PGN - REPRESENTANTE LEGAL - Debe exigir el cumplimiento del objeto de los contratos

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA CONTRATACION ESTATAL

Bogotá D.C., 13 SET. 2001 Precede el Despacho en ejercicio de la competencia que le otorga el Decreto 262 de 2000 artículo 25 numeral 4 y la Resolución 017 de 2000 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación, a decidir el RECURSO DE APELACION interpuesto por el sancionado PEDRO LUIS ALVAREZ MENA, a través de apoderado, contra la Resolución 011 de junio 7 de 2000, proferida por la Procuraduría Regional del Choco, dentro del radicado 15422334/99 mediante la cual lo sancionó en su condición de Director del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, con multa equivalente a 90 días del sueldo que devengaba por la época de los hechos, la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE. $ 7.744.770,00.

HECHOS Fueron denunciados al Procurador General de la Nación en la audiencia pública celebrada el 25 de enero de 1999 en Quibdó, en donde se puso en conocimiento presuntas irregularidades ejecutadas por el Director del Hospital San Francisco de Asís de esa ciudad en la celebración y ejecución de los contratos 03/97, 14/97, 16/97 y 8/96 para la remodelación de las instalaciones del centro hospitalario. SINTESIS DEL PROCESO Con fundamento en las pruebas allegadas en la etapa de indagación preliminar la Comisión Anticorrupción, mediante auto de febrero 5 de 1999 ordenó apertura de investigación

disciplinaria contra el Dr. PEDRO LUIS ALVAREZ MENA, en su condición de Director del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y mediante auto de febrero 22 de 2000 ( Fis. 367 y ss), le cuestionó como faltas disciplinarias las siguientes conductas: "1.~ Usted suscribió el contrato de obra pública No. 03 el 7 de junto de 1997, con el objeto de realizar las obras de adecuación de la cubierta y reparación de las filtraciones de las paredes del Hospital Departamental San Francisco de Asís, mediante el procedimiento de la licitación pública 02 de 1996, por un valor de $ 117.119.813,oo, sin una programación y planeación acorde con la realidad de las obras a realizar, al punto que para el desarrollo de los trabajos no se presentaron los diseños, los planos, ni las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar, lo que hace presumir que no se elaboraron. Obteniendo como resultado que el contratista solo ejecutara las obras correspondientes a la adecuación de la cubierta de manera deficiente y que quedaran sin reparar las filtraciones de las paredes lo que para la fecha de la visita por parte del ingeniero de la Procuraduría, no se había solucionado. 2.- Usted mediante otro si de fecha 26 de febrero de 1998, cambio el objeto del contrato de obra No. 14 de fecha 7 de noviembre de 1997, suscrito con el consorcio CHAMAT ABADIA, por un valor de $ 116.462.898,oo cuyo objeto era la construcción de la sala de partos y vestier de quirófano del hospital San Francisco de Asís y ordena la construcción de la sala de quemados o cuidados intensivos de la E.S.E. desconociendo /as normas y

principios de la contratación estatal.

Obteniendo como resultado: 1.- Que se modificaran /as especificaciones técnicas y se aumentaran considerablemente /as cantidades de obra. 2.- Que la construcción del bloque de quemados y ortopedia quedara inconclusa, causando con ello grave perjuicio para la prestación del servicio de salud de la Institución.

Ello es así, por cuanto de manera irregular se convirtió en un contrato nuevo, con especificaciones diferentes, que obligaba a rehacer el proceso de contratación inicialmente adelantado, ocasionando graves problemas en la ejecución de las obras, tal como le manifiesta el contratista en carta de fecha febrero 23 de 1998, folios 245246. 3.- Usted suscribió el otro si de fecha 26 de febrero de 1998, con el cual cambio de manera irregular el objeto del contrato No. 16 del 10 de noviembre de 1997, celebrado con la firma Ingecor, por un valor de $ 297.725.283,oo cuyo objeto fue la construcción de la sala de quemados y ortopedia del hospital San Francisco de Asís y ordena la construcción de la sala de partos, hospitalización de ortopedia y de maternidad de la E.S.E. desconociendo los principios de la contratación estatal, con grave perjuicio para la prestación de los servicios de salud en la institución.

