TA ATL - 08001333300820210007201-(07-07-2023)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla D. E. I. y P. Siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES Radicado 08-001-33-33-008-2021-00072-01

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Leyla Luz Zapata Sánchez Demandado Universidad del Atlántico Magistrado Ponente JORGE ELIÉCER FANDIÑO GALLO

II.- PRONUNCIAMIENTO La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 25 de octubre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

Leyla Luz Zapata Sánchez por conducto de apoderado judicial, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del Atlántico, solicitando:

PRIMERO: Que se declare la nulidad de la comunicación sin fecha, recibida el 15 de

Leyla Luz Zapata Sánchez por conducto de apoderado judicial, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del Atlántico, solicitando:

PRIMERO: Que se declare la nulidad de la comunicación sin fecha, recibida el 15 de octubre de 2020 y de la comunicación sin fecha, recibida el 7 de diciembre de 2020 mediante las cuales la Universidad del Atlántico negó la solicitud de reconocer y pagar todos los derechos convencionales y legales que como pensionada le corresponden a la actora, especialmente a que se le reajuste su mesada pensional desde el 1º de enero de 2001 con el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo legal.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada a expedir un nuevo acto administrativo, mediante el cual se reajuste la mesada pensional de la actora desde el 1º de enero de 200 1, con elMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico Radicación: 08-001-33-33-008-2021-00072-01

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SC5780-4-2 mismo porcen taje de incremento del salario mínimo legal y no según la variación porcentual del IPC.

TERCERO: Que se ordene el reconocimiento y pago de l retroactivo causado por el reajuste a las mesadas pensionales, desde el 1º de enero de 200 1, con incremento en

porcentual del IPC.

TERCERO: Que se ordene el reconocimiento y pago de l retroactivo causado por el reajuste a las mesadas pensionales, desde el 1º de enero de 200 1, con incremento en el mismo porcentaje del salario mínimo y no de acuerdo a la variación porcentual del IPC, la correspondiente indexación o corrección monetaria, intereses moratorios.

La parte actora sustentó la demanda en los supuestos fácticos que se sintetizan como sigue:

Señala que, prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico en el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 1987 al 30 de junio de 2000 , siéndole reconocida una pensión vitalicia de jubilación, mediante Resolución 000955 del 25 de julio de 2000 , por haber reunido los requisitos establecidos en el en el Decreto 1848 de 1969.

Sostiene que, le fue reconocida la pensión de jubilación a partir del 1º de julio de 2000 en monto inicial de $ 1.228.779.08, y en el mismo acto administrativo se indicó que el reajuste a la mesada pensional se haría de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo, de conformidad a los establecido en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988.

Afirma que, a partir de la mesada pensional de enero de 2001, la Universidad del Atlántico decidió de manera unilateral, arbitraria y sin que mediara el consentimiento previo, expreso y escrito de Leyla Luz Zapata Sánchez, y sin que mediara fallo judicial, revocar el artículo segundo de la Resolución 000955 del 25 de julio de 2000, mediante

previo, expreso y escrito de Leyla Luz Zapata Sánchez, y sin que mediara fallo judicial, revocar el artículo segundo de la Resolución 000955 del 25 de julio de 2000, mediante el cual se había establecido la forma del incremento anualizada de la mesada pensional, para en su lugar disponer por vía de hecho, que el incremento anualizado de dicha mesada no sería con el salario mínimo como había quedado establecido, sino con el IPC.

Que mediante petición del 3 de septiembre de 2020, presentó reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de los emolumentos a que tiene derecho como pensionada en reajuste de su mesada pensional, desde el 1º de enero de 2001, conforme al mismo porcentaje de incremento determinado por el Gobierno Nacional al salario mínimo y no de acuerdo a los incrementos anuales del IPC y, en consecuencia, elMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico Radicación: 08-001-33-33-008-2021-00072-01

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SC5780-4-2 reconocimiento y pago del retroactivo cau sado a su favor en virtud de las diferencias salariales generadas, la correspondiente indexación o corrección monetaria e intereses moratorios.

Afirma que, la Universidad del Atlántico, mediante comunicación sin fecha, recibida por la demandante el 15 de octubre de 2020, resolvió negar las solicitudes elevadas en

moratorios.

Afirma que, la Universidad del Atlántico, mediante comunicación sin fecha, recibida por la demandante el 15 de octubre de 2020, resolvió negar las solicitudes elevadas en reclamación administrativa del 3 de septiembre de 2020, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación.

Que, mediante comunicación sin fecha, recibida el 7 de diciembre de 2020, se resolvió confirmar lo decidido en la comunicación recurrida del 15 de octubre de 2020 y no dio trámite al recurso de apelación interpuesto.

CONTESTACIÓN La Universidad del Atlántico se opuso a las pretensiones de la demanda señalando, en resumen, que la fórmula aplicada para realizar el reajuste de la mesada pensional no constituye un derecho adquirido, por el contrario, es considerado como una herramienta no estática, ateniendo la facultad constitucional del legislador de regular el método para reajustar la mesada pensional. Además, manifestó que la Ley 100 de 1993, derogó tácitamente lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, en lo referente al método aplicable para realizar el reajuste de la mesada pensional. Específicamente, a partir de su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después de dicha Ley se deben reajustar conforme a lo establecido en su artículo 14, lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según la variación porcentual de IPC. En consecuencia, para el caso concreto, no es procedente apelar al principio de favorabilidad. Propuso las excepciones de prescripción de derechos laborales, incumplimiento de la carga de la prueba, inexistencia del derecho y compensación.

concreto, no es procedente apelar al principio de favorabilidad. Propuso las excepciones de prescripción de derechos laborales, incumplimiento de la carga de la prueba, inexistencia del derecho y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla mediante sentencia de fecha 25 de octubre de 2022, declaró probada la excepción denominada “inexistenciaMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico Radicación: 08-001-33-33-008-2021-00072-01

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SC5780-4-2 del derecho”, formulada por la Universidad del Atlántico y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Para llegar a la anterior decisión, el Juez a quo, planteó como problema jurídico establecer si le asiste razón a la demandante a que se le reconozca un incremento de su mesada pensional con el salario mínimo en vez del IPC desde el año 2001 en adelante, así como el retroactivo por las diferencias de las mesadas pensionales así incrementadas, con su correspondiente indexación.

Como respuesta al planteamiento jurídico anterior, sostiene que, pese a que la actora cuenta con un régimen diferente al del Sistema General de Seguridad Social Integral, ello no implica que el incremento de su mesada pensional deba realizarse de acuerdo a lo

Como respuesta al planteamiento jurídico anterior, sostiene que, pese a que la actora cuenta con un régimen diferente al del Sistema General de Seguridad Social Integral, ello no implica que el incremento de su mesada pensional deba realizarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, dado que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dicha disposición quedó derogada, al disponer de manera específica y concreta en su artículo 14 que el reajuste debía hacerse conforme al IPC.

Señala que, no es procedente en el presente caso dar aplicación a lo dispuesto en la norma para la revocatoria de los actos administrativos, pues el incremento pensional no se aplica por el arbitrio de la administración sino por disposición del legislador, pues claro está que el mismo no afecta el derecho pensional reconocido.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, argumenta en resumen que, el incremento pensional debe realizarse con el salario mínimo en aplicación del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, tal como quedó establecido en el artículo 2º de la Resolución 000826 del 18 de mayo de 1994, mediante la cual se le reconoció la prestación, por lo que cualquier modificación o revocatoria parcial o total unilateral a ese acto administrativo de contenido particular y concreto, sin que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de la pensiona da y sin orden judicial, es por vía de hecho y por consiguiente arbitrario e ilegal.

Aduce que, la demandada nunca profirió un acto administrativo en el que consignara su voluntad de cambiarle la forma del incremento de su mesada pensional pasándola delMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Aduce que, la demandada nunca profirió un acto administrativo en el que consignara su voluntad de cambiarle la forma del incremento de su mesada pensional pasándola delMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico Radicación: 08-001-33-33-008-2021-00072-01

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SC5780-4-2 incremento con el salario mínimo al IPC, sino que lo hizo de manera unilateral , sin el consentimiento previo y escrito de la actora y sin demandar su propio acto, negándole la oportunidad de poderse pronunciar al respecto, demostrando con ello un total irrespeto al estado de derecho y al debido proceso.

Sostiene que, el principio de favorabilidad, el de in dubio pro operario y el de la condición más beneficiosa, juegan en su favor, debido a que no le pueden aplicar una norma posterior y desfavorable, frente a una norma anterior y más beneficiosa, máxime cuando esta quedó inserta en el artículo quinto del acto de reconocimiento pensional.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA. -

El recurso interpuesto fue admitido mediante proveído del 1 2 de enero de 2023 y teniendo en cuenta que no hay pruebas por practicar, se prescindió de los alegatos de conclusión, conforme al artículo 67 de la Ley 2080, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

conclusión, conforme al artículo 67 de la Ley 2080, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público delegado ante esta Corporación no emitió concepto dentro del sub judice.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

El trámite procesal se adelantó con observancia de los preceptos de orden constitucional y legal sin que se advierta causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado.

En cuanto a la eficacia del proceso, se encuentran cumplidos los presupuestos para resolver la apelación interpuesta.

V.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por los jueces administrativos, al tenor de lo previsto en el artículo 153 del CPACA.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico Radicación: 08-001-33-33-008-2021-00072-01

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SC5780-4-2

PROBLEMA JURIDICO

Atendiendo las inconformidades expuestas en el recurso de apelación, corresponde a esta Sala determinar, si con la actuación administrativa desplegada por la demandada, consistente en incrementar la mesada pensional reconocida a la demandante con base en el IPC, y no en el porcentaje fijado anualmente para el salario mínimo legal, sin mediar

esta Sala determinar, si con la actuación administrativa desplegada por la demandada, consistente en incrementar la mesada pensional reconocida a la demandante con base en el IPC, y no en el porcentaje fijado anualmente para el salario mínimo legal, sin mediar un procedimiento administrativo, se encuentra ajustada a derecho, o si por el contrario, tal como lo afirma la actora, la misma se encuentra afectada de nulidad por transgredir los postulados del debido proceso, derecho de defensa, condición más beneficiosa y favorabilidad laboral.

TESIS

La Sala se anticipa en señalar que, la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será revocada, por cuanto la forma de actualización de la prestación de la demandante se dispuso de manera expresa en el acto administrativo que ordenó su reconocimiento y pago; en consecuencia, el ente universitario a efectos de modificar la forma de actualización de la pensión de la demandante a partir del año 2001, debió adelantar el procedimiento legalmente reglado para expul sar del ordenamiento jurídico la decisión de reconocimiento, sin que exista prueba en el plenario que ello hubiese acontecido.

La anterior tesis se sustenta en los argumentos que se exponen a continuación.

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Del reajuste pensional

En lo que atañe al reajuste de las mesadas pensionales, el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, consagró:

“(…) Artículo 1.- Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley 4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el

las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. Parágrafo. - Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo. Ver Parágrafo artícul o 1o., artículo 11 del Decreto Nacional 1160 de 1989, Ver el Decreto 2108 de 1992.”Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico Radicación: 08-001-33-33-008-2021-00072-01

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SC5780-4-2 Con la expedición de Ley 100 de 1993, en el artículo 14, se estableció un nuevo sistema de reajuste de las pensiones, así:

“(…)

Artículo 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de

según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno

(…)”

La disposición que precede fue objeto de examen por parte de la Corte Constitucional, indicando, en sentencia C -387 de 1994, que tanto el sistema de reajuste basado en el incremento del salario mínimo, como el IPC garantizaban la conservación del poder adquisitivo de la mesada pensional y evitaban o más bien mitigaban el efecto de la devaluación, por ende, el legislador contaba con libertad configurativa para optar entre un sistema u otro, así como en establecer el porcentaje o monto del incremento, para garantizar el mencionado reajuste, en razón a que no existían derechos adquiridos sobre estos aspectos sino meras expectativas. Dice la providencia:

“De otra parte, estima la Corte pertinente agregar que la Constitución al consagrar el derecho al reajuste periódico de las pensiones (art. 53 inc. 2o.), no señala la proporción en que éstas deben incre mentarse, como tampoco la oportunidad o frecuencia en que debe llevarse a cabo, quedando en manos del legislador la regulación de estos aspectos, como en efecto lo hace la norma parcialmente impugnada. (…) Finalmente, debe aclararse al demandante que los pensionados, de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen derecho a que se les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por ello se desconozca el artículo 58

impugnada. (…) Finalmente, debe aclararse al demandante que los pensionados, de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen derecho a que se les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por ello se desconozca el artículo 58 ibídem, pues no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales”.

El artículo 40 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, dispuso la incorporación de los pensionados del sector oficial y el privado al Sistema General de Pensiones, a excepción de aquellos que se encontraren cobijados por un régimen de los exceptuados o excluidos en la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

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SC5780-4-2 “INCORPORACIÓN DE LOS PENSIONADOS. A partir del 1o. de abril de 1994, se entienden incorporados al Sistema general de pensiones los pensionados trabajadores del sector privado y del sector público. Igualmente, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, especialmente para los efectos del

entienden incorporados al Sistema general de pensiones los pensionados trabajadores del sector privado y del sector público. Igualmente, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, especialmente para los efectos del reajuste previsto en el artículo siguiente, a los pensionados a quienes se les reconoció la pensión con anterioridad al 1o. de abril de 1994. No se entienden incorporados los pensionados de los regímenes excluidos en la Ley 100 de 1993.”

A su vez, el artículo 279 de la Ley 100 contempló los regímenes que se encontraban exceptuados de sus previsiones, así:

“(…)

Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Socia l contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto -Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier c lase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores d e las empresas que al empezar a regir la presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en términos de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.”

Finalmente, en sede de juicio de nulidad, el Consejo de Estado 1 examinó el artículo 40 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, considerando:

“Los derechos adquiridos y el reajuste de pensiones Las modificaciones introducidas en materia pensional por el Sistema General de Seguridad Social, especialmente en lo relacionado con el tema pensional, impuso la necesidad de examinar el tema de

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicado 11001-03-24-000-2010-00007-00(3294-14), CP. William Hernández Gómez.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico

Demandante: Leyla Luz Zapata Sánchez

Demandado: Universidad del Atlántico Radicación: 08-001-33-33-008-2021-00072-01

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SC5780-4-2 las situaciones individuales y subjetivas consolidadas bajo la vigencia de normas anteriores, como lo son las prestaciones reconocidas con base en las disposiciones que quedaron derogadas por la Ley 100 de 1993, habida cuenta de la protección que el artículo 48 de la Constitución Política otorga en este sentido al indicar «en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”

Sobre el reajuste de las pensiones, el artículo 53 de la Constitución Política prescribe «[…] El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales […]».En desarrollo de este postulado, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 decreta:

(….)

En relación con el artículo 14 transcrito, resulta pertinente poner de presente algunas de las consideraciones que la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-387 de

1994. Por ser pertinentes al objeto de debate en el presente asunto.

En aquella oportunidad, la Corte s ostuvo que tales normas buscan mermar los efectos que la devaluación de la moneda causa en las mesadas pensionales, puesto que implican que ellas pierdan su capacidad adquisitiva con afectación directa en la calidad de vida de los pensionados y observó que como quiera que la Constitución,

efectos que la devaluación de la moneda causa en las mesadas pensionales, puesto que implican que ellas pierdan su capacidad adquisitiva con afectación directa en la calidad de vida de los pensionados y observó que como quiera que la Constitución, en relación con el reajuste de las pensiones, no precisa aspectos tales como la proporción en la que debe decretarse el reajuste, la oportunidad ni la frecuencia, le corresponde al Legislador hacerlo.

Sobre este último aspecto, aclaró que ese hecho no se opone al contenido del artículo 58 ibidem, puesto que «no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales”

Hasta este punto se concluye que el porcentaje de reajuste de la mesada pensional no es un derecho adquirido.

Ahora bien, en criterio de la parte demandante, la mesada de quienes se pensionaron con anterioridad al 1.º de abril de 1994 debe incrementarse en la forma prevista por la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, esto es, en el mismo porcentaje en que se ajustaba el salario mínimo, afirmación frente a la cual debe indicarse que el hecho de que el porcentaje en el cual se reajusta la pensión no sea un derecho adquirido, implica que el sistema definido por la Ley 100 de 1993 podía regular válidamente la proporción del aumento de la prestación, derogando el enunciado normativo que venía rigiendo hasta ese momento, tal y como lo admitió la Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 1996, al señalar

proporción del aumento de la prestación, derogando el enunciado normativo que venía rigiendo hasta ese momento, tal y como lo admitió la Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 1996, al señalar

«[…] A partir del 1.° de enero de 1989 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, todas las pensio nes que fueron reconocidas en el país, tanto en el sector público como en el privado, se reajustaron anualmente conforme a la formula prevista en la Ley 71 de 1988, esto es, en el mismo porcentaje en que se incrementó por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. Con la expedición de la Ley 100 de 1993 y su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después de dicha ley, se vienen reajustando en la forma prevista por su artículo 14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 142 y 143 ibídem, lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios alMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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SC5780-4-2 Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, más la mesada adicional y el reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud,

Barranquilla-Atlántico. Colombia 10 SC5780-4-2 Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, más la mesada adicional y el reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud, a favor de los pensionados con anterioridad al 1° de enero de 1994.[…]»

En esas condiciones, no le asiste razón a la parte demandante cuando estima que al hacer extensivo el porcentaje de reajuste de la mesada pension al que se decreta para quienes se pensionan con posterioridad al 1.º de abril de 1994 a aquellos que ya tenían la prestación reconocida para ese momento, la norma demandada hace una inclusión no prevista en la ley que reglamenta y desconoce los derechos adquiridos de estos últimos, pues se reitera, la protección de los derechos adquiridos en materia pensional no comprende la proporción del incremento de la mesada.

Conclusión: Conforme a las consideraciones expuestas, el porcentaje de reajuste de la mesada pensional no es un derecho adquirido, por lo tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que el legislador está habilitado para modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales”.

De la revocatoria directa de los actos administrativos

La definición dada por la norma, la jurisprudencia y la doctrina ha sido unánime en considerar que los actos administrativos, en forma muy sucinta, se definen por su vocación de conllevar un pronunciamiento expreso de la administración, así:

“(…) un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos

vocación de conllevar un pronunciamiento expreso de la administración, así:

“(…) un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es d