SC28-02-1956 - [028]
Detalles
- Título
- SC28-02-1956 - [028]
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 1956
Sentencia C – SC – 013 de 1956
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. —
ACTIVIDADES PELIGROSAS. — CONCURRENCIA DE CULPAS.
— PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES. — TÉCNICA DE CASACIÓN CUANDO EL RECURSO ES DOBLE. 1. — Disponen los artículos 537 y 538 del Código Judicial que la Corte debe examinar en orden lógico las causales aducidas y si encuentra fundada alguna, no considera las restantes, infirma el fallo y dicta en su lugar la resolución que corresponda. Cuando el recurso es doble, o sea, interpuesto por ambas partes, generalmente el orden lógico indica que se examinen en primer término los cargos hechos por el recurrente demandante, pero en casos como el presente en que la aspiración de aquél es la de agravar la condena pronunciada, y las del demandado persiguen la plena absolución, o, al menos, que se reparta la carga de la indemnización por intervenir concurrencia de culpas, si es que alguna puede imputarse al Municipio, el orden lógico no coincide con el cronológico procesal de fundamentacion de los recursos, porque nada se lograría con casar la sentencia por encontrar fundados los cargos que hace el demandante para agravar la condena, con base en la responsabilidad deducida, si al fallar la Corte en instancia llega a la conclusión de que debe absolver o, en subsidio, reducir la condena, si estima que debe aplicar el articulo 2357 del Código Civil, por considerar que la víctima del accidente incurrió también en culpa.
2.—La presunción de culpa que se encuentra consagrada en el artículo 2356 del C. C., opera en favor de la víctima pasiva del daño ocasionado por el manejo de cosas caracterizadas por su peligrosidad, la cual releva de la prueba de la culpa en el acaecimiento del accidente, a la víctima, quien demostrando el daño y la relación de causalidad entre éste y el perjuicio, vierte sobre el autor de aquél la obligación de acreditar una causa eximente de culpa, si aspira a liberarse de toda responsabilidad. 3. —La presunción de responsabilidad consagrada en el artículo 2356 del Código Civil, estriba en la ACTIVIDAD peligrosa, no en la cosa. Un cable metálico, intrínsecamente, por sí solo, no es peligroso, pero cuando está sirviendo en la actividad de conducir una corriente eléctrica, es más peligroso que un rifle de repetición disparando continuamente. 4.—Hace poco más de 33 años (fallo de julio 21 de 1922), la Corte le dio cabida a la acción indemnizatoria por perjuicios morales, en el juicio que León Villaveces promovió contra el Municipio de Bogotá, por el quebranto espiritual que le produjo el descuido o equivocación culposa del administrador del Cementerio Central, quien, hallándose ausente del país el señor Villaveces, creyó que la bóveda que desde hacía varios años ocupaba el cadáver de la esposa de dicho señor, era del Municipio, hizo exhumar los restos que fueron a dar al osario común. Propuesto el juicio y surtidas las dos instancias, la Corte,
en casación, pronunció fallo condenatorio en abstracto; y luego sobrevino el señalamiento, en concreto, de la indemnización debida, mediante el dictamen de peritos. Observando el legislador la gran dificultad con que se tropezaba en la apreciación de perjuicios de esa clase, al expedir el nuevo Código Penal en 1936, vigente desde el 1º de julio de 1938, incluyó una norma que ha servido para tasar los daños ocasionados por un delito, y también los procedentes de una culpa civil extracontractual. Esa norma (artículo 95 de dicho estatuto), señaló un máximum de $ 2.000 para el damnificado, y sostenidamente la jurisprudencia en muchos fallos ha sentado la doctrina de que cuando el damnificado moralmente, es uno solo, la reparación pecuniaria indicada por el artículo 95, le corresponde a él; y si son dos, cinco, nueve, etc., otro tanto a cada uno, más no que los $ 2.000 previstos por aquella norma se repartan entre todos. Así, si son diez, y se hallan en condiciones semejantes, no serían $ 200 para cada uno sino $ 2.000 para cada damnificado. Esto porque si se trata de varios hijos que perdieron al padre, el dolor o la pena moral de cada uno no se divide entre todos, no disminuye porque sean varios los dolientes, pues el mal de muchos no es consuelo para nadie, ni la pena aumenta porque sean menos los afectados; al contrario, siendo varios, el dolor propio de cada uno se aumenta por el ajeno, por la vinculación de sentimientos, al paso que el perjuicio material o pérdida
patrimonial sí disminuye a mayor número de damnificados. Así, en el caso de que la muerte de la víctima haya ocasionado una pérdida patrimonial de S 40.000, si son dos los sucesores, cada uno habría sufrido un menoscabo de $ 20.000, pero si son diez, el perjuicio para cada uno sería de $ 4.000.
REFERENCIA:
GACETA JUDICIAL Nº 2163 y
2164
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE
MEDELLÍN
PETICIONARIO: Municipio de Medellín y María Maya viuda de Restrepo
MAGISTRADO PONENTE:
LUÍS FELIPE LATORRE U.
Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil. Bogotá, febrero veintiocho de mil novecientos cincuenta y seis. A mediados del año de 1952, el señor Roberto Restrepo Castro levantaba en la ciudad de Medellín, carrera 41 entre calles 59 y 80, números 59, 101 y 107, una edificación que el 7 de julio de ese año alcanzaba ya a la segunda planta, en cuya estructura se empleaban varillas de hierro, de 8 metros o más de longitud, que los trabajadores subían por la parte interior de la obra "como medida de seguridad, dado que por la parte exterior, a la misma altura de la plancha del segundo piso y a una distancia horizontal de un metro y medio aproximadamente, pasan varias líneas conductoras de energía eléctrica a alta tensión (6.600 voltios) desprovistas de toda envoltura de material aislante" (palabras del demandante). En esa operación se ocupaba el trabajador Gerardo Yepes.
En un momento, el señor Restrepo intervino en la maniobra para ayudar al trabajador, con tal mala suerte que el extremo de la varilla, que había salido al exterior, hizo contacto con el cable conductor de la corriente eléctrica, recibiendo los dos: Restrepo y Yepes, la descarga que les causó la muerte, Este suceso dio origen al juicio que contra el Municipio de Medellín. iniciaron la viuda de Restrepo y los hijos del mismo, a fin de obtener la correspondiente indemnización de perjuicios materiales y morales, juicio que culminó en primera instancia con sentencia condenatoria, en lo general, confirmada, con una reforma referente al monto de los perjuicios morales, por el fallo de 21 de octubre de 1954, pronunciado por el Tribunal Superior de Medellín y que ha venido a la Corte por virtud del recurso de casación interpuesto por ambas partes, empeñadas, cada cual en obtener una decisión más favorable a sus intereses. Situación actual Tanto el Juez como el Tribunal consideraron que el único culpable y responsable del desgraciado accidente referido, era el Municipio, por falta de las precauciones que estaba obligado a adoptar como empresario en una actividad peligrosa: la del empleo de la energía eléctrica, a alta tensión, conducida por cables desnudos dentro de la ciudad. En cuanto al monto de los perjuicios materiales y con apoyo en cómputos y dictámenes periciales y demás elementos probatorios, la condena pronunciada por el Juez y refrendada por el Tribunal, fue por $ 77.955.10.
