TA CAQ - 18001-33-33-004-2021-00130-01-(26-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril veintiséis (26) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Ana Cecilia Trujillo Sánchez

Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM1

Radicación: 18001-33-33-004-2021-00130-01

Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

Acta número 30.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.2

1.1.1. Pretensiones.

Ana Cecilia Trujillo Sánchez , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 2 Archivo 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Se declare la nulidad del acto ficto configurado frente a la petición presentada el 28 de octubre de 2019, el cual negó el pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

1. Se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, contados desde los 65 días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Como ha laborado como docente oficial, el 15 de mayo de 2019 , solicitó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag el pago de las cesantías a que tenía derecho, las cuales fueron reconocidas mediante la 001004 del 10 de junio de

2019.

1. Como el pago fue efectuado el 3 de enero de 2020, transcurrieron 128 días de mora.

1. El 28 de octubre de 2019 solicitó el pago de la sanción moratoria, empero, esta petición no fue resuelta.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Alegó la causal de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse, bajo el

petición no fue resuelta.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Alegó la causal de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse, bajo el argumento de que la s Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los parámetros para el pago de las cesantías y, por tanto, si la entidad incurrió en mora de pagarlas, debe cancelar la sanción prevista en dichas leyes.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.2. Contestación de la demanda.3

Manifestó que, según el recibo de pago del Banco BBVA, las cesantías se pagaron el 21 de diciembre de 2019, es decir que se configuraron 114 días de mora y no 128 como aduce la parte demandante. adicionalmente, dijo que no existen los supuestos fácticos y jurídicos que acrediten las pretensiones, ni tampoco la existencia del acto ficto.

1.3. Sentencia de primera instancia.4

En la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción extintiva, conforme los argumentos expuestos en la parte considerativa de la sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la configuración del Silencio Administrativo Negativo, de la petición elevada por la actora del 28 de octubr e del 2019, conforme las anteriores

conforme los argumentos expuestos en la parte considerativa de la sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la configuración del Silencio Administrativo Negativo, de la petición elevada por la actora del 28 de octubr e del 2019, conforme las anteriores consideraciones.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto presunto negativo, surgido de la no contestación de la petición elevada por la actora del 28 de octubre del 2019 y declarado anteriormente, co nforme las consideraciones de la presente sentencia.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , reconocer y pagar a favor de la señora ANA CECILIA TRUJILLO SÁNCHEZ, la sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías definitivas que le fueron reconocidas, consistente en un día de salario por cada día de retardo, la cual se liquidará, de conformidad con la asignación básica diaria vigente, devengada en el año 2014 por la mora en que se generó de 114 días.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Encontró probado que i) la solicitud de reconocimiento de las cesantías se presentó el 15 de mayo de 2019; ii) mediante la Resolución 1004 del 10 de junio de 2019 se ordenó el pago; iii) la petición relacionada con el pago de la sanción moratoria se radicó el 28 de octubre de 2019; iv) los 70 días para pagar la prestación vencieron el 28 de agosto de 2019;

pago; iii) la petición relacionada con el pago de la sanción moratoria se radicó el 28 de octubre de 2019; iv) los 70 días para pagar la prestación vencieron el 28 de agosto de 2019; vi) el pago se materializó el 21 de diciembre de 2019, luego operaron 114 días de mora.

Indicó que la parte demandante aduce que los dineros por concepto de cesantías fueron a disposición el 15 de julio de 2019, pero debido a que no fueron cobrados, se repro gramó

3 Archivo 12. 4 Archivo 34.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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su pago para el 21 de diciembre de 2019, «circunstancia que no es atribuible a la entidad, por lo que debe ser tenida en cuenta la primera fecha para efectos del pago».

