TA CHO - 27001333300420170038902-(16-09-2022)

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2ª Instancia N/R Radicado 27001333300420170038901 De: Jhonny Moreno Murillo

Contra: Municipio De Tadó-Personería Municipal De Tadó

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SENTENCIA No.141

Quibdó, dieciséis (16 ) de septiembre de dos mil veintiuno (2022)

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 27001333300420170038902

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: JHONNY MORENO MURILLO

CONTRA: MUNICIPIO DE TADO -PERSONERÍA MUNICIPAL

DE TADO

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la Sentencia N.º 076 del 28 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por Jhonny Moreno Murillo contra el Municipio De Tadó -Personería Municipal De Tadó, en la que se resolvió: “PRIMERO: DECLARESE probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa material por pasiva respecto al Municipio de Tadó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARESE probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión de indemnización moratoria por el no oportuno de las cesantías y demás prestaciones sociales causadas desde el día 11 de junio de

SEGUNDO: DECLARESE probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión de indemnización moratoria por el no oportuno de las cesantías y demás prestaciones sociales causadas desde el día 11 de junio de 2016 hasta que se cancelen dichas acreencias, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DECLARESE LA NULIDAD del acto ficto o presunto demandado surgido por el silencio administrativo negativo por la omisión de la PERSONERIA MUNICIPAL DE TADO en dar respuesta a la petición de fecha 11 de junio de 2016 relacionada con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas al señor JHONNY MORENO MURILLO por la prestación de sus servicios en el periodo 2015 -2016, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ordénese a la PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE TADÓ a reconocer y pagar al señor JHONNY MORENO MURILLO lo adeudado por concepto de prestaciones sociales, tales como vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las2 de 16

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cesantías causadas durante el periodo el 4 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016.

QUINTO: Los valores reconocidos en esta sentencia, deben ser actualizados,

teniendo en cuenta la siguiente formula:

Rh (Índice Final) R= _____________ Índice Inicial

2016.

QUINTO: Los valores reconocidos en esta sentencia, deben ser actualizados,

teniendo en cuenta la siguiente formula:

Rh (Índice Final) R= _____________ Índice Inicial

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma de las prestaciones sociales aquí reconocidas, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que fue debió hacerse el pago, esto es, abril de 2016).

SEXTO: NIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda.

SEPTIMO: Désele cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVO: Sin condena en costas.

NOVENO: La entidad demandada PERSONERIA MUNICIPAL DE TADO dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del CPACA. Para su cumplimiento, expídase copia aut éntica de la sentencia, con constancia de ejecutoria, al demandante, a la Personería Municipal de Tadó; conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y ss. del CPACA, 114 del C.G.P y 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995.

DECIMO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación.

1. Antecedentes

1.1 Pretensiones En la demanda se formulan las siguientes:

DECIMO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación.

1. Antecedentes

1.1 Pretensiones En la demanda se formulan las siguientes: “PRIMERO: Declarar que el señor JHONNY MORENO MURILLO laboró como auxiliar administrativo (secretario) de la personería Municipal de Tadó

SEGUNDO: Que al momento de terminar su relación laboral no le fueron pagadas sus prestaciones sociales.

TERCERO: Que en consecuencia a lo anterior las anteriores demandadas le deben pagar solidariamente al actor sus cesantías definitivas por la suma de3 de 16

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($1.354.166) UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

CUARTO: Que las entidades demandadas le paguen por concepto de prima de navidad el valor de ($1.250.000) UN MILLON DOSCIENTOS CINCIENTA MIL

PESOS MCTE.

QUINTO: Que las entidades demandadas le paguen por concepto de vacaciones por valor de ($600.000) SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.

SEXTO: Que las entidades demandadas le paguen por concepto de intereses de cesantías el valor de ($377.604) TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

SÉPTIMO: Que le paguen intereses moratorios desde que mi mandante hizo la

de cesantías el valor de ($377.604) TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

SÉPTIMO: Que le paguen intereses moratorios desde que mi mandante hizo la reclamación para el pago de sus acreencias el día 11 de junio de 2016.

