PGN - RESERVA DE DOCUMENTOS - Caracter reservado

CARÁCTER RESERVADO DE DOCUMENTOS-Respecto de decisiones que profiera el operador disciplinario de la Dirección Nacional de Inteligencia PROCURADURÍA AUXILIAR ASUNTOS DISCIPLINARIOS-Función consultiva según Decreto 262 del 2.000 art. 9 num.3 CARÁCTER RESERVADO DE DOCUMENTOS-Si se solicitan de inteligencia para debido ejercicio de funciones esta reserva no será oponible a autoridades ….Así las cosas, se tiene que no resulta oponible la reserva de la información recaudada por los organismos que adelantan actividades de inteligencia a las autoridades disciplinarias cuando esta se requiera para el cumplimiento de sus funciones; al propio investigado en los procesos disciplinarios, para que pueda ejercer su defensa; o a la persona sobre quien recae la información con el fin de que solicite las aclaraciones o rectificaciones que versen sobre ella…… ……Así mismo, cabe resaltar que en la referida Ley 1621 de 2013 se definió la función de inteligencia y contrainteligencia como aquella que desarrollan las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y los demás organismos que faculte la ley, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley CARÁCTER RESERVADO DE DOCUMENTOS-No serán oponibles siempre que no pongan en riesgo defensa nacional o integridad según regulación legal

ACTUACIÓN DISCIPLINARIA-Momento procesal hasta donde es reservada en procedimiento ordinario, especial ante Procurador y verbal según ley 734/02 ACTUACIÓN DISCIPLINARIA-Reserva según sentencia de la Corte Constitucional RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN-El levantamiento de esta no se extiende a documentos que por disposición legal son reservados permanentemente En la consulta C-177 de 2014, esta oficina hizo dos advertencias respecto a la reserva de la actuación disciplinaria: «1. Si bien el levantamiento de la reserva se pregona de la actuación disciplinaria, esta no se extiende a aquellos documentos que por disposición legal tienen el carácter de reservados permanentemente, como es el caso de los relacionados en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. Por esta razón, en principio, no pueden ser consultados y mucho menos reproducidos por el quejoso. // 2. Ahora, de los demás documentos de la actuación, en virtud del levantamiento de la reserva procesal, puede solicitar el acceso y copia de los mismos [sic], siempre y cuando agote los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, […] Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 n.° 15–80, piso 23, PBX 5878750, ext. 12335. www.procuraduria.gov.co pues al no tratarse de una actuación procesal y no corresponder a uno de los sujetos procesales, se entiende que debe regirse por el derecho de petición consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo». DOCUMENTOS-Proferidos dentro de actuación disciplinaria no se generan

como consecuencia de función de inteligencia/FUNCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-Están limitadas por el principio de reserva legal ….De manera que los documentos que profiera el operador disciplinario de la DNI dentro de una actuación disciplinaria no se generan como consecuencia de esta función de inteligencia, que es la que está limitada por el principio de reserva legal, de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la Ley 1621 ib.; no obstante, si en esas decisiones se reproducen contenidos de la información que goza de reserva, le corresponderá a la autoridad disciplinaria asegurar la confidencialidad de dicho contenido, en forma especial (según normativa prevista para el efecto) y adicional a lo dispuesto en el artículo 95 ibidem. CONCEPTOS-No tienen carácter vinculante de conformidad con regulación legal 2 Bogotá, D. C., C-206 – 2017

SALIDA 56053 08/05/2018

Doctor

LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ AGUILERA

Director de Gestión Institucional Dirección Nacional de Inteligencia Avenida Calle 26 69–63, edificio Torre 26 Ciudad.

Ref.: Respuesta consulta recibida el 20/11/2017.

Respetado doctor: En atención a su consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico sobre el alcance de la reserva procesal contemplada en la Ley 734 de 2002 y los niveles de clasificación de la información previstos en la Ley 1621 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1070 de 2015, respecto de las decisiones que profiera el operador disciplinario de la Dirección Nacional de

Inteligencia, me permito manifestarle lo siguiente: Cabe resaltar que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.º, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, se procederá a suministrar elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema que ocupa la consulta, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución a un caso particular y concreto. Frente a la normativa que pone de presente el consultante, hay que señalar que la Ley 1621 de 20131 prevé en el artículo 34, sobre la inoponibilidad de la reserva, que «[e]l carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes. Corresponderá a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo establecido en el presente artículo». Mediante la sentencia C-540 de 20122, la Corte Constitucional, al efectuar la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 263/11 Senado, 195/11 Cámara, declaró exequible este artículo con base en las siguientes consideraciones: 3.9.34.2. Examen constitucional. 1 «Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras

disposiciones». 2 Magistrado ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO. 3 En relación con el inciso primero el cual establece que el carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, la Corte no encuentra reparo alguno de constitucionalidad, atendiendo lo expuesto en párrafos anteriores (preámbulo y arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 29, 74 y 93 C. Po.). La expresión subsiguiente “siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes”, se declarará exequible siempre que se entienda que no opera respecto a violaciones de derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Como se ha anotado, en el caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades del Estado no se pueden amparar en instrumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas. Así mismo, la locución mencionada queda supedita en su aplicación a situaciones en que se esté ejecutando operaciones de inteligencia y contrainteligencia (vigencia resulta temporal). Sobre la parte restante del inciso primero que señala “corresponderá a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo establecido en el presente artículo”, la Corte encuentra que resulta ajustado al ordenamiento

constitucional (arts. 1º, 2º, 29 y 74 superiores), toda vez que debe mantener el mismo carácter en orden a las finalidades constitucionales como la seguridad y la defensa de la Nación. Así las cosas, se tiene que no resulta oponible la reserva de la información recaudada por los organismos que adelantan actividades de inteligencia a las autoridades disciplinarias cuando esta se requiera para el cumplimiento de sus funciones; al propio investigado en los procesos disciplinarios, para que pueda ejercer su defensa; o a la persona sobre quien recae la información con el fin de que solicite las aclaraciones o rectificaciones que versen sobre ella. Por su parte, el artículo 95 de la Ley 734 de 2002 prevé que «[e]n el procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la decisión de citar a audiencia. // El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición». Respecto a este artículo, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia T-499 de 2013, en los siguientes términos: 4.3. Otra de las garantías mínimas previas que la ley y la jurisprudencia han reconocido en el trámite de los procesos disciplinarios, es la que consagra el artículo 95 de la Ley 734 de 2002, atinente a la reserva de la investigación disciplinaria que se fija

4 “hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo”. Significa lo anterior que la etapa probatoria propia de la investigación disciplinaria, se encuentra sometida a reserva con fines constitucionalmente admisible[s], como son garantizar la presunción de inocencia al investigado y resguardar la imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario. Después [de] que se formule pliego de cargos o se profiera acto de archivo definitivo, la investigación se considera pública para proteger la pretensión subjetiva de “ejercer el control del poder político” que le asiste a todos o a cualquier ciudadano, ya que aquella pretensión integra el núcleo esencial del derecho de participación política que establece el artículo 40 de la Constitución Política. Precisamente, la reserva de la investigación disciplinaria fue establecida por el legislador como una excepción al principio de publicidad de las actuaciones administrativas, con la finalidad única de amparar los derechos al buen nombre, a la intimidad e incluso al debido proceso del investigado. Por consiguiente, dicha reserva se viola cuando, estando en trámite la investigación disciplinaria, se ponen en conocimiento de personas que no tienen reconocida la calidad de sujetos procesales, un hecho puntual, una diligencia o una prueba recaudada en la fase de instrucción procesal. De allí que se le exija a los sujetos intervinientes total hermetismo frente a las actuaciones que se adelantan en esa fase, porque las pruebas que se acopian y las averiguaciones que se realizan, al ser filtradas o de conocimiento público, podrían llegar a fracasar.

En la consulta C-177 de 2014, esta oficina hizo dos advertencias respecto a la reserva de la actuación disciplinaria: «1. Si bien el levantamiento de la reserva se pregona de la actuación disciplinaria, esta no se extiende a aquellos documentos que por disposición legal tienen el carácter de reservados permanentemente, como es el caso de los relacionados en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. Por esta razón, en principio, no pueden ser consultados y mucho menos reproducidos por el quejoso. // 2. Ahora, de los demás documentos de la actuación, en virtud del levantamiento de la reserva procesal, puede solicitar el acceso y copia de los mismos [sic], siempre y cuando agote los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, […] pues al no tratarse de una actuación procesal y no corresponder a uno de los sujetos procesales, se entiende que debe regirse por el derecho de petición consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo». Así mismo, cabe resaltar que en la referida Ley 1621 de 2013 se definió la función de inteligencia y contrainteligencia como aquella que desarrollan las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y los demás organismos que faculte la ley, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen 5 constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás

fines enunciados en esta ley3. De manera que los documentos que profiera el operador disciplinario de la DNI dentro de una actuación disciplinaria no se generan como consecuencia de esta función de inteligencia, que es la que está limitada por el principio de reserva legal, de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la Ley 1621 ib.; no obstante, si en esas decisiones se reproducen contenidos de la información que goza de reserva, le corresponderá a la autoridad disciplinaria asegurar la confidencialidad de dicho contenido, en forma especial (según normativa prevista para el efecto) y adicional a lo dispuesto en el artículo 95 ibidem4. Resta agregar que esta respuesta expedida a instancia del consultante reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 20115 y 12 de la Resolución 9 de 20176. Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR

JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (E) Proyectó XPGH C-206 – 2017 3 «ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA. La función de inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen

democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley. ARTÍCULO 3. ORGANISMOS QUE LLEVAN A CABO LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA. La función de inteligencia y contrainteligencia es llevada a cabo por las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y por los demás organismos que faculte para ello la Ley. Estos organismos conforman la comunidad de inteligencia y son los únicos autorizados para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia. Todos los organismos que lleven a cabo estas actividades estarán sujetos al cumplimiento de la presente ley de manera integral. ARTÍCULO 4. LÍMITES Y FINES DE LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA. La función de inteligencia y contrainteligencia estará limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En especial, la función de inteligencia estará limitada por el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso […]». 4 Ello es así en atención a que la información sensible que protege el citado artículo 95 no solo es la procesal relacionada con la actuación disciplinaria, sino toda aquella que se pueda implantar en otros medios de almacenamiento y que contenga referencias específicas a piezas procesales o de «actuaciones» que están insertas en un proceso disciplinario con reserva.

5 «ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015 ―Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo―. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución». 6 «ARTÍCULO 12. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. Los conceptos emitidos como respuesta a las consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución para el servidor público o particular, ni comprometerán la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación». 6 Bogotá, D. C., C-206 – 2017

SALIDA 56053 08/05/2018

Doctor

LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ AGUILERA

Director de Gestión Institucional Dirección Nacional de Inteligencia Avenida Calle 26 69–63, edificio Torre 26 Ciudad.

Ref.: Respuesta consulta recibida el 20/11/2017.

Respetado doctor: En atención a su consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico sobre el alcance de la reserva procesal contemplada en la Ley 734 de 2002 y los niveles de clasificación de la información previstos en la Ley 1621 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1070 de 2015, respecto de las decisiones que profiera el operador disciplinario de la Dirección Nacional de Inteligencia, me permito manifestarle lo siguiente:

Cabe resaltar que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.º, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, se procederá a suministrar elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema que ocupa la consulta, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución a un caso particular y concreto. Frente a la normativa que pone de presente el consultante, hay que señalar que la Ley 1621 de 2013 prevé en el artículo 34, sobre la inoponibilidad de la reserva, que «[e]l carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes. Corresponderá a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo establecido en el presente artículo». Mediante la sentencia C-540 de 20127, la Corte Constitucional, al efectuar la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 263/11 Senado, 195/11 Cámara, declaró exequible este artículo con base en las siguientes consideraciones: 3.9.34.2. Examen constitucional. En relación con el inciso primero el cual establece que el carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que 7 Magistrado ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

7 lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, la Corte no encuentra reparo alguno de constitucionalidad, atendiendo lo expuesto en párrafos anteriores (preámbulo y arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 29, 74 y 93 C. Po.). La expresión subsiguiente “siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes”, se declarará exequible siempre que se entienda que no opera respecto a violaciones de derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Como se ha anotado, en el caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades del Estado no se pueden amparar en instrumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas. Así mismo, la locución mencionada queda supedita en su aplicación a situaciones en que se esté ejecutando operaciones de inteligencia y contrainteligencia (vigencia resulta temporal). Sobre la parte restante del inciso primero que señala “corresponderá a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo establecido en el presente artículo”, la Corte encuentra que resulta ajustado al ordenamiento constitucional (arts. 1º, 2º, 29 y 74 superiores), toda vez que debe mantener el mismo carácter en orden a las finalidades constitucionales como la seguridad y la defensa de la Nación. Así las cosas, se tiene que no resulta oponible la reserva de la información recaudada por los organismos que adelantan actividades de inteligencia a las

autoridades disciplinarias cuando esta se requiera para el cumplimiento de sus funciones; al propio investigado en los procesos disciplinarios, para que pueda ejercer su defensa; o a la persona sobre quien recae la información con el fin de que solicite las aclaraciones o rectificaciones que versen sobre ella. Por su parte, el artículo 95 de la Ley 734 de 2002 prevé que «[e]n el procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la decisión de citar a audiencia. // El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición». Respecto a este artículo, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia T-499 de 2013, en los siguientes términos: 4.3. Otra de las garantías mínimas previas que la ley y la jurisprudencia han reconocido en el trámite de los procesos disciplinarios, es la que consagra el artículo 95 de la Ley 734 de 2002, atinente a la reserva de la investigación disciplinaria que se fija “hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo”. Significa lo anterior que la etapa probatoria propia de la investigación disciplinaria, se encuentra 8 sometida a reserva con fines constitucionalmente admisible[s], como son garantizar la presunción de inocencia al investigado y resguardar la imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control

disciplinario. Después [de] que se formule pliego de cargos o se profiera acto de archivo definitivo, la investigación se considera pública para proteger la pretensión subjetiva de “ejercer el control del poder político” que le asiste a todos o a cualquier ciudadano, ya que aquella pretensión integra el núcleo esencial del derecho de participación política que establece el artículo 40 de la Constitución Política. Precisamente, la reserva de la investigación disciplinaria fue establecida por el legislador como una excepción al principio de publicidad de las actuaciones administrativas, con la finalidad única de amparar los derechos al buen nombre, a la intimidad e incluso al debido proceso del investigado. Por consiguiente, dicha reserva se viola cuando, estando en trámite la investigación disciplinaria, se ponen en conocimiento de personas que no tienen reconocida la calidad de sujetos procesales, un hecho puntual, una diligencia o una prueba recaudada en la fase de instrucción procesal. De allí que se le exija a los sujetos intervinientes total hermetismo frente a las actuaciones que se adelantan en esa fase, porque las pruebas que se acopian y las averiguaciones que se realizan, al ser filtradas o de conocimiento público, podrían llegar a fracasar. En la consulta C-177 de 2014, esta oficina hizo dos advertencias respecto a la reserva de la actuación disciplinaria: «1. Si bien el levantamiento de la reserva se pregona de la actuación disciplinaria, esta no se extiende a aquellos documentos que por disposición legal tienen el carácter de reservados permanentemente, como es el caso de los relacionados en el artículo 24 de la

Ley 1437 de 2011. Por esta razón, en principio, no pueden ser consultados y mucho menos reproducidos por el quejoso. // 2. Ahora, de los demás documentos de la actuación, en virtud del levantamiento de la reserva procesal, puede solicitar el acceso y copia de los mismos [sic], siempre y cuando agote los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, […] pues al no tratarse de una actuación procesal y no corresponder a uno de los sujetos procesales, se entiende que debe regirse por el derecho de petición consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo». Así mismo, cabe resaltar que en la referida Ley 1621 de 2013 se definió la función de inteligencia y contrainteligencia como aquella que desarrollan las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y los demás organismos que faculte la ley, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley De manera que los documentos que profiera el operador disciplinario de la DNI dentro de una actuación disciplinaria no se generan como consecuencia de 9 esta función de inteligencia, que es la que está limitada por el principio de reserva legal, de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la Ley

1621 ib.; no obstante, si en esas decisiones se reproducen contenidos de la información que goza de reserva, le corresponderá a la autoridad disciplinaria asegurar la confidencialidad de dicho contenido, en forma especial (según normativa prevista para el efecto) y adicional a lo dispuesto en el artículo 95 ibidem. Resta agregar que esta respuesta expedida a instancia del consultante reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 20118 y 12 de la Resolución 9 de 20179. Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR

JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (E) Proyectó XPGH C-206 – 2017 8 «ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015 ―Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo―. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución». 9 «ARTÍCULO 12. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. Los conceptos emitidos como respuesta a las consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución para el servidor público o particular, ni comprometerán la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación». 10