TA CAQ - 18001333190120150007301-(31-08-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto treinta y uno (31) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Yesid Suarez Trujillo y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-31-901-2015-00073-01

Tema: Lesión de civil por ataque de miembros de las FARC contra uniformados de la Policía

Nacional.

Acta número 62.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala los recursos de apelación presentados por ambas partes contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Yesid Suarez Trujillo, en nombre propio y en representación de sus hijos Hasbleidy Yurany Suarez González, Lucy Marcela Suarez Plaza y Kimberly Yorleny Suarez Sáenz; Luz Mary Suarez Trujillo y Nolberto; Luis Vargas Suarez; Albeiro, Luz Dary y Luz Mery Vargas Suarez, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Adm inistrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Archivo 1, pág. 143.Sentencia de segunda instancia

consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Adm inistrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Archivo 1, pág. 143.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Yesid Suarez Trujillo y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-31-901-2015-00073-01

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1. Se declare responsable al Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios causados con ocasión de los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2013 en el Estadero El Zarabando, ubicado entre los Municipios de Belén de los Andaquíes y San José del Fragua, cuando en medio de un enfrentamiento armado con «sujetos alzados en armas» resultó herido el señor Yesid Suarez

Trujillo.

1. Se ordene a la entidad demandada el pago de las siguientes sumas:

a. Morales.

Demandante Calidad SMLMV Yesid Suarez Trujillo Víctima directa 100 Hasbleidy Yurani Suarez Hija 100 Lucy Marcela Suarez Plaza Hija 100 Kimberly Yorleny Suarez Sáenz Hija 100 Luz Mary Suarez Trujillo Madre 100 Luis Vargas Suarez Hermano 50 Albeiro Vargas Suarez Hermano 50 Nolberto Suarez Trujillo Hermano 50 Luz Mery Vargas Suarez Hermana 50 Luz Dary Vargas Suarez Hermana 50

b. Materiales – lucro cesante. A favor de Yesid Suarez Trujillo, por los dineros dejados de recibir durante los 25 días de incapacidad médico legal.

Luz Dary Vargas Suarez Hermana 50

b. Materiales – lucro cesante. A favor de Yesid Suarez Trujillo, por los dineros dejados de recibir durante los 25 días de incapacidad médico legal.

c. Daño a la salud. A favor de Yesid Suarez Trujillo, 100 SMLMV.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192, 195 y 195 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El 9 de noviembre de 2013, Yesid Suarez Trujillo se encontraba en el estadero El Zarabando, sitio turístico ubicado entre los Municipios de Belén de los Andaquíes y San José del Fragua. En el sitio mencionado, también se encontraban miembros de la Policía Nacional.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. En el momento en que los uniformados se encontraban departiendo, sujetos desconocidos, al parecer pertenecientes a las FARC, les dispararon con armas de largo alcance e hirieron, entre otros, al señor Yesid Suarez Trujillo.

1. Por las lesiones causadas, fue trasladado de urgencias a la ESE Rafael Tovar Poveda, desde donde fue remitido a la Clínica Medilaser de Florencia.

Permaneció hospitalizado desde el 9 hasta el 14 de noviembre de 2013.

Poveda, desde donde fue remitido a la Clínica Medilaser de Florencia. Permaneció hospitalizado desde el 9 hasta el 14 de noviembre de 2013.

1.1.3. Imputación al Estado.

Consideraron que el título de imputación que debe aplicarse es el de riesgo excepcional, toda vez que se trató de un atentado de las FARC en contra de los miembros de la Policía Nacional.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que si bien existieron unos disparos, no es posible establecer que estaban dirigidos a los miembros de la Policía Nacional , por el contrario, se perpetraron en c ontra de la población en general . Sostuvo que si bien se acreditaron las falencias de salud, no se estableció la disminución de la capacidad laboral.

Así mismo, advirtió que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el demandante estaba cumpliendo una detención domiciliaria, es decir, debía estar retenido en su domicilio.

Alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del señor Nolberto Suarez Trujillo, con fundamento en que no se aportó el registro civil de nacimiento que certificara su calidad de hermano de la víctima directa.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

2 Archivo 1, pág. 175. 3 Archivo 2, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Yesid Suarez Trujillo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional

2 Archivo 1, pág. 175. 3 Archivo 2, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2019 , el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con el señor NOLBERTO SUAREZ TRUJILLO propuesta por la NACIÓN – MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL son responsables administrativamente por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de las lesiones sufridas por el señor YESID SUAREZ TRUJILLO durante los hechos ocurridos el 9 de novie mbre de 2013 en el sitio conocido como estadero el Zarabando, ubicado entre los municipios de Belén de los

Andaquíes y San José del Fragua, Caquetá.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, condena a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL a pagar con cargo a su

presupuesto las siguientes sumas de dinero:

 Por concepto de Perjuicios Morales a las personas que a continuación se indican:

Demandantes. Calidad en que comparecen. SMLMV

presupuesto las siguientes sumas de dinero:

 Por concepto de Perjuicios Morales a las personas que a continuación se indican:

Demandantes. Calidad en que comparecen. SMLMV Yesid Suarez Trujillo Víctima directa 20 Hasbleidy Yurani Suarez Hija 20 Lucy Marcela Suarez Plaza Hija 20 Kimberly Yorleny Suarez Sáenz Hija 20 Luz Mary Suarez Trujillo Madre 20 Luis Vargas Suarez Hermano 10 Albeiro Vargas Suarez Hermano 10 Nolberto Suarez Trujillo Hermano 10 Luz Mery Vargas Suarez Hermana 10 Luz Dary Vargas Suarez Hermana 10

 Por reparación del daño a la salud.

DEMANDANTE CALIDAD SMLMV

Yesid Suarez Trujillo Directo perjudicado 20

 Por daños materiales.

Por concepto de lucro cesante se le reconoce y liquida a favor de YESID SUÁREZ TRUJILLO la suma de setecientos catorce mil ciento treinta y tres pesos ($714.133).

CUARTO: NIÉGUESE las demás pretensiones por las razones expuestas.

QUINTO: Sin condena en costas, ni agencias en derecho en la instancia.

(…) (pág. 16-17).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En primer lugar se pronunció sobre la legitimación en la causa. Señaló que se aportó el

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En primer lugar se pronunció sobre la legitimación en la causa. Señaló que se aportó el registro civil de nacimiento del señor Nolberto Suarez Trujillo, por tanto, sí podía comparecer a este proceso.

En segundo lugar, abordó el marco normativo y jurispru dencial de la responsabilidad del Estado; la aplicación del título de daño especial a eventos terroristas; y el riesgo excepcional como título jurídico de imputación de daños al Estado por atentados terroristas.

En tercer lugar, se detuvo en los elementos de la responsabilidad. Encontró acreditado el daño, pues se afectó la integridad física del señor Yesid Suárez Trujillo.

En el juicio de imputación, precisó que a la parte demandante le asistía demostrar que el atentado iba encaminado contra alguna autoridad del Estado considerada como objetivo militar.

Procedió a relacionar las pruebas aportadas y coligió que si bien el a cto terrorista fue perpetrado por un tercero el 9 de noviembre de 2013, se configuró el riesgo excepcional, toda vez que el móvil del grupo guerrillero era hostigar e irrumpir a la fuerza pública que operaba en la zona. Seguidamente dijo:

