TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2024-00050-01 (20-10-2025)

Sentencia N y R (2da instancia) Radicado No. 27001333300220240005001

AURA CRISTINA VENTE MORENO

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Quibdó, veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 155

RADICADO: 27001333300220240005001

DEMANDANTE: AURA CRISTINA VENTE MORENO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN

JUAN

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TEMA: DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

MAGISTRADA PONENTE: DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DE NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD - la desvinculación de una persona nombrada en provisionalidad

en un cargo de carrera solo procede por : (i) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el respectivo concurso de méritos; (ii) la imposición de sanciones disciplinarias; (iii) la calificación insatisfactoria y (iv) otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto/ EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE ACTOS GENERALES - la declaratoria de nulidad solamente puede tener efectos hacia el futuro, es decir «ex

al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto/ EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE ACTOS GENERALES - la declaratoria de nulidad solamente puede tener efectos hacia el futuro, es decir «ex nunc», o s í por el contrario los efectos de la decisión pueden r etrotraerse hasta el momento de expedición del acto, o sea, «ex tunc»/ LAS SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADASson aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante l a jurisdicción de lo contencioso administrativa , por consiguiente, las situaciones jurídicas consolidadas serán aquellas situaciones subjetivas y particulares que ya han quedado en firme, o que han sido objeto de pronunciamiento judicial, que ha hecho tránsito a cosa juzgada.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación presentad o por la parte demandada contra la sentencia No. 090 del 28 de julio de 2025, a través de la cual el Juzgado Noveno Administrativo Oral del circuito de Quibdó, concedió las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 060 del 4 de marzo de 2024 , mediante el cual la entidad demandada declaró insubsistente el nombramiento de la señora Aura Cristina Vente Moreno en el cargo de Técnico Administrativo Apoyo de la Comisaria de Familia, Código 367, Grado 03.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

declaró insubsistente el nombramiento de la señora Aura Cristina Vente Moreno en el cargo de Técnico Administrativo Apoyo de la Comisaria de Familia, Código 367, Grado 03.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 28 de julio de 2025 , el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar la

nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 0 60 del 04 de marzo de 2024, mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento enSentencia N y R (2da instancia) Radicado No. 27001333300220240005001

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provisionalidad de la señora Aura Cristina Vente Moreno, (ii) ordenar a la entidad demandada a título de restablecimiento del derecho reintegrar sin solución de continuidad a la demandante, en e l cargo de Técnico Administrativo Apoyo Psicosocial Comisaria de Familia, Código 367, Grado 03 u otro equivalente, con las mismas condiciones y características que gozaba antes de su desvinculación, (iii) ordenar al Municipio de el Litoral del San Juan pag arle a la accionante el equivalente a los sueldos, prestaciones sociales y demás emolumentos no devengados desde la fecha del retiro, es decir desde el 5 de marzo de 2024, hasta

ordenar al Municipio de el Litoral del San Juan pag arle a la accionante el equivalente a los sueldos, prestaciones sociales y demás emolumentos no devengados desde la fecha del retiro, es decir desde el 5 de marzo de 2024, hasta el día en que se haga efectivo su reintegro, (iv) ordenar la indexación de los valores reconocidos de conformidad con el artículo 187 del CPACA y (v) no condenar en costas.

Pretensiones

4. La parte actora pretende que se declare la nulidad del Decreto No. 060 del 4 de marzo de 2024, mediante el cual se declaró insubsistente su nombramiento en provisionalidad en la administración central del municipio de el Litoral del San Juan. Como consecuencia de ello , solicita que se disponga su reintegro al cargo que venía desempeñando o, en su defecto, a otro de igual o superior jerarquía, siempre que reúnan los requisitos exigidos en el manual de funciones.

5. Asimismo, reclama que se condene a la entidad demandada al pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social dejados de percibir desde la desvinculación y hasta su efectivo reintegro, conforme a lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA y aplicando la fórmula de liquidación reconocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De igual modo solicita el reconocimiento de intereses sobre las sumas adeudadas, la actualización de los aportes a pensión y salud, la condena en costas por eventuales maniobras dilatorias y la indemnización de perjuicios materiales, estimados en cuarenta millones ($ 40.000.000) de pesos.

Hechos

aportes a pensión y salud, la condena en costas por eventuales maniobras dilatorias y la indemnización de perjuicios materiales, estimados en cuarenta millones ($ 40.000.000) de pesos.