OCTAVO: Que las sumas anteriores mencionadas sean pagadas en forma indexadas

NOVENO: Que se declare que en la actualidad las entidades demandadas l e adeudan a mi mandante la indemnización por el no pago de las cesantías y demás prestaciones desde el 11 de junio de 2016 a razón de un día de salario por cada día de retardo que en la actualidad suma ($16.458.333) DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENT A Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE, y además las que causen durante el proceso.”

2. Hechos Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones son los siguientes: “PRIMERO: Mi prohijado inició a laborar al servicio de la Personería Municipal de Tadó el día 4 de abril del año 2015.

SEGUNDO: La labor que desempañaba mi mandante era de asistente administrativo (Secretario).

TERCERO: Terminó su labor el 31 de marzo de 2016.

CUARTO: Desde el momento que terminó su labor hasta la fecha no le han

sido pagadas sus prestaciones, a saber: Cesantías Intereses de cesantías Prima de navidad

QUINTO: Que se llevó a cabo las respectivas audiencias de conciliación los días 26 de septiembre de 2017 y el 27 de octubre de 2017 en derecho a la cual

Cesantías Intereses de cesantías Prima de navidad

QUINTO: Que se llevó a cabo las respectivas audiencias de conciliación los días 26 de septiembre de 2017 y el 27 de octubre de 2017 en derecho a la cual no asistió el representante del Municipio de Tadó; y la primera audiencia fue suspendida para que el comité de conciliación del Municipio de Tadó reconsiderará su actitud de no asistir a la audiencia de conciliación y a su vez4 de 16

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hiciera una propuesta de pago ya que de conformidad las pruebas presentadas por el señor JHONNY MORENO MURILLO, se trata de un proceso de alto riesgo de condena para el Municipio de Tadó SEXTO: De conformidad a lo anteriormente descrito las entidades (Municipi o y Personería), han observado una actitud negligencia en la defensa de los recursos del Municipio de Tadó, porque tratándose de estar frente a una probable condena no toman las acciones para darle una solución al problema”. Normas violadas y concepto de la violación La parte demandante expuso en el acápite de normas violadas y concepto de la violación lo siguiente: Artículo 29 de la Constitución Política, Decreto 1045 de 1978 y la Ley 1071 de 2006. Como concepto de la violación desarrolló las normas citad as como violadas para concluir que le asiste el derecho reclamado.

Contestación de la demanda. El demandado Municipio de Tadó no contestó la demanda dentro del término legal.

Como concepto de la violación desarrolló las normas citad as como violadas para concluir que le asiste el derecho reclamado.

Contestación de la demanda. El demandado Municipio de Tadó no contestó la demanda dentro del término legal. Sentencia de primera instancia. La sentencia No. 076 del 28 de agosto del 2020, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sobre el particular indicó: “El señor JHONNY MORENO MURILLO mediante resolución No. 012 de fecha 30 de abril de 2015 fue nombrad o como secretario de la Personería Municipal de Tadó a partir del 4 de abril de 2015, con una asignación mensual de un millón doscientos cincuenta mil pesos ($1.250.000). (Folio 15) El señor MORENO MURILLO desempeñó dicho cargo desde el 4 de abril de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016, tal y como consta en la certificación de fecha 13 de septiembre de 2017 emitida por el Personero Municipal de Tadó. El día 11 de julio de 2016, el señor Moreno Murillo radicó ante la Personería Municipal de Tadó, reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales tales como las cesantías e intereses a las cesantías, vacaciones, bonificación por recreación, prima de vacaciones, prima de navidad, indemnización moratoria causada durante el periodo laborado y la devolución de los pagos a salud y pensión de los meses de junioagosto del año 2015, sin que exista constancia procesal de pronunciamiento alguno por parte de dicha entidad, como tampoco de pago de tales acreencias.

laborado y la devolución de los pagos a salud y pensión de los meses de junioagosto del año 2015, sin que exista constancia procesal de pronunciamiento alguno por parte de dicha entidad, como tampoco de pago de tales acreencias. (Folios 12-14). De acuerdo a la valoración probatoria efectuada en este asunto, es claro para el Despacho sin asomo de duda que la entidad demandada a la finalización de5 de 16

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la relación laboral con el señor MORENO MURILLO le quedó adeudando sus prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, esto es, cesantías e intereses a las cesantías, vacaciones, bonificación por recreación, prima de vacaciones y de navidad y la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; acreencias que a la fecha no le han sido canceladas o por lo menos no existe constancia procesal de ello. Así las cosas, acreditado como quedó en el plenario que el actor tiene derecho a las prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y de navidad) proporcional al tiempo laborado como secretario de la Personería Municipal de Tadó, esto es, del 4 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 y que a la fecha no le han cancelado tales acreencias, el Despacho accederá parcialmente a las pretensiones reclamadas en este asunto, para lo cual declarará la nulidad del acto acusado al haberse

al 31 de marzo de 2016 y que a la fecha no le han cancelado tales acreencias, el Despacho accederá parcialmente a las pretensiones reclamadas en este asunto, para lo cual declarará la nulidad del acto acusado al haberse desvirtuado la presunción de legalidad de que gozaba el acto acusado, pues fue expedido con infracción de las normas en que deberían fundarse. En cuanto al restablecimiento del derecho deprecado, se le ordenará a la entidad demandada PERSONERIA MUNICIPAL DE QUIBDO reconocer y pagar al señor JHONNY MORENO MURILLO las prestaciones sociales causadas por la prestación de sus servicios como secretario de la Personería Municipal en el periodo comprendido entre el 4 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, esto es, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías. Las sumas resultantes de esta condena se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula: Rh (Índice Final) R= _____________ Índice Inicial

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma de las prestaciones sociales aquí reconocidas, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que debió hacerse el pago, esto es, abril de 2016). Respecto a la bonificación por recreación solicitada, el Despacho negará dicha pretensión por cuando no se allegó ninguna constancia que acreditara que el

hacerse el pago, esto es, abril de 2016). Respecto a la bonificación por recreación solicitada, el Despacho negará dicha pretensión por cuando no se allegó ninguna constancia que acreditara que el señor MORENO MURILLO percibiera ese factor salarial, teniendo en cuenta que el mismo no se encuentra entre los establecidos en la ley para los servidores públicos. Frente a la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantí as y demás prestaciones sociales causadas desde el día 11 de junio de 2016 hasta que se cancelen dichas acreencias, el Despacho declarará probada de oficio la excepción de inepta demanda por cuanto dicha pretensión no fue6 de 16

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solicitada en sede administrativa en los términos establecidos en la demanda, esto es, conforme lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006”.

5. Recursos de apelación. 5.1. La parte demandante.

En su escrito de apelación, el apoderado de la parte demandante manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el juzgado y en consecuencia manifestó: PRIMERO: haber excluido al Municipio de Tadó como parte pasiva de la acción administrativa y consecuencia lmente solamente haber dejado a la Personería Municipal de Tadó. En el Derecho Colombiano solamente son sujetos de contraer obligaciones las Personas bien sea éstas Naturales, que equivale a todo hijo de mujer y la Personas Jurídicas la s cuáles son creadas

Personería Municipal de Tadó. En el Derecho Colombiano solamente son sujetos de contraer obligaciones las Personas bien sea éstas Naturales, que equivale a todo hijo de mujer y la Personas Jurídicas la s cuáles son creadas por una ficción legal, me cabe preguntarle si la Personería de Tadó es persona jurídica, queda una respuesta que es decir que no, en consecuencia, no puede ser sujeto que contraiga obligación, y por lo tanto, está incólume lo pronunciado por la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia del 18 de marzo de 2015 proferida en el expedien te 70001 -2331-000-200200207-01, "sostuvo que las Personerías Municipales pese a poseer autonomía administrativa y presupuestal, no tienen el carácter de Personería Jurídica del orden Municipal para comparecer a juicios en defensa de la legalidad de sus propios actos, por lo que el procedimiento acertado es acudir a la entidad pública o territorial a la cual pertenece, en caso de reclamaciones por salarios y prestaciones los cuales como empleados de los Municipios, se pagan a cargo al presupuesto del Municipio." (…)..

SEGUNDO: Tanto la Personería Municipal de Tadó como el Municipio de Tadó no contestaron la demanda, y por lo tanto deben recoger sus frutos de su acción contumaz. La No contestación de la demanda acarrea consecuencias gravísimas en cuanto se relaciona con no poder pedir pruebas, presentar excepciones y en fin oponerse a las pretensiones y también trae secuelas devastadoras contra la parte trascendental guardó silencio y de paso creó una ventaja procesal sobre la parte que fue renuente a contestar la demanda.

excepciones y en fin oponerse a las pretensiones y también trae secuelas devastadoras contra la parte trascendental guardó silencio y de paso creó una ventaja procesal sobre la parte que fue renuente a contestar la demanda.

TERCERO: aunque cumplimos con todos los requisitos legales para impetrar la sanción por el No pago de la Indemnización Moratoria por no haberse hecho efectivas el pago de las Cesantías y Prestaciones. La misma Juez estable ce que el 11 de Julio de 2016 el Señor Moreno Murillo radic ó una reclamación7 de 16

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administrativa "ante la Personería Municipal de Tadó, reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de sus prestaciones tales como las Cesantías e Intereses a las Cesantías, vacaciones, bonificación por recreación, prima de vacaciones, prima de navidad, Indemnización Moratoria Causada durante el periodo laborado y la devolución de los pagos a salud y pensión de los meses de junio-agosto del año 2015, sin que exista constancia procesal de pronunciamiento alguno por parte de dicha entidad como tampoco de pago de tales acreencias” (Folios 12-14)

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia. 6.1. Parte demandante.

No se pronunció en esta oportunidad

6.2. Parte demandada.

No se pronunció en esta oportunidad.

6.3. Ministerio Público.

No emitió concepto.

II CONSIDERACIONES

6.2. Parte demandada.

No se pronunció en esta oportunidad.

6.3. Ministerio Público.

No emitió concepto.

II CONSIDERACIONES

1. Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

Cuestión previa.

Al respecto debe resaltarse que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra par te no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable, contrario a lo8 de 16

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resuelto en las providencias que a su juicio considera que se vulneró los derechos alegados.

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código

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resuelto en las providencias que a su juicio considera que se vulneró los derechos alegados.

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (C. G. del P.), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 306 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P.

A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de co ngruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1°) del C. G. del P., así:

“Competencia del superior. El juez de segunda instancia debe rá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que e n el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”.2

En esa misma línea de pensamiento ver sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), donde el H. Consejo de Estado hizo un breve antecedente jurisprudencial sobre el principio de consonancia de la decisión judicial.3

En esa medida, la Sala establece el siguiente,

2. Problema jurídico.

Se debe establecer si al accionante le asiste razón en su pretensión de reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas, por el tiempo de servicio prestado en la Personería Municipal de Tadó entre el 4 de abril del

1 Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código del Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

2 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero

actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

2 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

3 Consejero Ponente: César Palomino Cortés, veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Ref: Expediente No. 250002342000201401139 01, Número Interno: 458-2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación9 de 16

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2015 hasta el 31 de marzo de 2016 . y conforme al recurso de apelación, si el actor le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada. Finalmente ha de establecer si el municipio de Tadó debe responder en los términos solicitado s por la parte accionante, en tanto la Personería Municipal de Tadó, carece de personería jurídica.

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL TRABAJADOR.

Es un principio constitucional, consagrado en el artículo 53 de la Carta, que todo trabajador tiene derecho al reconocimiento y pago de sus salarios y prestaciones laborales, dentro del marco de una relación laboral, derecho que se reputa irrenunciable por parte del trabajador. El hecho de la vinculación hace incuestionable el derecho que le asiste a todo

todo trabajador tiene derecho al reconocimiento y pago de sus salarios y prestaciones laborales, dentro del marco de una relación laboral, derecho que se reputa irrenunciable por parte del trabajador. El hecho de la vinculación hace incuestionable el derecho que le asiste a todo trabajador de recibir remuneración salarial y demás prestaciones sociales que deben ser canceladas periódica y oportunamente por su empleador como retribución al esfuerzo realizado cuando cumple con las funciones que le son asignadas. Además de garantizarle la subsistencia las cuales constituyen derechos irrenunciables a la luz del artículo 48 de la Constitución Política. Conforme a los señalamientos de la jurisprudencia sobre la materia, todo trabajador tiene derecho a percibir oportunamente su salario y demás prestaciones al cabo del cumplimiento de las labores encomendadas, en ese sentido ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado:4 “En cuanto al salario se ha entendido de manera general que es todo lo que se paga directamente por la retribución o contraprestación del trabajo realizado. Las prestaciones sociales, por su parte, han sido establecidas por el legislador para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo. Estas pueden estar representadas por dinero, servicios u otros beneficios con los cuales se busca amparar las contingencias a que suele verse sometida la persona que labora al servicio de un empleador. Las anteriores definiciones dejan claro que tanto las prestaciones sociales como el salario emergen indudablemente de los servicios subordinados que se prestan al empleador. En otras palabras, unos y otros se derivan igualmente de la relación de trabajo. No obstante devenir de una misma fuente, las dos tienen características que las diferencian, como que la prestación social no

se prestan al empleador. En otras palabras, unos y otros se derivan igualmente de la relación de trabajo. No obstante devenir de una misma fuente, las dos tienen características que las diferencian, como que la prestación social no retribuye propiamente la actividad desplegada por el trabajador, sino que cubre los riesgos, infortunios o necesidades a que se puede ver enfrentado. También se diferencian en que las prestaciones sociales no emergen por criterios particulares y concretos, sino por aspectos generales en relación con todos los trabajadores o un grupo considerable de ellos, contrario sensu, el

4 Sentencia de agosto 5 de 2010. CO NSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”. Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. Radicación número: 05001 -23-31000-1998-0030701(4935-05).10 de 16

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salario sí se constituye frente a casos particulares y concretos, atendiendo un factor objetivo o subjetivo o ambos.”5 Conforme a lo anterior el salario corresponde a la contraprestación que recibe el trabajador de su patrono por el cumplimiento de su labor, prebenda a la cual tiene derecho al cabo del tiempo por el cual se obliga a desarrollar ciertas actividades laborales, mientras que las prestaciones por su parte corresponde a emolumentos designados por el legislador para cubrir riesgos o necesidades del trabajador que puedan presentarse durante el desarrollo de la relación laboral, ambos conceptos corresponden a derechos laborales de rango

actividades laborales, mientras que las prestaciones por su parte corresponde a emolumentos designados por el legislador para cubrir riesgos o necesidades del trabajador que puedan presentarse durante el desarrollo de la relación laboral, ambos conceptos corresponden a derechos laborales de rango constitucional en tanto derivan del derecho fundamental al trabajo los cuales deben ser oportunamente percibidos por el trabajador por constituir su medio de subsistencia y el de su familia.

7. De las pruebas obrantes en el expediente.

Dentro del expediente obran en lo pertinente los siguientes documentos:

• Derecho de petición, en reclamación administrativa del pago de sus prestaciones a la entidad municipal desde el 11 de junio de 2016.

• Resolución No 012 del 30 de abril de 2015 , p or la cual se nombra un funcionario en la Personería Municipal de Tadó.

• Certificado suscrito por el Personero Municipal de Tadó en el cual consta que el señor Jhonny Moreno Murillo laboró desde el 4 de abril del 2015 hasta el 31 de marzo de 2016.

De lo acreditado en el proceso

En el expediente a folio (15) se encuentra la Resolución No 012 del 30 de abril de 2015 por la cual se nombra un funcionario en la Personería Municipal de Tadó, en la que se Resuelv e, ARTICULO P RIMERO: Nómbrese a l señor JHONNY MORENO MURLLOI para desem peñar el cargo de Secretario de la Personería Municipal de Tadó a partir del 4 de abril de 2015, con una asignación mensual de $1.250.000 donde comprende salud”.

JHONNY MORENO MURLLOI para desem peñar el cargo de Secretario de la Personería Municipal de Tadó a partir del 4 de abril de 2015, con una asignación mensual de $1.250.000 donde comprende salud”.

5 “a) El derecho de los trabajadores al pago oportuno de los salarios no sólo es una garantía constitucional (art. 53) sino que es un derecho fundamental, como quiera que deriva directamente de los derechos a la vida, salud y al trabajo. Sentencias T.089 de 1999, T-211, T-213 de 1998, T-234 de 1997 y T-426 de 1992.

b) Para la protección judicial del derecho al pago oportuno, el concepto de salario debe entenderse en un sentido genérico, pues lo integran “todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes”. Por consiguiente, también se constituye en fundamental el derecho al pago cumplido de primas, vacaciones, cesantías, horas extras, entre otras…..”( Sentencia de agosto 10 de 2001. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponent