PGN - REPARACION DIRECTA - Por daños sufridos por soldado profesional del ejército naciona

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO REPARACION DIRECTA-Por daños sufridos por soldado profesional del ejército nacional por mina antipersonal RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Marco normativo y jurisprudencial RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Régimen de imputación objetivo De esta forma es preciso articular que, el régimen de imputación de la responsabilidad extracontractual en Colombia es predominantemente objetivo. En pese, ello no obsta para que en algunos escenarios su verificación se surta sobre elementos subjetivos, como Vgr. en el caso de la falla del servicio probada, aplicable cuando se enlista cuando el reproche se lanza con ocasión de una eventual prestación defectuosa del servicio, o la omisión de la administración en el cumplimiento de su deber, como vértice de la pretendida declaratoria de responsabilidad, tópico que en capítulo siguiente será objeto de revisión particular. De lo anterior se extracta, sin dificultad, que el actor debe probar, en términos generales, la ocurrencia del daño antijurídico, cómo la administración se refuta generadora del mismo y por qué jurídicamente le es atribuible. Como correlato habrá de decirse, entonces, que la administración sólo puede exonerarse probando que el hecho no lo produjo, o que fue producido exclusivamente por una causa extraña. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por actividades militares y riesgos propios del servicio de los soldados profesionales. “A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90, en virtud del cual el Estado es

patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, son dos los postulados que fundamentan dicha responsabilidad estatal: (i) El daño antijurídico, y (ii) la imputación del mismo a la administración, "sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad". Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”. Sobre la noción de daño antijurídico, el Consejo de Estado ha definido que "consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar". En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas. En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la "atribución de la respectiva lesión"-, en consecuencia, una denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los

diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política" Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 16461 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) CARGA DE LA PRUEBA-Jurisprudencia del Consejo de Estado FALLA EN EL SERVICIO-No se vislumbra puesto que nada en el expediente indica que el Ejército tuviera conocimiento o, por lo menos, sospechara de que existían estos artefactos Así las cosas, no existen en el expediente suficientes pruebas que demuestren con claridad y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio por no haber evitado el accidente en el que resultó lesionado el demandante, con la lamentable consecuencia de la perdida de uno de sus miembros inferiores, se insiste, nada indicaba la presencia de minas y la inminencia de su activación, frente a la cual le resultara exigible una actuación de contención; por tanto, ha de concluirse que, en este caso, el daño alegado por la actora no devino de una conducta omisiva, descuidada o negligente y, en efecto, reprochable en cabeza del Ejército Nacional. INDEMNIZACION-Debe ser negada DAÑO-Constituyó la concreción de un riesgo inherente al servicio y, en

consecuencia, aquélla -la víctimaestá obligada a soportarlo Así las cosas aunque las graves lesiones que sufrió el Soldado Forero Zárate se produjeron en ejercicio de una actividad peligrosa, ello no es suficiente para responsabilizar a la demandada por los hechos que acá se discuten, pues resulta claro que la víctima asumió por voluntad propia tanto la ejecución de esa actividad como el sometimiento al riesgo; por tanto, la ocurrencia del daño constituyó la concreción de un riesgo inherente al servicio y, en consecuencia, aquélla -la víctimaestá obligada a soportarlo. Bajo esta crítica, y ante la ausencia de otros elementos de prueba, fuera de los ya referenciados, es forzoso concluir que la parte activa obró de espaldas a su propio interés, pues dejó huérfana la pretensión probatoria que, en últimas, era lo que le permitiría sobreponerse como tesis final de la contienda, por lo que el riesgo de la no persuasión debe obrar en su contra (Art. 177 del CPC), generando en consecuencia la imposibilidad para declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio que se intenta y así se solicitará a la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo pues indiscutiblemente, si bien la parte demandante se cuidó de demostrar el daño, no logró demostrar en relación con este ni la falla en el servicio predicada y mucho menos el nexo causal que ate a estos dos elementos. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-No se encontraron acreditados los elementos que la estructuran 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R.

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) CONCEPTO No. 142 / 2018

Bogotá, D.C. 19 de septiembre de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R.

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01)

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Doctora Carlos Alberto Zambrano

E. S. D.

EXPEDIENTE: 410012331000201100064-01(58658)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Álvaro Augusto Forero Zárate y otros DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / En el caso sub examine se trató de un hecho imprevisible e irresistible para los miembros del Ejército Nacional, en la medida en que no se probó que esta Institución hubiera tenido conocimiento sobre la presencia de minas antipersonas en el lugar donde ocurrió el accidente / Insuficiencia de material probatorio que demuestre con claridad

y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio / Los daños sufridos por quienes ejercen actividades de alto riesgo, como en el caso de los soldados profesionales asumen el riesgo inherente a su actividad con ocasión de la relación laboral que los vincula con la administración / La demandante no asumió la carga probatoria que le correspondía para probar el actuar omisivo de la demandada. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda – Los hechos Álvaro Augusto Forero Zárate, Deisy Mayerly Joven Celis, Álvaro Forero Trujillo, María Lourdes Zárate Guaca, Luis Eduardo Forero Zárate, Nadia Milena Forero Zárate, Kelly Liliana Forero Zárate, e Hilda María Huaca Artunduaga, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la Acción de Reparación Directa, solicitan que se declare a la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional responsable por las lesiones sufridas por Álvaro Augusto Forero Zárate, en su condición de soldado profesional, en hechos ocurridos el día 21 de septiembre de 2008, en la vereda el Boquerón jurisdicción del municipio de Colombia4

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) Huila-. En el presente caso, se reitera, las lesiones de Álvaro Augusto Forero Zárate, ocurrieron el día 21 de septiembre de 2008, se presentó solicitud de conciliación prejudicial el 15 de septiembre de 2010, la constancia de conciliación fue expedida el 15 de diciembre de 2011, es decir el termino de caducidad se suspendió por un mes, y la demanda se radicó en la oficina judicial el 16 de diciembre de 2010, es decir, que en el presente caso la demanda fue presentada en término y que no está afectada de caducidad. Se narra que el 22 de diciembre de 2006, Álvaro Augusto Forero Zárate fue incorporado como soldado profesional al Batallón Contraguerrillas No. 109 brigada móvil No. 17. El 21 de septiembre de 2008, el soldado profesional Álvaro Augusto Forero Zárate y demás compañeros de pelotón, se encontraban realizando un registro ofensivo en el área campamentaria del frente 31 de las FARC, en la vereda el Boquerón, jurisdicción del municipio de Colombia -Huila-, cuando pisó una mina que explotó y le causó gravísimas heridas. Indica que la mina había sido puesta por la guerrilla y explotó al pisarla el soldado profesional Álvaro Augusto Forero Zárate, quien como consecuencia perdió su miembro

inferior izquierdo. Se aduce que el pelotón no contaba con los medios para cubrir minas, ya que el equipo detector de metales no tenía pilas y el perro detector de minas se encontraba en malas condiciones físicas que le impedían realizar su trabajo, por lo que estima se presenta una falla en el servicio imputable a la entidad demandada. Afirma que Forero Zárate, al momento de ingresar al Ejército Nacional, se encontraba en buen estado de salud física, mental y laboral y para el momento de los hechos se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional, devengando como salario básico mensualmente la suma de $700.000. Que según el acta de junta médica laboral No. 28819 registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército, el señor Álvaro Augusto Forero Zárate, perdió un 96.01% de su capacidad laboral, a consecuencia de las heridas sufridas en la explosión de la mina. 1Fl. 18 Ib ídem 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) 1.2. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila – Sala Sexta de Decisión Escritural, desestimo las pretensiones de la demanda para lo cual concluyó que fue claro que la “vinculación del señor Forero Zárate al Ejército Nacional fue voluntaria y que por esa razón asumió

como propios los riesgos inherentes a la defensa y seguridad del Estado, lo que genera la imposibilidad de imputar dicho daño al Estado, en tanto que no se aportó elemento probatorio que permita afirmar con certeza que la autoridad demandada hubiera omitido el cumplimiento de algún deber específico o que hubiere sometido al soldado profesional a un riesgo superior a las cargas públicas asumidas, precisamente porque la detección del artefacto explosivo -mina antipersona-, por su misma naturaleza destructiva se hallan camufladas en sitios específicos para atentar contra el enemigo, de manera tal que no es posible su avistamiento sino cuando se advierta con anterioridad y previos los informes militares del caso, supuestos estos que como ya se dijo, no ocurrieron en el caso examinado y que conducen a desestimar la falla del servicio que señalan los demandantes”. 1.3. Los argumentos del Recurso de Apelación La parte demandante apeló la decisión del a quo, manifestando que si bien el soldado Forero Zárate al ingresar voluntariamente al Ejército y asumió el riesgo inherente a su actividad, no por ello asumió el riesgo derivado de la negligencia y de las omisiones de sus superiores, y agrega que hoy en día, ser lesionados con minas, no es un riesgo propio de la actividad del soldado profesional, porque existen protocolos y equipos que permite evitar situaciones que provoquen lesiones a la tropa y que garanticen la integridad física de la misma. Considera que los superiores del Soldado Profesional Álvaro Forero Zárate, tenían la obligación de saber que en el sector en donde sucedió el accidente habían minas

antipersonales, porque todos los campamentos de la guerrilla tienen sembradas o instaladas minas en sus inmediaciones y cuando abandonan dichos sitios, como en este caso, es imperativo que estos sectores sean minuciosamente registrados con los equipos de detección de minas. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) Afirma que el Estado Colombiano incumplió sus obligaciones constitucionales, y las derivadas de los tratados internacionales que ha suscrito, según las cuales el Estado Colombiano está obligado al desminado en todo el territorio nacional. Enuncia el concepto de víctima conforme a concepto establecido por las Naciones Unidas, sobre el cual señala: "toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las

personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización". Y Concluye diciendo que el Consejo de Estado considera como víctima a todo sujeto, individuo o persona que sufre un menoscabo, violación o vulneración en el goce o disfrute de los derechos humanos consagrados en las normas convencionales y constitucionales, o que se afecta en sus garantías del derecho internacional humanitario. Explica que no por el hecho de existir una ampliación del plazo (año 2020) para que el Estado Colombiano logre acabar el proceso de desminado, no deba este corresponderse con sus obligaciones convencionales y constitucionales en materia de protección del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de las reglas de iuscogens. Se trata, pues, de obligaciones que no pueden sujetarse a suspensión, postergación o dilación temporal en el tiempo, ya que sería tanto como negar los mandatos de los artículos 1.1, 2, 4.1 y 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos [incorporada nuestro ordenamiento jurídico por la ley 16 de 1972]; del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y 13 del Protocolo II a los mismos Convenios de 1977; y, 2, 11 y 24 de la Carta Política. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) Sostiene que, claramente queda establecida la responsabilidad del Ministerio Defensa Ejército Nacional, en las graves lesiones sufridas por el Soldado Profesional Álvaro Augusto Forero Zarate, por falla en el servicio"...por incumplimiento u omisión de deberes normativos por parte de la entidad demandada - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por violación a lo contenido en la Constitución Política y en los tratados internacionales, en este caso, la Convención de Ottawa y la Convención Americana de Derechos Humanos." (El resaltado es nuestro).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos:  ¿Le asiste Responsabilidad administrativa a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional por los daños reclamados por el señor Álvaro Augusto Forero Zárate (víctima) y sus familiares, como consecuencia de las lesiones -pérdida del miembro inferior izquierdodel señor Forero Zárate, en hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2008, en la vereda el Boquerón del municipio de Colombia - Huila, cuando en su condición de Soldado Profesional del Batallón Contraguerrillas No. 109, y durante una operación militar pisó una mina antipersona?  ¿La demandante cumplió con la carga probatoria que le correspondía para demostrar su derecho legítimo a reclamar?

