TA CAQ - 1800123-31-002-2009-00386-00-(20-10-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, octubre veinte (20) de dos mil veintidós (2022)

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Incumplimiento de deberes de auxiliar de la justicia (secuestre) y de juzgado en un proceso ejecutivo, en el cual se embargó un vehículo.

Acta número 74.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por Delio de Jesús García Ramírez contra la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y reforma.1

1.1.1. Pretensiones.

Delio de Jesús García Ramírez, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare que la Nación – Rama Judicial, es responsable de los perjuicios causados por la falla en la prestación del servicio de justicia que se tradujo en la pérdida total del vehículo tipo bus de placas VX-1957 tras la medida de embargo

1 Expediente digitalizado, archivo 1, págs. 23 y 70.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

pérdida total del vehículo tipo bus de placas VX-1957 tras la medida de embargo

1 Expediente digitalizado, archivo 1, págs. 23 y 70.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 2 de 51

y secuestro que se impuso en virtud del proceso ejecutivo con radicación 19922799, promovido por Gustavo Penagos.

1. Se ordene a la entidad demandada devolver el automotor en la forma, estado de conservación y funcionamiento que tenía al momento del embargo y, en su defecto, se condene al pago del equivalente en dinero del vehículo.

1. Se condene al pago del lucro cesante con sus respectivos in tereses, por las sumas de dinero dejadas de percibir desde la fecha en que se ha debido cancelar la totalidad de la deuda hasta que se haga efectivo el pago de la condena.

1. Se ordene el pago de los intereses causados dentro del proceso ejecutivo 19922799 desde la fecha en que se ha debido cancelar la totalidad de la deuda hasta que se haga efectivo el pago de la condena.

1. Se ordene el pago por perjuicios morales, en cuantía de 100 SMLMV.

1. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

El demandante fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Celebró un negocio jurídico con el señor Pedro Julio Barrios Parra para adquirir un vehículo automotor de placas VX -1957, tipo bus mixto de servicio público,

El demandante fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Celebró un negocio jurídico con el señor Pedro Julio Barrios Parra para adquirir un vehículo automotor de placas VX -1957, tipo bus mixto de servicio público, afiliado a Coomotor Florencia Ltda, lo que lo convirtió en su poseedor real y material, toda vez q ue no habían realizado el traspaso y registro correspondiente.

1. En virtud del proceso ejecutivo radicado con el número 1992 -2799 instaurado por Gustavo Penagos en su contra, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, mediante el auto del 29 de ju lio de 1992, decretó el embargo y secuestro del automotor.

1. Con ocasión del Oficio 570 de 1992 expedido por el despacho judicial, el 4 de agosto de 1992, el vehículo fue inmovilizado y dejado a su disposición en el parqueadero Satélite. Se levantó el inventario del automotor.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 3 de 51

1. El 5 de agosto de 1992, se realizó la diligencia de embargo y secuestro del vehículo, en la cual se posesionó el secuestre Luis Alberto Ruiz Ospino. Se dejó constancia de las características del bien.

1. Durante la administración del vehículo por parte de Luis Alberto Ruiz Ospino, se depositaron dineros por concepto de producido; el 27 de noviembre de 1992 se le requirió para que presentara las cuentas e informes, sin embargo, solo hasta

1. Durante la administración del vehículo por parte de Luis Alberto Ruiz Ospino, se depositaron dineros por concepto de producido; el 27 de noviembre de 1992 se le requirió para que presentara las cuentas e informes, sin embargo, solo hasta el 27 de enero de 1994, fue requerido nuevament e. El demandado objetó las cuentas presentadas por el secuestre al finalizar su gestión, pues fue relevado de su cargo y, en su reemplazo, se designó a Khaty Mery Cantillo Carvajal, quien tomó posesión el 4 de mayo de 1994.

1. En la administración del vehículo por parte de la secuestre Mery Cantillo, se celebró un contrato de arrendamiento con los señores Medardo Vásquez Olarte, Graciela Olarte de Vásquez y Víctor Manuel Molina; además, el 14 de noviembre de 1996 , el bus fue retenido por la Policía Nacional porque transportaba 40 bultos de cemento gris y 385 galones de gasolina sin el permiso correspondiente. Mediante sentencia del 18 de septiembre de 1997, el Juzgado Regional de Santa Fe de Bogotá, dispuso su entrega a favor del Juzgado Segundo Civil del Circuito, al considerar que al no pertenecer al sentenciado, no se podía afectar con media definitiva -decomiso-. Esto «demuestra que como consecuencia de la mala administración, el rodante estuvo inmovilizado sin producir fruto alguno durante casi un año (14 de noviembre de 1996 – 18 de septiembre de 1997)».

1. En diciembre de 1998, los peritos Alfonso Castro Murcia y Martín Mora Losada presentaron una experticia en la que estimaron el avalúo del automotor en

septiembre de 1997)».

1. En diciembre de 1998, los peritos Alfonso Castro Murcia y Martín Mora Losada presentaron una experticia en la que estimaron el avalúo del automotor en $12.000.000 y determinaron que estaba en mal estado; el motor fue cambiado; y que le faltaban algunas partes que antes tenía. Para este año, el vehículo todavía se encontraba en servicio.

1. Surtido el trámite de informe de gestión rendido por Kathy Mery Cantillo, cuy as cuentas también fueron objetadas por el actor, la secuestre fue relevada y se nombró a Juan Carlos Ortiz Hernández el 20 de enero de 1999, quien no tomó posesión, no prestó caución ni tampoco rindió informes de su gestión, pese a haber sido requerido en varias oportunidades.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 4 de 51

1. Después se realizaron varias diligencias de remate que resultaron fallidas por la ausencia de postores.

1. En auto del 23 de julio de 2007, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia requirió a Juan Carlos Ortiz para que manifestara qué funciones ejerció con el bien, sin embargo, nunca se pronunció.

1. El 24 de enero de 2008, el despacho relevó del cargo a Juan Carlos Ortiz y designó a Alfonso Castro Murcia; sin embargo, esto ocurrió en virtud de la sentencia de tutela proferida el 24 de enero de 2008 por el Tribunal Superior del

1. El 24 de enero de 2008, el despacho relevó del cargo a Juan Carlos Ortiz y designó a Alfonso Castro Murcia; sin embargo, esto ocurrió en virtud de la sentencia de tutela proferida el 24 de enero de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, dentro de esta acción constitucional con radicado 2007-0013401.

1. Desde entonces, no se ha revisado ninguna actuación por parte de los auxiliares de la justicia ni del juzgado, quienes han sido «negligentes» en el desempeño de sus funciones, aunado a que no hicieron uso de los mecanismos conferidos por la ley para cumplir y hacer cumplir las tareas encomendadas.

1. Actualmente, el bus se encuentra en los patios del terminal de transporte del Municipio de Florencia en ruinosas condiciones, lo que hace imposible su recuperación.

1.1.3. Imputación al Estado.

Consideró que la responsabilidad se configura por las siguientes razones:

(…) consistente esta en la irresponsabilidad manifiesta por parte de los auxiliares de la justicia, secuestres, quienes no rindieron cuentas de su gestión al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, despacho donde cursó el Proceso Ejecutivo de GUSTAVO PENAGOS contra DELIO DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ, con Rad. 180013103002-1992-02799-00, Folio 116, tomo 8, circunstancias éstas que ocasionaron que fueran dichos auxiliares en su mo mento relevados de sus cargos, sin que a la final ninguno de ellos rindiera sus cuentas, de manera legal y concreta, culminando, después de muy prolongado tiempo, en el que el bien objeto del

ocasionaron que fueran dichos auxiliares en su mo mento relevados de sus cargos, sin que a la final ninguno de ellos rindiera sus cuentas, de manera legal y concreta, culminando, después de muy prolongado tiempo, en el que el bien objeto del secuestro quedó prácticamente destruido y abandonado en el parqu eadero del terminal de esta ciudad, perdiendo así todo su valor, situaciones todas éstas que a pesar de todo no lograron ser conjuradas por el despacho, y es así que dicho proceso, aun esta vigente a esta fecha, después de tanto tiempo transcurrido, con todas las funestas consecuencias que dicha situación ha acarreado en detrimento del patrimonio (…).

Expresó que a las autoridades judiciales les correspondía procurar el mantenimiento y cuidado del bien embargado y secuestrado, lo cual imponía la devolución del bien en lasSentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 5 de 51

mismas condiciones en que fue retenido. Añadió que si bien debía soportar las consecuencias inherentes a un proceso ejecutivo, esta obligación no se extendía hasta tener que padecer su pérdida.

1.2. Admisión de la demanda.

Inicialmente, el proceso fue repartido a este Tribunal,2 el cual, mediante auto proferido el 20 de febrero de 2009, 3 resolvió remitirlo por competencia los Juzgados Administrativos de Florencia. El 24 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, admitió la demanda.4

de febrero de 2009, 3 resolvió remitirlo por competencia los Juzgados Administrativos de Florencia. El 24 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, admitió la demanda.4

El 4 de diciembre de 2009, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia resolvió remitir por competencia el proceso a esta Corporación, bajo el argumento de que se había requerido la devolución de los procesos ordinarios por los tí tulos de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional y privación injusta de la libertad.5

En auto del 23 de septiembre de 2010, el Despacho Segundo de esta Corporación resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 24 de abril de 2009. 6 El 31 de enero de 2011, se inadmitió la demanda7 y, una vez subsanada, se admitió el 30 de marzo de 2011.8 La reforma de la demanda fue admitida en el auto del 27 de septiembre de 2011.9

1.3. Contestación de la demanda.10

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que las actuaciones realizadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia estuvieron ajustadas a derecho, toda vez que realizó todas las actuaci ones hasta la diligencia de secuestro y embargo del vehículo, a pesar de que el secuestre incumplió con los deberes que le encargaba el Código de Procedimiento Civil, pues no presentó informes mensuales ni tampoco allegó la rendición de cuentas oportunamente.

2 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 47.

que le encargaba el Código de Procedimiento Civil, pues no presentó informes mensuales ni tampoco allegó la rendición de cuentas oportunamente.

2 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 47. 3 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 32. 4 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 38. 5 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 44. 6 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 54. 7 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 57. 8 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 64. 9 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 110. 10 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 86.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 6 de 51

Alegó que el demandante era sujeto procesal en el proceso ejecutivo, por tanto, tuvo la oportunidad de solicitar que se le informara sobre las condiciones en que se encontraba el vehículo o, por conducto del director del proceso, requiriera al secuestre para que rindiera cuenta de su gestión, sin embargo, dentro del proceso no se registró alguna actuación al respecto, «y no es viable jurídicamente pretender el pago de unos presuntos perjuicios, cuando estos hechos fueron generados por culpa exclusiva de la víctima, pues (…) el secuestro se perfeccionó el día 5 de agosto de 1992».

Manifestó que el proceso ejecutivo, a la fecha de la contestación, no había terminado, por

cuando estos hechos fueron generados por culpa exclusiva de la víctima, pues (…) el secuestro se perfeccionó el día 5 de agosto de 1992».

Manifestó que el proceso ejecutivo, a la fecha de la contestación, no había terminado, por tanto, el bien debía continuar embargado y secuestrado porque constituía una garantía de pago. A su juicio, «es inaceptable que el demandante esperara más de 10 años, para pretender obtener la reparación por los presuntos daños ocasionados a su vehículo, el cual se encuentra fuera del comercio en virtud de la medida impuesta».

Arguyó que no es viable la reparación de los perjuicios, comoquiera que el deterioro no se generó con la imposición de las medidas cautelares, tanto así que desde el momento de la diligencia se encontraba en mal estado, según la constancia del acta del 5 de agosto de 1992, además, después se tuvieron que cambiar las llantas, pedir un préstamo para su arreglo porque amenazaba ruina y, en diciembre de esa calenda, se estalló el motor, se rompió la culata; «no se pudo volver a trabajar por cuanto el único remedio, era comprar un motor nuevo o de segunda».

Propuso las siguientes excepciones:

1. Intervención de terceros. Dijo que debe vincularse a los secuestres Luis Alberto Ruiz Ospino, Kathy Mery Cantillo Carvajal y Juan Carlos Ortiz ; igualmente, al terminal de transporte, en tanto era el encargado de cuidar y vigilar el vehículo.

1. Negligencia de la parte demandante. Sostuvo que el actor tenía el deber de ejercer un control periódico y permanente frente a las labores del secuestre, sin embargo, nunca cumplió este deber.

1.4. Llamamiento en garantía.Sentencia de primera instancia

ejercer un control periódico y permanente frente a las labores del secuestre, sin embargo, nunca cumplió este deber.

1.4. Llamamiento en garantía.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 7 de 51

Con la contestación de la demanda, la Rama Judicial solicitó que se vinculara como terceros a las personas que fungieron como secuestres en el proceso ejecutivo.11 Este fue admitido mediante el auto proferido el 26 de abril de 2012.12

Comoquiera que los llamados en garantía no pudieron ser notificados, el 12 de octubre de 2012 se ordenó fijarlos en lista de emplazamiento. 13 Esto se cumplió el 18 de febrero de 2013.14 El curador ad litem contestó la demanda extemporáneamente.15

1.5. Etapa probatoria.

Por medio del auto proferido el 16 de diciembre de 2014, se decretaron las pruebas documentales. Se negó la inspección judicial y, en su lugar, se ordenó una prueba pericial.16 Contra esta decisión, la parte actora presentó el recurso de reposición el 16 de enero de 2015,17 el cual fue resuelto el 30 de octubre de 2018, en el sentido de decretar unas pruebas documentales y otras testimoniales.18

1.6. Redistribución del proceso.

Inicialmente, el proceso fue conocido por el Despacho Segundo de este Tribunal, sin embargo, en cumplimiento del Acuerdo CSJCAQA21 -85 del 30 de noviembre de 2021, el

1.6. Redistribución del proceso.

Inicialmente, el proceso fue conocido por el Despacho Segundo de este Tribunal, sin embargo, en cumplimiento del Acuerdo CSJCAQA21 -85 del 30 de noviembre de 2021, el 13 de diciembre de 2021 lo remitió al Despacho Tercero para continuar con su conocimiento.19

1.7. Alegatos de conclusión.

El 4 de abril de 2022, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.20

1.7.1. Parte demandante.21 Hizo un recuento de las pruebas recaudadas para señalar que existió una actuación irregular por parte de los secuestres y del Juzgado

11 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 100. 12 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 139. 13 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 155. 14 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 157. 15 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 166. 16 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 186. 17 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 190. 18 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 217. 19 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 258. 20 Archivo 07. 21 Archivo 11.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 8 de 51

Segundo Civil del Circuito de Florencia, toda vez que no cumplieron con sus

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 8 de 51

Segundo Civil del Circuito de Florencia, toda vez que no cumplieron con sus deberes de custodia y control del bien embargado.

1.7.2. Rama Judicial.22 Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, manifestó que i) el parqueadero donde se encuentra el bien no fue autorizado por la Rama Judicial para custodiar el vehículo porque no existe ningún vínculo jurídico; y ii) la entidad no debe asumir la responsabilidad por la actuación del auxiliar que actuó de forma temeraria.

1.7.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para resolver el caso en primera instancia, de conformidad con el numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Rama Judicial y los llamados en garantía son patrimonial y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados a Delio de Jesús García Ramírez por la omisión de sus funciones en el curso de un proceso ejecutivo, en el cual se embargó un vehículo sobre el que ejercía posesión.

Para efectos de desarroll ar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración cuando se trata de l defectuoso

Para efectos de desarroll ar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración cuando se trata de l defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

22 Archivo 09.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 9 de 51

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica

en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Ju ez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.23

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado24.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»25

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las au toridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las au toridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

23 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 24 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 25 Sentencia proferida por el Consejo de Es tado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 10 de 51

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres

Página 10 de 51

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el s ervicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa pete ndi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como

demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa pete ndi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del daño antijurí dico y su imputación fáctica y jurídica.

2.3.2. De la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia con ocasión de la acción u omisión de un auxiliar de la justicia. Título de imputación.

La responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados con ocasión del servicio de administración de justicia fue tratada por el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, clasificándola así: i) el error jurisdiccional ; ii) la privación injusta de la libertad ; y iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Frente a este último, dispuso:

ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia tiene carácter residual. Se configura cuando los hechos del caso no se ajustan en el error jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia tiene carácter residual. Se configura cuando los hechos del caso no se ajustan en el error jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad.Sentencia de primera instancia

Acción: Reparación directa

Demandante: Delio de Jesús García Ramírez

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicación: 18001-23-31-002-2009-00386-00

Página 11 de 51

Se ha considerado que los daños antijurídicos ocasionados en las actuaciones necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales con ocasión de la administración de justicia corresponden a su indebido funcionamiento, de forma que puede provenir de funcionarios, empelados y particulares investidos de facultades jurisdiccionales, así como de los auxiliares de la justicia.26

La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 10 de mayo de 2001, en el proceso con radicación número 12.719, siendo ponente el consejero Ricardo Hoyos Duque, precisó:

Se demanda la reparación de los perjuicios que sufrió la demandante durante el tiempo en que su dinero permaneció inactivo por causa del error cometido en el aviso de remate. En otros términos, se reclama la indemnización de los perjuicios producidos con ocasión de una falla del servicio de justicia.

(…).

A propósito de la distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha dicho la doctrina española 27 que el error judicial se predica de las actuaciones en las cuales se interpreta y aplica el derecho, en tanto que la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia

la administración de justicia ha dicho la doctrina española 27 que el error judicial se predica de las actuaciones en las cuales se interpreta y aplica el derecho, en tanto que la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el realizar el

26 Valga decir que bajo este título de imputación, no es posible atribuir los yerros que se cometen en las sentencias o autos por medio de los cuales se interpreta, declara o se hace efectivo un derecho subjetivo, pues son propios del error jurisdiccional. Al respecto el Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección “A”. Sentencia 26 de agosto de 2015. C.P Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación: 760012331000200405102-01 (38.194) Actor: Claudio Borrero Quijano Demandado: Nación – Rama Judicial – y Fiscalía General de la Nación Asunto: Acción de reparación directa, dijo: “(…) Al respecto, esta Corporación ha señalado: «A propósito de la distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha dicho la doctrina española 26 que el error judicial se predica de las actua