TA ATL - 08001333300520170026101-(22-06-2023)

Rama Judicial del Poder Publico Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Barranquilla-Atlántico. Colombia

SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECICIÓN ORAL “C”

Barranquilla DEIP, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de Control Reparación Directa Radicado 08-001-33-33-005-2017-00261-01 Demandante Bertha Cecilia Gutiérrez Pacheco y otros Demandado Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Otros Magistrado Ponente CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA

I. ASUNTO

Procede el Tribunal a pronunciarse en torno el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte accionante, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto (5°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla de fecha 16 de septiembre de 2022, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES1:

Que se declare a las entidades Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Malambo, Construcciones y Explanaciones

II. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES1:

Que se declare a las entidades Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Malambo, Construcciones y Explanaciones ECO S.A. y a la Compañía de Seguros del Estado responsables por la falla u omisión en la entrega de un inmueble con un elemento sanitario (lavamanos) en mal estado, el cual al desprenderse ocasionó una herida mortal en el menor José Ángel Charris Gutiérrez, en razón de ello se condene a pagar los perjuicios generados por daño emergente y lucro cesante para sus familiares que no se reponen de la pérdida del menor de cinco (5) años.

2.2. Hechos2

1 Folios 1 a 7 del archivo “01. DEMANDA” Expediente Digital. 2 Folios 5 a 8 del expediente fisico.RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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SC5780-4-2 Refiere la demanda que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio lideró a nivel nacional un programa de vivienda de interés prioritario que para el caso del

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SC5780-4-2 Refiere la demanda que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio lideró a nivel nacional un programa de vivienda de interés prioritario que para el caso del Municipio de Malambo (Atlántico) se construyeron 720 casas en la Urbanización Ciudadela Real del Caribe por la firma Construcciones Y Explanaciones ECO S.A.

Que el señor José Martín Charris Villafañe resultó favorecido con la asignación de una vivienda dentro del programa de vivienda gratuita ubicado en la calle 26ª No. 17 – 24 apartamento número 506 del conjunto ha bitacional Ciudadela Real del Caribe, en el Municipio de Malambo.

Se refiere en la litis que el día 26 de agosto de 2015 el menor José Ángel Charris Gutiérrez quien tenía la edad de cinco (5) años ingreso al baño de la vivienda y al estar utilizando el sanitario perdió el equilibrio apoyándose en el lavamos, la cual le cayó encima partiéndose y causándole un trauma contundente en la región inguinal derecho que comprometió su sistema vascular, siendo ingresado al Hospital Universitario del Norte, quien lo remite al Instituto de Neurociencias Clínica del Sol, donde finalmente fallece el día 31 de agosto del mismo año.

Aduce que el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Malambo y el Departamento del Atlántico incurrieron en una falla del servicio porque no realizaron la supervisión de la vivienda que se encontraba en mal estado, lo que dio origen a la caída del lavamanos causando el accidente del menor.

Indica que el Ministerio de Vivienda no ha reconocido los valores e indemnizaciones

de la vivienda que se encontraba en mal estado, lo que dio origen a la caída del lavamanos causando el accidente del menor.

Indica que el Ministerio de Vivienda no ha reconocido los valores e indemnizaciones por causa del perjuicio alegado , pese a que mencionó que iba a imponer las sanciones pertinentes.

2.3. Fundamentos jurídicos 3

La parte actora apoya sus pretensiones en la disposición contenida en el artículo 90 de la Constitución Política, con fundamento en el daño acaecido por el menor, acogiendo la sentencia emitida por el Consejo de Estado, al indicar que se produce un daño antijuridico cuando la víctima no tiene el deber de soportarlo

2.4. Contestación de la demanda

3 Folios 26 al 58 del archivo “2019-00018-01” Expediente Digital.RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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2.4.1. Alcaldía de Malambo

La apoderada de la entidad demandada declara como parcialmente cierto los hechos de la demanda, respecto a los programas de vivienda realizados por el

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2.4.1. Alcaldía de Malambo

La apoderada de la entidad demandada declara como parcialmente cierto los hechos de la demanda, respecto a los programas de vivienda realizados por el Gobierno Nacional y en la expedición de las licencias de urbanismo para la realización del proyecto, sin embargo , se opone a los hechos respecto a la intervención del Municipio en la entrega de los inmuebles.

En cuanto a las pretensiones de la demanda , aduce que deben negarse las mismas, pues estima que carece de fundamento fácticos y probatorios que permitan demostrar la responsabilidad del Municipio.

Con relación a los valores que por concepto de daño emergente y lucro cesa nte deben ser analizados desde el punto de vista probatorio pues no se encuentra acreditado erogaciones o gastos en virtud de la ocurrencia del daño, por otro lado, en cuanto a los presupuestos económicos para la indemnización por daño moral estos deben ceñirse a los parámetros ya definidos por el Consejo de Estado.

Presenta como excepciones la inexistencia de nexo causal para la imputación de la responsabilidad por falla en el servicio, pues no obran suficientes elementos probatorios para demostrar la def iciencia de las construcciones, pues la vivienda fue entregada el 28 de julio de 2014 y el accidente ocurrió el 26 de agosto de 2015, lo que indica que los propietarios no realizaron un correcto mantenimiento a los elementos del hogar máxime cuando se debí a preservar la vida y seguridad de menores en la habitación.

De otra parte, indica que no son claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar como el que origino el accidente.

elementos del hogar máxime cuando se debí a preservar la vida y seguridad de menores en la habitación.

De otra parte, indica que no son claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar como el que origino el accidente.

2.4.2 Contestación de la Demanda Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros

El apoderado judicial se opone a las pretensiones de la demanda, indicando que al Ministerio no le corresponde labores de construcción de obras o contratación de las mismas, para lo cual se creó un contrato de fiducia mercantil mediante la cual s e constituía un patrimonio aut ónomo, conformado por Fonvivienda y las Cajas deRADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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SC5780-4-2 Compensación que manejaron los recursos destinados a los proyectos de vivienda de interés prioritario.

Respecto a lo que aduce el demandante ante la existencia de una falla del servicio por omisión o ineficiencia al no hacerse una correcta verificación por parte d el Ministerio de Vivienda , refiere el apoderado, que la actora no probó la indebida instalación de los sanitarios de tal forma que se pudiera comprobar que el esfuerzo

por omisión o ineficiencia al no hacerse una correcta verificación por parte d el Ministerio de Vivienda , refiere el apoderado, que la actora no probó la indebida instalación de los sanitarios de tal forma que se pudiera comprobar que el esfuerzo ejercido por el menor al sostenerse del lavamanos, no era suficiente para que éste se desprendiera si hubiera estado en condiciones adecuadas de instalación, tampoco logró determinar que el Ministerio tuviera injerencia alguna en el desarrollo del proceso de selección, contratación y supervisión del proyecto de vivienda, más allá de haber generado las políticas públicas dispuestas en el Decreto 1432 de 2013.

Debido a lo anterior propone las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, al no encontrarse prueba alguna de la participación del Ministerio en el daño alegado, y la de falta de elementos de la responsabilidad, al no encontrase pruebas que permitan indicar el deterioro o mala colocación de los elementos de sanitario.

2.4.3 Departamento del Atlántico

El Departamento actuando a través de apoderado, propone la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva al indicar que la entidad no ejecutó las obras de las viviendas que fueron entregadas, ni tampoco fue la e ncargada de la realización del proyecto de construcción.

Refiere que se predica una carencia de fundamento de orden fáctico y jurídico imputable al Departamento pues no hubo una correcta vigilancia y cuidado de los padres o adultos hacia el menor y por consiguiente fue el hecho del tercero quien ante la indebida protección fue el desencadenante del daño.

De igual manera propuso la excepción de caso fortuito, ante la imprevisibilidad del accidente.

padres o adultos hacia el menor y por consiguiente fue el hecho del tercero quien ante la indebida protección fue el desencadenante del daño.