2.2. Marco teórico 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. De la responsabilidad del Estado. Es preciso definir el marco normativo y jurisprudencial del tema planteado como problema principal, para arribar como en efecto se hará, a la valoración jurídica y probatoria del mismo, veamos: 2.2.1.1. El referente Constitucional. Es preciso afianzar, en este punto preciso, la idea en cuanto a que la Constitución Política del 91, basada en el fundamento de la responsabilidad español inserto en la Carta del 78, se apartó notablemente del concepto singular de mal funcionamiento como fuente del reproche administrativo - teoría clásica de la responsabilidad subjetiva-, y dio un viraje hacia la responsabilidad de la administración por la causación de un daño antijurídico, por lo que, en principio, ese referente se erige en el título Constitucional -Objetivode responsabilidad preponderante. El texto Constitucional, es el siguiente: "...Art. 90.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas..." Bajo este precepto de rango político, la estructura del juicio de reproche administrativo, in generi, pasa por tres estadios fundamentales a saber: í) Que el daño sufrido por la víctima haya sido causado por la entidad demandada; ii) Que le sea imputable a dicha entidad; y ilí) que tenga el carácter de antijurídico; que doctrinariamente, con algo de ambigüedad, se han resumido en dos: la imputabilidad (fáctica y jurídica) y el daño antijurídico. De esta forma es preciso articular que, el régimen de imputación de la responsabilidad extracontractual en Colombia es predominantemente objetivo. En pese, ello no obsta 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) para que en algunos escenarios su verificación se surta sobre elementos subjetivos, como Vgr. en el caso de la falla del servicio probada, aplicable cuando se enlista cuando el reproche se lanza con ocasión de una eventual prestación defectuosa del servicio, o la omisión de la administración en el cumplimiento de su deber, como vértice de la pretendida declaratoria de responsabilidad, tópico que en capítulo siguiente será objeto de revisión particular. De lo anterior se extracta, sin dificultad, que el actor debe probar, en términos generales, la

ocurrencia del daño antijurídico, cómo la administración se refuta generadora del mismo y por qué jurídicamente le es atribuible. Como correlato habrá de decirse, entonces, que la administración sólo puede exonerarse probando que el hecho no lo produjo, o que fue producido exclusivamente por una causa extraña. 2.2.1.2. De la responsabilidad del Estado por actividades militares y riesgos propios del servicio de los soldados profesionales. “A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90, en virtud del cual el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, son dos los postulados que fundamentan dicha responsabilidad estatal: (i) El daño antijurídico, y (ii) la imputación del mismo a la administración, "sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad"2. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que "la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”3 2 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932 3 Corte Constitucional; Sentencia C-333 de 1996. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) Sobre la noción de daño antijurídico, el Consejo de Estado ha definido que "consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar"4. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas. En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la "atribución de la respectiva lesión"5-, en consecuencia, una denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política"6. Al respecto, el Consejo de Estado ha reiterado que: "...la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el

surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas "7. En el caso de la responsabilidad estatal en la prestación de servicios militares, el Consejo de Estado en reciente decisión reitera la añeja tesis de distinguir entre quienes ingresan a la Fuerza Pública de manera obligatoria y quienes de forma voluntaria o profesional: "En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es necesario precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad que surge 4 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042 5Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932. 6 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622. 7 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) por los daños sufridos durante y con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, de aquélla que resulta de los daños padecidos por los integrantes de las fuerzas armadas que se vinculan voluntariamente al servicio. Esto es asi porque, en el primer caso, la prestación del servicio es impuesta a los ciudadanos por el ordenamiento jurídico, mientras que en el segundo la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, lo cual implica que asume los riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial. (...) En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es necesario precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad que surge por los daños sufridos durante y con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, de aquélla que resulta de los daños padecidos por los integrantes de las fuerzas armadas que se vinculan voluntariamente al servicio. Esto es así porque, en el primer caso, la prestación del servicio es impuesta a los ciudadanos por el ordenamiento jurídico, mientras que en el segundo la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, lo cual implica que asume los riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial. "(...) Si se trata de determinar la responsabilidad frente a aquéllas personas que ingresan voluntariamente al servicio, el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar

o policial, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, por lo que la reparación que en justicia les corresponde deberá cubrirse por el sistema de indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para el accidente de trabajo (...). No obstante, si el daño se produce por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con el que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas, la víctima tiene derecho a recibir una reparación integral de los perjuicios causados, pues de otra forma se rompería el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, tal como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia. "in (Resalta este Tribunal)”8 2.2.2. Carga de la prueba Sobre la carga de la prueba el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha señalado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al interesado, esto es, al demandante, demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente

8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HULA – Reparación Directa – Rad. 41001-26-31-000-2011-00064-00 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co J.C.R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 58658 (410012331000201100064-01) enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien prepara la demanda, sabe de antemano cuales hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos. Siendo así las cosas, por' deficiencia probatoria no es posib