TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2016-00258-01 (30-07-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 100

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300220160025801

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: SONIA MARIA PEREA COPETE

DEMANDADO:

LITISCONSORTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”

FRANCISCA ELENITH ORTÍZ RENTERIA

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación in terpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia No. 14 del 31 de octubre de 2022 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la señora SONIA MARIA PEREA COPETE , contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” , a través de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: La señora SONIA MARÍA PEREA COPETE, nació el 10 de junio de 1957, o sea

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: La señora SONIA MARÍA PEREA COPETE, nació el 10 de junio de 1957, o sea que a la fecha tiene 59 años de edad, por tanto, pertenece al grupo especial de la tercera edad la cual la constitución y la ley le dan un derecho preferencial frente al colectivo de ciudadanos.

SEGUNDO: La señora SONIA MARÍA PEREA COPETE, contrajo matrimonio por el rito sacramental religioso con el señor ARCILO DELGADO MOSQUERA (Q.E.P.D.) el día tres de septiembre de 1978TERCERO: El señor ARCILO DELGADO MOSQUERA falleció el día 12 de agosto de 2002.

CUARTO: La señora SONIA MARÍA PEREA COPETE con ocasión del deceso de su seño r esposo, el día 11 de octubre de 2002, radic ó ante la UGPP la solicitud de r econocimiento y pago de la pensión Postmortemhoy pensión de sobreviniente. (el señor ARCILO DELGADO MOSQUERA Nació el 21 de 06 de 1940y falleció el día 12 de agosto de 2002, ver certificado de defunción).RADICACIÓN: 27001333300220160025801

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: SONIA MARIA PEREA COPETE

DEMANDADO: “UGPP”

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Telefax 6 71 39 82

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QUINTO: La Ugpp profirió r esolución No. 21697 /2006, con la cual en su parte m otiva manifiesta "que revisados los documentos que obran en el cuaderno administrativo observa este despacho, que la peticionaria no anexo la declaración extra juicio donde exprese que el señor DELGADO MOSQUERA ARCILO, se desempeñó como docente con h onradez, consagración, idoneidad, pobreza y buena conducta, documento indispensable para resolver de fondo la solicitud incoada. Igualmente, no se a portó registro civil de nacimiento del causante señor Arcilo Delgado Mosquera, para determinar la edad, así mismo, la beneficiaria señora Sonia María Perea Copete, no anexo registro civil de Nacimiento, ni declaración extra juicio de convivencia con el causante".

SEXTO: Es un hecho superado que el docente ARCILO DELGADO MOSQUERA, ingres ó a laborar en la docencia oficial nacionalizada a partir del 15 de octubre d e 1976, conforme al Decreto de nombramiento 0749 del 06 de octubre de 1976, y fungió como educador hasta el 11 de agosto de 2002, o sea por veintiséis (26) años de servicio.

SÉPTIMO: Nótese que frente a la vinculación no se pronunció por tanto es un hecho superado que el docente ostentaba una vinculación nacionalizada, frente a la edad, el docente nació el 21 de junio de 1940 es decir que a la fecha de fallecimiento tenía 62 años de edad, por tanto, es un hecho superado”.

que el docente ostentaba una vinculación nacionalizada, frente a la edad, el docente nació el 21 de junio de 1940 es decir que a la fecha de fallecimiento tenía 62 años de edad, por tanto, es un hecho superado”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fácticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto Administrativo (Oficio) identificado con la, resolución N21679 del 02 de Mayo de 2006, Proferido por, U.G.P.P, con el cual resuelve el derecho de petición de la pensión sobreviviente.

SEGUNDA: Declarar que la señora S ONIA MARÍA PEREA COPETE, tiene derecho a queLA U.G.P.P le reconozca y pague la Pensión Sobreviviente (por ser la cónyuge sobreviviente del causante ARCILO DELGADO MOSQUERA - Q.E.P.D.), quien adquirió el estatus de la pensión gracia, a partir del 21 de junio de 1990.

TERCERA: Condenar a La U.G.P.P, a que, sobre las cuantías antes indicadas, como la mesada y los factores salariales, se practiquen los reajustes automáticos de Ley a que haya lugar y a partir de la fecha de adquisición del Derecho.

CUARTA: Condenar a l a UGPP, a que sobre las sumas de dinero que resulte obligad a a pagar, se le reconozca y pague a favor de la señora SONIA MARÍA PEREA COPETE, las cantidades indexadas conforme a los ajustes. ART. 195 del C.P.A.C.A ley 1437 de 2011.

pagar, se le reconozca y pague a favor de la señora SONIA MARÍA PEREA COPETE, las cantidades indexadas conforme a los ajustes. ART. 195 del C.P.A.C.A ley 1437 de 2011.

QUINTA: Condenar a la U.G.P.P, a pagar a favor de mi mandante los intereses de mora que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el momento en el cual se causó la prestación el 25 de abril de 2005, hasta la fecha de hoy.

SEXTA: Condenar a la U.G.P.P, al pa go de costas Procesales y Agencias en Derecho Conforme el artículo 198 C.P.A.C.A”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio de 29 de agosto de 2016 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio Público, como en derecho corresponde.

La entidad demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:RADICACIÓN: 27001333300220160025801

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DEMANDANTE: SONIA MARIA PEREA COPETE

DEMANDADO: “UGPP”

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“(…) Que de acuerdo con la norma antes transcrita y los hechos demostrados en el cuaderno administrativo, la señora ORTIZ RENTERIA FRANCISCA ELENIT ya identificada, no tiene la calidad de compañera Permanente, en razón a que a folio 3 del cuaderno Administrativo, obra Certificado de Registro Civil de Matrimonio del causante con la señora PEREA COPETE SONIA MARIA identificada con C.C. No. 26.391.451 de TADÓ (CHOCÓ), vínculo de fecha 3 de septiembre de 1978; y no existe constancia de viudez o sentencia de separación de cuerpos del causante y su legitima esposa, razón por la cual no se reconocerá la pensión Gracia PostMortem y la sustitución pensional de la misma solicitada por la peticionaria. Así las cosas, no se cuentan con los suficientes elementos de juicio necesarios para proceder al reconocimiento de la PENSIÓN GRACIA POST MORTEM. Que esta entidad por tanto consideró procedente negar la sustitución pensional solicitada de conformidad a la norma aplicable sobre la materia, la que quedó plasmada en las resoluciones expedidas por la entidad, por cuanto hay 2 personas que alegan el mismo derecho. (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción, genérica e innominada. Por su parte, la señora FRANCISCA ELENITH ORTIZ RENTERIA en calid ad de

En virtud de lo anterior, propuso la excepción de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción, genérica e innominada. Por su parte, la señora FRANCISCA ELENITH ORTIZ RENTERIA en calid ad de litisconsorte, no contestó la demanda.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia No. 14 del 31 de octubre de 2022 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, accedió a las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el a quo argumentó:

“(…) De esta forma, valoradas las declaraciones extra juicio como declaración de terceros, los registros civiles de nacimientos, matrimonio y defunción, se tiene en contexto el modo espaciotemporal de convivencia entre la accionante, el causante y este junto con una compañera permanente. Elementos probatorios que permite a su vez, la corroboración del tiempo de convivencia exigido antes del fallecimiento del Sr. Delgado Mosquera, al tener en cuenta por parte de la cónyuge supérstite convivencia desde septiembre de 1978 hasta el mes de agosto de 2002 y, por su parte, la compañera perman ente en igual sentido desde 1987 hasta el deceso en 2002. En consecuencia, considera esta instancia la satisfacción temporal de los cinco (5) años exigidos por la norma entre los involucrados en calidad de sobrevivientes. Ahora, del registro civil de nacimiento de Sonia María Perea y Elenith Ortiz Rentería, se tiene que, al momento del fallecimiento del causante, recuérdese, 11 de agosto de 2022, aquellas poseían las edades de 45 y 43 años respectivamente, pues sus nacimientos datan del 10 de

que, al momento del fallecimiento del causante, recuérdese, 11 de agosto de 2022, aquellas poseían las edades de 45 y 43 años respectivamente, pues sus nacimientos datan del 10 de junio de 1957 para la primera y 26 de diciembre de 1959 respecto de la última, cumpliendo así con el requisito de la edad para obtener la prestación de manera vitalicia. Por todo, como el requisito de convivencia fue acreditado en las características de auxilio o apoyo mutuo y vida en común, con vocación de estabilidad y permanencia durante tiempo superior a cinco (5) años anteriores al mes de agosto de 2002, esta instancia considera que la demandante Sonia María Perea y Francisca Elenith Ortiz Rentería tienen derecho al reconocimiento y pago de la prestación pensión gracia en modalidad post mortem del Sr. ARCILO DELGADO MOSQUERA por la Caja Nacional de Previsión, hoy, -U.G.P.P.-, negada en sede administrativa. (…) En consecuencia de todo lo anterior, dado que se acredita n con suficiencia los supuestos normativos necesarios para el reconocimiento del derecho reclamado, es del caso despachar desfavorablemente las excepciones propuestas por la accionada consistentes en cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, l o anterior, por cuanto se evidencia una infracciónRADICACIÓN: 27001333300220160025801

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del acto administrativo acusado a la s normas constitucionales y legales en las que debió fundarse para la decisión del asunto que correspondía. Así mismo, la accionada no aportó con la contestación de la d emanda sustento probatorio alguno que permitiera sostener incólume la presunción de legalidad que revestía el acto emitido por aquella. (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: DECLARESE no probadas las excepciones de COBRO DE LO NO DEBIDO e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, propuestas por la entidad accionada.

SEGUNDO: DECLARESE la Nulidad del acto administrativo, Resolución No. 21679 del 02 de mayo de 2006, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Pr otección Social –U.G.P. P-., por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se CONDENA a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -U.G.P. P - al reconocimiento de la prestación PENSION GRACIA a ARCILO DELGADO MOSQUERA en cuantía del 75% sobre los factores salariales devengados por aquel, el año anterior a la consolidación del derecho pensional.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior se CONDENA a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -U.G.P. P - al

consolidación del derecho pensional.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior se CONDENA a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -U.G.P. P - al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de las señoras Sonia María Pera Copete identificada con C.C No. 26.391.451 y Francisca Elenith Ortiz Rentería identificada con C.C No. 26.396.247 en proporción del 50%.

QUINTO: ORDENESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –U.G.P. P -., pagar las mesadas pensionales a las señoras Sonia María Pera Copete y Francisca Elenith Ortiz Rentería a partir del 21 de julio de 2013 en virtud de la prescripción trienal.

SEXTO: La prestación reconocida anteriormente, tendrá los reajustes de ley, acudiendo para

ello a la siguiente fórmula:

R = Rh índice final Índice inicial En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor desde la fecha a partir de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente para la fecha en que debió hacerse el pago. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada pensional comenzando desde la fecha de su causación y para las demás teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.

tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada pensional comenzando desde la fecha de su causación y para las demás teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.

SÉPTIMO: Sin condena en costas”.

5. RECURSOS DE APELACIÓN.

Dentro del término legal, la parte demandada, interpuso recurso de apelación manifestando su inconformidad con la decisión adoptada en primera instancia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda.

Argumenta que, no puede proceder el reconocimiento de la prestación solicitada, por cuanto el causante no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley,RADICACIÓN: 27001333300220160025801

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es decir, veinte (20) años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital. Por tanto, el interesado no cumple con los requisitos legales para que se le reconozca la pensión gracia pretendida.

Señala que el a quo desconoció, los tiempos de servicio, en los cuales se indicó que el tipo de vinculación del causante es de carácter nacional. Asimismo, sostiene que tampoco fueron consideradas las evidentes inconsistencias entre los certificados y los

Señala que el a quo desconoció, los tiempos de servicio, en los cuales se indicó que el tipo de vinculación del causante es de carácter nacional. Asimismo, sostiene que tampoco fueron consideradas las evidentes inconsistencias entre los certificados y los factores salariales, ya que en el certificado de información laboral, de fecha 26 de septiembre del 2002, proferido por e l Departamento del Chocó – Secretaría de Educación y Cultura, se indica que el causante Arcilo Delgado Mosquera prestó sus servicios como maestro Seccional Escuela Rural Mixta de Playa de Oro desde el 15 de octubre de 1976 hasta el 11 de agosto del 2002, s in que se identificara tipo de nombramiento.

De igual forma, señala que, en el certificado de factores salariales de fecha 31 de mayo de 2007, expedido por la Secretaría de Educación de Quibdó, se refiere que el causante laboró al servicio docente sin pre cisar tipo de vinculación, entre el 6 de octubre de 1976 y el 01 de octubre de 2002, fecha posterior a su fallecimiento ocurrido el 12 de agosto del 2002. Además, la misma entidad certificó, en el documento del 31 de mayo del 2007, que el docente tuvo vinc ulación de carácter nacionalizada, reconociendo los factores salariales percibidos hasta el 1 de octubre de 2002, es decir, una fecha también posterior al fallecimiento del demandante.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio N° 126 del 7 de febrero de 2024 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio N° 126 del 7 de febrero de 2024 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia N° 14 del 31 de octubre de 2022 y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

CONTROL DE LEGALIDAD

7. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o i mpidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

8. CONSIDERACIONES

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a resolver el recurso de apelación presentado.

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se

conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ”RADICACIÓN: 27001333300220160025801

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia, prof erida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó.

10. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Se xto Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está

inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el re currente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principi os axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta inaplicable en el

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-0000801(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-0216701(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Conc ejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Méndez Mendoza, Demandado: Conc ejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, San Antonio, Tolima, se ntencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001 -23-31-000-2001-0306801(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.RADICACIÓN: 27001333300220160025801

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presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el

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presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “ el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Con stitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucio nales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concep to de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código

reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la dem anda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, corresponde estudiar el cargo de desconocimiento de normas superiores expuesto por el actor en su demanda. Máxime cuando, como se verá líneas abajo, el razonamiento del Tribunal con respecto a la falta de competencia del Concejo Distrital fue equivocado, lo que arroja como resultado que al caerse el fundamento del fallo de primera instancia el cargo de vulneración de normas superiores quedaría sin ser estudiado; situación contraria al derecho de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 229 de la C onstitución y a la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, proclamado por el artículo 40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, para la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado

40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, para la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que del escrito de apelación, ni del estudio sistemático del expediente se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia, para revocar o modificar las providencias de primera instancia, es decir, en este caso, la Sala no advierte ningún tipo de violación a los derechos fundamentales de las partes, por el contrario, en el trámite de este proceso, se han respetado las reglas propias del juicio (derecho de defensa y contradicción) incluso se le ha dado a las parte s la oportunidad de recurrió; por lo que esta Sala tan solo estudiará los reproch es que de manera puntual realizó la parte demandante a la sentencia de primera instancia, de todas formas, si la Sala estima necesario realizar algún pronunciamiento en aras de efectivizar los derechos fundamentales del proceso, lo hará.

11. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala determinar si el causante Arcilo Delgado Mosquera (Q.E.P.D.)

4 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.RADICACIÓN: 27001333300220160025801

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: SONIA MARIA PEREA COPETE

DEMANDADO: “UGPP”

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Telefax 6 71 39 82

DEMANDADO: “UGPP”

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

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acreditó el cumplimiento pleno de los requisitos para consolidar su derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Si como consecuencia de e