TA ATL - 08001333301120220021601-(09-06-2023)-1

Rama Judicial del Poder Publico Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Barranquilla-Atlántico. Colombia

SIGCMA-SGC

SC5780-4-2

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECICIÓN ORAL “C”

Barranquilla DEIP, nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado 08-001-33-33-011-2022-00216-01

Demandante MARGARITA JUDITH ARANGO FERRER

Demandado La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, DEIP de Barranquilla – Secretaría de Educación Distrital Magistrado Sustanciador CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a decidir el recurs o de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra la sentencia calendada 09 de diciembre de 2022, a través de la cual se declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, y se denegaron las súplicas de la demanda, previos los siguientes

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

La señora Margarita Judith Arango Ferrer , mediante apode rado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

La señora Margarita Judith Arango Ferrer , mediante apode rado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, contra la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, DEIP de Barranquilla – Secretaría de Educación Distrital, con la finalidad de obtener la nulidad de l Oficio No. BRQ2021EE026281 de 21 de octubre de 2021, signado por la Jefe Oficina Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla, a través del cual se denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la no consignación en tiempo de las2

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: MARGARITA JUDITH ARANGO FERRER.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, DEIP de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-011-2022-00216-01

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SC5780-4-2 cesantías corresp ondientes a la anualidad 2020 , así como los intereses a las cesantías.

A título de restablecimiento del derecho, peticiona se condene a las entidades demandadas a rec onocer y pagar la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, liquidada año por año desde el 15 de febrero de la anualidad siguiente a la

A título de restablecimiento del derecho, peticiona se condene a las entidades demandadas a rec onocer y pagar la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, liquidada año por año desde el 15 de febrero de la anualidad siguiente a la que se hizo exigible la obligación, tomando como base el salario devengado en cada período reclamado; sumas respecto de las cuales solicita su actualización y el pago de intereses de conformidad con lo establecido en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA, además pretende se condene en costas.

HECHOS

Los fundamentos fácticos se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Manifiesta la demandante que presta sus servicios como docente al DEIP de Barranquilla, adscrita a la planta de personal de la Secretaría de Educación Distrital.

Informa que las entidades demandadas no consignaron las cesantías anualizadas correspondientes al año 2020, como tampoco los intereses a las cesantías, dentro del plazo establecido por la Ley 50 de 1990.

Por último, indica la actora que a través de petición presentada ante las demandadas, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la consignación inoportuna de las cesantías correspondiente a la anualidad 2020, así como los intereses a las cesantías , quienes desestimaron su solicitud a través del acto administrativo demandado.

CONTESTACIÓN

DEIP de Barranquilla: A través de apoderado judicial, sostiene que en el presente asunto no hay lugar al reconocimiento de la sanción deprecada por la demandante, en tanto que el régimen prestacional espec ial bajo el cual se encuentran cobijados

DEIP de Barranquilla: A través de apoderado judicial, sostiene que en el presente asunto no hay lugar al reconocimiento de la sanción deprecada por la demandante, en tanto que el régimen prestacional espec ial bajo el cual se encuentran cobijados todos los docentes afiliados al FOMAG, como lo es la actora, difiere sustancialmente3

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: MARGARITA JUDITH ARANGO FERRER.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, DEIP de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-011-2022-00216-01

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SC5780-4-2 del régimen general sobre el que esta sustenta las súplicas de su demanda.

Por tanto, resulta de vital importancia recordar la norma de interpretación jurídic a referente a la aplicación de las leyes, contenida en el artículo 10 de nuestro Código Civil, subrogado por el artículo 5 de la Ley 75 de 1887, numeral 1º, según el cual “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga el carácter general (...)”. En ese orden, asegura, no existe duda ni discusión alguna que el régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales, como lo es la demandante, es un régimen especial regulado en la Ley 91 de 1989, ley que, a su vez, dispuso la creación de l Fondo Nacional de Prestaciones So ciales del Magisterio, para la

prestacional aplicable a los docentes oficiales, como lo es la demandante, es un régimen especial regulado en la Ley 91 de 1989, ley que, a su vez, dispuso la creación de l Fondo Nacional de Prestaciones So ciales del Magisterio, para la atención de todos los asuntos prestacionales de los docentes.

Por lo que no se puede pretender que se condene al reconoci miento de la sanción moratoria perseguida por la actora, aduciendo una supuesta omisión o retraso en la realización de la conducta descrita en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es “consignar antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que el mimo elija”, por la sencilla razón que la demandante, ni ningún docente oficial, escoge ni se afilia a un fondo privado de cesantías, sino que por expresa disposición legal, son afiliados obligatorios al FOMAG, fondo encargado de administrar y pagar las cesa ntías del personal docente.

Agrega que, de la misma dinámica y reglamentación que aplica para el caso de las cesantías de los docentes se evidencia que ni siquiera existe una “consignación de cesantías” al fondo al que estén afiliados, que en est e caso n o es otro que el FOMAG. Por el contrario, de conformidad con el Decreto 3752 de 2003, los recursos con los que se financian las cesantías del personal docente afiliado al FOMAG ni siquiera son consignad os directamente por el ente territorial, sino que e stos son transferidos al fondo directamente por la Nación, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones que le corresponde al respectivo ente territorial.

siquiera son consignad os directamente por el ente territorial, sino que e stos son transferidos al fondo directamente por la Nación, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones que le corresponde al respectivo ente territorial.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG: por conducto de mandataria judicial señalando en síntesis que se opone a que se declare la nulidad del acto administrativo demandad o, en cuanto negó el derecho a pagar la4

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: MARGARITA JUDITH ARANGO FERRER.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, DEIP de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-011-2022-00216-01

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SC5780-4-2 indemnización moratoria por el no pago de cesantías ni intereses sobre cesantías del aquí demandante conforme con la Ley 50 de 1990, por cuanto los docentes del FOMAG se encuentran amparados por un régimen especial de prestacion es sociales que se rige por la Ley 91 de 1989, así las cosas, resulta improcedente la aplicación del régimen de qué trata la Ley 50 de 1990, el cual es exclusivo para las sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el FOMAG al tratarse de un patrimonio autónomo cuya finalidad es el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el FOMAG al tratarse de un patrimonio autónomo cuya finalidad es el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

Precisa que, aunado a lo ant erior, no existe en el FOMAG cuenta individual por docente por ser un fondo común con unidad de caja, en ese sentido el trabajador debe probar que son sus cesantías individualmente hablando las que no se consignaron en tiempo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia calendada 09 de diciembre de 2022, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación , y denegó las súplicas de la demanda, por cuanto c onsideró que “los servidores públicos afiliados al FOMAG, se sujetan al sistema de liquidación y consignación previsto en la ley 91 de 1989, razón por la cual no tienen derecho al pago de la sanción prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 en caso de mora en la consignación del auxilio de cesantía anuali zado, debido a que el afiliado, no cuenta con una cuenta individual en un fondo privado, requisitos necesarios para que puedan darle la sanción.”

Agrega que, “la sanción morator ia de la Ley 50 de 19 90 solo es aplicable a los servidores públicos que han escogido un fond o administrador de cesantías de carácter privado, pues los afiliados al FOMAG, se gobierna n por la ley 91 de 1989 y demás normas pertinentes, la cual no previó una sanción por mora en la consignación del auxilio de cesantías anuales.”

carácter privado, pues los afiliados al FOMAG, se gobierna n por la ley 91 de 1989 y demás normas pertinentes, la cual no previó una sanción por mora en la consignación del auxilio de cesantías anuales.”

RECURSO DE APELACIÓN5

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Demandante: MARGARITA JUDITH ARANGO FERRER.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, DEIP de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-011-2022-00216-01

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SC5780-4-2 Dentro de la oportunidad debida, la apoderada judicial de la demandante, interpuso y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de instancia, argumentando, en resumen, lo siguiente:

1. El régimen general de cesantías de los empleados públicos, resulta más favorable que el régimen especial docente, especialmente en la liquidación de intereses a las cesantías;

1. “Los docentes son empleados públicos y legalmente no existe una razón que justifique que no tienen los mismos derechos que un servidor público, o que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo extemporáneo, la interpretación dada por el a quo desprotege a los docentes oficiales y se continua con una restricción de que tengan un pago oportuno de sus cesantías, y lo que derive de las mismas”; y

dada por el a quo desprotege a los docentes oficiales y se continua con una restricción de que tengan un pago oportuno de sus cesantías, y lo que derive de las mismas”; y

1. “La aplicación de la norma general del artículo 99 de la ley 50 de 1990, no resulta incompatible con el régimen especial que regula la figura del auxilio de cesantías de los docentes porque no afecta los requisitos, términos y competencia para su reconocimiento ni afecta el derecho de los docentes a esta prestación como tampoco genera exclusiones entre los docentes del magisterio”.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA

Efectuado el reparto de rigor, el asunto correspondió al Despacho del Magistrado Sustanciado, dependencia judicial que ordenó la admisión del recurso de apelación según auto fechado 03 de mayo de 2023.