De igual manera propuso la excepción de caso fortuito, ante la imprevisibilidad del accidente.

2.4.4. Seguros del Estado.RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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De manera sucinta expresa que se está frente al curso de un proceso, del cual se debe esperar que se resuelvan cada uno de las etapas y de las pruebas q ue se arriben al paginario para determinar si hay lugar a determinar o no la responsabilidad.

2.4.5 Constructora y Explanaciones ECO S.A.

El apoderado de la constructora se opone a los hechos y pretensiones con fundamento a que la construcción de las viviendas se realizó correctamente una vez se aprobaron las respectivas licencias de urbanismo, y una vez terminadas las unidades de vivienda se procedió a su entrega a la Financiera de Desarrollo Territorial.

De otra parte, aduce que corresponde a los adultos el cuidado y supervisión de los menores cuando estos se encuentran en etapa de párvulo sobre todo al momento

unidades de vivienda se procedió a su entrega a la Financiera de Desarrollo Territorial.

De otra parte, aduce que corresponde a los adultos el cuidado y supervisión de los menores cuando estos se encuentran en etapa de párvulo sobre todo al momento del baño, más aún cuando de los hechos de la demanda se indica por la parte de la parte actora que el menor se encontraba en cuclillas por lo que toco aferrarse al sanitario.

Debido a ello, se deben negar las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto (5°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2022 , negó en su totalidad las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta los siguientes argumentos4:

Consideró el juez que no se dieron los presupuestos para imputar responsabilidad al Estado, atendiendo a que bajo las pruebas aportadas, como el informe de necropsia y la historia clínica, no eran documentos suficientes que permitieran esbozar una responsabilidad a los entes demandado s, en razón de ello para el fallador no hubo prueba que acredite que el accidente haya ocurrido en las circunstancias que se narran en la demanda, desvirtuando el nexo causal entre las condiciones de la entrega del inmueble y la ocurrencia del hecho dañoso.

4 Folio 1827 a 1864 SENTENCIA del Expediente fisico.RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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También refiere la sentencia que no existe claridad del lugar en que ocurrieron los hechos, pues del informe rendido ante las autoridades se reportó que el accidente ocurrió en el barrio Concord del Municipio de Malambo ubicado en la calle 26 A No. 16 Torre C apartamento 506 y el inmueble del cual se predica el mal estado del inmueble, s e ubica en la calle 26 A N o. 17 – 24 torre B apartamento B -506 del Conjunto Habitacional Ciudadela Real del Caribe I, tal como consta del folio de matrícula inmobiliaria No. 503695.

A sazón de lo anterior, le correspondía al actor probar las circunstancias de modo y lugar en como ocurrió el accidente, negando las suplicas de la demanda.

TRAMITE PROCESAL

La demanda fue presentada dentro de los términos de caducidad del medio de control ante la oficina judicial la cual le correspondió por reparto al Juez Quinto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, la cual después de subsanada los requisitos de la cual adolecía, fue admitida la demanda el día 26 de febrero de 2018, ordenándose la notificación a las entidades demandadas y a la Constructora

Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, la cual después de subsanada los requisitos de la cual adolecía, fue admitida la demanda el día 26 de febrero de 2018, ordenándose la notificación a las entidades demandadas y a la Constructora Construcciones y Explanaciones ECO S.A. y Seguros del Estado.

Luego fue realizada audiencia inicial la cual fue desarrollada el día 14 de mayo de 2019 en la cual se evacuaron las excepciones propuestas, la fijación del litigio y se decretaron las pruebas.

Resuelto lo anterior, se desarrollo la audiencia de pruebas, en la cual se advirtió que la parte actora no peticionó pruebas, encontrándose que solamente se había peticionado el interrogatorio de parte por parte de l Ministerio de Vivienda , quien renunció a la realización de esta, lo que conllevó a que el juez conduc tor de la audiencia diera por concluido el debate probatorio al no existir más pruebas que practicar.

