TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2024-00029-01 (25-11-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 184

RADICACIÓN: 27001333300220240002901

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA

DEMANDADOS:

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y

REHABILITACIÓN INCLUSIVA - EJÉRCITO

NACIONAL

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demanda nte contra la Sentencia núm. 69 del 19 de junio de 2024 , proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por el señor JOSÉ GILDARDO MOSQUERA, contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL, a través de la cual se negaron a las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes (se transcribe incluso con posibles errores):

“PRIMERO: Tenemos que el citado Soldado, ingres ó como soldado r egular, al Ejército

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes (se transcribe incluso con posibles errores):

“PRIMERO: Tenemos que el citado Soldado, ingres ó como soldado r egular, al Ejército Nacional, el 04 de Enero de 1986, y le lleg ó la baja el 01 de Noviembre de 1987, posterior mente, ingresa como soldado voluntario al Ejército Nacional, el primero (1), de noviembre de 1987, y le llegó la baja, el 31, de Julio de 1990, baja que le llega, por las lesiones que le produjeron la disminución de la capacidad laboral, donde se le determina una incapacidad relativa y permanente, no acto, para la prestación del servicio militar como soldado voluntario.

SEGUNDO: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en resolución núm. 2530 del 10 de mayo de 1991 , reconoce y ordena pago una pensión mensual de invalidez, en favor del

señor JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA.

TERCERO: Se co nsideró que el soldado voluntario del Ej ército JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA, le fue practicada Junta Medica Laboral núm. 684 del 27 de junio de 1990, que le determinó una disminución de la Capacidad Laboral del 76.19%, por lesiones en el servicio por causa y razón del mismo, como consecuencia de la acción del enemigo, en el mantenimiento y restablecimiento del orden público, según el informativo.RADICACIÓN: 27001333300220240002901

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 2 de 12

CUARTO: Que el citado soldado adquirió el derecho a percibir una Pensión de invalidez, equivalente al 75%, del sueldo básico, que percibía en todo tiempo un cabo segundo, sin que sea inferior a un salario mínimo legal vigente.

QUINTO: En el presente caso no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en derecho, por ser facultativo, en los procesos con pretensiones de carácter laboral, como el presente, esto, de conformidad con lo normado por el artículo 161 – 1º de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 34 de la ley 2080 de 2021”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fácticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Le solicito al Honorable Juez, se declare la nulidad del acto ficto presunto y/o Silencio Administrativo negativo, nacido a la vida jurídica, por la negación de la entidad a dar respuesta a la petición formulada, bojo el radicado de entrada núm. P20231018PS012721, del 18 de octubre de 2023.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho le solicito las

respuesta a la petición formulada, bojo el radicado de entrada núm. P20231018PS012721, del 18 de octubre de 2023.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho le solicito las siguientes peticiones.

SEGUNDA: Le solicito al Honorable Juez, se ordene: La Inaplicación del artículo 90 del decreto 094 de 1989, como también la inaplicación del artículo 3 inciso 3, y el artículo 5, del Decreto 370 de 1991. En el reconocimiento de la Pensión mensual de invalidez, del citado soldado voluntario, toda vez, que transgrede y/o viola, principios Constitucionales, como el Principio de Progresividad y el principio a la no regresividad de los derechos adquiridos, el principio de Favorabilidad y el de Inescindibilidad, en materia laboral, como también viola y/o transgrede los mandatos legales. Como, la Ley 131 de 1985, la violación del artículo 2, inciso a), de la ley 4 de 1992, y el artículo 2, numeral 1, de la ley 923 de 2004. Al igual viola el artículo 2, del decreto 4433 de 2004.

TERCERA: Le solicito al Honorable Juez, ordene reliquidar y reajustar salarialmente, la pensión mensual de invalidez, del citado soldado voluntario, JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA, de conformidad a la ley 131 de 1985, régimen aplicable en la liquidación de la pensión mensual de invalidez, del soldado voluntario. La aplicación de su propio régimen salarial y prestacional. Aplicándole en su liquidación mensual de invalidez, un salario mínimo

pensión mensual de invalidez, del soldado voluntario. La aplicación de su propio régimen salarial y prestacional. Aplicándole en su liquidación mensual de invalidez, un salario mínimo legal mensual, aumentado en un 60%, más las bonificaciones a que haya lugar aplicarle.

CUARTA: Le solicito, al honorable Juez, le ordene a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA – EJERCITO NACIONAL. se sirva: incluir en la pensión de invalidez, del señor JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA, la prima de antigüedad, de conformidad al artículo 31 del decreto 25 de 1993, ley 923 de 2004, y su Decreto reglamentario el Decreto 4433 de 2004, modifican el porcentaje de la prima de antigüedad que trae el Decreto 25 de 1993, aumentándolo en un 6.5% cada año, lo cual no deberá exceder del 58.5%.

QUINTA: Le solicito, al Honorable Juez, Se ordene el reconocimiento y pago en su pensión mensual de invalidez, del citado soldado voluntario. La aplicación, del tres 3%, del beneficio que ordena el artículo 31, numeral 1, del Decreto 4433 de 2004. en su pensión mensual de invalidez.

SEXTA: Se declare y/o se ordene lo de más que resulte probado en el valor solicitado o en el mayor valor que se pruebe.

SEPTIMA: Le solicito, al honorable Juez, se indexen y reajusten los valores a reconocer, desde cuando el demandante, tubo derecho al reconocimiento de todas sus prestaciones sociales, a la fecha de pago”.RADICACIÓN: 27001333300220240002901

SEPTIMA: Le solicito, al honorable Juez, se indexen y reajusten los valores a reconocer, desde cuando el demandante, tubo derecho al reconocimiento de todas sus prestaciones sociales, a la fecha de pago”.RADICACIÓN: 27001333300220240002901

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 3 de 12

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio núm. 172 del 5 de marzo de 2024 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio P úblico, como en derecho corresponde.

La entidad demandada NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL, no contestó la demanda pese haberse notificado en debida forma.

Por redistribución de procesos, correspondió al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, continuar con el conocimiento y trámite del asunto.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia núm. 69 del 19 de junio de 2024 , proferida por el Juzgado Octavo

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia núm. 69 del 19 de junio de 2024 , proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el A quo argumentó:

“(…) Conforme a las pruebas señaladas, para este despacho resulta evidente que, el señor José Gildardo Mosquera fue calificado con una incapacidad absoluta permanente del 76.19%, no apto para el servicio el 27 de junio de 1990, según se plasmó en el acta 684 de la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, en el que se indicó como fecha de estructuración de la disminución de la capacidad laboral el 18 de junio de 1989, lo cual, también se desprende el informe administrativo de lesione s aportado con el escrito de demanda. En ese orden, se hace necesario resaltar que en el sub lite conforme la normativa en comento, teniendo en cuenta que la incapacidad permanente del demandante fue declarada en un porcentaje del 76.19% y que, la fecha de estructuración de la misma como se precisó en el párrafo anterior corresponde al 18 de junio de 1989, el demandante reunió los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez consagrada en los Decretos 1836 de 1979 y 094 de 1989, por tanto, son las normas que le resultan aplicables en lo relacionado con la pensión de invalidez. En ese orden, y a la luz del caso en estudio, es preciso concluir que como las lesiones o afecciones que originaron la pérdida de capacidad laboral del demand ante son fruto de

con la pensión de invalidez. En ese orden, y a la luz del caso en estudio, es preciso concluir que como las lesiones o afecciones que originaron la pérdida de capacidad laboral del demand ante son fruto de hechos acaecidos con anterioridad al 7 de agosto de 2002, su caso no puede regirse por lo regulado en la Ley 923 de 2004 ni en los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014 1, habida cuenta de que para la fecha de estructuración de la discapaci dad psicofísica dichas normativas no se encontraban surtiendo efectos jurídicos. (…) En este sentido, la normativa que rige el caso del señor José Gildardo Mosquera Mosquera en materia de pensión de invalidez es el especial contenido en los Decretos 1836 de 1979 y 094 de 1989, cuyos artículos 60 y 89, respectivamente, exigen a los suboficiales de las Fuerzas Militares una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% a efectos de acceder a dicha prestación.

1 “En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia del 11 de junio de 2020, radicado: 25001-23-42-000-201202051-01(0565-17).”RADICACIÓN: 27001333300220240002901

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 4 de 12

En tal sentido, no es dable acceder a las pretensiones de la demanda, en la medida en que el principio de favorabilidad solo puede analizarse cuando existen dos normas o una con diferentes interpretaciones, siempre y cuando todas estén vigentes, y el de retrospectividad, cuando la situació n no se haya consolidado, lo que no ocurre en el asunto sub judice, por cuanto, por una parte, la ley 923 de 2004, no regían para el momento de la ocurrencia de los hechos (valoración efectuada en el año 1989), porque entró en vigor el 30 de diciembre de 2004 (con efectos retroactivos a partir del 7 de agosto de 2002), respectivamente; y por otra, la situación del libelista se consolidó con los dictámenes de disminución de la capacidad laboral del año 1990. Por último, resulta relevante advertir que el prin cipio de favorabilidad no puede servir de fundamento para darle aplicación retrospectiva a una disposición en materia pensional, y, consecuentemente, al demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez reclamada conforme lo establecido en la Ley 131 de 1985, artículo 2, inciso a), de la ley 4 de 1992, artículo 2, numeral 1, de la ley 923 de 2004, al igual que, el artículo 2, del decreto 4433 de 2004.

ley 4 de 1992, artículo 2, numeral 1, de la ley 923 de 2004, al igual que, el artículo 2, del decreto 4433 de 2004. Por consiguiente y de acuerdo con las pruebas aportadas al sub examine, apre ciadas en conjunto con las reglas de la sana crítica, para este despacho judicial resulta improcedente acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto como se evidenció en el plenario, el libelista conforme la fecha de estructuración de su incapacidad no le es aplicable la ley 923 de 2004, motivo por el cual habrá de negarse las suplicas de la demanda. (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Condenase en costas a la parte demandante, por haber sido vencida en el presente asunto, en 1 smlmv. Por secretaría liquídense las costas.

TERCERO: Ejecutoriado el presente proveído, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa anotación y registro en el Sistema de Gestión Judicial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa – “SAMAI”.

5. RECURSO DE APELACIÓN.

Dentro del término legal e stablecido, la parte demandante interpuso recurso de apelación señalando que, en materia de jerarquía normativa, una disposición de menor rango no puede prevalecer sobre otra de mayor jerarquía. En ese sentido, sostuvo que el decreto 094 de 1989 no puede estar por encima de la Ley 131 de 1985, la cual regula el régimen salarial y prestacional aplicable a los soldados voluntarios.

sostuvo que el decreto 094 de 1989 no puede estar por encima de la Ley 131 de 1985, la cual regula el régimen salarial y prestacional aplicable a los soldados voluntarios.

En consecuencia, el artículo 90 del citado decreto resulta ilegal por contradecir derechos otorgados por la ley, motivo por el cual el acto administrativo que reconoció la pensión de invalidez del señor José Gildardo Mosquera Mosquera se encuentra viciado por falsa motivación, al haberse fundamentado en una norma de menor jerarquía y contraria a los derechos adquiridos del demandante.

Agrega que solicitó la inaplicación del artículo 90 del d ecreto 094 de 1989, en tanto vulnera los derechos reconocidos por la Ley 131 de 1985. Asimismo, expresó su desacuerdo con el sustento sobre la aplicación de la Ley 923 de 2004 y su decreto reglamentario 1157 de 2014, argumentando que dichas normas regulan actualmente las pensiones de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública. La parte apelante consideró que el juez aplicó de forma retroactiva esta normativa, apartándose de lo solicitado en la demanda y de los argumentos jurídicos y jurisprudenciales expuestos.RADICACIÓN: 27001333300220240002901

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 5 de 12

En criterio de la parte demandante, la sentencia núm. 69 del 19 de junio de 2024 carece de congruencia entre lo pedido en la demanda y los fundamentos normativos utilizados por el juez, evidenciando una vulneración al debido proceso. Señaló que el fallo se basó en disposiciones relativas al reconocimiento de una pensión de invalidez, cuando lo que se solicitó fue la inaplicación de una norma y la correspondiente reliquidación y reajuste salarial.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio del 18 de septiembre de 202 4, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia núm. 69 del 19 de junio de 2024y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Revisado el expediente, no se evidencia que las partes hayan presentado sus escritos de alegatos de conclusión ni que el señor agente del Ministerio Publico haya emitido concepto alguno.

8. CONTROL DE LEGALIDAD,

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se

concepto alguno.

8. CONTROL DE LEGALIDAD,

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

9. CONSIDERACIONES.

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, la Sala Primera de Decisión encuentra la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia proferida en primera.

10. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Quibdó.

11. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de

2 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda

inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de

2 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de ape lación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”RADICACIÓN: 27001333300220240002901

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 6 de 12

manera reiterada el Consejo de Estado3.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado4, al indicar:

instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado4, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta i naplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital par a expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general

como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”5.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concepto de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001-23-31-000-2009-00008-01(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN ; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado:

Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH , San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001 -23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

5 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.RADICACIÓN: 27001333300220240002901

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: JOSE GILDARDO MOSQUERA MOSQUERA DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

INCLUSIVA - EJÉRCITO NACIONAL

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co Página 7 de 12

resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la deman da no hubiere cumplido con el requisito de

Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la deman da no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, corresponde estudiar el cargo de desconocimiento de normas superiores expuesto por el actor en su demanda. Máxime cuando, como se verá líneas abajo, el razonamiento del Tribunal con respecto a la falta de competencia del Concejo Distrital fue equivocado, lo que arroja como resultado que al caerse el fundamento del fallo de primera instancia el cargo de vulneración de normas superiores quedaría sin ser estudiado; situación contraria al derecho de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 229 de la Con stitución y a la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, proclamado por el artículo 40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, para la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que del escrito de apelación, ni del estudio sistemático del expediente se evidencia, que en el sub examine se esté en

por el fallo apelado”.

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que del escrito de apelación, ni del estudio sistemático del expediente se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia, para revocar o modificar las providencias de primera instancia, es decir, en este caso, la Sala no advierte ningún tipo de violación a los derechos fundamentales de las partes, por el contrario, en el trámite de este proceso, se han respetado las reglas propias del juicio (derecho de defensa y contradicción) incluso se le ha dado a las parte s la oportunidad de recurrir; por lo que esta Sala tan solo estudiará los reproches q ue de manera puntual realizó la parte demandante a la sentencia de primera instancia, de todas formas, si la Sala estima necesario realizar algún pronunciamiento en aras de efectivizar los derechos fundamentales del proceso, lo hará.

12. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala determinar si el señor José Gildardo Mosquera Mosquera tiene derecho a la reliquidación y reajuste de su pensión de invalidez conforme a los beneficios previstos en la Ley 131 de 1985, la Ley 923 de 2004 y los Decretos 094 de 1989, 370 de 1991 y 4433 de 2004, junto con la prima de antigüedad y demás incrementos salariales, o si, por el contrario, se encuentran probadas una o var ias excepciones que tornen imprósperas las pretensiones de la demanda y deba confirmarse la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la Sala abordará el asunto de la siguiente manera: i. Marco normativo de la pensión de invalidez en el régimen esp ecial de la fuerza pública y ii.

confirmarse la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la Sala abordará el asunto de la siguiente manera: i. Marco normativo de la pensión de invalidez en el régimen esp ecial de la fuerza pública y ii. Caso en Concreto.

13. PENSIÓN DE INVALIDEZ EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA FUERZA

PÚBLICA

La Constitución Política, en su artículo 48, establece que la seguridad social es un servicio público obligatorio, bajo la dirección, coordinació