TA CHO - Sentencia 27001-33-33-005-2022-00615-01 (14-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No. 51

Magistrado Ponente: Dr. LARRY YESID CUESTA PALACIOS

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENT O DEL

DERECHO

DEMANDANTE: LUCY PILAR ORTIZ LEUDO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG –

CHOCÓ RADICACIÓN: 27001-33-33-005-2022-00615-01

TEMA: RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE

JUBILACIÓN, POR APORTES Y TIEMPO

LABORADO EN SECTORES DISTINTOS AL

EDUCATIVO

I. ASUNTO

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la Sentencia No. 209 del 14 de febrero de 2024 , proferida por el Juzgado Quintó Administrativo Oral de l Circuito de Quibdó, que negó las súplicas de la demanda1.

II. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderada judicial, la señora Lucy Pilar Ortiz Leudo , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, demanda a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), con el objeto de obtener las siguientes:

consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, demanda a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), con el objeto de obtener las siguientes:

2.1 Declaraciones y condenas

Las pretensiones de la demanda son las que se transcriben a continuación:

• Declarar la nulidad del ato administrativo N°2180 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022 expedido por el Dr. PEDRO FIDEL HURTADO OREJUELA Secretario de Educación del Departamento del Chocó, notificado el día 1

DE SEPTIEMBRE DE 2022 en cuanto negó el derecho a la cancelación de

1 Recurso admitido por esta Corporación mediante proveído No. 322 del veintisiete (27) de noviembre de 2024. Índice 00003 aplicativo Samai. 2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , en adelante CPACA.Referencia: Expediente no. 27001333300220220061501

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Accionante: Lucy Pilar Ortiz Leudo Contra: Nación – Ministerio de Educación– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

la pensión de jubilación a mi representado a los 55 años de edad, en el sentido que debía haber sido reconocida la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 60 años y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados.

• Declarar que mi representado, tiene derecho a que la NACIÓN –

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES

efectuar la inclusión en la nómina de pensionados.

• Declarar que mi representado, tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionados (a), es decir a partir de 11 DE JULIO DE 2016.

2.2. Fundamentos fácticos

Como síntesis, se manifestó que la demandante actualmente tiene más de 61 años de edad , tuvo su primera vinculación como empleada pública en 1982, tiempo durante el cual realizó aportes a la Caja Nacional de Previsión Social -

(CAJANAL).

Que ha ejercido su labor como docente oficial en forma ininterrumpida desde el mes de julio de 2004 hasta la fecha de presentación de la demanda a través de distintas modalidades de vinculación.

Que el 25 de abril de 2022, solicitó el recon ocimiento de la pensión ordinaria de jubilación, a partir del 11 de julio de 2016, fecha en la cual cumplió con las exigencias para adquirir el status de pensionada, es decir los 55 años de edad y 20 años de servicios como docente oficial, petición que le fue negada mediante el acto administrativo que hoy demanda3.

2.3. Normas violadas y concepto de violación

Las normas invocadas como violadas por la parte demandante son:

• Artículo 1º inciso 2º de la Ley 33 de 1985 - Artículo 15 Numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1985.

Las normas invocadas como violadas por la parte demandante son:

• Artículo 1º inciso 2º de la Ley 33 de 1985 - Artículo 15 Numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1985. - Artículo 6 de la Ley 60 de 1993. - Artículo 115 de la Ley 115 de 1993. - Artículo 279 de la Ley 100 de 1993. - Artículo 81 de la Ley 812 de 2003. - Artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

La demandante sostiene que, al haber sido vinc ulada antes del 23 de junio de 2003, se encuentra amparada por el artículo 81 de la Ley 812 , que estableció un régimen de transición para los docentes que ya contaban con cierta edad o experiencia laboral al momento de su entrada en vigor. Argumenta que el acto administrativo en cuestión vulnera las disposiciones legales en las que debiera fundarse.

3https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPubli ca/2700133/27001333300520220061500/5BFE3E 1227E5CD4130455B8909AD0C00A9B1BB22/2Referencia: Expediente no. 27001333300220220061501

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Accionante: Lucy Pilar Ortiz Leudo Contra: Nación – Ministerio de Educación– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

Afirma que sumados los tiempos laborados como docente oficial y los prestados en otro sector público, acreditaba los requisitos, exigidos para que se le recono ciera la pensión de jubilación amparada en el régimen general

Afirma que sumados los tiempos laborados como docente oficial y los prestados en otro sector público, acreditaba los requisitos, exigidos para que se le recono ciera la pensión de jubilación amparada en el régimen general pensional del sector público establecido en las normas vigentes anteriores a la Ley 812, en particular la Ley 33 de 1985, que reglamenta el régimen de los servidores públicos regulares.

Por todo lo anterior, solicita la nulidad del acto administrativo, alegando que es contrario a la normativa aplicable, y pide que se acceda a sus pretensiones

2.4. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, por intermedio de apoderado judicial dentro del término oportuno contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones al considerar que, para el caso en concreto a la parte actora le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 100 de 1993, ya que su vinculación al sector educativo fue con posterioridad a la Ley 812 de 20034.

La Secretaría de Educación Departamental , mediante apoderado judicial señaló que en el sub examine el régimen aplicable era el establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dado que su vinculación como docente se realizó con posterioridad al 26 de junio de

2003. Propone en consecuencia la excepción de inexistencia del derecho reclamado5.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sentencia No. 209 del 14 de febrero de 2024 6, negó las sú plicas de la

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sentencia No. 209 del 14 de febrero de 2024 6, negó las sú plicas de la demanda, al considerar que se encontraba probada la excepción de legalidad del acto por inexistencia del derecho reclamado.

Para arribar a tal conclusión, el a quo expuso como argumentos los siguiente:

“Entonces, en el caso objeto de estudio se advierte que la señora Lucy Pilar Ortiz Leudo, para la fecha en entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones creado a través de la Ley 10 0 de 1993 no contaba con 40 años de edad o 15 años o más de servicios cotizados. En efecto, para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditaba una edad de 33 años y un tiempo de servicios público de 12 años, period o durante el cual cotizó a seguridad social a la Caja Nacional de Previsión - Cajanal.

Por consiguiente, no puede ser beneficiaria de la Ley 71 de 1988, pues como ya se indicó, para verificarse su situación con base en dicha normativa, debe ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Súmase a ello que, durante su vida laboral sólo se ha desempeñado en el sector público, sin la posibilidad de computar tiempos prestados en entidades privadas.

4 Índice 00004 aplicativo Samai 5 Índice 00005 aplicativo Samai 6 Índice 00017 aplicativo SamaiReferencia: Expediente no. 27001333300220220061501

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4 Índice 00004 aplicativo Samai 5 Índice 00005 aplicativo Samai 6 Índice 00017 aplicativo SamaiReferencia: Expediente no. 27001333300220220061501

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Ahora bien, en atención a que la libelista se desempeñó como Auxiliar para la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en calidad de empleada pública desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 30 de agosto de 2000, período en el cual cotizó para pensión en fondo público.

(…)

En la controversia bajo análisis, se encuentra debidamente demostrado y sin contradicción al respecto, que la fecha a partir de la cual la señora Lucy del Pilar Ortiz Leudo, comenzó a ejercer funciones propias de un docente del Estado, fue el 23 de julio de 2004 cuando se posesionó en el cargo antes citado para el cual fue nombrado en provisionalidad mediante el Decreto 0435 de la misma fecha, acto administrativo expedido por el departamento del Chocó, lo cual significa que su designación se efectuó definitivame nte con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

En tal sentido, encuentra el Despacho que, al haberse comprobado en el litigio bajo estudio, que la demandante solo ha tenido una relación con el Estado como maestra oficial, pero consolidada con posterioridad a la promulgación de la norma precitada, se torna inviable verificar su situación pensional conforme a

bajo estudio, que la demandante solo ha tenido una relación con el Estado como maestra oficial, pero consolidada con posterioridad a la promulgación de la norma precitada, se torna inviable verificar su situación pensional conforme a las previsiones anteriores de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, en la medida en que lo propio estaría regulado por la Ley 100 de 1993.

(…)

Por consiguiente, se concluye que la señora Lucy Pilar Ortiz Leudo, no tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985, pues debido a que su vincul ación como docente oficial ocurrió con posterioridad al 27 de junio de 2003 cuando entró en vigencia la Ley 812 del mismo año, no resultaba aplicable a su caso la regulación especial de los educadores estatales en materia prestacional que remitía a la norm a deprecada, sino que su situación jurídica tenía que resolverse conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993 como en efecto lo determinó la entidad demandada al negar su reclamación ”. (se transcribe incluso con los posibles errores)

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, señaló que no le asiste razón al a quo , ya que el reconocimiento pensional de la actor a no debía examinarse conforme el régimen de prima media de la Ley 812 de 2003, dado que , el ingreso de la docente Lucy Pilar Ortiz Leudo a la vida laboral se presentó en 19 82. Por lo tanto, el régimen que le era aplicable era el previsto en la Ley 71 de 1988, que consagra la pensión por aporte s, la cual permite computar los periodos

docente Lucy Pilar Ortiz Leudo a la vida laboral se presentó en 19 82. Por lo tanto, el régimen que le era aplicable era el previsto en la Ley 71 de 1988, que consagra la pensión por aporte s, la cual permite computar los periodos laborados en el sector privado junto con los prestados en la docencia oficial para cumplir el tiempo de servicio, y, que, en consecuencia, tampoco podía examinarse bajo la óptica de la Ley 91 de 1989, que no permite la sumatoria de los tiempos.

Señaló que el juez de instancia solo se limitó a interpretar la s ituación y los derechos pensionales de la demandante desde la vinculación de fecha 2 7 diciembre de 2 007, bajo lo preceptuado en la L ey 812 de 2003, sin tener en cuenta que se trataba de una persona de más de 60 años que inició su vida laboral desde 1982.Referencia: Expediente no. 27001333300220220061501

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Igualmente, se arguye que en la referida sentencia no se t omaron en cuenta los tiempos laborados como SECRETARIA 5140 -06 de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN SOLIDARIA para computarlo como tiempo para el reconocimiento pensional, tal cual s e manifestó en la reclamación administrativa

Insistió en que, en aplicación de lo consagrado en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, se podía verificar que la demandante cumplió con los requisitos exigidos

reclamación administrativa

Insistió en que, en aplicación de lo consagrado en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, se podía verificar que la demandante cumplió con los requisitos exigidos en este, toda vez, que nació el 11 de julio de 1961 y en la actualidad c uenta con más de 60 años de edad y 37 años de servicios con aportes realizado en el sector privado y público, razón por la cual , se desvirtuaba la presunción de legalidad del acto administrativo demandado , por lo que debe revocarse la sentencia apelada7.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del C.P.A.C.A.8.

5.2. Problema jurídico

Corresponde a e sta Sala determinar ¿si los tiempos laborados por la docente Lucy Pilar Ortiz Leudo durante los cuales efectuó aportes a la Caja Nacional de Previsión Social hoy (UGPP), le permiten ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y en caso negativo, establecer (ii) si es procedente estudiar el reconocimiento de la pensión de jubilación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 , y (iii) si cumple con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de prima media en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.3. Marco normativo y jurisprudencial

5.3.1. Régimen Pensional de los docentes

A través de la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones

5.3. Marco normativo y jurisprudencial

5.3.1. Régimen Pensional de los docentes

A través de la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación para atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados.

En dicha norma se estableció que los docentes vinculados a partir de l 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocería solamente una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este úl timo derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que estuvieron vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se mantendrá el régimen prestacional del que gozan en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigent es, es decir, que el reconocimiento de la

7 índice 00020 aplicativo Samai. 8 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio d e impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ”Referencia: Expediente no. 27001333300220220061501

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Accionante: Lucy Pilar Ortiz Leudo

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pensión de jubilación ordinaria a favor de los docentes se rige por la Ley 33 de 1985, norma legal vigente hasta antes de la expedición de la Ley 91 de 1989.

Ahora, con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 se unificó todo el régimen pensional de los servidores públicos, aplicable a los niveles que no estuviesen exceptuados, y tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes nacionales y nacionalizados, les resulta aplicable dicha prerrogativa, la cual predica:

“Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”

De otro lado, el Congreso de la República expidi ó el Acto legislativo 01 de 2005, precisando respecto a los docentes oficiales, lo siguiente:

(…) "Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Mag isterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se

educativo oficial es el establecido para el Mag isterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán l os derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003” (…)

El artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al que hace alusión el citado acto legislativo, frente al tema bajo discusión dispuso:

“Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Mag isterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

(…)

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.

de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones. (…)”

Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia de unif icación del 25 de abril de 2019, consideró:Referencia: Expediente no. 27001333300220220061501

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“…37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial . La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

1. Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 , para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en v igencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media , para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos

de 2003.

1. Régimen pensional de prima media , para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres…” (…)

De acuerdo con el parágra fo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacio nalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factor es que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de

62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efec tuaron las respectivas cotizaciones.” (Negrita y subrayas para resaltar).

Con respecto a los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el aludido fallo se sostuvo:

“(…)68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, sal vo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años Esto quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de esteReferencia: Expediente no. 27001333300220220061501

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grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo pr evisto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liqui dación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones”

5.3.2. Régimen del sistema pensional creado por la ley 100 de 1993.

La Constitución Política estableció la seguridad social como un servicio pú blico obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y que tiene como finalidad satisfacer de forma continua una necesidad general: amparar las contingencias derivadas de la vejez, invalidez, enfermedad o muerte.

En virtud de lo anterior, el legislador expidió la Ley 100 de 1993, que creó el sistema integral de seguridad social con el objetivo de unificar la normatividad y la planificación del sector. En este sentido, el sistema quedó conformado por cuatro componentes o subsistemas:

a) el Sistema General de Pensiones, b) el Sistema General de Salud, c) el Sistema General de Riesgos Profesionales, y d) los Servicios Sociales Complementarios.

La citada ley reguló el Sistema General de Pensiones en su primer libro, el cual está conformado por dos regímenes específicos, autónomos e independientes:

c) el Sistema General de Riesgos Profesionales, y d) los Servicios Sociales Complementarios.

La citada ley reguló el Sistema General de Pensiones en su primer libro, el cual está conformado por dos regímenes específicos, autónomos e independientes: (i) el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y (ii) el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Para cada uno, la normativa estableció las entidades respon sables de su administración, los criterios de afiliación, su financiación mediante cotizaciones obligatorias y subsidios estatales, los requisitos para acceder a la prestación social, las distintas pensiones que otorgan, los beneficiarios y el monto pensional correspondiente.

Por su parte, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, Modificada artículo 9º Ley 797 de 2003.

“ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el de recho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincue nta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.Referencia: Expediente no. 27001333300220220061501

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Accionante: Lucy Pilar Ortiz Leudo

hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.Referencia: Expediente no. 27001333300220220061501

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Accionante: Lucy Pilar Ortiz Leudo Contra: Nación – Ministerio de Educación– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

en relación con los efectos para las mujeres. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número d e semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.

5.4. Hechos acreditados

En el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes.

• Que la demandante nació el 11 de julio de 19619, lo que demuestra que para la fecha que interpone la petición ante el Fomag (25 de abril de 2022), contaba con más de 60 años de edad.

• Según certificación electrónica de tiempos laborados No. 201908899999050000420020 del 20 de enero de 20 19, expedido por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, la demandante prestó sus servicios a favor de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias, así10:

Periodo laborado Tipo vinculación o cargo Tiempo de servicio 23/03/1982-30/08/2000 Secretaria 5140-06 18 años 5 mese 7 días Tiempo total de servicio 18 años 5 mes y 7 días

• Según formato único para la expedición de certificados de historia l aboral del 23 de noviembre de 2021 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Tiempo total de servicio 18 años 5 mes y 7 días

• Según formato único para la expedición de certificados de historia l aboral del 23 de noviembre de 2021 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la demandante se vinculó al servicio de la Secretaría de Educación

del Departamento del Chocó11, así:

Periodo laborado Tipo vinculación Tiempo de servicio 23/07/2004-11/12/2006 Provisional – Docente 2 años 4 mese 18 días 20/03/2007-25/04/2022 Nombrada en propiedad 15 años 1 mes 5 días Tiempo total de servicio 17 años 5 meses 23 días

• Se encuentra acreditado que e l día 25 de abril de 2022, la demandante solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Chocó el reconocimiento de una pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas con anterioridad a cumplir el status de pensionada, es decir, 11 de julio de

201612. Petición que fuera negada a través de la Resolución No. 2180 del 11 de agosto de 2022 , expedida por el Secretario de Educación Departamental del

Chocó1