Luego, se pronunció sobre la certificación expedida por la Fiduprevisora, en el sentido de señalar que «no puede ser tenida en cuenta para demostrar el pago de las cesantías definitivas reconocidas a la demandante, debido a que el acto administrativo del cual se predica la sanción moratoria en el presente asunto es la Resolución No. 1004 del 10 de junio de 2019, la cual reconoció la suma de $980.987, lo cual difiere de lo certificado, pues se relaciona es la Resolución No. 1079 de fecha 13 de junio de 2019, por el valor de

junio de 2019, la cual reconoció la suma de $980.987, lo cual difiere de lo certificado, pues se relaciona es la Resolución No. 1079 de fecha 13 de junio de 2019, por el valor de $2.005.013, por anterior, no será acogido el ar gumento de una fecha diferente de pago alegado por la entidad demandada».

Sobre la prescripción, consideró que i) el vencimiento de los 70 días operó el 28 de agosto de 2019; y ii) la petición de pago de la sanción moratoria se presentó el 28 de octubre de 2019; bajo ese entendido, adujo que no había lugar a declarar la excepción.

1.4. Recurso de apelación.5

Inconforme con la decisión, la entidad demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Argumentó que los dineros fueron puestos a disposición de la demandante el 15 de julio de 2019 y, por ello, no se debe declarar la mora en el pago de las cesantías.

Frente a la condena en costas, sostuvo que no procede, toda vez que ha actuado de buena fe, conforme a la jurisprudencia y los principios constitucionales.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 3 1 de mayo de 2022, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en los términos de la Ley 2080 de 2021. Dentro del término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

5 Archivo 52.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

5 Archivo 52.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Asunto previo.

La Ley 1285 de 2009 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia», en el artículo 16 avaló que se decida el proceso en relación con los cuales su decisión definitiva «entrañe solo la reiteración de la jur isprudencia» sin atender al turno.

Entonces, si bien es cierto que en este Despacho se encuentran pendientes para proferir sentencia otros procesos que ingresaron antes del asunto de la referencia, también lo es que el tema relacionado con el pago de sanción moratoria por pago tardío de cesantías ya fue objeto de pronunciamiento en sede de unificación por el Consejo de Estado, lo que da lugar a que se resuelva esta cuestión de manera anticipada.

2.2. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Problema jurídico.

instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Problema jurídico.

Consiste en determinar si el demandante tiene derecho o no a que se le reconozca la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, toda vez que se pusieron a su disposición las sumas adeudadas el 15 de julio de 2019.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) sobre la obligatoriedad de las sentencias de unificación; ii) la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.4. Sobre la obligatoriedad de las sentencias de unificación.

La Ley 1437 de 2011, tiene como una de sus finalidades fortalecer las garantías de las personas en los procedimientos administrativos y evitar procesos judiciales innecesarios que congestionen la jurisdicción contenciosa.

Así entonces y en desarrollo del artículo 103 de la Constitución Política, se consolidó la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a fin de garantizar la seguridad jurídica, la coherencia e igualdad en los asuntos administrativos. El artículo 270 del CPACA preceptúa:

función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a fin de garantizar la seguridad jurídica, la coherencia e igualdad en los asuntos administrativos. El artículo 270 del CPACA preceptúa:

Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad d e unificar o sentar jurisprudencia ; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

A su vez, el artículo 10 de esta misma codificación previó:

Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas”6

La Corte Constitucional en sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, al examinar la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, dijo sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia:

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea

jurisprudencia:

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.

6 Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asunto s de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Postura sostenida de tiempo atrás cuando la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, dijo sobre la función de unificación

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Postura sostenida de tiempo atrás cuando la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, dijo sobre la función de unificación del Consejo de Estado:

A juicio de la Corte, la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de Estado es compatible con la condición de ese órgano como Tribunal Supremo de la jurisdicción contencioso administrativa, r econocida en el artículo 237 -1 de la Carta Política. En efecto, su condición de Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden sistémico para integrar y unificar la jurisprudencia en lo que concierne a dicha jurisdicción, en el ma rco de la Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

Reiterada en la Sentencia C-539 de 2011:

5.2.3. La jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas hace parte del respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de la Constitución y de la ley, y por tanto se encuentran obligadas a aplicar en todas sus actuaciones y decisiones administrativas la Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decision es hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de

y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decision es hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) el desconocimiento del principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P. -; (v) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.