Hechos

6. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

7. La señora Aura Cristina Vente Moreno, mayor de edad, identificada con cédula

de ciudadanía No. 1.004.030.553 y domiciliada en el municipio de el Litoral del San Juan (Chocó), fue nombrada mediante Decreto No. 367 del 13 de diciembre de 2023 y, posteriormente, posesionada el 15 de diciembre del mismo año, en el cargo de Técnico Administrativo Apoyo Psicosocial en la Comisaría de Familia, código 367, grado 03, de la planta globalizada de la Alcaldía Municipal, con una asignación mensual de $2.786.657.

8. Dicho nombramiento y posesión se realiz aron en el marco de las normas constitucionales y legales vigentes, particularmente el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 2.2.5.7.1 del Decreto 1083 de 2015 y la Ley 909 de 2004.

9. Con anterioridad, el Concejo Municipal de el Litoral del San Juan , mediante Acuerdo No. 011 del 30 de mayo de 2023, confirió facultades pro tempore al alcalde municipal para adelantar un proceso de modernización administrativa, que comprendía la adecuación, reorganización y actualización de la estructura y planta de personal de la entidad.Sentencia N y R (2da instancia)

Radicado No. 27001333300220240005001

municipal para adelantar un proceso de modernización administrativa, que comprendía la adecuación, reorganización y actualización de la estructura y planta de personal de la entidad.Sentencia N y R (2da instancia) Radicado No. 27001333300220240005001

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10. En ejercicio de dichas facultades, el alcalde expidió el Decreto No. 300 del 23 de noviembre de 2023 , a través del cual se modificó y actualizó la planta de personal de l Municipio , se crearon nuevos cargos y se ajustó el manual de funciones, competencias laborales y escala salarial. Posteriormente, los Decretos Nos. 301 y 302 de 2023 complementaron dichas modificaciones, actualizando el manual específico de funciones y adoptando la nueva estructura organizacional.

11. Asimismo, mediante Acuerdo No. 014 del 28 de noviembre de 2023, el Concejo Municipal aprobó el presupuesto preliminar de ingresos y gastos para la vigencia 2024, estableciendo disposiciones generales de carácter presupuestal, incluidas reglas específicas para la financiación de obligaciones anteriores y la incorporación de transferencias del Sistema General de Participaciones.

12. No obstante, se advierte que el señor alcalde del Municipio no dio aplicación efectiva a dicho acuerdo, pues omiti ó incorporar en la nómina los recursos ya recibidos del Sistema General de Participaciones, situación que generó afectaciones en el pago de obligaciones laborales.

efectiva a dicho acuerdo, pues omiti ó incorporar en la nómina los recursos ya recibidos del Sistema General de Participaciones, situación que generó afectaciones en el pago de obligaciones laborales.

13. En ese contexto, la señora Aura Cristina Vente Moreno ejerció el cargo de Técnico Administrativo en provisionalidad, mientras se surtía el proceso de selección para la provisión definitiva del empleo.

14. Sin embargo, mediante Decreto No. 060 del 4 de marzo de 2024 , el alcalde municipal declaró la insubsistencia de su nombramiento, fundamentándose en los

siguientes argumentos:

 Que la creación de 22 cargos nuevos en la planta de personal, dispuesta en el Decreto No. 300 de 2023, carecía de los requisitos legales exigidos por la Función Pública.  Que la expedi ción de dicho decreto vulneró normas constitucionales y presupuestales, al no contar con certificación de disponibilidad presupuestal ni con los estudios técnicos de viabilidad correspondientes.  Que en la vigencia 2023 no se realizaron los ajustes ni modif icaciones presupuestales necesarios para garantizar el pago de salarios y prestaciones de los cargos creados.  Que para la vigencia 2024 tampoco se efectuaron las proyecciones presupuestales adecuadas que aseguraran la legalidad y sostenibilidad de dichos empleos.

Normas violadas y concepto de la violación

15. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 23 y 86 de la Constitución Política de Colombia y artículos 155 numeral 1-3 y 56 numeral 23 de la ley 1437 de 2011, Ley 909 del 2004, artículo 315 del Decreto 306 de 1992 y el

Constitución Política de Colombia y artículos 155 numeral 1-3 y 56 numeral 23 de la ley 1437 de 2011, Ley 909 del 2004, artículo 315 del Decreto 306 de 1992 y el artículo 2.2.5.7.1. del Decreto 1083 del 2015.

16. En el concepto de la violación manifestó: (se transcribe incluso con errores) “(…) En esencia nuestra discusión gira alrededor , de la violación al derecho fundamental, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA; AL TRABAJO DIGNO, DIGNIDAD HUMANA, MINIMO VITAL , DEBIDO PROCESO,, al desconocerse la misma reglamentación y disposiciones legales diseñada y publicada, la salida abrupta a la señora, AURA CRISTINA VENTE MORENO., mayor de edad, domiciliado en.

Municipio litoral del san juan -chocó, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1004.030553 del cargo de provisionalidad sin previo concurso de méritos del cargo, va en contra del principio denominado confianza legitima e n el sentido que lo haSentencia N y R (2da instancia) Radicado No. 27001333300220240005001

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fundado la corte constitucional siendo evidente la responsabilidad de la alcaldía municipal de el litoral del san juan -chocó, conforme lo expongo a continuación en

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fundado la corte constitucional siendo evidente la responsabilidad de la alcaldía municipal de el litoral del san juan -chocó, conforme lo expongo a continuación en consideración de la naturaleza del caso en concreto estamos demostra ndo que el acto administrativo Decreto 060 del 04 de marzo del año 2024, que declaro insubsistente siendo un nombramiento provisional en la administración central del municipio litoral del san juan -choco incurrió en falsa motivación , desviación de poder , abuso de poder , para ello, es procedente hacer la sustentación que garantice al despacho la protección del Debido Proceso, derecho al trabajo Estabilidad laboral Reforzada, Las causales que motivaron insubsistencia, por parte de la administración municipal del municipio litoral del san juan -choco, no se aplican en estos casos de nombramiento en provisionalidad conforme a las establecidas por línea jurisprudencial de la corte constitucional

(…)

El señor alcalde expresa, que el decreto 300 del año 2023, que creo la planta de personal de 22 cargos de carrera administrativa -vulnera en forma grave varias disposiciones legales y constitucionales conforme esa óptica tanto la formación del acto administrativo que ordeno la creación de los nuevos empleos como su posterior provisión resultan abiertamente ilegales. señor juez, Situación fáctica incorrecta y conducente a la violación del debido proceso configurándose una falsa motivación del presente acto administrativo por la siguiente razón señora juez, el decret o 300 del año 2023, que creo la planta de personal de 22 cargos de carrera administrativa no han sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo: es decir

del presente acto administrativo por la siguiente razón señora juez, el decret o 300 del año 2023, que creo la planta de personal de 22 cargos de carrera administrativa no han sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo: es decir están vigentes de acuerdo a los siguientes preceptos. (…)”.

Contestación de la demanda

17. La entidad demandada MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN JUAN , no contestó la demanda o por lo menos no existe constancia procesal de ello1.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

18. El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Quibdó concedió las pretensiones, al considerar que las razones expuestas en la motivación del acto administrativo que declaró insubsistente a la señora Aura Cristina Vente Moreno carecían de validez jurídica. Lo anterior, por cuanto el ente territorial fundamentó su decisión en argumentos contrarios a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, configurándose así un evidente vicio de falsa motivación, conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado.

19. Asimismo, precisó que la motivación del acto no correspondía con el efecto jurídico perseguido, dado que las razones invocadas no resultaban válidas dentro del marco normativo y jurisprudencial aplicable a la declaratoria de insubsistencia.

20. De igual manera, indicó que la motivación de los actos que disponen el ret iro del servicio de un servidor provisional constituye un requisito esencial, en tanto la administración no puede actuar de forma arbitraria, sino con fundamento en circunstancias de hecho y de derecho que justifiquen la decisión.

del servicio de un servidor provisional constituye un requisito esencial, en tanto la administración no puede actuar de forma arbitraria, sino con fundamento en circunstancias de hecho y de derecho que justifiquen la decisión.

1 Conforme quedó plasmado en la sentencia de primera instancia.Sentencia N y R (2da instancia) Radicado No. 27001333300220240005001

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II. EL RECURSO DE APELACIÓN

21. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de la demandante estuvo debidamente motivado. Afirmó que se expusieron razones legales suficientes que justificaban la decisión, con el propósito de evitar un perjuicio mayor a las finanzas del Municipio de El Litoral del San Juan.

22. En apoyo de esta postura, indicó que para la creación de los cargos en la planta de personal no se contó, durante la vigencia de 2023, con la respectiva Certificación de Disponibilidad Presupuestal. Dicho requisito era indispensable para acreditar la existencia de partidas suficientes, no comprometidas y disponibles, que permitieran sufragar los sueldos, prestaciones y contri buciones correspondientes a los veintidós (22) cargos creados, desde la posesión de los nombrados hasta el 31 de diciembre de ese año.

permitieran sufragar los sueldos, prestaciones y contri buciones correspondientes a los veintidós (22) cargos creados, desde la posesión de los nombrados hasta el 31 de diciembre de ese año.

