TA CAQ - 18001333300220200050901-(10-08-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto diez (10) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Gerney Calderón Perdomo

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

Tema: Derecho a la salubridad y salubridad pública. Sistema de acueducto y canalización

de las aguas lluvias y negras. Carrera 20 entre las calles 25 y 26 del Barrio Alcosure.

Acta número 53.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo del Caquetá que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Gerney Calderón Perdomo como defensor del pueblo regional Caquetá , en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en los artículos 2 y 12 de la Ley 472 de 1998, solicitó que:

1 Archivo 01.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Gerney Calderón Perdomo

solicitó que:

1 Archivo 01.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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1. Se ordene cesar la vulneración a los derechos colectivos del Barrio Alcosure del Municipio de Florencia, a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios y el acceso a los servicios p úblicos, concretamente en lo que refiere al sistema de disposición y canalización de las aguas lluvias y aguas negras –alcantarillados, cunetas y colectores-.

1. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Municipio de Florencia elaborar un plan integral en el término de 1 mes, en el cual se ejecuten las obras de construcción del sistema de recolección y canalización de aguas lluvias y negras

en el sector ubicado en la carrera 20 entre las calles 25 y 26, de manera que la comunidad tenga acceso a ese servicio público y que su prestación sea eficiente y oportuna.

1. Se ordene al Municipio de Florencia crear las condiciones objetivas de seguridad pública en salud necesarias para que las personas que habitan en el Barrio Alcosure puedan ejercer y disfrutar sus derechos sin riesgos o amenazas.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Desde el momento en que se construyó el Barrio Alcosure no se han adelantado los trabajos de ornamentación de sus vías públicas y por tanto, no cuentan con

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Desde el momento en que se construyó el Barrio Alcosure no se han adelantado los trabajos de ornamentación de sus vías públicas y por tanto, no cuentan con un sistema de recolección de aguas negras y lluvias.

1. La inexistencia del sistema de recolección y evacuación de dichas aguas pone en riesgo la salud de los habitantes y en especial a los niños, pues en época de invierno las aguas de lluvia y negras corren libremente por las calles «inundando todo a su paso, e ingresando en los patios y solares de algunas casa en donde ha formado un cauc e natural que se ha convertido en su obligatorio recorrido cada vez que llueve, perju dicando gravemente a los habitantes de esos inmuebles que deben soportar esas inundaciones con sus consabidas consecuencias»; a su vez, en época de verano, estas han arras trado basuras, animales muertos y demás desechos contaminantes que generan malos olores y proliferación de animales, insectos y microorganismos transmisores de enfermedades.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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1. El lugar en el que debe adelantarse la obra de construcción del sistema de

recolección y evacuación se ubica en la carrera 20 entre las calles 25 y 26, especialmente el predio de la señora Floralba Álvarez.

1. El lugar en el que debe adelantarse la obra de construcción del sistema de

recolección y evacuación se ubica en la carrera 20 entre las calles 25 y 26, especialmente el predio de la señora Floralba Álvarez.

1. El 26 de mayo de 2014, Floralba Álvarez y los habitantes del Barrio Alcosure solicitaron al municipio la construcción del sistema de recolección de aguas lluvias, sin embargo, mediante el Oficio SPM -1194 del 24 de junio de 2014, el municipio contestó que se había hecho una visita y que se evidenció que en la parte superior de las casas se presentan flujos de aguas lluvias a cielo abierto y, por tal razón, su solicitud sería remitida a la Secretaría de Obras Públicas y a

SERVAF S.A. E.S.P.

1. Igualmente, el 18 de junio de 2014 el señor Ancisar Bustamante López en representación de los habitantes del barrio, pidi ó a la Secretaría de Obras Públicas la canalización de las aguas lluvias, empero, solo se le informó que se requería establecer un sistema de recolecció n de aguas lluvias superficiales a través de cunetas y sumideros, pero que solo se realizaría un diagnóstico cuando hubiese disponibilidad de recursos.