Con respecto a perjuicios morales, el Juez declaró una obligación por $ 1.500, en total, para el grupo de personas demandantes. El Tribunal estimó que la indemnización debía ser discriminada, para cada interesado, así: $ 2.000 para cada uno de los demandantes María Maya viuda de Restrepo, Néstor, Gladys y Silvina Restrepo M. $ 1.500 para cada uno de los demandantes Álvaro y Roberto Restrepo M.; y $ 1.000 para cada uno de los demandantes Gloria, Ruth, Juan Fernando y César Restrepo M., por tratarse, en cuanto a los últimos, de niños de corta edad. Los recursos El apoderado de los demandantes en el juicio, sucesores del señor Restrepo, conforme, naturalmente con la decisión condenatoria en contra del Municipio, considera que ha debido ser más comprensiva, más rígida por monto más alto: $ 173,728.10 en lugar dé $ 77.955.10, cantidad ésta última señalada como indemnización por perjuicios materiales. Con la finalidad de conseguir ese resultado más favorable a la viuda e hijos de Restrepo, formula tres reparos a la sentencia recurrida. Primer cargo Violación indirecta de los artículos 2341, 2356, 1613 y 1614 del Código Civil, a causa de indebida aplicación de los artículos 1625, numeral 51 2714, 1715 y 1716; todo por "error evidente de hecho" al acoger los cálculos y razonamientos del Juez de circuito, siendo la principal equivocación la de deducir de la suma de $ 1.013.02 que Restrepo recibía mensualmente, de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, la cantidad de $ 530.47
que la familia de dicho señor seguiría recibiendo después de la muerte de aquél, de conformidad con la Ley 2 de 1945. Segundo cargo Violación de las mismas disposiciones precitadas por errónea interpretación, a causa del recorte de la indemnización por haberse compensado parte de ella con la cantidad que mensualmente seguía recibiendo la familia de la víctima. Tercer cargo Violación, por aplicación indebida de los artículos 1625, numeral 5º, 1714, 1715 y 1716 del Código Civil; y por tal causa, infracción indirecta de los artículos 1613, 1614, 2341 y 2356 del mismo estatuto. El pretendido desacierto lo deriva el recurrente, de "errores de hecho evidentes", en la apreciación de varias pruebas: el dictamen pericial y su ampliación y el certificado expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, elementos en que equivocadamente se apoyaron Juez y Tribunal para reducir el monto de la indemnización, que debía ser de $ 146.882.25, a la de $ 77.955.10. El representante del Municipio, a su vez, ha planteado cuatro cargos contra la sentencia recurrida, enderezados así: Primer cargo. —Con la acusación que en él se hace, de errores de hecho en la apreciación de pruebas y consiguiente violación indirecta de disposiciones sustantivas sobre responsabilidad por culpa, se pretende descargar por completo al demandado, por estimarse que él no incurrió en culpa alguna y debe ser absuelto totalmente, porque toda la culpa fue de la víctima. Segundo y tercer cargos. —Con ellos se persigue, en subsidio
la aplicación del artículo 2357 del Código Civil sobre concurrencia de culpas, a fin de repartir la responsabilidad en la indemnización. Cuarto cargo. —Este se encamina a obtener reducción, por otros conceptos y mediante cálculos diferentes de los que hizo el Juez y acogió el Tribunal, sobre valor de los perjuicios. Casación Disponen los artículos 537 y 538 del Código Judicial que la Corte debe examinar en orden lógico las causales aducidas y si encuentra fundada alguna, no considera las restantes, infirma el fallo y dicta en su lugar la resolución que corresponda. Cuando el recurso es doble, o sea, interpuesto por ambas partes, generalmente el orden lógico indica que se examinen en primer término los cargos hechos por el recurrente demandante, pero en casos como el presente en que la aspiración de aquél es la de agravar la condena pronunciada, y las del demandado persiguen la plena absolución, o, al menos, que se reparta la carga de la indemnización por intervenir concurrencia de culpas, si es que alguna puede imputarse al Municipio, el orden lógico no coincide con el cronológico procesal de fundamentación de los recursos, porque nada se lograría con casar la sentencia por encontrar fundados los cargos que hace el demandante para agravar la condena, con base en la responsabilidad deducida al Municipio, si al fallar la Corte en instancia llega a la conclusión de que debe absolver o, en subsidio, reducir la condena, si estima que debe aplicar el artículo 2357 del Código Civil, por considerar que la víctima del accidente incurrió también en culpa. Por tanto, la Corte examinará ante todo la acusación
propuesta por el demandado, sin perjuicio de tener en cuenta en el presente fallo, los diferentes puntos de vista y razonamientos de las partes sobre las variadas cuestiones que han tratado. Culpa de la víctima Sin descartar la culpa del Municipio, que se examinará más adelante, al pronunciar la Corte la decisión de instancia, se pasa a considerar el reparo consistente en no haberse aplicado el artículo que contempla la concurrencia de culpas: A este respecto, dice el recurrente (cargo tercero): "La sentencia de octubre de 1954: dictada por el H. Tribunal de Medellín en el juicio ordinario de la referencia, es violatoria de la ley sustantiva al haber infringido directamente el artículo 2357 del Código Civil, lo cual se produjo por no haberlo aplicado al caso de autos, debiendo haberlo hecho y haber aplicado en forma exclusiva los artículos 1613, 1614, 2341 a 2344, 2347, 2349 a 2351, 2355, 2356 del C. C. y 95 del C. P., los cuales también violó al no relacionarlos y ponerlos en concordancia con el citado artículo 2357 del C. C. Invoco pues, como motivo de casación el consagrado en el numeral primero del artículo 520 del Código Judicial. Solicito, en este cargo, que la H. Corte Suprema de Justicia case la sentencia acusada en sí misma, y en cuanto confirmó la del señor Juez 6 del circuito de Medellín, y que, como Tribunal de instancia aplique lo dispuesto por el artículo 2357 del Código Civil y demás normas concordantes y relacionados, en el sentido de establecer compensación de culpas y reducción del valor de los perjuicios
materiales y morales". Como fundamento de esta acusación, se reproducen en seguida y en resumen las razones, hechos y doctrinas expuestos en el cargo segundo. Para mayor claridad estimo conveniente transcribir los pasajes completos a que hace referencia el recurrente, sobre culpa de la víctima, cuyo texto reza: "Resumo las faltas de conducta del Coronel, así: a) Existiendo una 'amplia área disponible para la ejecución de los trabajos', como se lee en la inspección ocular, área que es precisamente la fijada por el Código de Seguridad, zona situada en el frente de la calle, no la aprovechó para movilizar las varillas por dicho frente, lo cual hubiera podido perfectamente hacer levantándolas con ayuda de cuerdas u otros sistemas semejantes, en posición paralelas a la fachada, como es corriente. La H. Corte Suprema de Justicia ha estudiado casos concretos, en los cuales se ha juzgado que la utilización de los interiores para movilizar las varillas acrecienta el peligro en lugar de disminuirlo, y al respecto citaré posteriormente una clara sentencia al respecto dictada por esa alta entidad. Pero si se usaba el interior, ello forzosamente debía hacerse sin traspasar 'la amplia área' de un metro con cincuenta centímetros existente entre la fachada y la línea eléctrica, y empleando el natural cuidado, propio de personas a quienes el simple derecho natural indica que deben proteger su propia vida: b) El Coronel Restrepo Castro no estableció cerramiento, valla o separación de ninguna clase entre su construcción y las líneas situadas sobre la calle a bastante distancia, lo cual es de uso corriente en las construcciones en todas
partes del país, y si esa precaución hubiera sido tomada por él, las puntas de las varillas no hubieran alcanzado las líneas. Hay que tener en cuenta que estas líneas son fijas, y desempeñaron por lo tanto, un papel enteramente pasivo en el accidente, mientras las varillas son elementos activos, que estuvo accionado por la víctima; c) Si el Coronel sabía que las líneas existían, y sabía que él no había colocado cerramiento alguno que impidiera a las varillas salir hacia el exterior de su propiedad, y si conocía la flexibilidad y la extensión de las varillas que estaba accionando, cometió ciertamente un acto imprudente en dirigirlas y accionarlas en forma tal que el contacto se produjese, y ese error de conducta está constituyendo la culpa concreta enteramente apreciable; d) El Coronel Restrepo Castro, no desempeñaba en la obra función material alguna que estuviera por sí misma, o circunstancialmente, expuesta a que se produjera un accidente de la índole del que es objeto de nuestro estudio, y en forma que no se explica sino como un acto de innecesaria imprudencia, se expuso a lo acontecido, al asumir funciones fuera de lo que corresponde a un director o supervigilante de obra material; e) Afirman unos testigos qua el Coronel y sus trabajadores empleaban toda clase de precauciones para evitar un accidente, y que no tuvieron en él culpa alguna, correspondiendo ella íntegramente al distrito, pero al deponer así asumen funciones propias de peritos y se salen de la órbita que la ley señala al testimonio humano, porque no dicen cuáles son los hechos o los actos en los cuales consistían
en excepcionales precauciones de que hablan, y se limitan a indicar como tal la circunstancia de que las varillas se movilizasen desde el interior, lo cual, al contrario, es más peligroso, desde qua por falta de visibilidad no se podía controlar la posición del extremo que se dirigía hacia el exterior; pero brilla por su ausencia toda referencia testimonial a que se hubiera apostado una persona que observara el movimiento de dichas varillas y advirtiera oportunamente, o que se hubieran aislado las puntas de las varillas con material aislante, o que se hubieran construido cerramientos que separaran la construcción del exterior, o se hubieran accionado desde el exterior; en fin, los testigos no mencionan ningún hecho concreto que pueda juzgarse razonablemente como una precaución adecuada por parte de la víctima, y aceptar sus testimonios en abstracto constituye un evidente error en la apreciación de la prueba, que aparece de manifiesto en autos, lo mismo que concluir en la ausencia total de culpa por parte del Coronel Restrepo Castro. El experticio concluye, como ya se transcribió antes, en que el accidente hubiera sido evitable con extrema prudencia por parte de la víctima, pero en parte alguna dice que hay ausencia total de culpa por parte de la víctima, y si lo hubiera dicho y con fundamento en ello el rallador hubiera exculpado plenamente al Coronel Restrepo Castro, hubiera cometido sin embargo manifiesto error de hecho ante las circunstancias en que los hechos ocurrieron y que quedan analizados. "Dice la H. Corte Suprema de Justicia en casación del 19 de
octubre de 1949 (G. J. número 2.077, pág. 634) lo que sigue: 'La culpa que el Tribunal tomando en cuenta las pruebas del proceso, le imputó a Tulio Benjamín Álzate para darle así aplicación al precepto del artículo 2357 del C. C., según el cual la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente, no la hizo consistir en el hecho para ese efecto intrascendente de que la víctima condujera directamente o ayudara a otro trabajador a conducir en el momento en que ocurrió el suceso la varilla metálica que hizo contacto con los alambres transmisores de energía eléctrica, pues sea de ello lo que fuere, es lo cierto que lo que da el sentenciador por demostrado es que el accidente 'ocurrió cuando aquéllos se ocupaban en subir varillas de hierro a uno de los pisos altos, lo que hacían por la parte interior del edificio en que trabajaban. Y esto es tan indiscutible, que hay que considerarlo como un punto que está colocado fuera del debate, como que constituye uno as los hechos fundamentales de la demanda, el séptimo que antes se dejó copiado, en el cual se da la misma versión a los sucesos que el Tribunal acoge y que el recurrente pretende inútilmente desvirtuar en casación. Además, la actividad culposa de la víctima la desprendió el sentenciador de los siguientes hechos: 'Álzate y su compañero se empeñaron en subir a hombro las varillas por las escaleras', contrariando las órdenes o costumbres
establecidas en la obra; que las varillas se levantaban 'por medio de lazos y por el lado de la calle', con lo cual se eliminaba el peligro de contacto con los alambres transmisores (subrayo) y que tanto Álzate como el otro trabajador determinaron sacar por una de las ventanas del edificio en construcción, una de las extremidades de las varillas, levantándola casi verticalmente, sin tomar ninguna precaución y en forma que hizo contacto con la corriente de la energía'. "Es muy notable la similitud del caso de autos con el considerado por la H. Corte Suprema de Justicia en el cual se desecha el cargo propuesto contra la sentencia del tallador de instancia que había aceptado la reducción del daño con fundamento en lo que dispone el artículo 2357 del Código Civil. "La misma H. Corte Suprema de Justicia dice en casación del 22 de junio de 1943 (G. J. número 2062, pág. 471) que 'En el accidente de Marsella está plenamente establecido el hecho que causó las lesiones a Triana se produjo por culpa exclusiva de la víctima, pues si ésta a sabiendas del peligro, no se arriesga imprudentemente a tocar las cuerdas de la canalización eléctrica, nada le hubiera pasado'. "Los citados hermanos Mazeaud en su célebre obra invocada (Tomo II, pág. 24) dicen: 'Podemos afirmar, sin exageración, que en la inmensa mayoría de los casos la víctima participa en la realización del perjuicio que le afecta: el hecho de la víctima, trátese de una acción o de una abstención, figura entre las causas del
perjuicio junto con la culpa del demandado, y hasta acontece que ese hecho constituye la única causa del perjuicio. Por eso el problema de la incidencia del hecho de la víctima en la responsabilidad del demandado desempeña un papel fundamental, especialmente en aquellos dominios en que, por haber establecido la ley una presunción de responsabilidad, el demandado, para exonerarse, está obligado a establecer una causa extraña. Sin duda el hecho de la víctima no es la única causa extraña que exonera al demandado". La Corte considera que tiene razón el recurrente en cuanto al descuido o imprudencia imputable a Restrepo, por todos los hechos y circunstancias, cuya demostración en el proceso es completa, y que se acaban de relacionar. Además, y sin cancelar la culpa del Municipio, que luego se examinará, otra circunstancia agrava la negligencia de Restrepo: haber dejado de avisar al Municipio la iniciación de la construcción, teniendo en cuenta que la licencia otorgada para realizar la obra se había dado casi dos años antes. Todo lo expuesto, que es incontestable, justifica el cargo de violación del artículo 2357 del Código Civil, por no haberse aplicado siendo el caso de aplicarlo. Por tal motivo, el fallo recurrido se casará. Sentencia de instancia Para pronunciar la Corte su decisión final, debe, como todo Juez contemplar los diversos aspectos del caso en estudio: hechos fundamentales; procedencia de la acción, en principio; culpas, localización de la responsabilidad; perjuicios, cómputo de los daños, monto de la indemnización. - IHechos fundamentales Aparece acreditado en el proceso, con toda clase de pruebas
adecuadas y conducentes, declaraciones de testigos dignos de crédito, dictámenes de expertos, documentos, etc., el suceso desgraciado ocurrido el 7 de julio de 1952, del cual fueron víctimas el señor Restrepo y el trabajador Yepes, las labores en que se ocupaban, consistentes en la construcción de una casa del primero, particularmente en la obra de estructura de la segunda planta, en que se empleaban varillas de hierro de 8 a 10 metros de longitud, la existencia de un cable metálico conductor de energía a alta tensión, en sentido paralelo al muro exterior del edificio en construcción y a una distancia de un metro y medio; el conocimiento que Restrepo y Yepes tenían de la existencia y peligrosidad del cable; el contacto que con éste hizo la extremidad de una varilla que los operarios trataban de colocar en la segunda planta, la descarga eléctrica que fulmino a las dos personas prenombradas, etc. La personería sustantiva y adjetiva de las partes, la calidad que invocan y demás elementos necesarios para la prosecución del juicio aparecen acreditados. - IICulpas y responsabilidad Sin perjuicio de las consideraciones contenidas atrás, sobre la culpa de la víctima, y que condujeron a la casación de la sentencia recurrida, la Corte acoge las razones expuestas por el Tribunal en los siguientes pasajes de su fallo: "Tres clases de responsabilidad civil extracontractual reglamenta el Título 34 del Libro 4º del C. Civil, como lo tiene admitido reiteradamente la jurisprudencia nacional, a saber: la
proveniente del hecho personal (artículos 2341, 2345 del C. C.); la atinente al hecho de personas que dependen o están bajo el cuidado de otra (artículos 2346, 2347, 2348, 2349, 2352); y la que surge del hecho dañoso de cosas animadas o inanimadas (artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, C. C.). "Para que la responsabilidad en los casos anotados pueda deducirse, es preciso que se hallen plenamente demostrados los siguientes factores esenciales: a) la existencia del daño inferido a la víctima; b) culpa imputable al demandado, y c) relación precisa de causas a efecto entre la culpa y el daño sufrido. "Sin embargo, tratándose del daño causado mediante el ejercicio de actividades peligrosas, y la explotación de energía eléctrica es una de ellas, establece la ley una presunción de culpa respecto del demandado, quien sólo puede exonerarse de la responsabilidad que se le imputa demostrando la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, o la intervención de un elemento extraño en la producción del accidente. "A la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido; y será el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por la fuerza mayor o caso fortuito, ya qua el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza lleva envuelto
el de culpa en caso de accidente. "La doctrina de la Corte, expresada por sus dos Salas de Casación Civil y de Negocios Generales, es la de que la presunción de culpa que se encuentra consagrada en el artículo 2356, opera en favor de la víctima pasiva del daño ocasionado por el manejo de cosas caracterizadas por su peligrosidad, la cual releva de la prueba de la culpa en el acaecimiento del accidente, a la víctima, quien demostrando el daño y la relación de causalidad entre éste y el perjuicio, vierte sobre el autor de aquél la obligación de acreditar una causa eximente de culpa, si aspira a liberarse de toda responsabilidad". (G. J. XLVI, 216-517; L, 446; LIV, 513). "Frente a los principios legales y doctrinarios expuestos, procede estudiar si en el caso de autos se dan los requisitos básicos para el configurado de la culpabilidad que a la entidad demandada se le deduce en este proceso. "Consta de autos que el siete de julio de 1952, entre las diez y once de la mañana, murió trágicamente el señor D. Roberto Restrepo Castro, en momentos en que se ocupaba con uno de sus trabajadores, en colocar una varilla de hierro de las que empleaba para la estructura de las planchas de concreto en una construcción de su propiedad que en esa época adelantaba, en la carrera 41 de esta ciudad, entre calles 59 y 60, distinguida con los números 59, 101, 107. "Está plenamente demostrado también que el deceso obedeció a que uno de los extremos de la varilla accionada hizo contacto con las líneas conductoras de energía eléctrica a alta tensión, que por
allí pasan a una distancia horizontal de metro y medio aproximadamente, lo que produjo al señor Restrepo, como a su ayudante, numerosas e intensas quemaduras a consecuencia de las cuales fallecieron en el acto. Así lo exponen de manera unánime los testigos Heriberto Román, Jesús Jaramillo, Carlos E. Guzmán, Fernando Ospina, Roberto Gallo, Francisco Gallo y Alberto Ramírez (fls. 8 y ss. c. 2º), varios de los cuales trabajaban en la misma construcción al momento del accidente. "De la diligencia de necropsia practicada el mismo día del fallecimiento del señor Restrepo, por comisión del Inspector de Permanencia de esta ciudad (f. 31 vto. c. 2º), aparece indicada de manera clara por los señores peritos la causa eficiente de la muerte de éste, cuando dicen: 'Por lo anteriormente expuesto conceptuamos que la defunción de Roberto Restrepo Castro fue consecuencia natural y directa de la acción de una corriente de alto voltaje con la cual se puso en contacto'. "De otro lado, no niega el Municipio demandado la certeza de este hecho, sólo que, a efectos de descartar la responsabilidad que se le imputa, lo atribuye a la propia imprudencia o negligencia del occiso. Luego no puede darse una más completa demostración de la existencia del primer elemento básico enunciado: un daño causado por la actividad peligrosa. "Los daños causados por las cosas inanimadas responsabilizan a la persona bajo cuya diligencia o cuidado se encuentran, debiéndose acreditar por el perjudicado la culpa del autor, y siempre que ellas no hagan parte de una actividad o
explotación (artículo 2341 del C. C.), porque en caso contrario, o sea cuando integran una actividad o explotación caen bajo las previsiones contenidas en el artículo 2356 del C. Civil que establece la presunción de culpa, sólo desvirtuable como atrás queda estudiado. "Dicho mandato legal debe entenderse así, como acertadamente lo expone un conocido comentarista de nuestro estatuto sustantivo: 'Artículo 2356. —Se repararán los daños causados por intermedio de cosas empleadas en explotaciones o actividades. Son especialmente explotaciones peligrosas: lo La explotación de las vías férreas; 2 Las de empresas dedicadas al transporte de personas o cosas, por tierra y agua; 3 Las de conducción de energía eléctrica, agua y demás fluidos'. (Curso de Derecho Civil Colombiano. Dr. Arturo Valencia Zea, pág. 276). Está suficientemente demostrado en autos, que el Municipio de Medellín es propietario de la Empresa de Energía Eléctrica que suministra el alumbrado y calefacción en esta ciudad y varios Municipios
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