23. Asimismo, advirtió que la misma situación se repitió en la vigencia de 2024, pues no se incorporaron en el presupuesto las partidas necesarias para cubrir la nueva nómina. En su criterio, ello reflejó una evidente falta de planeación, acompañada de una actuación improvisada y carente de sustento técnico y financiero en la creación de los mencionados cargos. Ade más, destacó que el proyecto de acuerdo presentado al Concejo Municipal en noviembre de 2023, para la aprobación del presupuesto de 2024, tampoco incluyó dentro de los rubros de gasto la proyección de esa nómina.

24. Del mismo modo, señaló que los presupuestos aprobados para las vigencias de 2023 y 2024 eran idénticos, lo que demuestra que la administración anterior no solo omitió prever los costos de los nuevos cargos, sino que presentó nuevamente el mismo proyecto aprobado para 2023. A su juicio, lo ante rior evidencia una negligencia administrativa y una absoluta falta de previsión en la planeación presupuestal.

25. En consecuencia, la parte demandada solicita a esta Corporación revocar la sentencia No. 090 del 28 de julio de 2025, en atención a que, pre viamente, mediante sentencia No. 021 del 8 de abril de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó declaró la nulidad del Acuerdo No. 011 del 30 de mayo de 2023. Dicho acuerdo otorgaba facultades pro tempore al alcalde

Administrativo Oral del Circuito de Quibdó declaró la nulidad del Acuerdo No. 011 del 30 de mayo de 2023. Dicho acuerdo otorgaba facultades pro tempore al alcalde del municipio de el Litoral del San Juan para modernizar la estructura y la planta de personal de la administración central, lo cual constituye un fundamento jurídico esencial que torna improcedente la decisión apelada.

Actuación de segunda instancia

26. Mediante auto interlocutorio No. 285 del 8 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

III. CONSIDERACIONES

27. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.Sentencia N y R (2da instancia)

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Problema jurídico de instancia

28. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si el Decreto No. 060 del 4 de marzo de

General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si el Decreto No. 060 del 4 de marzo de 2024 mediante el cual el municipio de El Litoral del San Juan dio por terminado el nombramiento provisional de la señora Aura Cristina Vente Moreno en el cargo de Técnico Administrativo Apoyo Psicosocial en la Comisaría de Familia, Código 367, Grado 03, se encuentra o no ajustado a derecho y sí como consecuencia de ello, es procedente o no ordenar el reintegro de la misma a un cargo de igual o de superior categoría, así como el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir desde su desvinculación del servicio hasta cuando se produzca su reintegro?.

Tesis de la Sala

29. La Sala revocará la decisión de primera instancia que concedió las súplicas de la demanda, por cuanto no se demostró la existencia de una situación jurídica consolidada que permite inaplicar los efectos “ex tunc” como quiera que cuando se profirió el fallo que nulitó el Acuerdo, también se debatía en esta jurisdicción la legalidad del acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de la actora, por considerar que el mismo era contrario al interés general y al ordenamiento jurídico, en tal sentido, es dable concluir que los efectos jurídicos de la nulidad sí se extendieron a los actos particulares emitidos por la entidad demandada respecto a la demandante.

30. Lo anterior, revela a la Sala del estudio sobre la legalidad del acto acusado, pues se considera que desapareció del espectro jurídico el acto de nombramiento

demandada respecto a la demandante.

30. Lo anterior, revela a la Sala del estudio sobre la legalidad del acto acusado, pues se considera que desapareció del espectro jurídico el acto de nombramiento y el que declaró insubsistente a la actora con la declaratoria de nulidad del referido

Acuerdo.

El marco normativo de la carrera administrativa, el nombramiento en provisionalidad y la motivación de los actos administrativos de su terminación

31. La Constitución Política de Colombia en su artículo 125 dispuso que, los

empleos públicos por regla general son de carrera 2, salvo aquellos que deban proveerse por elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

32. Por su parte, la Ley 909 de 2004 prevé que, los empleos de carrera administrativa se proveen mediante n ombramiento en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas por el sistema de mérito3,

es decir, que el ingreso, el ascenso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el méri to, mediante procesos de selección abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos para su desempeño, garantizando la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

2 Definido por el artículo 27 de la Ley 909 del 2004, así “Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia

de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se h ará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna ”.

3 Definido por el artículo 29 de la Ley ídem, así: «Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño».Sentencia N y R (2da instancia) Radicado No. 27001333300220240005001

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33. No obstante, cabe precisar que las entidades del Estado por n ecesidad del

servicio pueden proveer los empleos de carrera administrativa en forma transitoria, en cuyo caso, deben aplicar el procedimiento señalado en el Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el Artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, que consag ra el derecho preferencial de los empleados de carrera por la vacancia temporal o definitiva de un empleo de esta naturaleza; en el evento que no exista personal de carrera para ser encargado, la administración podrá efectuar nombramientos provisionales con personal no seleccionado por concurso.

definitiva de un empleo de esta naturaleza; en el evento que no exista personal de carrera para ser encargado, la administración podrá efectuar nombramientos provisionales con personal no seleccionado por concurso.

34. Al respecto, la Corte Constitucional ha puntualizado, que ante la vacancia en un empleo público las autoridades tienen la obligación de implementar los trámites para suplirlas a la mayor brevedad en los términos exigidos por la Carta Política.

No obstante, como el procedimiento para la provisión definitiva puede tomar un tiempo (prudencial), el Legislador ha autorizado, como medida transitoria y por supuesto excepcional, la vinculación mediante nombramiento en provisionalidad4.

35. Tal forma de vinculación ha sido concebida como un mecanismo excepcional y transitorio para atender las necesidades del servicio, cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de los principios de eficiencia y celeridad evitando la paralización de las funciones públicas mientras se surten los procedimientos ordinarios para suplir una vacancia definitiva o temporal, mientras éstos se proveen en propiedad atendiendo a las formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal5, sin embargo, ello no exime a las autoridades nominadoras de la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos del cargo6.

36. Ahora bien, en cuanto al retiro de los empleados nombrados en provisionalidad, el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.5.3.4 , estableció que “antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

37. En cuanto a la motivación del acto administrativo de retiro del servicio, el

nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

37. En cuanto a la motivación del acto administrativo de retiro del servicio, el artículo 10 del Decreto 1227 de 20057 previó que debe ser coherente con la función pública en el ámbito del Estado Social de Derecho, depende de las reglas generales establecidas por vía jurispr udencial y debe responder al principio de razón suficiente.

38. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 ha sostenido que los

empleados públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan de una estabilidad laboral relati va o intermedia, que implica, que el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, contener las razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad.

39. En efecto, en sentencia SU 917 de 2010 esa Corporación, en síntesis sostuvo, que el acto de retiro no solo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas exigencias mínimas respecto de su conteni do material, esto es, que en la

4 En las normas generales que han reconocido la provisionalidad como forma de provisión de empleos se destacan el artículo 5º del Decreto Ley 2400 de 1968, el artículo 4º de la Ley 61 de 1987, el artículo 10 de la Ley 27 de 1992, el artículo 8º de la Ley 443 de 1998, así como la Ley 909 de 2004. 5 Corte Constitucional, Sentencia T-1206 de 2004. 6 Corte Constitucional, Sentencia C-793 de 2002.

de 1998, así como la Ley 909 de 2004. 5 Corte Constitucional, Sentencia T-1206 de 2004. 6 Corte Constitucional, Sentencia C-793 de 2002. 7 “Artículo 10. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados ”. 8 Sentencia T-800 de 1998 (M P Vladimiro Naranjo Mesa). Pueden consultarse también las sentencias T -289 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-462 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).Sentencia N y R (2da instancia) Radicado No. 27001333300220240005001

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motivación se especifiquen las circunstancias particulares y concretas de hecho y de derecho por las cuales se prescinde de los servicios del empleado, de modo que aquel cuente con elementos de juicio necesarios para controvertir la decisión de la administración, tanto en sede gubernativa como ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

40. De igual manera, consideró que constitucionalmente la desvinculación de una

persona nombrada provisionalmente en un cargo de carrera solo procede por: (i) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el respectivo concurso de méritos; (ii) la imposición de sanciones disciplinarias; (iii) la cali ficación

persona nombrada provisionalmente en un cargo de carrera solo procede por: (i) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el respectivo concurso de méritos; (ii) la imposición de sanciones disciplinarias; (iii) la cali ficación insatisfactoria u (iv) otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto.

41. En esa misma línea, dicha Corporación en sentencia T -507 de 2010, expuso que, si bien el nominador cuen