Obteniéndose como resultado: 1.- Que se modificaran las especificaciones técnicas, se aumentaran considerablemente las cantidades de obra, y se confundieran con las que realizaba el consorcio Chamat Abadía en el contrato 014 analizado en el cargo anterior. 2.- Que la obra se desarrollara con mala calidad y la construcción de hospitalización y

maternidad quedara inconclusas y la sala de partos nunca funcionara. 4.- Usted en la calidad aludida, omitió ejercer el control de ejecución del contrato No. 008 del 7 de noviembre de 1996, celebrado con el señor Carlos Alberto Rodríguez Ortega, por un valor de $ 153.152.065,oo para la ampliación del servicio de urgencias del Hospital San Francisco de Asís. Con su conducta omisiva permitió de manera irresponsable, que el contratista desarrollara el objeto del contrato deficientemente, conectando la tubería de aguas negras al canal de aguas lluvias, lo que ocasionó que en fuertes precipitaciones las materias fecales se devuelvan por la parte interna y externa de urgencias, con los consecuentes malos olores, corriendo el personal de pacientes y asistencial grave peligro de contaminación, lo cual atenta contra el servicio que presta la institución. No se presentó para la celebración y posterior ejecución del contrato los planos y diseños estructurales. Lo que significa que en el contrato en cita no se hicieron las previsiones correspondientes para su correcta ejecución, presentándose graves inconsistencias, las cuales no fueron corregidas ni advertidas por usted, a quien le correspondía, de conformidad con le cláusula décima tercera del mismo, la vigilancia del contrato No exigió al contratista ni al interventor la debida ejecución del contrato, pues a pesar de que la obra se entregó el 20 de diciembre de 1997, folio 77 y de que por el transcurso del tiempo esta muestra deterioro por mal mantenimiento, se observó filtraciones de agua por remates mal terminados," al parecer por caballetes o tejas

mal instaladas, canaletas no alineadas," de acuerdo con el informe técnico presentado, en detrimento del servicio de salud que se debe prestar en dicha institución, lo cual se observe a folios 31, 33-34. Como normas presuntamente violadas con las anteriores conductas fueron citados los artículos 3, 4 numerales 1 y 4, 24 numeral 1, 25 numeral 7,12, 26 numerales 1 y 5, 29 de la Ley 80 de 1993; Decreto 1335 de junio 23 de 1990 Manual de Funciones de la entidad en la parte que le asigna al Director de institución de segundo nivel la función de ejecutar labores de dirección, asesoría, supervisión y control en la administración; 40 numerales 1, 2, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995; y 209 de la Constitución Política. Las faltas fueron calificadas provisionalmente como graves. El encartado descorrió el traslado a los cargos, a través de apoderado, quien admite que si bien no existían planos para el cambio de la cubierta, sí existieron especificaciones técnicas para ejecutarlo, teniendo en cuenta los planos y diseños del hospital elaborados por el Ministerio de Salud en el año de 1995 cuando se efectuó un inventario físico y de catastro. Que de la partida asignada para la adecuación de la cubierta y reparación de las filtraciones del hospital sólo se entregó $ 147.741.000.oo y por eso únicamente se pudo realizar la primera parte del proyecto, el cambio de la cubierta. Afirma que no se incurrió en falta de programación, ni de planeación, pues desde que se

solicitó al FIS el dinero para las obras, se efectuaron los estudios, con apoyo del Servicio Seccional de Salud y se definieron las características y condiciones técnicas que debían tenerse en cuenta. Del cumplimiento de estas se encargó el interventor Jhon Fredy Asprilla Mosquera arquitecto de experiencia. Que el encartado por su condición de médico pediatra no podía estar al tanto de la ejecución de las obras, pero sin embargo solicitó en escrito del 6 de agosto de 1998 al contratista Francisco Robledo Castro " el cumplimiento de los términos del contrato o que en caso contrario le haría exigible la póliza de garantía", por lo que no entiende como se señala que no ejerció la vigilancia debida. Respecto de los cargos 2 y 3 afirma que una vez aprobado el proyecto y celebrado el convenio con el departamento, se sometió a la aprobación del Ministerio de Salud los diseños y fue esta entidad la que ordenó las modificaciones, todo esto antes de la apertura de la licitación. Que una vez celebrado el contrato con Chamat Abadía e iniciadas las obras, el interventor ordenó por razones técnicas la construcción de la cubierta para evitar filtraciones, lo cual no estaba contemplado en el contrato inicial, por lo que en reunión con la Dirección del Plan Pacifico entidad encargada del seguimiento del convenio en donde se argumentó que el objeto del contrato estaba cruzado con otro convenio se procedió a suscribir el otro si para corregir los nombres pero en ningún momento se cambiaron las especificaciones técnicas o el objeto del contrato, por cuanto cada contratista continuó ejecutando las obras de conformidad con los planos y diseños.

Adicionalmente, afirma que por razones económicas se consideró que el mantenimiento de una sala de quemados resultaba muy alta y se decidió cambiar por sala de cuidados intensivos, pero que se tuvieron en cuenta los mismos planos. Respecto al cargo cuarto dijo que no existía en el proceso prueba de la omisión en el ejercicio de sus funciones y que debía tenerse en cuenta que el primer responsable era el interventor externo del contrato. SINTESIS DEL FALLO APELADO Encontró el Procurador Regional del Chocó que no eran de recibo los descargos del investigado, como quiera que al proceso obra prueba suficiente de las irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos, que incluso fueron objeto de verificación por los ingenieros de la entidad, y que son fácilmente apreciables de los documentos que obran de folios 145 a 160 del proceso, dentro de los cuales se cuenta el álbum fotográfico levantado. Que el encartado era responsable de las irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos cuestionados, por cuanto permitió al contratista desarrollar el objeto del contrato de una manera deficiente, sin ningún control de calidad, que las irregularidades fueron fácilmente detectables, pues no se realizó conexión de la tubería de aguas negras con el canal de aguas lluvias, lo que ocasionó los inconvenientes señalados en el auto de cargos, que pusieron en peligro la salubridad no sólo de los empleados del centro asistencial, sino de los usuarios del servicio. Señaló que el encartado no allegó al proceso prueba de los oficios, actas, observaciones o llamados de atención a los contratistas para solucionar las irregularidades presentadas, que solo adjuntó un oficio en donde pone en claro la existencia de las filtraciones, luego de la

reparación de los techos y cuando apenas habían transcurrido ocho meses del recibo de la obra ( Fl. 77). En cuanto a los cargos 2 y 3 refiere que el cambio del objeto del contrato 014/97 a través de otro si se convirtió en un contrato nuevo, con especificaciones diferentes que obligaban a rehacer el proceso de contratación, afirmando que fue una manera torpe de burlar una nueva licitación, con la cual solo salió favorecido el contratista. En relación con el cargo 4 encontró que resultaba inaceptable que luego de una inversión de $153.152.065,oo en mejora de la sala de urgencias, la falta de canalización de las aguas negras ocasionara malos olores al lugar, que fueron del conocimiento de toda la comunidad. Concluyó afirmando que las conductas investigadas eran violatorias de las normas del estatuto contractual citadas en el auto de cargos, que le imponía el deber de vigilar la ejecución de los contratos en forma adecuada, responder por el cumplimiento de los fines de la contratación estatal (artículos 3 y 4 numerales 1 y 4 de la Ley 80 de 1993); contar en forma previa a la apertura del proceso de selección del contratista con los estudios, diseños, proyectos, pliegos de condiciones y términos de referencia requeridos para la ejecución de las obras (artículo 25 numerales 1, 5 y 12 de la Ley 80 de 1993). Comportamientos con los cuales además transgredió el manual de funciones de la entidad y las normas del estatuto disciplinario, también referidas en los cargos. Las conductas investigadas fueron calificadas en forma definitiva como graves e imputadas a título de responsabilidad con culpa, atendidos los factores señalados en el artículo 27 numeral

1 del C. D. U. y teniendo en cuenta el daño ocasionados al bien jurídico tutelado, los perjuicios económicos causados con las conductas, el cargo desempeñado por el investigado, que le investía de autoridad y en virtud del cual estaba más comprometido a obrar con diligencia, eficiencia y responsabilidad. Razón por la cual, lo sancionó con 90 días de multa de sueldo. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACION Al sustentarse el recurso de apelación, el apoderado del encartado solicita revocar la sanción disciplinaria, pues considera que no existió violación de las disposiciones legales mencionadas en los cargos, que su procurado actuó bajo el principio de la buena fe, sin intención mal sana y sin ningún propósito protervo, del que se pueda derivar falta. Reitera las argumentaciones de descargos en el sentido de que se había contratado un interventor para que supervisara las obras de adecuación de la cubierta del Hospital, como se acreditó con el contrato que obra al folio 18 del proceso y que por tal virtud, las obligaciones de vigilancia y calidad de la obra eran de este y no del encartado, que reitera es médico pediatra y además de director hacía consulta, turnos de disponibilidad y no recibió ningún entrenamiento en temas de contratación administrativa, ni de construcción. Que la Procuraduría conculco su derecho de defensa al no citar a su procurado a la visita especial practicada al hospital, a la cual asistió el interventor, quien afirmó que no se tomó en cuenta la afirmación en el sentido de que los precios unitarios de obra los había fijado la Gobernación y la Secretaría de Obras Públicas, quienes también adelantaron el proceso