1. Mediante el Oficio SI-SI-150764 del 13 de marzo de 2015, SERVAF S.A. E.S.P. informó a Corpoamazonía que -) se realizó visita de inspección al Barrio Alcosure; -) se evidenció la escorrentía de aguas lluvias por un canal natural ; y -) que dicho manejo era competencia de la administración municipal, según lo

informó a Corpoamazonía que -) se realizó visita de inspección al Barrio Alcosure; -) se evidenció la escorrentía de aguas lluvias por un canal natural ; y -) que dicho manejo era competencia de la administración municipal, según lo estipulado en el contrato administrativo.

1. El 14 de mayo de 2015, Floralba Álvarez solicitó que se realizara una inspección a sus predios y se ordenara adelantar las obras de canalización. En el Oficio SOP-00494 del 7 de agosto de 2015, el municipio le remitió el informe de visita realizada el 5 de agosto de ese año, en el que hizo las recomendaciones de tipo técnico para dar solución al problema.

1. Se presentó una petición con el fin de que el municipio informara las actuaciones que se han realizado para resolver la problemátic a, pero la única entidad que dio respuesta fue SERVAF S.A. E.S.P.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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1.2. Contestación de la demanda.2

El Municipio de Florencia alegó que el nacimiento al que alude la parte demandante es natural, luego al comprar el predio la señora evidenció su existencia y no se percató que trajera consigo consecuencias. Indicó que no hay fundamento probatorio válido para concluir que existe afectación de los derechos colectivos, toda vez que en ningún momento se ha otorgado la licencia de construcción para la vivienda que se menciona en el proceso.

trajera consigo consecuencias. Indicó que no hay fundamento probatorio válido para concluir que existe afectación de los derechos colectivos, toda vez que en ningún momento se ha otorgado la licencia de construcción para la vivienda que se menciona en el proceso.

Añadió que si bien la Secretaría de Planeación otorgó la licencia de subdivisión mediante la Resolución 0792 del 30 de octubre de 2018, esta no otorga n inguna licencia para construir; además, que «en diferentes ocasiones se ha acudido al sitio objeto de debate, pero en ningún momento se ha podido contactar con la señora Floralba, porque ello, se ha dado imposible ingresar a la vivienda y constatar lo que afirma la accionante respecto a los hechos».

Propuso las excepciones de i) inexistencia de afectación a los derechos colectivos mencionados; y ii) insuficiencia probatoria – carga probatoria en cabeza del accionante.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia resolvió denegar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas.

Luego de pronunciarse sobre el marco normativo de las acciones populares, descendió al caso concreto, en el cual hizo alusión a las pruebas aportadas el plenario y adujo que sí existe un sistema de recolección y canalización de aguas lluvias y negras en el sector ubicado en la carrera 20 entre las calles 25 y 26 del Barrio Alcosure.

Así mismo, indicó que del testimonio de Floralba Álva rez y demás documentos se extrae que la contaminación a la cual hace referencia la parte actora es el resultado de que no se

ubicado en la carrera 20 entre las calles 25 y 26 del Barrio Alcosure.

Así mismo, indicó que del testimonio de Floralba Álva rez y demás documentos se extrae que la contaminación a la cual hace referencia la parte actora es el resultado de que no se usa el sistema de alcantarillado y, aunque fue construida la red, cunetas y sumideros, existe un problema social, pues los mismos habitantes decidieron servir sus aguas residuales al afluente.

2 Archivo 19. 3 Archivo 67.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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Recordó que la acción popular cumple la función de poner en conocimiento del juez una situación fáctica que vulnera un derecho colectivo y en el sub lite se evidencia que el Municipio de Florencia cumplió su obligación de prestar el servicio de alcantarillado.

Seguidamente, sobre la existencia del nacimiento de agua, manifestó que se trata de una situación que la propietaria del bien debió prever cuando adquirió el inmueble, además que «no es competencia del municipio de Florencia invertir, y de otro lado, al tratarse de un nacimiento de agua natural, es competencia de la Corporación ambiental dictaminar sobre los permisos de intervención y/o adecuación que debe de ser inversión de los propietarios a fin de incrementar la capacidad hidráulica del canal existente y un revestimiento en concreto, con entrega al sumidero ubicado sobre la troncal del hacha».

los permisos de intervención y/o adecuación que debe de ser inversión de los propietarios a fin de incrementar la capacidad hidráulica del canal existente y un revestimiento en concreto, con entrega al sumidero ubicado sobre la troncal del hacha».

Coligió que la problemática no ha sido originada por la omisión del ente territorial, pues el Barrio Alcosure cuenta con el sistema de recolección y canalización de aguas lluvias residuales y que si bien por la existencia de nacederos el agua escurre en época de lluvias, deben ser los propietarios de las viviendas del sector los llamados a atender este tipo de situaciones ejerciendo las medidas constructivas pertinentes que han sido reiteradas por el Municipio de Florencia en sus informes y conceptos técnicos.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, el actor popular presentó el recurso de apelación. Aseguró que con el testimonio de Floralba Álvarez se demuestra que existen viviendas que usan el sistema de alcantarillado, sin embargo, hay otras viviendas que no lo hacen y arrojan a los nacederos residuos sólidos y líquidos, lo cual provoca olores nauseabundos.

Manifestó que sobre las aguas negras que son vertidas a los nacederos y afluentes en el sector hay prueba suficiente en el expediente, sin embargo, nada se dijo al respecto, pues si bien son terceros los que causan esa problemática, corresponde a las entidades demandadas velar porque esta s acciones no se lleven a cabo a través de multas o la conexión al sistema de alcantarillado.

Afirmó que no se han adelantado las obras civiles que permitan canalizar los nacederos y

demandadas velar porque esta s acciones no se lleven a cabo a través de multas o la conexión al sistema de alcantarillado.

Afirmó que no se han adelantado las obras civiles que permitan canalizar los nacederos y afluentes en los cuales son vertidas las aguas negras, residuos sólidos y demás desechos que causan los malos olores en el sector, con lo cual, además, se protegería el derecho a la propiedad privada de Floralba Álvarez.

4 Archivo 69.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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Dijo que la Defensoría del Pueblo Regional Ca quetá, en la visita realizada a la residencia de Floralba Álvarez, advirtió el problema que se presenta en el afluente que corre por el predio en el que se vierten las aguas residuales, residuos sólidos, aguas domésticas y animales en estado de descomposición, todo lo cual causa malos olores.

Concluyó que está acreditado que la entidad demandada está en mora de cumplir con las funciones relacionadas con la instalación de la infraestructura del servicio de alcantarillado, la canalización de la fuente hídri ca y la adecuación del terreno para garantizar que las personas que habitan en el sector no resulten afectadas por los malos olores que producen los residuos sólidos, domésticos y animales en descomposición que son arrojados al afluente.

1.5. Trámite de segunda instancia.

personas que habitan en el sector no resulten afectadas por los malos olores que producen los residuos sólidos, domésticos y animales en descomposición que son arrojados al afluente.

1.5. Trámite de segunda instancia.

En el auto proferido el 24 de junio de 2022 se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en los artículos en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si el Municipio de Florencia ha vulnerado los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice el derecho a la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, dado que no ha construido ni implementado el sistema de

5 Carpeta C2, Archivo 5.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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canalización de aguas lluvias y residuales en la carrera 20 entre las calles 25 y 26 del Barrio Alcosure.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el si guiente derrotero: i) sobre el marco normativo y jurisprudencial de l presente medio de control y los derechos colectivos que se alegan vulnerados; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

El artículo 88 de la Constitución Política estableció que «la Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.»

En cumplimiento de este artículo superior, se expidió la Ley 472 de 1998 que reguló las acciones populares, las cuales están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos (artículo 1º). En el artículo 4º se dispuso que son derechos e intereses colectivos, los relacionados con:

1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii. La moralidad administrativa;

e intereses colectivos, los relacionados con:

1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii. La moralidad administrativa; iii. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; iv. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
2. La defensa del patrimonio público;Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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1. La defensa del patrimonio cultural de la Nación; vii. La seguridad y salubridad públicas; viii. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ix. La libre competencia económica;
2. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; xi. La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; xii. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; xii. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; xiii. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; xiv. Los derechos de los consumidores y usuarios.

Esta norma también prevé que son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

2.3.2. Seguridad y salubridad pública.

Sobre este Derecho, el Consejo de Estado6 se ha pronunciado en los siguientes términos:

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

(…)

En diferentes ocasiones l a Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que

6 Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 54001-2331-000-2003-00266-01(AP).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros

31-000-2003-00266-01(AP).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad . De esta manera, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derecho s colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria . Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados” 98.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es

un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados” 98.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe ent enderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar espe cífico y en un espacio de tiempo determinado.99

[…] de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.

En esas condiciones, el Estado debe garantizar a todas las person as una infraestructura de servicios que proteja su derecho a la salud, además, este derecho también está relacionado con la vida en condiciones dignas, lo que tiene por consecuencia que debe realizar para su consecución acciones afirmativas que otorguen los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.

relacionado con la vida en condiciones dignas, lo que tiene por consecuencia que debe realizar para su consecución acciones afirmativas que otorguen los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.

2.3.3. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2002 con ponencia de la consejera Ligia López Díaz (radicación 25000 -23-24-000-200200490-01), sobre este derecho colectivo discurrió:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del "acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública ". El Diccionario jurídico mexicano dice que la Salubridad Pública es "la parte del derecho de protección de la salud que se otorga a través de prestaciones realizadas por el Estado en beneficio del individuo y de la sociedad en general, tendientes a proteger y restaurar la salud de la persona y de la colectividad a fin de alcanzar un estado físicamente sano de la población del país, de manera individual o concurrente

Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra "infraestructura" la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios

es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra "infraestructura" la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública.

Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.

Luego, en la sentencia proferida el 19 de abril de 2007 con ponencia del consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez (radicación: 54001-23-31-000-2003-00266-01), la Sección

Tercera explicó:

Este dere cho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo. Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de esta de acceder a infr aestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces una relación comunidad – bienes y/o comunidad – organización; de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de a cceso a una infraestructura de

verifica entonces una relación comunidad – bienes y/o comunidad – organización; de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de a cceso a una infraestructura de servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos. Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho i interés colectivo, se obtendrá a través de ó rdenes orientadas a acceder a infraestructuras de servicios.

Por manera que este derecho es un servicio público a cargo del Estado y hace alusión a la posibilidad que tiene la comunidad de gozar de instalaciones que garanticen su salud, ello significa qu e la administración debe otorgar los elementos o servicios para el funcionamiento de la comunidad y la buena gestión de la salubridad pública a través, por ejemplo, de programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Gerney Calderón Perdomo Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-33-002-2020-00509-01

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2.3.4. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

El artículo 365 de la Constitución Política refiere que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que este debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

En la sentencia citada en el acápite anterior, esta es, la proferida el 19 de abril de 2007 con ponencia del consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez, también se abordó la

habitantes del territorio nacional.

En la sentencia citada en el acápite anterior, esta es, la proferida el 19 de abril de 2007 con ponencia del consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez, también se abordó la naturaleza de este derecho al señalar que consta de dos supuestos, «el primero se traduce en la expectativa que se tiene de ser usuario del servicio público determinado , el segundo en el cumplimiento por parte de los prestadores de unos requerimientos de prestación.»

En la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018 con ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez (radicación 17001-23-31-000-2011-00220-01), se pronunció sobre el deber legal de los entes territoriales de garantizar a la población una infraestructura de servicios públicos que proteja el derecho a la salud:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 de la Consti tución Política y 5º, numeral 5.1, de la Ley 142 el acceso a una infraestructura de servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado, razón por la cual se debe garantizar el acceso a una infraestructura de servicios adecuada para la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad, al respecto esta Sección se ha pronunciado de la siguiente manera:

“[…]

De allí, que tanto la Nación como las entidades territoriales tengan el deber de garantizar a los ciudadanos una infraestructura de servicios que proteja su derecho a la salud, lo que