SC11-02-1956 - [003]
Detalles
- Título
- SC11-02-1956 - [003]
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 1956
Sentencia C – SC – 003 de 1956
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR AÉREO. — QUE
DEBE PROBAR EL TRANSPORTADOR PARA EXONERARSE DE
LA RESPONSABILIDAD ORIGINADA DEL CONTRATO
RESPECTIVO. —TRANSMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE PERJUICIOS POR CULPA CONTRACTUAL 1. — En repetidas ocasiones ha tenido la Corte oportunidad de referirse a la cuestión muy importante, de la responsabilidad de las empresas de transportes aéreos cuando a causa de un siniestro el pasajero no es llevado sano y salvo a su destino, o sea cuando no se cumple el contrato de transporte, y ha sentado una jurisprudencia que aclara suficientemente el punto. No podría adoptarse un criterio en extremo riguroso para hacer responsable siempre a las empresas por los accidentes que sufran los aviones ni tan benévolo que deje sin responsabilidad a los transportadores aéreos y sin defensa a quien sufra el daño. Inspirada en estos principios y aplicando por analogía a los transportadores por aire las disposiciones legales respecto al contrato de transporte por agua o por tierra, en cuanto ello es posible, la Corte ha llegado a las conclusiones siguientes en cuanto al problema referente a las obligaciones que tienen los empresarios de transportes aéreos, dada la naturaleza especial del contrato de transporte de esta especie y teniendo muy en cuenta el beneficio del pasajero: 1º — No es óbice para que el transporte tenga el carácter de servicio público, el que se preste por personas o empresas privadas, sin concesión de una entidad política. El transporte aéreo ejecutado por empresas organizadas, es un servicio
público. 2º — La responsabilidad del transportador para con el pasajero emana primordialmente del contrato de transporte. 3º — Como es evidente que en los viajes por aire existen peligros desconocidos que acarrean riesgos de los cuales no puede hacerse responsable el transportador, pues el pasajero que a este medio de transporte acude conoce las características peligrosas de todo vuelo y no existe disposición legal expresa que haga responsable al transportador de las consecuencias de tales riesgos, éstos los asume el pasajero, en cuanto tales riesgos no se deban a la deficiencia de la nave aérea, fallas de la tripulación, instalaciones, equipos, etc. Entonces la responsabilidad de la empresa de aviación es de simple prudencia y diligencia y queda libre de responsabilidad cuando pruebe la ausencia de culpa. (Ver sentencia de casación de 27 de septiembre de 1955, G. 3. Tomo LXXXI, pág. 168, cuya doctrina aparece transcrita en gran parte en la presente sentencia). 2 — El conductor en el transporte aéreo, responde de una obligación general de diligencia y prudencia, de modo que se exonera de responsabilidad probando la ausencia de culpa. Por consiguiente a los transportadores por aire les basta probar en caso de siniestro, para exonerarse de la responsabilidad originada del contrato, la diligencia de haber tomado todas las medidas conducentes a la ejecución plena de las obligaciones de conducir sin daño alguno al pasajero al lugar de su destino. 3 — De acuerdo con la doctrina de la Corte sobre la responsabilidad del transportador aéreo, no es al pasajero quien debe demostrar el descuido de la empresa sino ésta la