licitatorio. Que tampoco se tuvo en cuenta las diligencias adelantadas por el encartado, de lo cual da cuenta el Oficio de agosto 6 de 1998 dirigido al Contratista Francisco Robledo Castro, ni su contestación, que tampoco se no practicaron pruebas tendientes a acreditar las afirmaciones del encartado al rendir su versión libre, en el sentido que la falta de recursos para la reparación de los techos le obligó a contratar sólo lo más importante, situación que le lleva a afirmar que las pruebas fueron analizadas en forma aislada e inapropiada. Sobre el cargo 1 señala que, ciertamente el contrato solo tuvo por objeto el cambio de las tejas y que en consecuencia no se requería de planos, que la entidad luego de recibir la obra tampoco le hizo mantenimiento, situación que dio lugar al deterioro. En relación con los cargos segundo y tercero afirma que no se tuvo en cuenta que fue el Ministerio de Salud quien ordenó modificar los diseños, como los señaló su procurado al rendir versión libre y que como consecuencia de ello, fue que se firmaron los otro si de los contratos, pero para corregir los nombres y no las especificaciones técnicas de los contratos. Que el investigado no estaba obligado a la selección del contratista a través de licitación pública, por expresa excepción del literal L) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Considera que no existió negligencia en la vigilancia del contrato, por cuanto el interventor en varias ocasiones ofició al contratista para el cumplimiento del contrato y transcribe dos oficios. Aporta fotos de la obra tomadas al término de las obras, que en su sentir desvirtúan los cargos, concluyó solicitando la revocatoria del fallo apelado.

CONSIDERACIONES Antes de entrar a resolver sobre el fondo del asunto se considera necesario hacer pronunciamiento especial sobre las presuntas violaciones al derecho de defensa, derivadas de la omisión de la Procuraduría en convocar al encartado a la visita especial a las instalaciones del Hospital; y en practicar pruebas tendientes a establecer las afirmaciones del implicado al rendir versión libre. Al respecto, encuentra el Despacho que la indagación preliminar se adelantó contra el Doctor Luis Mariano Mosquera, en su condición de director del Hospital San Francisco de Asís (Fl. 1), y por tanto fue este funcionario quien asistió a la visita practicada al Hospital Departamental, que obra a folio 26 y ss del proceso. La vinculación del Dr. Pedro Luis Alvarez Mena a la investigación se efectuó al calificar el mérito de la indagación, en donde se dispuso abrir investigación en su contra y se archivó contra el funcionario antes mencionado. Razón por la cual, no existía obligación legal para la Procuraduría de hacerlo comparecer a la diligencia. De otro lado, el implicado fue informado de la apertura del proceso disciplinario (Fl. 317), notificado en forma personal del auto de cargos (Fl. 381), al cual descorrió el traslado dentro del término concedido por la ley, solicitó la practica de pruebas (Fl. 6 C.2), sobre las cuales se resolvió mediante proveído del 3 de mayo de 1999 (Fl. 9), interpuso recurso de apelación contra la providencia (FIs. 14 y ss), que al resolverse modificó la decisión, para ordenar la

práctica de la totalidad de las pruebas pedidas por el investigado, la cuales fueron evacuadas como aparece a folios 43 y ss del expediente. En consecuencia, no se evidencian las violaciones al derecho de defensa alegadas por el recurrente, ni se observa negativa de la entidad a practicar las pruebas que fueron solicitadas por el disciplinado, para acreditar la veracidad de sus afirmaciones. Ahora bien, en relación con el cargo primero formulado al Dr. Alvarez Mena, en su condición de Director del Hospital San Francisco de Asís, considera la Delegada, que la conducta se encuentra acreditada en el proceso con la prueba de cargos, conducta que no se desvirtúa con las afirmaciones del implicado, pues estas se encuentran huérfanas de prueba, dado que no aportó en la etapa probatoria del proceso, ni al sustentar el recurso de apelación, prueba siquiera sumaria de la existencia de los planos, diseños, especificaciones técnicas de la obra contratada al suscribir el contrato 03 el 7 de junio de 1997, cuya ausencia previa a la celebración del contrato fue cuestionada como falta disciplinaria. Las argumentaciones de apelación relacionadas con que no se requería de planos, puesto que lo único que se iba a hacer era el cambio de las tejas, no son de recibo por el Despacho, pues de las declaraciones vertidas al proceso a solicitud del propio implicado, se aprecia que el contratista y el interventor tuvieron que levantar en forma apresurada los planos de la edificación para ejecutar las obras y por la ausencia de estos, se desconocía que el cielo raso del Hospital estaba sostenido a

las tejas, por lo que la obra no se limitó al reemplazo del material existente, sino que tuvieron que implementarse mecanismos para evitar el retiro total del cielo raso y realizar el cambio de los techos, lo cual ocasionó los inconvenientes de que da cuenta el cargo y que quedaran sin reparar las filtraciones en las paredes. La conducta cuestionada y acreditada en el proceso es violatoria del estatuto contractual artículo 25 numeral 12 según el cual "con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliego de condiciones o términos de referencia." En consonancia con el artículo 26 numeral 5 ibídem que establece el principio de responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección en el Jefe o representante legal de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad. La violación de las normas contractuales antes citadas es considerada antijurídica como quiera que con ellas incumplió el deber de observar la constitución y la ley señalado en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1993, cuya inobservancia constituye falta disciplinaria al tenor del artículo 38 ibídem y da lugar a la imposición de medida disciplinaria. Cargos segundo y tercero.- Considera la Delegada que las conductas cuestionadas como faltas disciplinarias en estos numerales se encuentra acreditadas en el proceso con la fotocopia de los otro si de los contratos 014/97 y 016/97 visibles a folios 296 y 240,

respectivamente, de cuya lectura claramente se colige que se cambiaron los objetos de los contratos de tal manera que el contratista CHAMAT - ABADIA asumió la construcción de la sala de quemados y cuidados intensivos y no la sala de partos y vestier de quirófano como se convino en el contrato; y la firma INGECOR Ltda. la construcción de la sala de partos, hospitalización y ortopedia del hospital y no la construcción de la sala de quemados y ortopedia, como fue lo pactado. Así las cosas, el argumento de apelación en el sentido de que a través de los otro si señalados en los cargos, solamente se procedió a cambiar los nombres de los contratistas, carece de fundamento y en manera alguna desvirtúa la responsabilidad del disciplinado, pues con su conducta incurrió en violación de los artículos 24 numerales 1, 7 y 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993, normas referidas en el auto de cargos, que le imponían el deber de analizar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y contar con las autorizaciones y aprobaciones para ello con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato y de observar el principio de transparencia en la selección del contratista, en cada proceso contractual, que al ser transgredidas lo hacen incurso en falta disciplinaria por violación de los artículos 38 y 40 numerales 1 y 2 del C. D. U y sujeto pasivo de sanción disciplinaria. Tampoco desvirtúa la falta la afirmación de que no se tuvo en cuenta que fue el Ministerio de Salud quien ordenó modificar los diseños, pues como lo señala la norma contractual el

encartado estaba obligado a analizar las razones de conveniencia o inconveniencia de la obra y a contar con las autorizaciones respectivas, en este caso el aval del ministerio de salud, desde antes de la apertura del proceso licitatorio inclusive, luego la modificación realizada a través de los otro si era improcedente e inconveniente y dio lugar a los múltiples inconvenientes generados en la ejecución de las obras, que impidieron el cumplimiento de los fines del contrato. Cargo cuarto.- Encuentra el Despacho que el recurrente también es responsable de la conducta categorizada como falta disciplinaria en este numeral, por cuanto la omisión en controlar la ejecución del contrato 08 de noviembre 7 de 1996, permitió que la obra fuera ejecutada por el contratista, con la anuencia del interventor, de manera irresponsable, conectando la tubería de aguas negras del hospital, al canal de aguas lluvias, provocando los graves inconvenientes de que da cuenta el cargo. Adicionalmente, también es responsable por la celebración del contrato sin contar con los planos y diseños estructurales que permitieran su ejecución en condiciones normales, pues las pruebas aportadas al proceso, fotografías tomadas en el hospital, en donde haciendo uso de agua con anilina roja, arrojada a los caños de aguas negras del hospital, se estableció que el destino final era al canal de aguas lluvias y luego al río, lo cual demuestra la veracidad del cargo. Las argumentaciones de descargos y de apelación relativas a que el interventor del contrato era el único responsable de la vigilancia y ejecución de la obra, no eximen de responsabilidad al sancionado, por cuanto en todo caso como lo señala el artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de

1993, el Jefe o representante legal de la entidad no puede trasladar su responsabilidad en la contratación administrativa a ningún comité, junta o consejo directiva y en este caso alegar que era sólo responsabilidad del interventor, no desvirtúa la conducta, en este caso solo genera responsabilidad solidaria entre el jefe de la entidad y el interventor, pero en manera alguna es circunstancia relevante de responsabilidad. Tampoco la falta de conocimientos del sancionado en arquitectura o construcción y su formación profesional en una disciplina diferente, lo exime de responsabilidad en el hecho, pues en todo caso estuvo en capacidad de delegar en el jefe de la oficina jurídica o en otro funcionario del Hospital o del Servicio de Salud del Departamento con conocimientos sobre la materia, el proceso de contratación, pero como no lo hizo, se entiende que asumió su responsabilidad en todo el trámite y que debía cumplir con las obligaciones que en esa materia impone el estatuto contractual. Las explicaciones del recurrente en relación a la existencia previa de los planos y diseños del hospital y de las obras a ejecutar, antes de la celebración del contrato, que señala estaban en poder del Ministerio de Salud y en la oficina de catastro, no fue acreditada en el proceso, pues como se señaló en el cargo primero la afirmación no fue soportada con ninguna prueba siquiera sumaria. Adicionalmente, ello es improbable, pues de haber existido los planos correspondientes, las obras se hubieran podido ejecutar, sin los contratiempos de que da cuenta el interventor al rendir su declaración y no hubiera generado las fallas de construcción de que dan cuenta los autos. En consecuencia, también debe responder por esta conducta, pues con ella transgredió las

normas sustantivas y disciplinarias acusadas en el auto de cargos y en tal virtud se hace merecedor de sanción disciplinaria. Las conductas investigadas, probadas y no desvirtuadas en el proceso que fueron calificadas en forma definitiva por el fallador de primera instancia como graves e imputadas a título de responsabilidad con culpa, será mantenida en esta instancia, pues se considera acorde y consecuente con la situación presentada en el hospital y con el caos generado al servicio a cargo de la entidad. Razón por la cual la sanción impuesta de 90 días de salario será mantenida. El valor definitivo de la multa será la suma de siete millones seiscientos veinticuatro mil setecientos pesos ($ 7.624.770,oo), como quiera que el certificado de sueldo visible a folio 320 del proceso, da cuenta que el sancionado recibía para la época de los hechos por sueldo la suma de $ 11.955.069.oo y por gastos de representación $ 586.521,00, lo que arroja un salario mensual de $2.541.590, por lo que los noventa días de sueldo dan la suma antes mencionada. En merito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR LA RESOLUCION No. 011 DE JUNIO 7 DE 2000 proferida por la Procuraduría Regional del Choco, mediante la cual sancionó al encartado PEDRO LUIS ALVAREZ MENA, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.126.264 de Medellín en su condición de Director del Hospital San Francisco de Asís, con multa equivalente a 90 días de salario, esto es la suma de siete millones seiscientos veinticuatro mil setecientos

pesos ($ 7.624.770,oo), como responsable de los cargos formulados en el proceso y por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO.- El valor definitivo de la multa impuesta es la suma de siete millones seiscientos veinticuatro mil setecientos pesos ($ 7.624. 770,oo ), que deberá ser consignado a órdenes del Hospital San Francisco de Asís, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2170 de 1992, en concordancia con el artículo 31 de la Ley 200 de 1995, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO.- En firme esta providencia remítase copia al hospital San Francisco de Asís, a efecto de ejecutar la sanción impuesta, en el evento de que el sancionado no efectuó la consignación dentro de los treinta días siguientes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 200 de 1995. CUARTO.- Por la Procuraduría Regional y de acuerdo a los preceptos legales, NOTIFICAR esta providencia al sancionado o a su apoderado, advirtiéndole que contra la misma no precede recurso alguno por la vía gubernativa. QUINTO.- Cumplido lo anterior el mismo despacho remitirá copia de los fallos de primera y segunda instancia a la División de Registro y control para lo de su cargo, con las constancias de notificación y ejecutoria. Oportunamente se archivará el expediente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

BENJAMIN HERRERA BARBOSA

Procurador Delegado JVP Exp. 154-2233