Así las cosas, para esta Judicatura, el acervo probatorio aporta seguridad incuestionable acerca de la intención de los autores del acto terrorista mediante el hostigamiento, el cual no era otro sino de atacar a la fuerza pública en general, independientemente de la inst itución que resultare lesionada y con ello salió

incuestionable acerca de la intención de los autores del acto terrorista mediante el hostigamiento, el cual no era otro sino de atacar a la fuerza pública en general, independientemente de la inst itución que resultare lesionada y con ello salió lesionado en su humanidad el patrullero WILLIAM PARRA SÁNCHEZ y el señor YESID SUÁREZ TRUJILLO, de allí que al analizar estos hechos, se tiene que a raíz del riesgo de naturaleza excepcional al que fueron expuestas las víctimas, se gestó un daño que a todas luces es antijurídico y que el demandante no tenía la obligación de soportar , en tanto tal daño acaeció en el marco del discurrir dinámico del mantenimiento del orden público, ejecutado por el Estado a tra vés de la fuerza público, ello es la Policía Nacional, en el ejercicio legítimo que les impone la constitución y la ley. (pág. 10-11).

Sobre el argumento de la demandada, relacionado con que no estaba acreditado que el ataque estuviera dirigido en contra de los miembros de la institución, sostuvo que sí está demostrado, toda vez que minutos antes de los hechos, un ciudadano se acercó a la s instalaciones policiales y brindó información sobre una motocicleta que, al parecer, había sido hurtada en el Municipio de Florencia. A partir de esto, concluyó que se trató de una maniobra que buscó el desplazamiento de los policías para atentar en cont ra de su integridad, por consiguiente tampoco se puede declarar probado el eximente de hecho de un tercero.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Yesid Suarez Trujillo y otros

integridad, por consiguiente tampoco se puede declarar probado el eximente de hecho de un tercero.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Finalmente, procedió al reconocimiento de los perjuicios morales y materiales, así como del daño a la salud, en los términos señalados en la parte resolutiva.

Sobre los morales, dijo que no se acreditó la gravedad de la lesión, pero sí se determinó que permaneció 6 días hospitalizado y se otorgó una incapacidad de 25 días. En el daño a la salud, consideró que se trataba de la reparación objetiva a la lesión, por tanto, se reconocería «la suma equivalente al porcentaje de la disminución de la capacidad laboral, atendiendo la edad del actor, el sexo y la pérdida de capacidad laboral» (pág. 15). Y, en el lucro cesante, acudió a la presunción de que toda persona devenga por lo menos 1 SMLMV, para calcular los 25 días de incapacidad.

1.4. Recursos de apelación.

1.4.1. Parte demandante.4

Su motivo de disenso se contrajo a la decisión de no condenar en costas a la entidad demandada. Sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, según los cuales este concepto está a cargo de la parte vencida.

1.4.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.5

demandada. Sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, según los cuales este concepto está a cargo de la parte vencida.

1.4.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.5

Sobre la liquidación de los perjuicios, dijo que el señor Yesid Suárez Trujillo no fue valorado por la Junta Regional de Invalidez, por tanto, no podía condenarse a la entidad demandada.

Argumentó que Yesid Suárez Trujillo para el 9 de noviembre de 2013, estaba cumpliendo prisión domiciliaria por porte de armas de fu ego, por tanto, no contaba con los permisos para sustraerse de su obligación de cumplir la pena en su residencia , por lo que debe exonerarse a la entidad por la culpa exclusiva de la víctima.

Añadió que también se configuró el eximente denominado hecho de un tercero, toda vez que las lesiones se produjeron por el ataque de las FARC, en circunstancias donde predominó el factor sorpresa, «por lo anterior resulta igualmente contradictorio que se diga que existió Falla en la Prestación del servicio, se sustrae que la Policía sí estaba cumpliendo bien sus funciones, la seguridad, se encontraba realizado en el patrullaje».

1.5. Trámite de segunda instancia6.

4 Archivo 2, pág. 30. 5 Archivo 2, pág. 20. 6 Archivo 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

En auto del 2 de octubre de 2020 se resolvió admitir los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia (pág. 44).

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante el auto proferido el 13 de octubre de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (pág. 48).

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Reiteró los argumentos de la apelación (pág. 56).

1.5.2.2. Parte demandante. Volvió sobre los argumentos de la alzada (pág. 52).

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar i) si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por los demandantes en los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2013 cuando miembros de las FARC dispararon en contra de lo s uniformados y resultó herido el señor Yesid Suárez Trujillo; y ii) si es procedente o no el reconocimiento de los perjuicios inmateriales aun cuando no se haya establecido el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Para efectos de desarrollar e stos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y cuando ocurre por actos violentos de terceros ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala - caso concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.2. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la

2.2.2. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imput ación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.7

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado8.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos

la Sección Tercera del Consejo de Estado8.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede , o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»9.

7 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 8 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 9 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. S obre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. S obre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractu al no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la mo dificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

2.2.3. Responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros.

En la sentencia proferida el 20 de junio de 2017 con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero (expediente 18860), la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado hizo un balance de la jurisprudencia frente a la responsabilidad del Estado por los daños causados por actos violentos de tercero s i) con participación estatal; ii) por omisión; y iii) con fundamento en el riesgo excepcional y daño especial.

Así mismo, sostuvo que cuando se trata de un ataque indiscriminado en contra de la población civil y no está dirigido contra un objetivo claramente identificable como el Estado, no se materializa un riesgo de naturaleza excepcional creado conscientemente p or el

Así mismo, sostuvo que cuando se trata de un ataque indiscriminado en contra de la población civil y no está dirigido contra un objetivo claramente identificable como el Estado, no se materializa un riesgo de naturaleza excepcional creado conscientemente p or el Estado, de manera que no puede aplicarse el título de imputación de riesgo excepcional. Además, indicó:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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14.9. En conclusión, frente a los actos violentos de terceros, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que el co ncepto de falla del servicio opera como fundamento de reparación cuando: i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales10; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron11 o las mismas fueron insuficientes o tardías 12, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante) 13; iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a

población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque14; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este15. (…)

15.6. Para que el acto violento causado materialmente por terceros sea imputado al Estado es mene ster que, según lo dicho por esta Corporación, esté dirigido contra blancos selectivos, esto es, personas o instituciones representativas del Estado, pues si el acto violento es de carácter indiscriminado cuyo objetivo es provocar, como lo es el acto de terrorismo, pánico, temor o zozobra entre la población civil, no es posible declarar la responsabilidad del Estado con fundamento en el riesgo excepcional.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sen tencia del 4 de septiembre de 1997, rad. 10.140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. También ver la sentencia del 29 de mayo de 2014 de la Subsección B, Sección Tercera, rad. 30.377, M.P, Stella Conto Díaz del Castillo, en la que se absolvió al Estado porque no se acreditó la participación de agentes de la fuerza pública en la masacre de la Vereda La Fagua, Chía, ni se probó que los miembros de la comunidad que conocieron del riesgo de la realización de homicidios selectivos en dicha vereda entablaron denuncias o puesto en conocimiento de las autoridades esta situación ni tampoco que el atentado fuera previsible.

realización de homicidios selectivos en dicha vereda entablaron denuncias o puesto en conocimiento de las autoridades esta situación ni tampoco que el atentado fuera previsible.

11 Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, rad. 5.417, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, rad. 5.595, M.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, rad. 9.276 y 8.222, M.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, rad. 9.273, M.P. Juan de dios Montes; 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de dios Montes; 30 de marzo de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de dios Montes; 27 de julio de 1995, rad. 9.266, M.P. Juan de dios Montes; 6 de octubre de 1995, rad. 9.587, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, rad. 11.038, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, rad. 10.949, M.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M .P. Daniel Suárez Hernández, entre muchas otras.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 30.814, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

muchas otras.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 30.814, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En este sentido, véase la sentencia e l 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Este fue el título de imputación a partir del cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, rad. 9.266, M.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, rad. 10.920, M.P. Jesús María Carrillo.

14 La sentencia del 12 de noviembre de 1993, rad. 8233, M.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza

14 La sentencia del 12 de noviembre de 1993, rad. 8233, M.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza