de recobrar su derecho de uso, goce y usufructo sobre sus bienes inmuebles, los cuales ascienden a $6.589.850. los hechos omisivos que dieron lugar a esta controversia se sucedieron el 18 de agosto de

2010. Término que fue suspendido el 13 de julio de 2012 con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 71 Judicial I para Asuntos Administrativos, diligencia que se llevo a cabo el 13 de septiembre del mismo año, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fls 345 a 346 c. 1) 2 (fls 20 a 22 c. Tribunal)

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Concepto: Ministerio Público

LUCRO CESANTE: Por lucro cesante causado y futuro dejado de percibir (...) las siguientes suma de dinero: Por concepto del valor total del terreno del cual si bien actualmente los representados ostentan la propiedad, perdieron totalmente la destinación que se había establecido para la "Urbanización Nisola" al ver truncada la posibilidad de desarrollar el proyecto urbanístico; ejercer el uso, usufructo y goce de sus bienes y derechos, que se vieron transgredidos por las acciones y omisiones de las entidades accionadas, la suma de $1.587.943.250.00.

Por concepto de los daños irrogados sobre el predio, teniendo en cuenta que se dejan de generar los recursos en un predio que tiene licencia urbanística vigente y que cumplía con los requisitos y el aval del Municipio de Florencia para desarrollar en él, proyectos para vivienda de interés social, la suma de $2.014.151.050.

TERCERA: Las anteriores sumas dinerarias se deben actualizar de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor IPC entre la fecha que se ocasionaron y la de la sentencia definitiva y devengarán intereses previstos en el artículo 195 del CPACA y se ejecutaran en los términos establecidos en el artículo 192 del mismo código" Como fundamentos de derecho, invocan los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución Política, 13 de la Ley 1285 de 2009, 140 del CPACA y 125 del Código Nacional de Policía. Precisan que al tenor de lo dispuesto en la Carta Política, "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes (...) y

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares", por tanto es claro que las entidades adscritas al Estado, y que poseen funciones policivas, deben encargarse de proteger el derecho constitucional a la propiedad consagrado en el artículo 58. Que bajo ese contexto, las autoridades municipales, departamentales y policivas, estaban llamadas a garantizar el ejercicio de las libertades democráticas, que en el presente caso se concretan en la defensa del derecho de propiedad y sus derechos conexos a la posesión y tenencia, 4

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público incluso hasta proteger de perturbaciones individuales y colectivas, de manera provisional, y hasta tanto la titularidad de los derechos reales en controversia sean definidos por autoridad judicial competente. 1.2 OPOSICIÓN. 1.2. (i) La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional3, se opuso a las pretensiones, pues advierte que fueron planeadas, realizadas y ejecutadas las acciones tendientes a garantizar el derecho a la propiedad de los demandantes, siendo éstos los que incurrieron en omisiones y negligencias que impidieron la protección de su derecho.

Que pese a la actividades realizadas y la disposición de personal policial para que el predio objeto de la invasión fuera entregado a su propietario, fue el mismo demandante, quien incumplió con los compromisos adquiridos en la

diligencias, contribuyendo así a que el predio fuera invadido nuevamente, haciendo infructuoso el esfuerzo y despliegue de la Policía Nacional. Señaló que la Policía Nacional, no contaba con la facultad de instalar un servicio de vigilancia permanente en el predio objeto de controversia, por cuanto las necesidades primarias de seguridad de la ciudadanía se estaban descuidando por negligencia del propietario en adoptar las medidas pertinentes para impedir que el predio fuera nuevamente invadido, después de ser desalojado. Advirtió que con respecto a la señora Andrea Johanna Parra Peña, se aportó la escritura de compraventa para demostrar el derecho de propiedad que tiene sobre el lote de terreno, sin allegar el folio de matricula inmobiliaria que representaría la trasmisión del dominio, configurándose una falta de legitimación en la causa por activa. 3 (fls 65 a 80 c. 1) 5

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público Propuso las excepciones de - el hecho exclusivo de un tercero y - falta de legitimación en la causa por activa. 1.2. (ii) El Departamento del Caquetá4, se opuso las pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones: - Falta de legitimación en la causa por pasiva, pues advierte que la competencia para la preservación y restablecimiento de la posesión frente a

actos perturbatorios, radica en la primera autoridad de policía del municipio, condición que ostentan los Alcaldes Municipales, quienes en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley, les corresponde la conservación del orden público en su respectiva jurisdicción y en especial dar el trámite correspondiente a las acciones policivas, tendientes a ordenar el lanzamiento de ocupantes de hecho. Precisó, que la señora Andrea Johanna Parra Peña, no interpuso ante la administración municipal ninguna querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho para el desalojo de los ocupantes de su predio, incurriendo en una negligencia que no puede ser atribuible a las entidades demandadas. Propuso las excepciones de - falta de agotamiento de los requisitos de procedibilidad, - falta de agotamiento de los procedimientos policivos, - inexistencia de responsabilidad de la administración y - ausencia de poder para demandar. En escrito separado invocó la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. 4 (fls 123 a 134 c. 1) 6

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público 1.2 (iii) El Municipio de Florencia5, se opuso a las pretensiones, por considerar que no le asiste ninguna responsabilidad y propuso las siguientes excepciones: - El indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, pues afirma que no existe prueba que acredite que la parte accionante haya cumplido con la

obligación de entregar copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la solicitud de la conciliación prejudicial. - Falta de capacidad, representación y derecho de postulación, pues el poder va dirigido al Juez Administrativo del Circuito y no al Tribunal Administrativo del Caquetá. - Inepta demanda, dado que no precisó cuál fue el hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente del inmueble del cual se desprende alguna responsabilidad. - Indebida escogencia de la acción, en razón a que los motivos que sustentan la demanda, son las respuestas a los derechos de petición, en los cuales se negó la prestación continua del servicio de vigilancia por parte de la Policía Nacional, por lo que el medio de control correcto debió ser el de nulidad y restablecimiento del derecho. - Caducidad de la acción, al no determinar de forma clara y precisa la causa del daño, ni la fecha en que ocurrió. - Falta de agotamiento de la vía administrativa, por no demandar la protección policiva, debido a que la señora Andrea Johanna Parra Peña, no instauró querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho y el señor 5 (fls 135 a 152 c. 1) 7

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público Marco Fidel Parra Rojas, las inició como señor y dueño de los predios, cuando en realidad era un mero tenedor.

• Culpa exclusiva de la víctima. 1.3 Audiencia inicial6: El Tribunal no encontró causal de nulidad que invalide la actuación.

Frente a las excepciones propuestas, señaló que no están llamadas a prosperar la falta de falta de legitimación en la causa, la ausencia de poder para demandar y falta de capacidad, representación y derecho de postulación, y la de caducidad de la acción. Con respecto a la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad (por no convocar a la diligencia de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) la declaró probada de manera oficiosa frente a la Policía Nacional, por tratarse de una entidad del orden nacional. Dicha decisión fue notificada en estrados, y recurrida en apelación por la parte actora, el Departamento del Caquetá, y el Ministerio Público, este último señala que a la POLICIA NACIONAL no se le puede desvincular del proceso, pues advierte que la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, no es un sujeto procesal. El Consejo de Estado mediante proveído de 2 de mayo de 20167, revocó la decisión del Tribunal en lo relativo a la falta de agotamiento del requisito procedibilidad de la conciliación extrajudicial, y en su lugar consideró no prospero esa excepción previa respecto de las entidades demandadas, en especial frente a la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional, entidad 6 (fls 59 a 62 c. Tribunal CD - audio y video) 7 (fls 329 a 345) 8

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público que continuará vinculada al proceso; y confirmó las demás decisiones adoptadas por el Tribunal durante el desarrollo de la audiencia inicial.

En la audiencia inicial, se indagó sobre los hechos y pretensiones para fijar el litigio en los siguientes términos. "Consiste en determinar si se debe declarar la responsabilidad administrativa de las entidades accionadas por la omisión de impedir la afectación del derecho de propiedad y obstaculizar la realización de un proyecto urbanístico" En la misma audiencia, decretó las pruebas pertinentes y conducentes para resolver la controversia, otorgando el valor probatorio que les corresponde a las pruebas documentales aportadas por las partes, sometió a contradicción el dictamen presentado por la parte actora y decretó la recepción de unas pruebas testimoniales. 1.4 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 12 de septiembre de 20198, declaró no probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y falta de agotamiento de la vía gubernativa propuestas por el municipio de Florencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Para el a-quo, el hecho que unas personas hubieren invadido un bien de propiedad de los demandantes y que las entidades públicas demandadas, en especial la Inspección Segunda de Policía, hubieren omitido llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, ello de manera alguna implica que el inmueble hubiese salido de su patrimonio, por cuanto ésto solo

podría ocurrir una vez transcurriera el término establecido por la Ley 791 de 8 (fls 745 y ss c. Consejo de Estado) 9

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público 2002, para que operara el fenómeno de la prescripción adquisitiva del dominio, declarada judicialmente previa demanda de pertenencia.

Señala, además que el estancamiento del proyecto urbanístico denominado "NISOLA" fue producto de la actitud omisiva atribuible al propio demandante, pues nada le impidió para que luego de fracasada la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho adelantada en el mes de agosto de 2010, pudiera utilizar los mecanismos judiciales que el inspector de Policía le refirió en esa fecha, los que tendían a la protección de su posesión e incluso el derecho de dominio, por tanto, el daño reclamado se originó por la desidia que el actor adoptó, pretermitiendo accionar los mecanismos que le ofrecía el ordenamiento jurídico para lograr recupera el bien y de ese modo iniciar el proyecto urbanístico. 1.5 La Impugnación.- El apoderado de la parte actora, disiente de las consideraciones del Tribunal y solicita la revocatoria de la sentencia. Alega que lo que se reclama en el caso concreto, es que se ordene a las entidades demandadas a garantizar el derecho a la propiedad de los

demandantes en sentido amplio, más no recuperar la titularidad del mismo, pues ésta la siguen ostentando los actores; pero los derechos de uso, goce y disposición si están restringidos, y al hacer parte del derecho de propiedad, es claro que parcialmente se los están vulnerando, afectación que le resulta imputable a las entidades demandadas que no actuaron con diligencia permitiendo que se materializara la ocupación de hecho por más de 500 invasores que hoy conforman el Barrio Altos de Capri en la ciudad de Florencia. Advierte que a las entidades territoriales les asiste responsabilidad en el manejo y recuperación de bienes inmuebles invadidos, pues el artículo 125 del Código Nacional de Policía (vigente para la época de los hechos), 10

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público señalaba que en principio la Policía podía intervenir para evitar la perturbación del derecho de posesión o mera tenencia sobre los bienes y que, cuando ese derecho se hubiera vulnerado, la misma autoridad podía intervenir para restablecerlo y preservarlo, para lo cual el artículo 19 de esa norma, dispuso que aquella podía adoptar las decisiones correspondientes, tales como el desalojo tendiente a recuperar el bien inmueble.

Que si bien la Inspección de Policía de Florencia, realizó dos diligencias de desalojo y se programó una tercera, la cual se vio frustrada porque el