obligada a comprobar su ausencia de culpa en el hecho que produjo el siniestro. Sería aberrante que el pasajero, profano en asuntos de navegación aérea, estuviera obligado a demostrarle a la empresa que ella había incurrido en el descuido que produjo el accidente. Si se aceptara esta tesis, equivaldría a relevar siempre de responsabilidad a las empresas de transportes aéreos, con evidente injusticia para los intereses de los pasajeros, que confían en la diligencia y cuidado de la empresa con quien contratan, y que no estarían en capacidad técnica para demostrar el descuido de la empresa. En cambio, sí es perfectamente justo, para defender también los intereses de las empresas de aviación, que éstas estén en capacidad de demostrar que pusieron todo el cuidado necesario para que el viaje se realizara en buenas condiciones, es decir, para que puedan demostrar la ausencia de culpa y exonerarse así de la responsabilidad por los siniestros de que son víctimas quienes hacen uso del transporte aéreo. 4 — Según doctrina sostenida por la Corte, el sucesor universal del pasajero muerto en accidente, puede elegir entre la acción nacida del contrato, por culpa contractual (acción heredada) y la originada del mismo hecho, visto aisladamente, sin conexión con el contrato, como simple culpa delictual, acción no heredada. (Sobre este derecho de opción del causahabiente y sobre la diferencia que existe en cuanto a los perjuicios según se trate de una u otra acción, ver sentencia de 27 de septiembre de 1955, G. J. T. LXXXI, págs. 163 y ss.) 5 — Si desechó el sentenciador el concepto de los peritos
porque no lo encontró debidamente fundado, y esta apreciación no pugna con la realidad de los hechos, ese concepto del Tribunal es intocable en casación. 6 — No está fuera de lugar advertir que si es cierto que la jurisprudencia es rigurosa en cuanto que obliga a las empresas de transportes aéreos a demostrar satisfactoriamente su ausencia de culpa en los accidentes aéreos, para eximirlas de responsabilidad, y esto como garantía para los pasajeros, también es verdad, que en guarda de los intereses de esas mismas empresas, debe el juez ser riguroso en cuanto a la apreciación de los medios de pruebas allegados para fijar en dinero el valor de las indemnizaciones debidas. Por este motivo es perfectamente aceptable el criterio de que las partes debatan el valor de las indemnizaciones mediante el trámite del artículo 553 del Código Judicial.
REFERENCIA:
GACETA JUDICIAL Nº 2163 y
2164
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE
BARRANQUILLA
PETICIONARIO: Dolores Aguirre de Raad y “Aerovías Nacionales de
Colombia -Avianca-"
MAGISTRADO PONENTE:
JULIO PARDO DÁVILA Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil Bogotá, febrero once de mil novecientos cincuenta y seis. Por demanda repartida al juez 3º del circuito en lo civil de Barranquilla, el 4 de agosto de 1947, Dolores Aguirre de Raad, en su propio nombre y en el de sus menores hijos Marta Elena, Rodolfo, Juan Alfonso y Carmen Raad Aguirre, inició juicio
ordinario de mayor cuantía, contra la persona jurídica "Aerovías Nacionales de Colombia -Avianca-", como sucesora de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos -Scadta-, para que se hagan las siguientes declaraciones: "a) Que Aerovías Nacionales de Colombia -Avianca-, en su indicado carácter de sucesora de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos -Scadta-, es civilmente responsable de los perjuicios de diverso orden causados mediante el siniestro de aviación que tuvo lugar el día diez (10) de octubre del año de mil novecientos treinta y nueve (1939), en la ribera derecha del río Magdalena, a tres (3) kilómetros de la población de Calamar, en el sitio denominado "Ciénaga de Norato", jurisdicción del municipio de San Antonio, departamento del Magdalena; "b) Que, como consecuencia de la declaración anterior, 'Aerovías Nacionales de Colombia -Avianca-', sucesora de la 'Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos -Scadta', debe pagar, una vez ejecutoriada la sentencia qué le ponga fin al juicio, a Dolores Aguirre viuda de Raad, y sus menores hijos legítimos Nasta Elena Raad Aguirre, Rodolfo Raad Aguirre, Juan Alfonso Raad Aguirre y Carmen Raad Aguirre, la indemnización correspondiente a los perjuicios de todo orden a ellos mismos causados mediante el siniestro de aviación que tuvo lugar en las condiciones expresadas, perjuicios que estimo en una suma global superior a cien mil pesos ($ 100.000.00) moneda corriente, más los intereses legales a partir
de la fecha del accidente hasta cuando el pago se verifique; y "c) Que, igualmente, en caso de oposición, Aerovías Nacionales de Colombia -Avianca-, en su nombrado carácter, debe pagar las costas y gastos del juicio". Los hechos de la demanda pueden resumirse así: El diez de octubre de mil novecientos treinta y nueve, a las siete de la mañana, salió del aeropuerto de Veranillo, en Barranquilla, la aeronave C-53, denominada "Boyacá", de propiedad de la Scadta, empresa pública de transportes, en viaje hacia Girardot y con escalas en Magangué y otras poblaciones intermedias, ribereñas del río Magdalena. El avión "Boyacá" iba al mando del piloto Teniente Luís Ángel López y del copiloto y radiooperador Hebert Laasch, quienes actuaban por cuenta y órdenes de la empresa demandada, como empleados y agentes de la misma; El señor Juan Raad se encontraba entre los pasajeros del avión "Boyacá", por haber adquirido billete de transporte para viajar de Barranquilla a Magangué "mediante el pago del precio del billete correspondiente"; El avión "Boyacá" salió de Barranquilla en condiciones atmosféricas normales, y se mantuvo en comunicación radiotelegráfica con el aeropuerto de Veranillo hasta las siete y cuarenta y dos minutos de la mañana del día diez de octubre de mil novecientos treinta y nueve, "hora en que lanzó el último despacho, debido a que sufrió grave accidente en la ribera derecha del río Magdalena, a tres kilómetros de Calamar, en el sitio
denominado "Ciénaga de Norato", jurisdicción del municipio Cerro de San Antonio, Departamento del Magdalena; "El accidente consistió en la caída de la nave a tierra y fue ocasionado por el desprendimiento del ala o plano y flotador izquierdos, encontrándose el avión en el aire, según lo relataron testigos presénciales y lo confirmó después la Comisión Investigadora de las causas del accidente, designada por el Gobierno". En el accidente se destrozó la máquina y perecieron tripulantes y pasajeros, entre ellos Juan Raad, y se perdió el equipaje que llevaba y que contenía "documentos de alto valor, como pasaportes, partida de nacimiento, cheques y dinero en efectivo". Juan Raad estaba casado católicamente con Dolores Aguirre, "con la cual hubo los siguientes hijos: Marta Elena, Rodolfo, Juan Alfonso y Carmen Raad Aguirre, personas todas que le sobrevivieron y le sobreviven". Juan Raad dedicaba el producto íntegro de su trabajo al sostenimiento de su esposa y de sus hijos, quienes quedaron privados del amparo, protección y asistencia por parte de quien a ellos sostenía "como padre y esposo solícito y de ejemplar conducta que era"; el capital que poseía Juan Raad al momento de su muerte era superior a diez y seis mil pesos, representado principalmente en las mercancías que tenían en la tienda llamada "La Ciudad de Magangué", negocio que le producía una utilidad líquida no menor de veinte pesos diarios "y le hubiera producido mucho más al haber vivido, dadas las circunstancias excepcionales de esa época". El mencionado Juan Raad murió cuando "apenas había
cumplido treinta y cuatro años de edad, se encontraba en plena juventud y vigor físico y hubiera podido vivir normalmente veinte y siete años más, según la tabla colombiana de mortalidad, elaborada por la Sección de Seguros de la Superintendencia Bancaria". "La empresa demandada (dice el hecho decimosegundo del libelo) mediante el siniestro mencionado y el consiguiente incumplimiento de las obligaciones adquiridas al recibir como pasajero al señor Juan Raad R., ya que la aeronave 'Boyacá' debió encontrarse y se encontraba en mal estado por ser de las más antiguas y gastadas, con largos años de servicio, causó, pues, muy graves perjuicios materiales y morales a su esposa señora Dolores Aguirre de Raad y a sus hijos, todos menores aún, Nasta Elena, Rodolfo, Juan Alfonso y Carmen Raad Aguirre, perjuicios que deben ser indemnizados".
Y agrega la parte actora: "Como fundamento de derecho apoyo esta demanda principalmente, en las disposiciones de los Títulos doce (XII) y veintiséis (XXVI), Capítulo diez (X) de este último, del Libro Cuarto del Código Civil y en las del Libro Segundo del Código de Comercio Terrestre, disposiciones que corresponden a la responsabilidad civil contractual. "Subsidiariamente, para el caso de que califique de extracontractual la responsabilidad civil que se deduce de los hechos fundamentales de la presente demanda, me apoyo en las disposiciones del título treinta y cuatro (XXXIV) del Libro Cuarto del misino Código Civil. Así mismo invoco las disposiciones de la ley 89 de 1938, 'sobre aeronáutica civil', que regula tanto la
responsabilidad contractual como extracontractual por el transporte aéreo, el artículo 8 de la ley 52 de 1919, y la Sentencia de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, proferida por la Corte Suprema de Justicia en el juicio promovido por los damnificados con la muerte del doctor Ignacio Martínez Pereira, uno de los tres pasajeros qué llevaba el avión 'Boyacá". La sociedad demandada al contestar la demanda, negó los fundamentos de derecho y en cuanto a los hechos, aceptó que la aeronave C-53 'Boyacá', de propiedad de la Scadta, salió del aeropuerto de Veranillo en Barranquilla el 10 de octubre de 1939, a las siete de la mañana, en vuelo de itinerario hasta Girardot, y con escalas en Magangué y otras poblaciones ribereñas del río Magdalena. "La mencionada aeronave, al partir del Aeropuerto de Veranillo, se encontraba en perfectas condiciones de navegabilidad"; el avión iba comandado por el personal que indica la demanda, y tanto el piloto como el mecánico radiotelegrafista, se encontraban debidamente autorizados por la Dirección de Aeronáutica Civil para ejercer sus respectivas funciones; el piloto era uno de los más hábiles de la aviación colombiana y el mecánico era uno de los más experimentados miembros del personal de vuelo de la Scadta; dice la sociedad demandada que es cierto que entre los pasajeros que conducía el avión "Boyacá" se encontraba el señor Juan Raad, quien tenía pasaje para viajar de Barranquilla a Magangué. El transporte se llevó a cabo según los reglamentos de la mencionada
sociedad demandada, en las condiciones acostumbradas por los transportadores aéreos y contenidas en el tiquete que fue expedido, y en el que figuran las siguientes cláusulas de exoneración de responsabilidad civil por daños al pasajero y de limitación de responsabilidad en el transporte de equipaje: 'Todo viaje es a entero riesgo del pasajero. En caso dé pérdida o avería ocurrida en el equipaje durante su transporte, la sociedad no asume responsabilidad mayor que la de $ 1.00 M/c. por cada kilogramo de peso. El pasajero que desee una garantía mayor deberá asegurar su equipaje por cuenta propia en alguna Compañía de Seguros. Con el hecho de recibir este tiquete el pasajero, se declara conforme con todas las condiciones del mismo'. "Según la compañía demandada, la primera cláusula trascrita significa según la Corte Suprema de Justicia, que si a pesar de todas las previsiones de la Compañía y de la observancia dé las medidas aconsejadas normalmente para garantizar el vuelo, el avión es víctima en el aire de un accidente cuya causa cierta y concreta no puede atribuirse a su culpa, la Compañía no puede ser responsable". Acepta que es cierto, según lo expresado por la Scadta en la escritura de protesto, que es la número 1414 de 17 de octubre de 1939, de la Notaría 2ª de Barranquilla, que la aeronave "Boyacá" C-53, salió de Barranquilla en condiciones atmosféricas normales para la navegación aérea, y que permaneció en comunicación radiotelegráfica con el aeropuerto de Veranillo hasta las siete y
cuarenta y dos minutos de la mañana del día del accidente, y agrega, al contestar el hecho cuarto de la demanda: "...Poco después de las siete y cuarenta y dos (7:42) de la mañana el C-53 "Boyacá", no obstante haberse tomado todas aquellas medidas razonables destinadas a garantizar la seguridad de la aeronave, de los pasajeros y tripulación, sufrió de manera súbita e improvista un grave accidente, cerca de Calamar, en un sitio denominado 'Ciénaga de Norato..." Niega la compañía demandada que la causa del accidente hubiera sido el desprendimiento del plano y flotador izquierdos encontrándose la nave en el aire, y hace referencia a la conclusión final a que llegó la Comisión "de carácter administrativo designada por la Dirección General de aviación" y que dice: "La Comisión de Investigación deja constancia de que no habiendo sido posible encontrar un indicio claro y preciso sobre el factor que concurrió y motivó el desprendimiento del plano y flotador izquierdos en el aire, se abstiene de emitir concepto sobre el particular, dejándolo a consideración y estudio del señor Director. Aclara, sí, que si bien se desconoce la causa, en cambio la consecuencia está perfectamente clara y demostrada: accidente ocasionado a consecuencia del desprendimiento del plano y flotador izquierdos, encontrándose el avión en el aire". Está de acuerdo la parte demandada en que el accidente sufrido por el avión "Boyacá" ocasionó su total destrucción y la muerte instantánea de los pasajeros y tripulación, así como en que del equipaje del señor Raad se perdió una pieza, pero no admite
que en esa pieza llevara el pasajero documentos de valor, y niega que el pasajero Raad llevara en su equipaje perdido cheques o dinero en efectivo. Niega que Juan Raad dedicara el producto íntegro de su trabajo a los gastos de educación, establecimiento y subsistencia de su esposa y de sus hijos; no le consta cuáles fueran las ganancias de Raad antes de su muerte, y niega que cuando el señor Raad murió apenas había cumplido treinta años de edad, No acepta que la sociedad demandada hubiera incumplido las obligaciones que contrajo al recibir como pasajero en el avión "Boyacá" al señor Raad y niega, también, que dicho avión se encontraba en mal estado. Acepta que la muerte de Juan Raad causó a su esposa pena de índole moral subjetiva, pero niega que se hubieran ocasionado perjuicios materiales indemnizables, ni daño de otra índole, y agrega: "...El accidente del C-53 "Boyacá", se debió a fuerza mayor o caso fortuito, o a riesgos del aire equivalentes a ellos, y no obstante de que por la sociedad transportadora se tomaron las medidas razonables o necesarias encaminadas a darle la mayor seguridad al vuelo. La obligación del transportador aéreo es de simple prudencia y diligencia". La parte demandada propuso, al contestar la demanda, las excepciones perentorias que se deducen de los siguientes hechos: "Primero. —Exoneración de la responsabilidad civil de la sociedad en cuyo nombre hablo, estipulado de manera expresa por las partes en el contrato de transporte aéreo de persona. "Segunda. —El accidente de la aeronave C-53 'Boyacá' fue
ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito, o por riesgos del aire equivalentes a ellos. "Tercero. —Limitación de la responsabilidad civil de la sociedad demandada, en caso de pérdida total del equipaje, estipulada de manera expresa en el contrato de transporte. "Cuarto. —El accidente de la aeronave C-53 'Boyacá' ocurrió no obstante haber tomado la sociedad demandada las medidas de prudencia y diligencia indicadas para garantizar el vuelo. "Quinto. —Ausencia de culpa de la sociedad demandada. "Sexto. —Falta de acción de los demandantes. La de prescripción de seis meses a que hace referencia el artículo 313 del Código de Comercio Terrestre, ordinal 4º". La sentencia de primer grado pronunciada por el juez 3 en lo civil del circuito de Barranquilla, el 27 de julio de 1949, concluye: "Declárase que Aerovías Nacionales de Colombia -Avianca en su indicado carácter, de sucesora de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos -Scadta-, es civilmente responsable de los perjuicios de diverso orden causados, mediante el siniestro de aviación ocurrido el día diez de octubre del año de mil novecientos treinta y nueve, en la ribera derecha del río Magdalena, a tres kilómetros de la población de Calamar, en el sitio denominado 'Ciénaga de Norato', jurisdicción del, municipio Cerro de San Antonio, Departamento del Magdalena... "Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la empresa demandada a. pagar, una vez ejecutoriada esta, sentencia, a Dolores Aguirre viuda de Raad, y a sus menores hijos legítimos,
Nasta Elena Raad Aguirre, Rodolfo Raad Aguirre, Juan Alfonso Raad Aguirre y Carmen Raad Aguirre los perjuicios de todo orden causados mediante el siniestro de aviación acaecido en las circunstancias ya expresadas. "Para la debida ejecución de lo resuelto en esta sentencia, la parte favorecida podrá pedir que se observe lo que establece el artículo 553 del C. J. Sin costas". Tanto la parte actora como la demandada, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, y surtida la segunda instancia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, éste desató la litis en sentencia de fecha veinte de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, que en su parte pertinente está concebida en estos términos: "...El Tribunal... reforma el fallo apelado, cuya parte resolutiva queda así: "1º — Declárase a la sociedad Aerovías Nacionales de Colombia 'Avianca', civilmente responsable de los perjuicios de todo orden causados a los demandantes en este juicio, causados en el siniestro de aviación ocurrido el día diez (10) de octubre de mil novecientos treinta y nueve (1939) en el sitio denominado 'Ciénaga de Norato', en jurisdicción del municipio de El Cerro de San Antonio, Departamento del Magdalena, en el cual perdió la vida el señor Juan Raad Raad pasajero de la aeronave 'Boyacá' C-53 destruida en ese lugar. "2º — Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la sociedad expresada a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales objetivados causados a éstos por el
siniestro de que se ha hablado, previo el trámite señalado por el artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. "3º — Condénase a la misma empresa a pagar a cada uno de los damnificados señora Dolores Aguirre viuda de Raad y a sus menores hijos por ella representados, Nasta Elena Raad Aguirre, Rodolfo Raad Aguirre, Juan Alfonso Raad Aguirre y Carmen Raad Aguirre, la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000.00) moneda legal colombiana como perjuicios morales subjetivos; y "4 — Sin costas". Contra esta sentencia interpusieron el recurso de casación las dos partes en litigio, y la Corte procede a resolverlo, pues está cumplida, la tramitación legal correspondiente. LA SENTENCIA ACUSADA Principia el Tribunal por relacionar los hechos probados en el juicio, y que son los siguientes: 1º — Que Juan Raad contrajo matrimonio católico con Dolores Aguirre el 18 de abril de 1928 y que de ese matrimonio nacieron: Nasta Elena el 11 dé enero de 1929, Rodolfo el 16 de junio de 1930, Alfonso el 21 de julio de 1934 y Carmen el 16 de noviembre de 1935. 2º — Qué Juan Raad falleció el 10 de octubre de 1939, y según la partida dé defunción tenía cuando viajaba de Barranquilla a Magangué en treinta y cuatro años. 3º — Que la muerte de Juan Raad ocurrió cuando viajaba de Barranquilla a Magangué en el avión C-53 "Boyacá" "al venirse éste
a tierra y destrozarse completamente en el sitio denominado 'Ciénaga de Norato', en jurisdicción del municipio del Cerro de San Antonio, Departamento del Magdalena". 4º — Que Juan Raad era un comerciante que gozaba de magnífico crédito por sus condiciones de buen trabajador, estricto cumplidor de sus obligaciones comerciales, buen esposo y padre ejemplar, qué invertía todo el producto de su trabajo en el sostenimiento de su familia; que a causa de su muerte fueron cancelados dos pedidos de mercancías que estaban listos para ser despachados a su almacén establecido en Magangué y que este negocio sufrió serios quebrantos por la misma causa. 5. — Que está probada la existencia y representación de la sociedad demandada. 6. — Que está plenamente probado el contrato de transportes celebrado entre Juan Raad y la empresa demandada. 7. — Que el accidente de la aeronave C-53 "Boyacá" se debió al desprendimiento del ala y flotador izquierdos, encontrándose el aparato en el aire. 8. — Que la empresa transportadora fue diligente en la escogencia del aviador piloto y del copiloto radiotelegrafista que comandaba la nave, con licencias expedidas por las autoridades competentes para el desempeño de esas labores; qué los aeródromos funcionaban en buenas condiciones, provistos de todos los servicios que los reglamentos exigían para esa época; que estaba autorizada para operar estaciones radiotelegráficas en varios sitios del territorio nacional, que contaba con esos servicios y que éstos estaban a cargo de personal idóneo; que la aeronave
"Boyacá" estaba debidamente inscrita en el registro oficial de las naves particulares; que la autoridad competente concedió licencia para su uso en el transporte de personas y de carga y que al ocurrir el accidente de que dan cuenta los autos, contaba con los servicios técnicos indispensables para cumplir el fin a que estaba destinada; que antes de emprender el vuelo que culminó trágicamente, fue provista del combustible necesario para realizarlo; que se obtuvieron los reportes sobre el estado del tiempo al través de la ruta que debía seguir la aeronave, habiéndose obtenido una información que permitía considerar factible y normal el viaje por esos aspectos; que, en fin, tanto el número dé pasajeros como de tripulantes y el peso de la carga no excedían la capacidad de la aeronave. Está probado también que la Scadta obró con la debida prudencia al escoger el material volante, ya que lo adquirió a una casa productora de reconocida seriedad y de bien cimentado prestigio. "Aparece de autos igualmente que con anterioridad al vuelo, el C-53 'Boyacá' fue sometido a las revisiones de rutina por parte del personal técnico al servicio de la empresa demandada". En el capítulo V de la sentencia —Causas de la tragedia— principia el Tribunal por examinar detenidamente las declaraciones de Gregorio Martínez y de Aquilino Alandete y afirma que tales declaraciones "establecen plenamente que la aeronave C-53 "Boyacá" cayó a tierra al desprenderse al plano y el flotador izquierdos estando aún en vuelo con rumbo normal y sin que la máquina hubiera chocado contra ningún obstáculo": se refiere al
informe que rindió la comisión compuesta por el Capitán Jorge A. Bernal y por el Teniente Carlos Cancino, quienes fueron designados por la Dirección General de Aviación "con el encargo de efectuar una investigación detallada del siniestro"; y cita la relación de las reparaciones a que la aeronave "Boyacá" fue constantemente sometida en los meses de julio y agosto de 1939, reparaciones que fueron siete en total, incluyendo en ellas flotadores, alas y hélices, y se expresa así el sentenciador: "Estas comprobaciones procesales, de las cuales dedujo este Tribunal en pasada ocasión el mal estado de la aeronave y consiguientemente la obligación de indemnizar los perjuicios causados a los demandantes, han sido criticadas duramente por la parte demandada a intento de restarles significación indiciaría. Respecto a las declaraciones de los señores Martínez y Alandete dice el señor apoderado que incurren en contradicciones sustanciales, pues mientras el primero afirma que la aeronave volaba a escasa altura, como a cincuenta metros, el segundo sostiene que volaba a grande altura. Sin embargo, citando el texto mismo de las declaraciones, se observa cómo esa contradicción es apenas aparente. En efecto, refiere el testigo Alandete que el aparato 'que volaba a grande altura, de repente o repentinamente descendió (subraya el Tribunal) y se le vio algún ruido que todos los pescadores miramos y oímos, viendo y observando también que una ala (sic) del mencionado aparato caía al suelo, segundos después caía también uno de los botes o flotadores del avión y acto seguido
se derrumbaba el resto del aparato aéreo, explicación que lejos de oponerse, concuerda con la aseveración del testigo Martínez de que cuando se desprendieron el ala y el flotador 'el avión volaba a escasa altura, aproximadamente unos cincuenta metros y acto seguido el aparato aéreo se precipitó en un descenso violento estrellando (sic) contra el suelo y destrozándose completamente'. "Ninguna contradicción advierte la Sala entre estas dos declaraciones, pues si bien en la una se dice que el avión volaba a gran altura y en la otra se sostiene que cuando ocurrió el desprendimiento del ala y del flotador, la máquina volaba a unos cincuenta metros de altura, el primer deponente aclara que cuando acaeció ese fenómeno la aeronave había descendido, circunstancia que permite conciliar las dos versiones, por cuanto que si perdió altura, bien pudo situarse a la que Martínez calcula en cincuenta metros. Lo que ocurre es que los dos testigos no partieron de un mismo punto de referencia, pues al paso que el uno empieza a contar sus observaciones desde el momento en que el avión volaba a grande altura, antes del descenso, el otro parte del instante en que ya la máquina había descendido". Sobre la afirmación que hace la parte demandada acerca de que los hechos que relatan los testigos los dedujeron de la forma como quedaron los restos del avión accidentado, porque la visibilidad que tenían los testigos, según lo afirma el declarante Cerpa, era poco menos que nula circunstancia que les impidió ver el desprendimiento del plano y del flotador mientras la nave se encontraba en vuelo, dice el Tribunal:
"Sobre esta crítica cabe observar, en primer término, que de los cuatro testigos presénciales (Martínez, Alandete, Pina y Cerpa), sólo el último alude a la escasa visibilidad por causa de la neblina, circunstancia sobre la cual no se pronuncia ninguno de los otros tres; en segundo lugar, es importante hacer notar que según el testimonio de Cerpa, la neblina no fue obstáculo insalvable para que él viera todas las incidencias de la tragedia, las cuales refiere con acopio de detalles en su declaración: y, en tercer lugar, que no resulta lógico darle credibilidad a Cerpa en cuanto habla de la presencia de la espesa neblina y negárselo en todo lo demás de su amplísimo y detallado relato, conco
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