TA CAQ - 1800133-33-002-2017-00805-01-(07-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETA

SALA CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: DRA. YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia, siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA No. 113

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN: 18001-33-33-002-2017-00805-01

DEMANDANTE: SANDRA LILIANA TORRES CUÉLLAR

DEMANDADO: E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA SISTEMA E INSTANCIA: ORAL – SEGUNDA INSTANCIA ACTA No.: 48 DE LA FECHA

Tema: Contrato realidad. No se acreditó el elemento de la subordinación.

ASUNTO

Procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte accionante en contra de la sentencia del 28 de febrero de 2020 , mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, conforme a la facultad de proferir decisiones atendiendo a la naturalez a de los asuntos, otorgada en el artículo 1151 de la Ley 1395 de 2010.

I. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA.

Las pretensiones de la demanda se plantearon así:

Que se declare la nulidad del oficio No. 100 del 06 de junio del 2017, proferido por el Hospital

I. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA.

Las pretensiones de la demanda se plantearon así:

Que se declare la nulidad del oficio No. 100 del 06 de junio del 2017, proferido por el Hospital María Inmaculada, mediante el cual negó el reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo; y a título de restablecimiento del derecho se declare la relación laboral entre las partes y en consecuencia , el Hospital reco nozca y pague favor de la actora las cesantías, intereses de cesantías, primas legales y extralegales, afiliación a un fondo de cesantías, ARP y salud, aportes a pensión de jubilación, vacaciones, dotación, auxilio de transporte y reembolso de las sumas retenidas por concepto de retención en la fuente y ley cuarta; junto

1 “ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidi r casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.”Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01 Sandra Liliana Torres Cuéllar contra E.S.E. Hospital María Inmaculada

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con la indemnización por el retraso en el pago, por las sumas causadas en el periodo comprendido entre el 26 de marzo del 2012 al 30 de abril del 2017, en el cual , la actora se desempeñó como Auxiliar administrativo del Área de Cartera.

Los hechos de la demanda se resumen así:

1. La señora SANDRA LILIANA TORRES CUÉLLAR se desempeñó como Auxiliar Administrativa del Área de Cartera en el HOSPITAL MARÍA INMACULADA, entre el 26 de marzo del 2012 y el 30 de abril del 2017, es decir, por cinco años (05), un mes (01) y cuatro (04) días , lapso en el que hubo prestación personal del servicio, subordinación y contraprestación económica, sin embargo, la entidad encubrió la relación laboral a través de dieciséis (16) contratos sucesivos de prestación de servicios.

2. El 25 de mayo del 2017 la actora realizó la reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por el tiempo de servicio ; sin embargo, mediante el oficio 100 del 6 de junio del 2017 el HOSPITAL MARÍA INMACULADA negó la relación laboral y en consecuencia el pago de lo solicitado.

3. Durante toda su vinculación laboral, la demandante prestó sus servicios en las instalaciones del centro médico asistencial, bajo la subordinación del gerente del hospital y el jefe de área de cartera y cobro , cumpliendo un horario de trabajo y

3. Durante toda su vinculación laboral, la demandante prestó sus servicios en las instalaciones del centro médico asistencial, bajo la subordinación del gerente del hospital y el jefe de área de cartera y cobro , cumpliendo un horario de trabajo y ejerciendo funciones propias de los trabajadores de planta, recibiendo a cambio una contraprestación económica.

Como normas violadas indicó los artículos 1,2,6, 13, 25, 29, 53 y 121 , de la Constitución Política, artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 , artículos 10, 13, 186 a 192, 230 a 235, 249 a 253 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

En el concepto de violación señaló dos cargos a saber:

1. Nulidad del Acto administrativo por violación de normas constitucionales.

La entidad violó las normas señaladas, ya que está constitucionalmente prohibido que el Estado vincule mediante c ontratos u órdenes de prestación de servicios para satisfacer necesidades administrativas de carácter misional con el objeto de desconocer derechos laborales y/o prestacionales inherentes a la relación laboral. Además, evocó la sentencia C614 del 2 de septiembre del 2009 que prohíbe la celebración de contratos de prestación de servicio por actividades permanentes y la sentencia CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de E stado en donde se advierte como irregular el celebrar contratos de administración de servicios para enmascarar la relación laboral.

1. Nulidad del acto administrativo por falsa motivación: los motivos expuestos en el acto administrativos son falsos porque sostienen que no hubo subordinación

administración de servicios para enmascarar la relación laboral.

1. Nulidad del acto administrativo por falsa motivación: los motivos expuestos en el acto administrativos son falsos porque sostienen que no hubo subordinación debido a que la contratista gozaba de autonomía para desempeñar sus funciones, con lo cual se busca ocultar la relación laboral.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01

Sandra Liliana Torres Cuéllar contra E.S.E. Hospital María Inmaculada

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1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Señala la entidad accionada que cuando se pretende la declaración de una relación laboral encubierta sobre las formas, se debe acreditar: prestación personal del servicio, remuneración, subordinación y dependencia del trabajador ; pero en el presente caso la subordinación no se acreditó, ya que la relación contractual fue ejecutada de forma autónoma e independiente y en coordinación, lo que incluyó el cumplimiento de unas horas específicas pues sería inapropiado que el contratista desarrollara sus funciones en un horario en donde no le fuera requerido. Además, que al no existir personal de planta que pueda asumir el objeto contractual requerido, es jurídicamente viable que se contrate por órdenes de prestación de servicios.

1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2020, denegó las pretensiones de la demanda, argumentando que las pruebas allegadas -contratos de prestación de servicios, relación de los comprobantes de egreso y pago de

de 2020, denegó las pretensiones de la demanda, argumentando que las pruebas allegadas -contratos de prestación de servicios, relación de los comprobantes de egreso y pago de honorarios,- se logró demostrar que la señora Sandra Liliana Torres Cuellar estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios a la ESE Hospital María Inmaculada, pero no se acreditó la configuración del elemento de la subordinación, propia de una relación laboral, aunado al hecho de que en los contratos no se especificó un horario de terminado para el cumplimiento de su labor.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia, señalando que:

• Con los contratos se logra acreditar la prestación personal, continua y permanente durante 5 años, 1 mes y 4 días como Auxiliar Administrativa del Área de Cartera, al servicio del Hospital María Inmaculada, en las instalaciones del hospital, con implementos y equipos suministrado por la entidad.

• Señala que los honorarios fueron cancelados de forma mensual, con lo que se acredita la contraprestación económica.

• Indica que del tenor literal de los contratos de prestación de servicios se puede deducir que la demandante se encontraba oblig ada al cumplimiento de ciertas ó rdenes que desbordan el elemento de la coordinación como por ejemplo: asistir a capacitaciones, y actualizaciones que programaba el hospital, asistir a reuniones, programadas por el superior, participar en currículos de mejoramientos en las áreas donde se desempeñaba, participar y asistir a inducción y reinducción de seguridad y salud en

y actualizaciones que programaba el hospital, asistir a reuniones, programadas por el superior, participar en currículos de mejoramientos en las áreas donde se desempeñaba, participar y asistir a inducción y reinducción de seguridad y salud en el trabajo, solicitar diligenciar y cumplir con los permisos de trabajo de alto riesgo y participar cuando l e fuere solicitado en reuniones e inspección de seguridad relacionados en seguridad y salud en el trabajo.

• La señora Sandra se encontraba supeditada al cumplimiento de un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, porque sus funciones eran de tipo administrativo, propias de losSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01

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empleados de planta, y por tanto , negar la relación laboral a través del acto administrativo demandado constituye una falsa motivación.

• Las funciones desempeñadas eran de tipo administrativo, por tanto, sus funciones eran equiparables a los de los demás empleados de planta, teniendo en cuenta que debía realizar con suma diligencia los respectivos cobros de los servicios médicos prestados a los afiliados y beneficiarios de EPS y SOAT.

1.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

1.5.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso.

1.5.2. La entidad accionada guardó silencio.

1.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. COMPETENCIA.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo regulado en los artículos 153 –competencia de los Tribunales en Segunda Instancia-, 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y 247 – trámite de la apelación-.

2.2. ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO.

OFICIO 100 del 06 de febrero del 2014, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de un contrato trabajo. La entidad accionada expuso lo siguiente:

“Si bien es cierto que la peticionada estuvo vinculada mediante diferentes Contratos de prestación de servicios a esta entidad en el área de cartera y realizaba sus actividades en determinados horarios, es importante resaltar que era preciso por el tema de la organización institucional para la prestación del servicio adecuado a los usuarios, se habla de Coordinación que va de la mano con la ejecución de un contrato de prestación de servicios más no de Subordinación como lo quieren [sic] hacer valer la actora en el [sic] presente petición.

A demás La Corte Constitucional en sentencia C -171 del 7 [sic] marzo de 2012, con ponencia del Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, declara la Exequibilidad del artículo 59 de la ley 1438 de 2011, que dispone:

“ARTÍCULO 59. OPERACIÓN CON TERCEROS. Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros,

artículo 59 de la ley 1438 de 2011, que dispone:

“ARTÍCULO 59. OPERACIÓN CON TERCEROS. Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidadesSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01 Sandra Liliana Torres Cuéllar contra E.S.E. Hospital María Inmaculada

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privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad.”

En esta oportunidad el máximo Tribunal de Guarda de la Constitución, ha considerado que es viable la contratación de person al para cumplir con las actividades propias de los Hospitales, constituyendo la principal característica que no haya personal de planta suficiente para realizar dicha actividad, y es precisamente que [sic] motivo a la entidad a la celebración de contratos de prestación de servicios.

Igualmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 2006 , con radicación número 4885 -04 manifestó: que el régimen jurídico colombiano ha contemplado tres clases de vinculaciones con entidades públicas, las cuales no se pueden confundir, porque ellas tienen sus propios elementos tipi ficadores. Son: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal).

Es de reiterar que la señora SANDRA LILIANA TORRES CUÉLLA R, no tuvo ni tiene

(relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal).

Es de reiterar que la señora SANDRA LILIANA TORRES CUÉLLA R, no tuvo ni tiene una relación legal ni reglamentaria con la E.S.E HOSPITAL MARÍA INMACULADA, durante el periodo que estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios, porque un empleado público, es una persona que tiene vinculación legal y reglamentaria con una entidad pública, que ocupa un cargo que se encuentra creado dentro de la planta de la entidad pública donde trabaje y que para ello deberá cumplir con determinadas funciones, además de lo normado por la Constitución Política de Colombia en su artículo 122 y 123, calidad de la cual carece la peticionaria.

Colofón de lo anterior es necesario también mencionar que la señora SANDRA LILIANA TORRES CUÉLLAR, el día 19 de abril del año en curso mediante oficio con radicado No 1939 solicita la terminación del contrato de prestación de servicios No 00269 el cual tenía vigencia hasta el 30 de junio del año 2017, lo expuesto por parte de la ex contratista se motiva en una nueva oportunidad laboral.

Una vez realizado un recuento de los hechos y do cumentos jurídicamente jurisprudencialmente [sic] la situación real de la peticionaria, es menester de esta gerencia establecer que no le asiste el derecho al reconocimiento de prestación social alguna toda vez que esta carece plenamente de la calidad de e mpleada pública de la E.S.E HOSPITAL MARÍA INMACULADA, motivo por el cual no hay lugar a realizar el pago de ningún tipo de acreencia laboral o emolumentos salariales.”

2.3. PROBLEMA JURIDICO

E.S.E HOSPITAL MARÍA INMACULADA, motivo por el cual no hay lugar a realizar el pago de ningún tipo de acreencia laboral o emolumentos salariales.”

2.3. PROBLEMA JURIDICO

De conformidad con el recurso de apelación presentado por el apoderado de la accionante, la S ala deberá analizar si ¿Existió entre Sandra Liliana Torres y la ESE Hospital María Inmaculada una relación laboral encubierta que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiemp o en que permaneció vinculada mediante contrato de prestación de servicios?Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01 Sandra Liliana Torres Cuéllar contra E.S.E. Hospital María Inmaculada

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2.4. DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Ley 80 de 1993 en su artículo 32, define el Contrato de Prestación de Servicios de la siguiente manera:

“III. DEL CONTRATO ESTATAL. Artículo 32. De los Contratos Estatales . Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación.

(…)

3o. Contrato de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la

(…)

3o. Contrato de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requ ieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

Así mismo la Corte Constitucional ha establecido las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo y la necesidad de probar la relación laboral subordinada, de la siguiente manera:

“Características:

El contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:

a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato.

c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.

Por último, no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales y mucho menos con los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cualSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Por último, no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales y mucho menos con los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cualSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01 Sandra Liliana Torres Cuéllar contra E.S.E. Hospital María Inmaculada

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no es procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro que si se acredita la existencia de las características esenciales de éste quedará desvirtuada la presunción establecida en el precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.

Diferencias:

El contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. Para que aquel se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

El elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe

naturaleza y objeto de los mismos.

El elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo disti nto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.

Demostración de la relación laboral subordinada:

La contratación de personas naturales por prestación de servicios independientes, únicamente opera cuando para el cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante no cuente con el personal de plant a que garantice el conocimiento profesional, técnico o científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden. Si se demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad personal subordinada y dependiente, el con trato se torna en laboral en

profesional, técnico o científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden. Si se demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad personal subordinada y dependiente, el con trato se torna en laboral en razón a la función desarrollada, lo que da lugar a desvirtuar la presunción consagrada en el precepto acusado y, por consiguiente, al derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante, para lo cual el t rabajador puede ejercer laSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01 Sandra Liliana Torres Cuéllar contra E.S.E. Hospital María Inmaculada

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acción laboral ante la justicia del trabajo, si se trata de un trabajador oficial o ante la jurisdicción contencioso administrativa, con respecto al empleado público”2

De lo anterior se puede concluir que el contrato de prestación de servicios se utiliza cuando no existe personal de planta pueda llevar a cabo la labor o cuando esta requiera conocimientos especializados, debiendo estar ausente el elemento “subordinación” para que dicho contrato no se convierta en un “contrato realidad” en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

2.5. LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES

El Principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia, así:

El Consejo de Estado en Sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2 No. 5 de 2016, se refirió a los elementos constitutivos de una relación laboral:

“El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres

El Consejo de Estado en Sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ2 No. 5 de 2016, se refirió a los elementos constitutivos de una relación laboral:

“El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remune rados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales . (Negrilla de la sala)

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la

del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprude ncia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vincu lado bajo la modalidad de contrato de

2 Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2017-00805-01 Sandra Liliana Torres Cuéllar contra E.S.E. Hospital María Inmaculada

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prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión.”3

A su turno, la Corte Constitucional en sentencia SU-040/18 se refirió a la teoría de la primacía de la realidad sobre las formas, indicando que para que proceda la declaración de existencia del contrato realidad el juez constitucional deberá verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo:

“4.1. En varias oportunidades, esta Corporación ha protegido relaciones jurídicas que

del contrato realidad el juez constitucional deberá verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo:

“4.1. En varias oportunidades, esta Corporación ha protegido relaciones jurídicas que involucran derechos constitucionales laborales , ya sea en relaciones formales o informales. Ha tutelado derechos en contratos laborales formalmente reconocidos, en “contratos realidad” o en contratos que involucren derechos laborales constitucionales así no se trate de aquellos llamados “laborales” po r la legislación, como ocurre en ciertas circunstancias en los contratos de prestación de servicios y las órdenes de servicio, entre otros. En efecto, se ha reconocido la textura abierta de la noción de trabajo en la Constitución, la cual no implica exclus ivamente la defensa de los derechos de los trabajadores dependientes, sino también la efectividad de las garantías constitucionales en el ejercicio del trabajo autónomo.

4.2. De otra parte, es un hecho constatado por la jurisprudencia que los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplía la figura del contrato de prestación de servicios, en algunos casos para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado, además, la excepcionalidad de este tipo de contratación. En ese contexto, las garantías de los trabajadores deben ser protegidas por los órganos competentes, con independencia de las prácticas a las que acudan los distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral. Razón por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al contrato

que acudan los distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral. Razón por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al contrato y ha sid o enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 Superior, el principio de primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse en las relaciones laborales