Posteriormente se dictó auto para mejor proveer calendado 11 de mayo de 2023, a través del cual se solicitó a la secretaría de Educación del DEIP de Barranquilla, el expediente administrativo/hoja de vida de la aquí demandante; requerimiento que fue atendido en debida forma.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO6

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Demandante: MARGARITA JUDITH ARANGO FERRER.

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SC5780-4-2 El Procurador Judicial delegado ante el Despacho del Magistrado Sustanciador no emitió concepto de fondo dentro del asunto de la referencia.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para dictar sentencia de segunda instancia, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

V.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, al tenor de lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, le asiste a la señora Margarita Judith Arango Ferrer, el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la no consignación en tiempo de las cesantías correspondientes a la anualidad 2020, así como el pago de los intereses a las cesantías . E n caso afirmativo, deberá establecerse si tal derecho está afectado total o parcialmente por el fenómeno de la prescripción.

TESIS

La Sala considerará que a la actora no le asiste el derecho reclamado en la

afirmativo, deberá establecerse si tal derecho está afectado total o parcialmente por el fenómeno de la prescripción.

TESIS

La Sala considerará que a la actora no le asiste el derecho reclamado en la demanda, en atención a que debido a la fecha de su vinculación es beneficiaria de un sistema anualizado previsto en la Ley 91 de 1989 que no contempló el plazo para la consignación de las cesantías con anterioridad al 15 de febrero de cada anualidad en un fondo privado administrador , como tampoco la sanción moratoria para el7

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SC5780-4-2 empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decr eto 1582 de 1998, únicamente a “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías”, carácter que no ostenta la demandante, muy a pesar de acreditarse que el decreto de nombramiento fue expedid o por el Alcalde del DEIP de Barranquilla.

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

muy a pesar de acreditarse que el decreto de nombramiento fue expedid o por el Alcalde del DEIP de Barranquilla.

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

.- Del sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

La Ley 344 de 1996 “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, en el artículo 13 , estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva) 1, a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:

"Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.” (Negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que

correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.” (Negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

“Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1 Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.8

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SC5780-4-2

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las no rmas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

proporcionales por fracción, en los términos de las no rmas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.” (Resalta el Tribunal).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y siguientes.

Del régimen de cesantías de los docentes del sector oficial

La Ley 91 de 1989 “por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha de vinculación. Al efecto, consagró que los

del Magisterio”, diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha de vinculación. Al efecto, consagró que los docentes oficiales se agruparían así: i) en el personal nacional, el cual reúne a los docentes nombrados por el Gobierno Nacional; ii) el nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 19752; y iii) el personal territorial, en el cual se encuentran los docentes por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la mencionada ley,

2 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»9

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SC5780-4-2 relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria3.

Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.º ibídem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la citada ley, así:

“(…) Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975 (…)”

En su orden, la legislación en cita, en el artículo 3 creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que ingresaran con posterioridad a ella. En efecto, el artículo 15 ibídem en lo que interesa al proceso, dispone:

“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será

interesa al proceso, dispone:

“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en e sta Ley (…)”. (Se destaca)

3 Ley 45 de 1975, Artículo 10. - En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.10

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SC5780-4-2 En cuanto a las cesantías del personal docente, el numeral 3 del artículo precedente citado, previó:

“3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en ca so contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.

de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”4 (Resalta la Sala).

En el anterior contexto normativo, se infiere que respecto de los docentes oficiales, la ley regula dos situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza de su vinculación, a saber: i) los docentes nacionalizados, antes territoriales , vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes; y ii) los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados , a quienes se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989.

En ese orden de ideas, en virtud de lo dispuesto por la Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las

de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las

4 Destacado por la Sala.11

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Demandante: MARGARITA JUDITH ARANGO FERRER.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, DEIP de Barranquilla Radicación: 08-001-33-33-011-2022-00216-01

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SC5780-4-2 normas de los empleados públicos d el orden nacional , cuyo sistema de liquidación reviste l as siguientes características: i) está destinado a los d ocentes vinculados desde el 1º de enero de 1990; ii) el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año ; y iii) reconocimiento de intereses e n forma anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Las disposiciones legales citadas precedentemente, evidencian que de conformidad

de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Las