Se corrió traslado para alegar de conclusión y se profirió la sentencia, correspondiéndole a este Tribunal Administrativo por reparto la apelación de la misma.RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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IV. APELACIÓN, ALEGATOS Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

4.1.1 Parte demandante5

El apoderado judicial de la parte accionante presentó recurso de apelación el 10 de octubre de 2022 , en contra de la sentencia del 16 de septiembre de 2022 , emitida por el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, solicitando que se revoque la decisión y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda, en atención a que no es cierto que no se encuentren probados los hechos de la demanda, pues si se determinó que el menor perdió la vida con ocasión de la lesión causada por el lavamanos cuando este se cayó por mal estado dentro de la vivienda de interés pr ioritario que fue entregado en virtud del programa de subsidios realizados por el Ministerio de Vivienda y por consiguiente, esta no ejerció el debido control y seguimiento en la entrega de las construcciones.

4.1.2 Alegatos de la parte demandada Municipio de Malambo

El apoderado de la parte demandada reitera que se denieguen las suplicas de la demanda, al no encontrarse legitimado a responder por los perjuicios causados a los accionantes. Así mismo, solicita que se niegue las pretensiones tendientes al reconocimiento de daños materiales y daños que pretenden el reconocimiento de

demanda, al no encontrarse legitimado a responder por los perjuicios causados a los accionantes. Así mismo, solicita que se niegue las pretensiones tendientes al reconocimiento de daños materiales y daños que pretenden el reconocimiento de afectación grave a la existencia, debido a que no se encuentra demostrado que los demandantes hubieren realizado reparaciones locativas al inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos y a su vez, la afectación grave supone el perjuicio fisiológico o la incapacidad de relacionarse con otro ser humano o grupo social, los cuales no fueron acreditados dentro de la presente demanda.

4.1.3 Alegatos de Seguros del Estado

Reiteró los argumentos expuestos con la contestación de la demanda, indicando que se estaría a lo dispuesto por el juez de la instancia.

4.1.4. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

5 Folios 1 al 17 del archivo “37. APELACION SENTENCIA - RAD. 2018-00391-00” Expediente Digital.RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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SC5780-4-2 Reitera el apoderado que las funciones del Ministerio en el marco de la Ley 489 de

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SC5780-4-2 Reitera el apoderado que las funciones del Ministerio en el marco de la Ley 489 de 1998 solo están enmarcadas en la formulación y dirección de políticas y programas de vivienda, y por consiguiente solo dentro de ese marco no tiene injerencia en la realización o ejecución de obras, encontrándose evidenciado que hay lugar a declarar la excepción previa por legitimación en la causa al no existir elementos probatorios sobre la responsabilidad del Ministerio originada en la falla del servicio, dado que dentro de sus funciones no se encuentra la de supervisar o realizar auditorías a los materiales y obras que se encuentran en construcción.

Debido a lo anterior, solicita que se declare la inexistencia de vinculación entre la falla y el daño, y por ende al pago de perjuicios demandados.

4.2 CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Nulidades y presupuestos procesales. No se encuentran irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad parcial o total de lo actuado; y se hallan cumplidos los presupuestos procesales.

5.2. La competencia. Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los jueces administrativos, al tenor de lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

5.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia proferida en primera instancia, que negó la falla del servicio ante la falta de pruebas que permitieran imputar responsabilidad alguna a las entidades demandadas, o por el

5.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia proferida en primera instancia, que negó la falla del servicio ante la falta de pruebas que permitieran imputar responsabilidad alguna a las entidades demandadas, o por el contrario, es posible estructurar la falla del servicio ante la omisión de las funciones de las entidades demandadas por el presunto mal estado de las viviendas y por consiguiente era previsible el daño irrogado que causó la muerte del menor, ante la caída de un elemento sanitario?RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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5.4 TESIS

Esta Sala se adelanta a resolver que confirmará la sentencia, al determinar que no se encuentran elementos suficientes para determinar la causalidad entre los hechos, el daño y que este sea imputable a las accionadas, pues la insuficiencia de pruebas allegadas, no dan cuenta del incumplimiento de las funciones de las entidades accionadas, así como no existe prueba que permita reconocer que la muerte del menor fue con ocasión de la incorrecta instalación de un elemento sanitario en la vivienda de los accionantes.

5.5. De los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado

muerte del menor fue con ocasión de la incorrecta instalación de un elemento sanitario en la vivienda de los accionantes.

5.5. De los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado

El Artículo 90 de la Constitución Política señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades…”

El artículo citado 6 se erige como la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual requiere dos elementos fundamentales para comprometer su responsabilidad, tales como: i) El daño antijurídico y ii) La imputación plena -fáctica y jurídicaentre ellos existentes.

i)En cuanto al daño, este debe ser antijurídico, es decir, aquella lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado el cual debe reunir las características de que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida; al respecto, el precedente constitucional ha precisado: “… la antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. De otr o lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la admin istración pública”7, de tal

6 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C -832 de 2001, “ El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de

cargas públicas es sustento de la actividad de la admin istración pública”7, de tal

6 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C -832 de 2001, “ El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. 7 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C -254 de 2003. Así mismo, se considera: “ El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando s u fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no est á determinado porRADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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SC5780-4-2 manera que le corresponda a la entidad hacerse responsable por ese daño que causó con su actuación u omisión al particular quien no tenía la carga de soportar la carga del daño.

1. La imputación la cual se deriva de una fáctica y otra jurídica. La primera, se concreta en: i) Las acciones positivas desplegadas por los agentes estatales, que intervinieron en la producción causal del daño desde un punto de vista meramente naturalístico u ontológico (teorías de la relación de causalidad) y , en la ii) jurídica, se atribuye a la consecuencia de las omisiones derivadas del incumplimiento a los deberes consagrados en el ordenamiento jurídico cuando el omitente tenía el deber de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción y la capacidad para impedirlo la cual cabe dentro de la teoría de la imputación objetiva o subjetiva dentro de la obligación de reparar o indemnizar el perjuicio.8

Luego entonces una vez determinado el hecho dañoso, deberá definirse si hay una relación de causa – efecto logrando que el perjuicio sea atribuido a la entidad , tomando relevancia la teoría de la causalidad adecuado, partiendo de que todas las causas contribuyeron a la producción del daño, y así en su caso contrario no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tiene relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio , teniéndose el deber de que se prueben los hechos de la demanda y su relación con la actividad del estado.

los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tiene relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio , teniéndose el deber de que se prueben los hechos de la demanda y su relación con la actividad del estado.

5.6. De la falla del servicio

El régimen por excelencia de responsabilidad es el de falla del servicio, en el cual le incumbe a la parte actora demostrar que la administración fue la causante del daño en razón de su actuación u omisión, luego corresponderá al operador de justicia dentro del marco de su competencia una labor de control de la acción administrativa que devenga en la visualización del incumplimiento de las funciones transgrediendo el ordenamiento o si uso de todos los medios posibles para evitar la concreción del daño.

la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardíasino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación ”. Corte Constitucional, sentencia C285 de 2002.. 8 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009), Expediente 17.994.RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-001-33-33-005-2017-00261-01

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SC5780-4-2 En tal caso, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se puede configurar, sea por un retardo o prestación tardía, omisión o ausencia del servicio, falta o irregularidad y que como consecuencia de ello se cause el daño como nexo causal, correspondiendo con ello determinar si la administración no cumplió con su deber funcional, partiendo de que el i) retardo se suscita cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en p restar el servicio, ii) la irregularidad cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales contrariando la normas, reglamento u órdenes, iii) ineficiencia cuando la administración presta el servicio pero no con la diligencia y eficacia, como es su deber legal y, finalmente iv) la omisión cuando el deber legal de prestar el servicio no se presta o se actúa.

Luego entonces, la f