Por tanto, si existe una interpretación institucional vincu lante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto dicha interpretación.

(…)

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. En este sentido ha dicho la Corte:

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala)

(…)

En cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades administrativas, al

norma mencionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala)

(…)

En cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades administrativas, al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado esta Corte que éstas se enfrentan a una gama de posibles interpretaciones, frente a las cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derech o administrativo por el Consejo de Estado y en materiaSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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constitucional por la Corte Constitucional. De esta manera, una vez establecida la interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales p ara ello, el operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el precedente judicial (…).

De lo anterior se concluye que la función unificadora del Consejo de Estado que nace de la Constitución de 1991 se concreta con la Ley 1437 de 2011, de manera que el margen de interpretación normativa de las autoridades administrativas está sujeto a la interpretación que sobre las normas aplicables al caso se haya hecho por los altos Tribunales.

Constitución de 1991 se concreta con la Ley 1437 de 2011, de manera que el margen de interpretación normativa de las autoridades administrativas está sujeto a la interpretación que sobre las normas aplicables al caso se haya hecho por los altos Tribunales.

2.5. La sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes.

En la sentencia de unificación CE -SUJ2-012-18 proferida el 18 de julio de 2018 con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez (radicación 73001 -23-33-000-201400580-01), se indicó que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley; en virtud de ello, se unificó la jurisprudencia en el sentido de que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que contemplan la sanción por mora en el reconoci miento y pago de las cesantías parciales o definitivas.

que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que contemplan la sanción por mora en el reconoci miento y pago de las cesantías parciales o definitivas.

Sobre la exigibilidad de la sanción moratoria, concretamente, en la hipótesis de falta de pronunciamiento o pronunciamiento tardío, consideró:

95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente , de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20067), 10 del término de ejecutoria de la decisión

7 «Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías def initivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. […]Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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(Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20118) [5 días si la petición se presentó en vigencia

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(Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20118) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 519], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 200610.

En la hipótesis del acto escrito que reconoce la cesantía, dijo:

Es de considerar, que este acto al ser de naturaleza particular debe ser notificado personalmente11 en los términos del artículo 67 12 del CPACA, para lo cual el ente gubernativo tuvo que consultar el contenido de la petición sobre el particular, esto es, sí el peticionario habilitó la notificación por medio de electrónico, en cuyo caso, se surtirá a través de éste medio; o si por el contrario deberá acometerse conforme a la norma procesal.

Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de l as cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»

8 «ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la

determinados en la ley.»

8 «ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. […] ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»

9 «Artículo 51. Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. […] Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme. […]»

publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. […] Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme. […]» 10 «Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.» 11 Estimándose, que conforme a la ley constituye el acto de enteramiento de la decisión al interesado haciéndole entrega íntegra y formal de una copia del acto definitivo con la indicación de los recursos procedentes, su término y ante qué autoridad se deben interponer.

12 «ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos.»Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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98. En el primer evento, es decir, cuando se produce la notificación por medio electrónico, habrá de considerar el artículo 56 13 del CPACA, para concluir que el término de ejecutoria se computará a partir del día siguiente en que la entidad certifique el acceso del peticionario al contenido íntegro del acto que reconoció la cesantía, vía e-mail informado para el efecto en la petición, que en todo caso deberá hacerse a más tardar 12 días después de expedido el acto.

certifique el acceso del peticionario al contenido íntegro del acto que reconoció la cesantía, vía e-mail informado para el efecto en la petición, que en todo caso deberá hacerse a más tardar 12 días después de expedido el acto.

99. En el segundo evento, el ente gubernativo debió remitir citación al interesado dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto de reconocimiento de la cesantía con el propósito de notificarlo pe rsonalmente conforme al artículo 68 14 del CPACA, y si éste no concurrió dentro de los 5 días posteriores al recibo