Inspector de Policía, dudo de la calidad con que actuaba el señor Marco Fidel Parra dentro de la querella policiva, lo cierto es que ello es una justificación inaceptable de la negligencia con la que actuó al momento del desalojo, pues de haber realizado el estudio de títulos de forma clara, habría podido determinar que el predio estuvo en cabeza de los demandantes y que como responsable del proyecto urbanístico que estaba desarrollando para la época, había lotes de terreno que ya habían sido adjudicados a personas que los habían adquirido en debida forma. Insiste en afirmar que de haber hecho un estudio de título correcto en ese momento, el desalojo se hubiera podido realizar para recuperar el inmueble, y no trasladando a otras instancia o jurisdicciones procedimientos que por su naturaleza son muy demorados. Cuestiona la actitud omisiva y negligente de la autoridad municipal de Florencia, pues afirma que pese a estar notificada y conocer de la situación se limitó a señalar inicialmente que no tenía competencia para ordenar a la fuerza policial para que hiciera labores tendientes a la vigilancia y recuperación del bien inmueble, y luego se limitó a establecer compromisos con la Policía Nacional para que hicieran rondas en la zona, requiriendo al señor Marco Fidel Parra que contratara vigilancia privada, trabajadores y maquinaria pesada para la diligencia de desalojó, lo cual no fue posible conseguir. 11

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público Para la parte recurrente, existen los elementos suficientes para atender sus pretensiones, pues afirma que la falla del servicio está acreditada, en especial en cabeza del municipio de Florencia ya que incumplió con su obligación constitucional y legal de hacer de máxima autoridad policial dentro de su jurisdicción y de recuperar a través de sus dependencias (la inspección de policía) el orden público y garantizar el derecho de propiedad de los demandantes sobre el bien inmueble afectado.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema jurídico La parte recurrente, reclama una falla del servicio en el procedimiento policivo de la lanzamiento, imputable a las entidades demandadas, por su omisión y falta de diligencia que se materializó en la ocupación de hecho de sus propiedad por un número indeterminado de invasores, lo cual permite inferir que la responsabilidad patrimonial que se depreca en su contra, es a título de omisión.

El Consejo de Estado, frente a la responsabilidad del Estado a titulo de falla del servicio por omisión, ha señalado: “[L]os elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado por omisión, son los siguientes: i) la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública; ii) la falta de atención o la atención irregular o inoportuna de dicha obligación por parte de la Administración en el caso concreto y iii) la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño”9 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 22 de octubre de 2015, Exp. 33.977 12

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, resulta pertinente precisar sobre el sentido y alcance del procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho y la autoridad competente para conocer de su trámite y desarrollo. Para el efecto resulta ilustrativa la sentencia T-1104/08 de la Corte Constitucional, que sobre la materia señaló. "5.1. El poder de policía en general consiste en un conjunto de actividades que tienen por objeto la expedición de reglas generales y de medidas individuales necesarias para el mantenimiento del orden público. Es entonces, una específica forma de actividad que tiene límites necesarios que se imponen a través de la ley en aras de la convivencia social; ese orden público se manifiesta en la tranquilidad, en la seguridad y en la salubridad, y se encamina a evitar perjuicios individuales o colectivos, provocados por desórdenes, actos perturbatorios, atentados a la salud y a la higiene pública En Sentencia C-802 de 2002, la Corte Constitucional afirmó que el orden público se refiere a las “condiciones necesarias para el desenvolvimiento armónico y pacífico de las relaciones sociales y, en consecuencia, para la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes correlativos. El orden público es un supuesto de la pacífica convivencia, es el escenario de

desenvolvimiento normal de las relaciones entre el poder y la libertad. De allí que el concepto de orden público se ligue siempre a las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad requeridas para el despliegue de la vida en comunidad y para la afirmación de sus miembros como seres libres y responsables”. Así entonces el orden público se determina en función de circunstancias locales que en un momento determinado pueden desencadenar riesgos o problemas sociales. Por eso mismo son las autoridades municipales, representadas entre otros por los Alcaldes y los Inspectores de Policía, las encargadas de mantenerlo, por su cercanía a los administrados y porque la noción misma de poder de policía se construye a partir de factores esenciales de la vida comunitaria que se manifiestan primordialmente en la órbita municipal. De la misma forma, es función de las autoridades de policía, propender por la preservación y restablecimiento de la posesión frente a actos perturbatorios que la alteren y con el fin de brindar protección al poseedor de un bien. E l presupuesto fáctico de los procesos policivos de esta naturaleza, es la ocupación de hecho, entendida como el acto ilegítimo de despojo sobre un inmueble sin consentimiento expreso o tácito de su propietario, poseedor o tenedor, siendo éstos los legitimados para instaurar la querella correspondiente. Su finalidad es el 13

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Concepto: Ministerio Público restablecimiento del querellante en la posesión, mediante el desalojo de los agentes que han ocupado el inmueble de manera ilegítima .

El proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho es de naturaleza preventiva, no declarativa de derechos, y por tanto en él no se controvierte ni se protege el derecho de dominio, ni tampoco se consideran las pruebas que al respecto se exhiban. Las medidas que se profieren tienen carácter provisional, es decir que subsisten mientras el juez competente se pronuncia sobre el fondo de la controversia y se encaminan únicamente al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de los actos de perturbación, es decir al mantenimiento del statu quo" Dentro del contexto anotado, es dable inferir que en el caso de una eventual condena, las únicas entidades llamadas a responder por los posibles perjuicios causados por las supuesta negligencia y omisiones en el desarrollo del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, sería el municipio de Florencia y la Policía Nacional, esta última bajo el entendido de no prestar el apoyo necesario frente a esta clase de procesos. 2.2 Caso concreto - hechos probados y análisis. 2.2.1 En cuanto a la calidad de propietarios del inmueble objeto de afectación, se allegó al proceso la escritura No 165 de 198210, en la cual consta que el señor Marco Fidel Parra Rojas, adquirió el derecho de propiedad, dominio y posesión del predio denominado "Las Pilitas" ubicado en la ciudad de Florencia, con una cabida aproximada de 20 hectáreas, y certificados de tradición y libertad expedidos por la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos de Florencia11 en los que figura la titularidad del derecho de dominio de algunas fracciones del predio adquirido mediante la referida escritura a favor del señor Marco Fidel Parra Rojas. 10? (fl 57 a 58 c. anexo 4) 11 (fls 201 a 304 c. anexo 4 14

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Concepto: Ministerio Público

Se cuenta además con la escritura pública No 4.204 de 15 de noviembre de 2007, mediante la cual el señor Marco Fidel Parra transfiere a título de venta real y perpetua enajenación a favor de Andrea Johanna Parra Peña, los derechos de propiedad, dominio y posesión de una extensión de 200 m2 del bien inmueble adquirido por escritura pública No 195 de 1982, lo cual obra en el respectivo certificado de tradición de matricula inmobiliaria No 420-31170. 2.2.2 El Municipio de Florencia mediante Resolución No 002 de 10 de junio de 198812, le concedió permiso al señor Marco Fidel Parra Rojas, para anunciar y desarrollar la actividad de enajenación sobre los inmuebles que forma parte del loteo que se hizo en la urbanización Nisola, integrada por 325 lotes repartidos en 16 manzanas. En ese sentido se conoce la certificación de 4 de octubre de 1988, en la cual el Director de Planeación Municipal de Florencia deja constancia que el

señor Marco Fidel Parra Rojas, aparece inscrito en esa oficina como urbanizador, según el No 0001 28/82 y que adelanta un programa de lotificación denominado "Urbanización NISOLA", con ubicación en el casco urbano de Florencia - Caquetá, la cual cuenta con la aprobación y está debidamente registrada. Con posterioridad, el Municipio de Florencia - Secretaria de Planeación, por solicitud del señor Marco Fidel Parra, expidió la Resolución No 0069 de 11 de julio de 2006, mediante la cual modificó parcialmente el proyecto de urbanización Nisola, en sus áreas y porcentajes. La Secretaría de Planeación Municipal, mediante certificación de 28 de abril de 2010, hace constar "que el proyecto denominado Urbanización Nisola, localizado en la zona urbana de la comuna oriental del Municipio de 12 15

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Reparación Directa Concepto: Ministerio Público Florencia, se encuentra legalizado en la Secretaria de Planeación Municipal desde el 20 de marzo de 1987, a nombre del señor Marco Fidel Parra Rojas (...) aprobado para un área de 133.400 metros cuadrados, el cual contiene 3